Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 122/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/03/2021
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Juan Manuel Espinosa González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista: la certificación anterior y que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del proveído veintiséis de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovido por Carlos González Valencia, quien se ostenta como representante legítimo de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, de deja acordar lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vistos; I. El oficio signado por el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bella Vista, Chiapas, con residencia en ese municipio, por medio del cual en atención a lo solicitado en auto de veintiuno de enero del año en curso, informan que en virtud de la contingencia acontecida por el virus COVID-19, no cuentan con presupuesto para el pago del laudo al que fueron condenados en la ejecutoria de amparo, por lo que ese Ayuntamiento se ha declarado en estado insolvente. Para lo cual anexan presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021. Sin embargo, manifiestan que se encuentran solicitando a otras dependencias programas de apoyo económico para tal efecto. II. En auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo al Presidente, Sindico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bella Vista, Chiapas, como autoridades vinculadas en el presente juicio, para efecto de dar cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que a la presente fecha hayan remitido constancias fehacientes que acrediten las gestiones que están llevando a cabo para lograr el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Tocante al punto I, se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y por exhibida la documental que remite la autoridad oficiante. En relación al punto II, tomando en cuenta que las autoridades oficiantes han sido omisos en dar cabal cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 193, de la Ley de Amparo, en relación con el 258, de la ley de la materia, se hace efectiva la multa ordenada en el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, impuesta al Presidente, Sindico y Tesorero del Ayuntamiento de Bellavista, Chiapas, a cada uno, correspondiente a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que asciende a la cantidad de $17,376.00 (diecisiete mil trescientos setenta y seis pesos 00/100, moneda nacional), en razón de que la Unidad de Medida y Actualización en la fecha en que se realizó el apercibimiento que ahora se hace efectivo, esto es, el veintisiete de enero de dos mil veinte, equivale a $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). En obvio de dilaciones innecesarias, gírese oficio a la Administradora Desconcentrada de Recaudación Chiapas "1", residente en esta ciudad, para que haga efectiva las multas impuestas respectivamente, a Octavio Hugo Morales Santizo, Yuleni Velázquez Rodríguez y Zenaido Zoel Escalante Pérez, en su carácter de Presidente, Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bella Vista, Chiapas. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, se hace saber a las autoridades mencionadas, que toda vez que nos encontramos en un procedimiento de ejecución de sentencia de amparo, cuyo cumplimiento implica erogación de recursos, estas deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes dentro del ámbito de sus atribuciones para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de la ejecutoria dictada en autos. Por tanto, pueden gestionar la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de cumplimentar una sentencia de amparo y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. De ahí que no sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que las partidas presupuestales con que cuenta ese ayuntamiento "se encuentren etiquetadas", precisamente porque nos encontramos en un procedimiento de ejecución de sentencia de amparo, a cuyo cumplimiento inmediato se encuentran obligadas. Cobra aplicación al caso concreto la Jurisprudencia P./J. 5/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. Así como la diversa del epígrafe y texto: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. Como se advierte de lo dispuesto en el citado precepto legal para cada ejercicio fiscal la Asamblea Legislativa debe aprobar en el Decreto del Presupuesto de Egresos una partida presupuestal para cumplir las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales y, en caso de que dicha partida presupuestal sea insuficiente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá solicitar a la Asamblea una ampliación. En ese tenor, si la intención del legislador con el establecimiento de dicho numeral, según se desprende de la respectiva exposición de motivos, fue garantizar el Estado de Derecho mediante la aprobación de la partida específica, la interpretación conforme de ese mandato legal, atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en sus artículos 17, párrafos segundo y sexto así como en el 107, fracción XVI, -este último en el caso de las sentencias de amparo-, lleva a concluir que el referido artículo 73 no tiene como finalidad obstaculizar el cumplimiento de las sentencias, impidiendo la aplicación del sistema general de adecuaciones presupuestarias establecido en el Capítulo III del Título Tercero de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, sino que constituye un mecanismo que permite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, solicitar a la Asamblea Legislativa la ampliación de la partida en comento una vez que los recursos que puedan transferirse a dicha partida, provenientes de las diversas que integran el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal, se hayan agotado, mediante las adecuaciones presupuestales autorizadas por las autoridades competentes de esa entidad política, al no ser disponibles, sin menoscabo de que la ampliación referida en el citado numeral pueda solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones en comento, quedando bajo el prudente arbitrio de las autoridades competentes determinar el mecanismo presupuestal que les permita cumplir con la sentencia concesoria en el plazo correspondiente con el objeto de evitar la aplicación de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional. Importa destacar que interpretar el citado artículo 73 en el sentido de que impide acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y que, por ende, prevé como única opción, una vez agotados los recursos destinados originalmente a la partida respectiva, solicitar una ampliación a la Asamblea Legislativa, implicaría atribuir a este órgano legislativo la intención de establecer una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, pues tal limitación constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente que otros derivados de los vínculos jurídicos que voluntariamente celebre el gobierno del Distrito Federal. Así mismo, el artículo 45, fracción VXIV, de la Ley de desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, indica como atribución del ayuntamiento autorizar al Presidente Municipal para que afecte los ingresos y/o el derecho a las participaciones y aportaciones federales susceptibles de afectación que correspondan al Municipio, como fuente de pago, respecto de las obligaciones a su cargo, igualmente para que constituya o celebre los mecanismos de fuente de pago, a los que se afecten dichas participaciones y aportaciones. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193, párrafo cuarto, y 197, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 Constitucional, se requiere a la autoridad vinculada Ayuntamiento de Bella Vista, Chiapas, por conducto del Presidente, Sindico y Tesorero Municipal, para que dentro del término no mayor de cinco días, el primero de los funcionarios mencionados haga uso de las facultades que le confiere el numeral 45, fracción VXIV, de la Ley de desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, y remita las constancias con las que acredite ello. Apercibidos que de no cumplir con lo aquí ordenado o de no manifestar el impedimento que tengan para hacerlo, con fundamento en el artículo 193, de la Ley de Amparo, en relación con el 258, de la ley de la materia; se les impondrá a cada uno, una multa de trescientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también, se les reitera, que en caso de continuar retrasando el cumplimiento del fallo protector, con fundamento en el artículo 192, se iniciara el trámite del incidente de inejecución de sentencia y, se implementarán las penas a que hace referencia el arábigo 267, de la ley de la materia; esto es, que podrá llegar a imponerse una multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o pena de cinco a diez años de prisión y la destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
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