Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 1293/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1293/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. S E N T E N C I A . ....Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E LV E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Alejandro Netzahuatl Vázquez, por propio derecho, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y parte tercera interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades correspondientes.***
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidas las demandas de amparo que dicen ser signadas por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, contra actos del Director de la penitenciaría de la Ciudad de México y diversas autoridades más, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1293/2023. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE PLANO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, este Órgano jurisdiccional, considera que la misma es improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, ello por falta de voluntad de la parte quejosa al carecer de firma electrónica y por inverosimilitud de su contenido. De la fracción que se actualiza, se reconoce la improcedencia del juicio de amparo por una causa distinta de las enunciadas en sus primeras 22 fracciones, siempre que derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la misma Ley de Amparo. Una de esas causas es la que deriva de la primera norma referida (artículo 6); pues el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada. La forma en que la parte quejosa valida la autenticidad de su voluntad, es a través de su firma (autógrafa o electrónica) o la de un tercero que promueva en su nombre; salvo los casos excepcionales -las previstas en el artículo 15 de la ley de Amparo. En el caso sometido a estudio, la demanda de amparo fue presentada en el Portal de Servicios en línea (Sistema Electrónico) del Poder Judicial de la Federación. Al efecto, se precisa que en los artículos 2, fracciones XV, XVI; XXVI; 3, fracción V, 42, 43, 45 y 52, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, que regulan la manera en la que se tendrán que presentar las demandas de amparo por esa vía ante los órganos jurisdiccionales, y dichos preceptos, establecen que, las demandas de amparo que se presenten a través del Portal del Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación deben contener la firma electrónica del promovente, con la evidencia criptográfica correspondiente. Esa disposición constituye una regla general que, conforme los diversos numerales 42 y 43 del acuerdo Plenario invocado, admite como excepción los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, la demanda presentada de manera electrónica (en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación) debe contener, por regla general, la evidencia criptográfica de quien la promueve; o, en su defecto, satisfacer un mínimo de requisitos para hacer verosímil que fue promovida por la parte quejosa o por otra persona (individualmente identificable) en su nombre. En efecto, los artículos 42 y 43 del Acuerdo Plenario invocado distinguen entre "la parte quejosa" y "la persona promovente"; lo cual se explica porque, contra los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo (enunciados en el numeral 42 del aquel Acuerdo) la demanda no siempre puede ser promovida por la parte quejosa, sino que es necesario que un tercero lo haga en nombre o a su favor. En el caso, la demanda, según se aprecia de su texto, fue promovida en apariencia por Carlos Alberto Angelino Barrón, Renan Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Flaustro, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejia Bello, Enrique Alvarado Saucillo y Eduardo Flores Castro. Sin embargo, la demanda carece de firma electrónica y no es verosímil que las personas nombradas en el mismo escrito la hayan promovido por sí; sin que, por otro lado, contenga el nombre de quien, en su caso, la haya promovido a su favor. En efecto, para esta Juzgadora Federal, es un hecho notorio que los internos, cuando efectivamente formulan por sí una demanda contra actos ocurridos en su lugar de internamiento, hacen uso de cualquier medio a su alcance, como son, verbigracia, las manifestaciones al momento de notificarse de otro asunto, demandas manuscritas o, incluso, a través de un tercero en libertad, quien desde luego manifiesta al menos su nombre. En el caso, por un lado, no es verosímil que la demanda haya sido formulada directamente por las personas enunciadas en la demanda; pues en el mismo escrito se dijo que se encuentran privadas de la libertad en un centro penitenciario, por lo que no tienen acceso a dispositivos de cómputo o de comunicación inalámbrica; y, por otro, tampoco se puede considerar que fue un tercero quien la promovió en su nombre, pues no se dijo así en la demanda ni se cuenta con algún elemento que permita apreciarlo de esa manera. Lo que en realidad se aprecia es un abuso desmedido de la facilidad de promover una demanda sin firma electrónica; pues, por los numerosos informes requeridos y rendidos por este juzgado respecto de demandas idénticas o similares a la de cuenta, es un hecho notorio la presentación multitudinaria de demandas de ese tipo sin un fin claro; tal es así que se señalan como responsables a todos los jueces de Distrito de casi toda la República, como se corrobora en el siguiente fragmento de la demanda (igual o similar a aquéllas). En esas condiciones, al carecer la demanda de firma electrónica (evidencia criptográfica) ni ser verosímil que la hayan promovido quienes se enuncian en el mismo escrito o un tercero en su nombre, es evidente que no existe una voluntad real de la parte quejosa; y, por ende, en realidad se trata de una demanda de amparo anónima, en la que no es posible identificar a su verdadero autor, de ahí que proceda DESECHAR DE PLANO la demandas de amparo intentada. Similar criterio han sostenido el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver su recurso de queja 106/2022 y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 2/2022. No se inadvierte que a diversos actos enunciados en el escrito de demanda se les agregaron calificativos de que a los quejosos les "generen afectaciones psicofísicas, emocionales, tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios, discriminación por ideología". Sin embargo, las manifestaciones transcritas no se consideran ni como actos reclamados ni como actos de tortura, pues la demanda de amparo no contiene información alguna que permita advertir que efectivamente se trata algún acto de tortura ni las particularidades de cada uno de los actos enunciados; por lo que tampoco se pueden tener como actos reclamados los que anteceden. En efecto, las demandas no contienen un mínimo de información sobre la naturaleza, origen o características de cada uno de los actos enunciados. Tampoco se advierten elementos para considerar que alguno tiene el carácter de tortura o tratos crueles de ahí que no se tienen como actos reclamados las manifestaciones de la demanda, transcritas en último término. Por las mismas razones explicadas al inicio de esta determinación, no procede tener por señalado domicilio alguno señalado en la demanda; pues sería un contrasentido que no se tuviera por manifestada voluntad alguna por cuanto a la acción de amparo, pero sí respecto del señalamiento de domicilio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese este auto y los subsecuentes por medio de lista. DOMICILIO. Se tiene señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Notifíquese por lista de acuerdos.
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