CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.
Expediente 47/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.
- Demian Ricardo Cruz García y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda, el oficio signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, al que adjunta copia certificada de la resolución de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del conflicto competencial 5/2023, suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado De Jalisco, en la que se resuelve: "PRIMERO. Es existente el presente conflicto de competencia 5/2023. SEGUNDO. Se declara competente para conocer del juicio de amparo indirecto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. TERCERO. Comuníquese la anterior determinación a los contendientes Juzgados Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Juanacatlán, y Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria." Agréguese el testimonio de referencia al expedientillo que se formó, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y una vez que obren glosadas las constancias de notificación a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35, del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano de control constitucional, tramitó el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco y este Juzgado, mismo que fue registrado bajo el número 5/2023, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, la autoridad responsable -Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado con residencia en esta ciudad- no ha dado contestación a lo solicitado mediante oficio 39230/2022-, de uno de diciembre de dos mil veintidós, no obstante de estar debidamente notificada del mismo, según acuse de recibo que obra en autos. En tales condiciones, de nueva cuenta requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; esto es, dicte las medidas necesarias a fin de que se diligencie en sus términos las pruebas de cotejo, inspección ocular, testimonial y ratificación, admitidas en el acuerdo de pruebas de fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, dentro de los autos del expediente laboral 87/E/08/2017. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, téngase por recibido el escrito signado por el apoderado legal del quejoso Martín Villa Salazar y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese.
- Principal
...téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, a través del cual se remite por la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, la demanda de amparo promovida por 1. Carlos Alberto Angelino Barrón, 2. Edwin Daniel Guerra Córdova, 3. Iván García Mijares Hernández 4. Cristian Eduardo Nava Verde, 5. Luis Alberto Flores Maldonado, 6. Alejandro Díaz Madrid, 7. Diego Issac Hernández González, 8. Erick Adrián Rosas Gamiño, 9. Demian Ricardo Cruz García, 10. Luis Gabriel Jop Corzo, 11. José Othón Ramiro Hernández, 12 José Antonio Contreras Chávez, 13. Enrique Mejía Bello, 14 Enrique Alvarado Saucillo, 15. Eduardo Flores Castro y 16 Hugo Melchor Nieto; contra actos del Director de la penitenciaria de la Ciudad de México y de otras autoridades, en virtud que por auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, consideró que la competencia corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 47/2023. No obstante, acorde a lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, respetuosamente, comuníquese al juzgador declinante que no se comparte la decisión adoptada, por lo que NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la demanda que nos ocupa, por las razones que se expondrán. En principio, debe decirse que en el proveído de seis de enero de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, ordenó remitir el expediente al juzgado más próximo o no especializado de otro circuito, esto es, al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas en turno, con sede en Ciudad Victoria, a quien consideró competente para conocer del asunto. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte se señalan como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Y, como acto reclamado, en esencia se señala la orden de traslado de la parte quejosa de los centros penitenciarios en los que se encuentran recluidos a uno diverso, y en consecuencia; así como la comisión de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, estima que si bien fueron señalados como autoridades responsables todos los jueces de Distrito de ese circuito, y por esa razón están impedidos para conocer la demanda de amparo, contrario a lo expuesto por el órgano declinante, este juzgador considera que el hecho de que se le señale como autoridad responsable no es un aspecto que determine la competencia legal de un órgano jurisdiccional, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto. A fin de apoyar lo anterior, se cita como hecho notorio lo resuelto por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, al resolver el conflicto competencial 159/2022 suscitado entre el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Colima y este juzgador, en el que declaró la inexistencia del mismo, que obra dentro del juicio de amparo 1193/2022 de nuestro índice. En ese sentido, al resolverse la ejecutoria 159/2022, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, sostuvo los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 11/2019, en el que se determinó que la competencia puede determinarse por razón de materia, territorio, y grado, lo que se define a continuación: Materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso, de modo que es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantive, pues debido a la creciente necesidad de especialización por parte del juzgador, la tarea judicial se reparte con base en este criterio, por lo que establecen órganos juzgadores que conocen de materia civil, familiar, laboral, penal, agraria, fiscal, constitucional, etcétera. Territorio. Éste es el ámbito espacial, dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales, y en este punto no sobra mencionar que dentro del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el órgano jurisdiccional que tiene competencia en todo el territorio nacional, de modo que sus resoluciones son válidas sin ningún criterio territorial que las cuestione y su jurisdicción abarca a cada entidad federativa. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador, siendo las leyes procesales las que establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse. Así, contrario a lo expuesto por el órgano declinante, este juzgador estima necesario abordar las consideraciones que sirvieron de base para resolver el conflicto competencial 11/2019 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 24 de abril de 2019, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexo Circuito. En dicho asunto, la Sala consideró que el conflicto competencial originado no derivó de un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio y grado, ya que uno de los órganos alegó no poder conocer de la demanda de amparo directo por haber sido señalado como autoridad responsable. Asimismo, estimó que ello no representa un aspecto que establezca la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que el tribunal que se encuentre en ese supuesto no puede declararse de facto incompetente para conocer de un asunto, pues previamente debe constatar si el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Consecuentemente, el Máximo Tribunal determinó que el órgano declinante, contrario a lo que consideró, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y decidir lo que corresponda en relación con la demanda de amparo directo. Concluyéndose que, de estimarlo contrario, resultaría incongruente con el sistema de competencias que rige el juicio de amparo, y además, se facultaría a los particulares a decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. A mayor abundamiento, apoya lo anterior la tesis de la séptima época, de registro digital 244989 en materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 1, quinta parte, página 13, de rubro y texto: "COMPETENCIA, CUESTIONES DE. SU DECISION CORRESPONDE A LA AUTORIDAD Y NO A LAS PARTES. Es de explorado derecho que la voluntad de los particulares no puede contrariar disposiciones de orden público, como lo son aquellas que fijan la jurisdicción y competencia de los tribunales de la República Mexicana para conocer y resolver las controversias que les corresponden de acuerdo con las leyes de la materia, de tal manera que el argumento consistente en decir que por el hecho de que la parte actora hubiera manifestado su conformidad con la incompetencia planteada por el demandado, quedaba decidida una cuestión de competencia, carece de validez jurídica, dado que la autoridad laboral debe resolver su competencia o incompetencia con base en la ley y no en la manifestación expresa o implícita de las partes.". Continuando con la ejecutoria del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, en la misma también se estableció que, en términos del artículo 17 Constitucional, los órganos que se encuentren en las hipótesis mencionadas con antelación, deberán observar lo siguiente: De ninguna manera conlleva a que de manera inmediata decline la competencia en favor de otro órgano para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria y solo produce dilación en la impartición de justicia. El órgano de amparo está obligado, al momento de proveer sobre la demanda de amparo, a realizar un análisis integral del escrito respectivo, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquel, dado que si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda, precisando que al no existir el acto que se le reclame al tribunal, no puede ser considerado como autoridad responsable, de modo que no existe algún impedimento legal para que pueda conocer de la Litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. Si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, debe prevenir a la parte quejosa para que precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza sobre cuál es el acto reclamado. Si derivado del análisis mencionado surge duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al tribunal es plantear el impedimento para conocer del asunto de, por ejemplo, uno o más magistrados integrantes en los casos de un órgano colegiado, se le deberá prevenir para que aclare su petición y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención deberá resolverse sobre si existen motivos para iniciar el trámite previsto en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b)... Luego, en el caso que nos ocupa, el órgano declinante sustenta su argumento a razón de que se les señaló como autoridad responsable, no obstante, y concatenado con lo destacado, este juzgador considera que el juez declinante no aduce un punto jurisdiccional concreto para sustentar su argumento, pues atendiendo a los razonamientos expresados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el referido conflicto competencial 11/2019, primeramente debió verificar la vinculación existente con los actos reclamados en la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, se estima que el artículo 37 de la Ley de la Materia fija la competencia de los jueces de distrito con base a la ejecución del acto, esto es, donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o haya ejecutado, y si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso particular, el acto que se reclama tiene ejecución en la Ciudad de México, pues en el escrito inicial de la demanda de amparo los quejosos manifiestan que se encuentran internos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México. De ahí que este órgano jurisdiccional estima que el hecho de ser designados como autoridad responsables no justifica el declinar la competencia en automático, pues se reitera, primero debe valorarse la vinculación existente con los actos que se señalan como reclamados... Por las razones expuestas, este Órgano Jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada para conocer de la demanda promovida por********************, pues se estima que el órgano declinante previo a realizar el pronunciamiento de declinación de competencia, primeramente debió verificar la vinculación existente con los actos que se reclaman, a fin de aducir un argumento jurisdiccional concreto que sustente su razonamiento. Sin que en el caso, se realice mayor pronunciamiento por cuanto hace a decretar la suspensión de plano por los actos establecidos toda vez que la autoridad federal oficiante mediante auto de seis de enero de dos mil veintitrés, se pronunció. Por otra parte, no pasa inadvertido que el Juez declinante, determinó que el juzgado competente para conocer de la demanda de amparo, es el Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno, con residencia en Ciudad Victoria, al ser el más próximo de otro circuito, toda vez que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a los Juzgados de Distrito en Ciudad de México, Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Al respecto, el artículo 38 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.". De lo anterior se advierte, que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, se surte a favor de otro juez del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por tanto, atendiendo al lugar de ejecución del acto reclamado que es la Ciudad de México, se aprecia que el Juzgado de Distrito más cercano sería el Juez de Distrito en turno, con residencia en Tampico, Tamaulipas. Asimismo se destaca, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, estableció que la circunscripción territorial del decimonoveno Circuito lo constituye el Estado de Tamaulipas, con quince juzgados de Distrito: cuatro con sede en Ciudad Victoria, dos con residencia en Nuevo Laredo, dos con sede en Tampico, uno en Ciudad Madero, dos con residencia en Reynosa y cuatro con sede en Matamoros, uno de ellos en materias de amparo y juicios federales y tres de Procesos Penales Federales, de lo que se advierte que el Juzgado de Distrito más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenece, como ya se dijo, se estima que sería la Ciudad de Tampico, del Estado de Tamaulipas, quienes también cuenta con jurisdicción mixta. Lo anterior, atendiendo a la distancia en kilómetros que se obtiene de la consulta a la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según la página de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI7action=cmdSolRutasMobile, en la cual aparece que entre la Ciudad de México y Tampico media una distancia total de cuatrocientos noventa y ocho kilómetros, mientras que entre la Ciudad de México y Ciudad Victoria es una distancia total setecientos dieciocho kilómetros. En consecuencia, devuélvanse vía interconexión las constancias que integran el juicio de amparo 18/2023-III, a la que se acompañarán las correspondientes al presente juicio de amparo 47/2023 solicitándole informe la determinación que adopte respecto del presente asunto. Con impresión de las constancias de cuenta y del presente proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Ahora, como los quejosos********************, refieren que se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, asimismo, se advierte que la autoridad que señaló como responsable tiene su domicilio fuera de la sede de este Juzgado; en tal virtud, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien ordenar a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupa la Penitenciaría de la Ciudad de México, notifique el presente proveído a los quejosos referidos; para los efectos legales a que haya lugar. Téngase como domicilio de los peticionarios de amparo para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, a fin de tener precedente en caso de una eventual contienda competencial, déjese testimonio con copia de la demanda de amparo. Notifíquese; vía exhorto a los quejosos.
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