Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 138/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 138/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/03/2021
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de marzo de dos mil veintiuno. Vista: la certificación anterior y que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del proveído dos de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovido por Carlos González Valencia, quien se ostenta como representante legítimo de Carlos Alberto Angelino Barrón. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, de deja acordar lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ++++++++++++++++++, quien se ostenta como representante legítimo de +++++++++++, contra actos de la Dirección de la penitenciaria CDMX y otras autoridades. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 138/2021-II y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente atribuye de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: Represalias y molestia equiparados a los prohibidos en el artículo 22 constitucional; intimidación; obligar al quejoso a permitir el acceso y que se use su estancia (4-1-11) para íntimas clandestinas por parte de seguridad y custodia de la penitenciaria CDMX como represalia por la interposición de recursos jurídicos y amparos. III. Improcedencia de la demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, es procedente desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que se advierte actualizada la causal de improcedencia deducida de lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6, todos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.]". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación conjunta de los preceptos señalados, se advierte que los gobernados pueden presentar promociones por vía electrónica; no obstante, para ello es necesario que dichas promociones se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual tendrá los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Asimismo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe manifestación de voluntad para ejercer esa acción constitucional que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Ahora, la firma es la manifestación de voluntad por excelencia, la cual hace patente la intensión del justiciable de promover el juicio de amparo; por tanto, ésta es un requisito esencial de la demanda al ser el signo, como se dijo, de la expresión de la voluntad del accionante para demandar la restitución del derecho que se estima violado y sirve, además, para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En consecuencia, la ausencia de firma electrónica en la demanda trae consigo la improcedencia del juicio, al no ser patente la manifestación de la voluntad necesaria para ejercer la acción constitucional de amparo. Como apoyo a tal afirmación, cabe indicar que los artículos 6, 10, 16 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, interpretados de manera conjunta, ponen de manifiesto que para la presentación de las demandas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario el uso de la Firma Electrónica vigente y, además, que los promoventes se registren en el sistema. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, consideró que la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo. Sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Por lo que, si bien el escrito de demanda que se provee no contiene la imagen de una firma autógrafa, sino que únicamente se encuentra el nombre del promovente Carlos González Valencia, quien se ostenta como representante legítimo de Carlos Alberto Angelino Barrón, y siendo que dicha demanda se presentó vía electrónica, se concluye que debió anexarse a la misma la evidencia criptográfica de quien promueve. A este respecto, es aplicable la Jurisprudencia V.2o.J/70, visible en la página setenta y tres, del Tomo 68, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, compilación mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, y también con el número de registro 215183, cuyo texto es el siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Así es, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterio en el sentido de que, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Esto es, la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de las tecnologías de la información, está supeditada a la utilización de una firma electrónica; de modo que, si la promoción de cuenta se presentó vía electrónica sin cumplir con dicho requisito, entonces es equiparable a un escrito sin firma. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la jurisprudencia P./J.8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril 2019, tomo I, página 69, con número de registro 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." IV. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación el diversos 3 y 6, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Domicilio y autorizados. Del escrito de demanda se advierte que el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones así como tampoco autorizados para ello. En ese tenor, para no dejarlo en estado de indefensión, se ordena notificar este proveído por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo estipulado en el ordinal 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
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