CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.

Expediente 1279/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1279/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 614/2022 número de orden 869/2022 del índice de este Juzgado. Sin que haya lugar a remitir el acuse de recibo respectivo, toda vez que, como lo precisa la autoridad oficiante, el mismo se genera por el propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente y dese de baja el exhorto de referencia en la estadística de este juzgado. Finalmente, téngase a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro y Hugo Melchor Nieto, por debidamente notificados del proveído de veinte de julio de dos mil veintidós; ello, al tenor de las constancias que se acompañan al exhorto que se recibe. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, mediante el cual comunica que se admite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, en virtud de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, el que fue registrado como conflicto competencial 145/2022, de lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    agréguese a los autos el escrito signado por la licenciada Marcela González Arjona, representante legal de la parte quejosa, quien realiza diversas manifestaciones por el cual solicita se de cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, sea remitido el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la nación para seguir el trámite de inejecución; en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Dígasele a la compareciente que no es procedente su solicitud de remitir el expediente al Tribunal Colegiado para el trámite de inejecución, toda vez que la propia ley de la materia, en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, prevén el procedimiento para llevar a cabo el trámite de cumplimiento del fallo protector, dentro de los cuales contempla que una vez realizada la declaratoria de que la sentencia no quedó cumplida, el órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento Bajo ese orden de ideas, conforme al trámite de ejecución de sentencia efectuado en el presente asunto, aun no se cumple con lo antes citado, es decir no existe declaratoria en relación a que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, puesto que aún se está requiriendo su cumplimiento; de ahí que, sea improcedente solicitud del quejoso de remitir los autos al Tribunal Colegiado para seguir el trámite de inejecución de sentencia, pues el citado ordenamiento contempla el procedimiento especial para tal efecto. No obstante lo anterior, es menester precisar que a la fecha la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al fallo protector, en el cual se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para el siguiente efecto: "...realice en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, dictado dentro del juicio laboral 236/2012 y su acumulado 308/E/2012, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin.". En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas ambos con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria de amparo. Bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, requiérasele al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones legales y en el plazo concedido, se sirva agilizar los trámites relativos a la conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, materia de ejecución en el presente juicio de garantías; asimismo, para que INFORME cuál es el estado de las gestiones que ha realizado y en qué consisten los impedimentos con que cuenta para materializar el fin del procedimiento de ejecución del laudo. Es decir, que para el supuesto de que actualmente el procedimiento se encuentre detenido con motivo de la necesaria participación de alguna otra autoridad, entonces se pronuncie fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo, para que así, este órgano de control constitucional pueda proveer lo conducente al respecto, a saber, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, Colima, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Hugo Melchor Nieto y Eduardo Ampudia Fraustro; contra actos del Director de la penitenciaria de la Ciudad de México y de otras autoridades, al considerar que la competencia corresponde a este Juez de Distrito para conocer de la demanda de que se trata, misma que fue registrada ante la autoridad declinante con el número de amparo 696/2022. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1279/2022. No obstante, comuníquese al juzgador declinante que no se comparte la decisión adoptada, por lo que NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la demanda que nos ocupa, toda vez que en el caso aplica la regla de cercanía prevista en el artículo 38 de Ley de Amparo. En principio, el artículo 37 de la Ley de la Materia fija la competencia de los jueces de distrito con base a la ejecución del acto, esto es, donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o haya ejecutado, en el caso en particular lo es en la Ciudad de México, pues en el escrito inicial de la demanda de amparo los quejosos manifiestan que se encuentran internos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, y en esencia señalan como acto reclamado: "Orden de traslado de un centro penitenciario a otro y reubicación de dormitorio y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Además, señalan como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí ( excepto los de ciudad Obregón, sonora), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. En consecuencia, debe aplicar las reglas previstas en el artículo 38 de Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. ..." Del precepto legal anterior, se desprenden las hipótesis siguientes: a).- Faculta la competencia a un Juez del mismo Distrito y especialización en su caso; y b).