Carlos Alberto Angelino Barrón y otros

Expediente 1395/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1395/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y otros

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de siete de octubre del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Diego Issac Hernández González, Luis Alberto Flores Maldonado, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro, Hugo Melchor Nieto y Erick Adrián Rosas Gamiño. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, de deja acordar lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Diego Issac Hernández González, Luis Alberto Flores Maldonado, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro, Hugo Melchor Nieto y Erick Adrián Rosas Gamiño, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1395/2022-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Causa de improcedencia. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia; y, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales prevén: Ley de Amparo: "Artículo 3º. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]" En primer término, es necesario señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. En esa medida, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como por el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona o, bien, una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En efecto, en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el numeral 3° de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe manifestación de voluntad para ejercer esa acción constitucional que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, la firma es la manifestación de voluntad por excelencia, la cual hace patente la intensión del justiciable de promover el juicio de amparo; por tanto, ésta es un requisito esencial de la demanda al ser el signo, como se dijo, de la expresión de la voluntad del accionante para demandar la restitución del derecho que se estima violado y sirve, además, para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En consecuencia, la ausencia de firma autógrafa en la demanda trae consigo la improcedencia del juicio, al no ser patente la manifestación de la voluntad necesaria para ejercer la acción constitucional de amparo. Ahora, en el caso concreto, la demanda de amparo que se provee fue presentada en línea por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Diego Issac Hernández González, Luis Alberto Flores Maldonado, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro, Hugo Melchor Nieto y Erick Adrián Rosas Gamiño, por lo que, de su contenido no se aprecia manifestación expresa de sus voluntades para instar esta vía, por lo que dicho documento carece de valor jurídico alguno, en términos del artículo 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A este respecto, es aplicable la Jurisprudencia V.2o.J/70, visible en la página setenta y tres, del Tomo 68, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, compilación mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, y también con el número de registro 215183, cuyo texto es el siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Así las cosas, en relación con la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, no se le puede dar valor probatorio alguno a la promoción (demanda) de cuenta, pues al haber sido presentada vía electrónica, se concluye que debió anexarse a la misma la evidencia criptográfica de quienes promueven. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 235463, publicada en la página 29, volumen 8, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. " Cabe aclarar que el hecho de que la demanda de amparo se presente vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no conlleva que la misma pueda carecer del signo que revele la voluntad de su autor, en este caso, la firma autógrafa o electrónica del quejoso o su representante. Al respecto, debe precisarse que los quejosos debieron observar lo dispuesto en el "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", específicamente su artículo que establece el procedimiento para presentar la demanda de amparo vía electrónica, en donde el interesado deberá utilizar su firma electrónica, agregándola al escrito de demanda. Ahora bien, en el presente caso la parte promovente de la demanda Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Diego Issac Hernández González, Luis Alberto Flores Maldonado, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro, Hugo Melchor Nieto y Erick Adrián Rosas Gamiño, no observaron tales lineamientos, por lo que, al carecer de la firma electrónica de los interesados o sus legales representantes, o algún signo gráfico, no puede considerarse que el escrito de demanda contenga manifestación de voluntad alguna. En esta tesitura, resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en lo asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de 'instancia de parte agraviada' previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." III. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no exteriorizó en la demanda de amparo su voluntad de dar inicio a este juicio constitucional, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. Domicilio y autorizados. Del escrito de demanda se advierte que los promoventes señalaron un domicilio para oír y recibir notificaciones impreciso y de igual modo no designaron autorizados para ello. En ese tenor, para no dejarlos en estado de indefensión, se ordena notificar este proveído por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo estipulado en el ordinal 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Representante común. De conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Carlos Alberto Angelino Barrón, sin que lo anterior sea impedimento para ser sustituido posteriormente por los quejosos. VII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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