- El Juez más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En el caso en concreto, la primera regla que no se actualiza al haber sido señalados como autoridades responsables todos los Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo y otras autoridades. Por tanto, es lógico establecer que debe aplicarse la segunda regla contenida en el mencionado dispositivo legal relativa a que la competencia debe fincarse en el juez de Distrito más próximo a la residencia de los jueces más cercanos del lugar en el cual debe tener ejecución el acto reclamado, que en este caso es la Ciudad de México, pero que por haber sido señalados como responsables no pueden conocer del asunto. En el caso de Colima se estima que si bien fueron señalados como autoridades responsables todos los jueces de Distrito y por esa razón están impedidos, sin embargo, la ejecución no tiene lugar en esta entidad federativa sino en la Ciudad de México, y para determinar la cercanía debe partirse del lugar en el cual el acto tiene o pueda tener ejecución. Es por ello que, atendiendo a la residencia del Juzgado Federal declinante, se aprecia que el Juzgado de Distrito más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenece, sería el Juez de Distrito en turno, con residencia en Tampico, Tamaulipas. Asimismo se destaca, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, estableció que la circunscripción territorial del decimonoveno Circuito lo constituye el Estado de Tamaulipas, con quince juzgados de Distrito: cuatro con sede en Ciudad Victoria, dos con residencia en Nuevo Laredo, dos con sede en Tampico, uno en Ciudad Madero, dos con residencia en Reynosa y cuatro con sede en Matamoros, uno de ellos en materias de amparo y juicios federales y tres de Procesos Penales Federales, de lo que se advierte que el Juzgado de Distrito más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenece, como ya se dijo, se estima que sería la Ciudad de Tampico, del Estado de Tamaulipas, quienes también tienen jurisdicción mixta. Lo anterior, tomando en consideración la distancia en kilómetros que se obtiene de la consulta a la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según la página de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI7action=cmdSolRutasMobile, en la cual aparece que entre la Ciudad de México y Tampico media una distancia total de cuatrocientos noventa y ocho kilómetros, mientras que entre la Ciudad de México y Ciudad Victoria es una distancia total setecientos dieciocho kilómetros. Por las razones expuestas, este Órgano Jurisdiccional no se acepta la competencia declinada para conocer de la demanda promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Cordova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro y Hugo Melchor Nieto pues se estima que la competencia debe recaer al Juez de Distrito más cercano dentro de la jurisdicción donde el acto reclamado tenga ejecución, que en el caso en concreto lo es el Juez de Distrito en turno, con residencia en Tampico, Tamaulipas. En consecuencia, como lo establece el artículo 37 la Ley de Amparo, la competencia se fija con base al lugar en el cual deba tener ejecución el acto reclamado, en el caso en particular, no es en la Ciudad de Colima, sino en la Ciudad de México lugar donde se encuentran recluidos los quejosos. Por identidad jurídica se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 75, Tomo XXV, Febrero 2007, Novena Época, registro: 173362, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." Asimismo, cobra aplicación la tesis con número de registro 190008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2001, Tomo XIII, Abril 2001, Novena Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." La tesis jurisprudencial que antecede, se estima aplicable en virtud que si bien examina la Ley de Amparo anterior, concretamente el artículo 42, no menos cierto es que dicha porción normativa actualmente se encuentra reflejada en el artículo 38 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1230, Tomo II, Diciembre 2021, Undécima Época, registro: 2023895, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juez de Distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a un Juez de Distrito, ya que para resolver, uno de ellos aplicó la regla general de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer que en este caso, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado; mientras que para el otro era aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de dicho ordenamiento, para establecer que la competencia se surte a favor de otro Juez del mismo distrito y, en su caso, de la misma especialización. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque dicha regla sólo será aplicable cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito. Justificación: Ello es así, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia." Sin que en el caso, se realice mayor pronunciamiento por cuanto hace a decretar la suspensión de plano por los actos establecidos toda vez que la autoridad federal oficiante mediante auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, se pronunció en los siguientes términos: "De la lectura de la demanda de amparo se obtiene que los actos reclamados consisten, en esencia, en la orden de traslado de la parte quejosa de los centro penitenciarios en los que se encuentran recluidos a uno diverso y, en consecuencia la reubicación de los dormitorios en lo que actualmente se encuentran a otros de diverso módulo o área. Sin que pase inadvertido que vierten manifestaciones en cuanto a la comisión de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y 15 de la ley, toda vez que éstos los hacen valer como una consecuencia del posible traslado de centro penitenciario y reubicación de dormitorio, sin que se advierta su impugnación de forma destacada e independiente, de ahí que no resulte procedente el pronunciamiento de la suspensión de oficio y de plano que solicitan. Asimismo, no es óbice que se reclame la negación del servicio médico y dental, no obstante, dicho acto no se ubica en alguno de los supuestos de urgencia contemplados en ros aludidos numerales 22 de la Constitución Federal y 15 de la ley, que amerite el dictado inmediato de la suspensión. Además, de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y José Othon Ramiro Hernández Lima, han promovido de manera reiterada diversos juicios de amparo en los que reclaman, entre otros actos, órdenes de traslado y reubicación de dormitorios bajo el mismo contexto de la demanda actual, los cuales han sido ingresados ante este juzgado como a diversos en distintas partes del país. Por lo que, a criterio del suscrito, resulta una mera estrategia de los promoventes para obtener sistemáticamente suspensiones contra actos como los que aquí se plantean." Como puede verse el Juez negó la suspensión pues estableció que esta era improcedente por las razones que ahí expuso, de manera destacada que los promoventes tenían diversos juicios de amparo, que por ende, desde su punto de vista era una estrategia para obtener diversas suspensiones. En consecuencia, devuélvanse vía interconexión y estafeta las constancias que integran el juicio de amparo 696/2022, a la que se acompañarán las correspondientes al presente juicio de amparo 1279/2022 solicitándole informe la determinación que adopte respecto del presente asunto. Con impresión de las constancias de cuenta y del presente proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Ahora, como los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Cordova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro y Hugo Melchor Nieto, refieren que se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, asimismo, se advierte que la autoridad que señaló como responsable tiene su domicilio fuera de la sede de este Juzgado; en tal virtud, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien ordenar a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupa la Penitenciaría de la Ciudad de México, notifique el presente proveído a los quejosos referidos; para los efectos legales a que haya lugar. Téngase como domicilio de los peticionarios de amparo para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, a fin de tener precedente en caso de una eventual contienda competencial, déjese testimonio con copia de la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente vía exhorto a los quejosos. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, por disfrutar el Titular de este Juzgado del periodo vacacional correspondiente al primer semestre del año dos mil veintidós, que comprende del ocho al veintidós de julio de dos mil veintidós, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el que fuera comunicado mediante oficio CCJ/ST/2416/2022 de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con el licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario que autoriza y da feCiudad Victoria, Tamaulipas, a veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, Colima, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Hugo Melchor Nieto y Eduardo Ampudia Fraustro; contra actos del Director de la penitenciaria de la Ciudad de México y de otras autoridades, al considerar que la competencia corresponde a este Juez de Distrito para conocer de la demanda de que se trata, misma que fue registrada ante la autoridad declinante con el número de amparo 696/2022. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1279/2022. No obstante, comuníquese al juzgador declinante que no se comparte la decisión adoptada, por lo que NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la demanda que nos ocupa, toda vez que en el caso aplica la regla de cercanía prevista en el artículo 38 de Ley de Amparo. En principio, el artículo 37 de la Ley de la Materia fija la competencia de los jueces de distrito con base a la ejecución del acto, esto es, donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o haya ejecutado, en el caso en particular lo es en la Ciudad de México, pues en el escrito inicial de la demanda de amparo los quejosos manifiestan que se encuentran internos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, y en esencia señalan como acto reclamado: "Orden de traslado de un centro penitenciario a otro y reubicación de dormitorio y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Además, señalan como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí ( excepto los de ciudad Obregón, sonora), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. En consecuencia, debe aplicar las reglas previstas en el artículo 38 de Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. ..." Del precepto legal anterior, se desprenden las hipótesis siguientes: a).- Faculta la competencia a un Juez del mismo Distrito y especialización en su caso; y b).- El Juez más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En el caso en concreto, la primera regla que no se actualiza al haber sido señalados como autoridades responsables todos los Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo y otras autoridades. Por tanto, es lógico establecer que debe aplicarse la segunda regla contenida en el mencionado dispositivo legal relativa a que la competencia debe fincarse en el juez de Distrito más próximo a la residencia de los jueces más cercanos del lugar en el cual debe tener ejecución el acto reclamado, que en este caso es la Ciudad de México, pero que por haber sido señalados como responsables no pueden conocer del asunto. En el caso de Colima se estima que si bien fueron señalados como autoridades responsables todos los jueces de Distrito y por esa razón están impedidos, sin embargo, la ejecución no tiene lugar en esta entidad federativa sino en la Ciudad de México, y para determinar la cercanía debe partirse del lugar en el cual el acto tiene o pueda tener ejecución. Es por ello que, atendiendo a la residencia del Juzgado Federal declinante, se aprecia que el Juzgado de Distrito más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenece, sería el Juez de Distrito en turno, con residencia en Tampico, Tamaulipas. Asimismo se destaca, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, estableció que la circunscripción territorial del decimonoveno Circuito lo constituye el Estado de Tamaulipas, con quince juzgados de Distrito: cuatro con sede en Ciudad Victoria, dos con residencia en Nuevo Laredo, dos con sede en Tampico, uno en Ciudad Madero, dos con residencia en Reynosa y cuatro con sede en Matamoros, uno de ellos en materias de amparo y juicios federales y tres de Procesos Penales Federales, de lo que se advierte que el Juzgado de Distrito más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenece, como ya se dijo, se estima que sería la Ciudad de Tampico, del Estado de Tamaulipas, quienes también tienen jurisdicción mixta. Lo anterior, tomando en consideración la distancia en kilómetros que se obtiene de la consulta a la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según la página de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI7action=cmdSolRutasMobile, en la cual aparece que entre la Ciudad de México y Tampico media una distancia total de cuatrocientos noventa y ocho kilómetros, mientras que entre la Ciudad de México y Ciudad Victoria es una distancia total setecientos dieciocho kilómetros. Por las razones expuestas, este Órgano Jurisdiccional no se acepta la competencia declinada para conocer de la demanda promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Cordova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro y Hugo Melchor Nieto pues se estima que la competencia debe recaer al Juez de Distrito más cercano dentro de la jurisdicción donde el acto reclamado tenga ejecución, que en el caso en concreto lo es el Juez de Distrito en turno, con residencia en Tampico, Tamaulipas. En consecuencia, como lo establece el artículo 37 la Ley de Amparo, la competencia se fija con base al lugar en el cual deba tener ejecución el acto reclamado, en el caso en particular, no es en la Ciudad de Colima, sino en la Ciudad de México lugar donde se encuentran recluidos los quejosos. Por identidad jurídica se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 75, Tomo XXV, Febrero 2007, Novena Época, registro: 173362, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." Asimismo, cobra aplicación la tesis con número de registro 190008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2001, Tomo XIII, Abril 2001, Novena Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." La tesis jurisprudencial que antecede, se estima aplicable en virtud que si bien examina la Ley de Amparo anterior, concretamente el artículo 42, no menos cierto es que dicha porción normativa actualmente se encuentra reflejada en el artículo 38 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1230, Tomo II, Diciembre 2021, Undécima Época, registro: 2023895, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juez de Distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a un Juez de Distrito, ya que para resolver, uno de ellos aplicó la regla general de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer que en este caso, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado; mientras que para el otro era aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de dicho ordenamiento, para establecer que la competencia se surte a favor de otro Juez del mismo distrito y, en su caso, de la misma especialización. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque dicha regla sólo será aplicable cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito. Justificación: Ello es así, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia." Sin que en el caso, se realice mayor pronunciamiento por cuanto hace a decretar la suspensión de plano por los actos establecidos toda vez que la autoridad federal oficiante mediante auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, se pronunció en los siguientes términos: "De la lectura de la demanda de amparo se obtiene que los actos reclamados consisten, en esencia, en la orden de traslado de la parte quejosa de los centro penitenciarios en los que se encuentran recluidos a uno diverso y, en consecuencia la reubicación de los dormitorios en lo que actualmente se encuentran a otros de diverso módulo o área. Sin que pase inadvertido que vierten manifestaciones en cuanto a la comisión de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y 15 de la ley, toda vez que éstos los hacen valer como una consecuencia del posible traslado de centro penitenciario y reubicación de dormitorio, sin que se advierta su impugnación de forma destacada e independiente, de ahí que no resulte procedente el pronunciamiento de la suspensión de oficio y de plano que solicitan. Asimismo, no es óbice que se reclame la negación del servicio médico y dental, no obstante, dicho acto no se ubica en alguno de los supuestos de urgencia contemplados en ros aludidos numerales 22 de la Constitución Federal y 15 de la ley, que amerite el dictado inmediato de la suspensión. Además, de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y José Othon Ramiro Hernández Lima, han promovido de manera reiterada diversos juicios de amparo en los que reclaman, entre otros actos, órdenes de traslado y reubicación de dormitorios bajo el mismo contexto de la demanda actual, los cuales han sido ingresados ante este juzgado como a diversos en distintas partes del país. Por lo que, a criterio del suscrito, resulta una mera estrategia de los promoventes para obtener sistemáticamente suspensiones contra actos como los que aquí se plantean." Como puede verse el Juez negó la suspensión pues estableció que esta era improcedente por las razones que ahí expuso, de manera destacada que los promoventes tenían diversos juicios de amparo, que por ende, desde su punto de vista era una estrategia para obtener diversas suspensiones. En consecuencia, devuélvanse vía interconexión y estafeta las constancias que integran el juicio de amparo 696/2022, a la que se acompañarán las correspondientes al presente juicio de amparo 1279/2022 solicitándole informe la determinación que adopte respecto del presente asunto. Con impresión de las constancias de cuenta y del presente proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Ahora, como los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Cordova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro y Hugo Melchor Nieto, refieren que se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, asimismo, se advierte que la autoridad que señaló como responsable tiene su domicilio fuera de la sede de este Juzgado; en tal virtud, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien ordenar a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupa la Penitenciaría de la Ciudad de México, notifique el presente proveído a los quejosos referidos; para los efectos legales a que haya lugar. Téngase como domicilio de los peticionarios de amparo para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, a fin de tener precedente en caso de una eventual contienda competencial, déjese testimonio con copia de la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente vía exhorto a los quejosos.

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