CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.
Expediente 1966/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1966/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.
Actuaciones
- Principal
agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), enviado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual informa que se declinó la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico. En consecuencia, archívese como asunto concluido el presente expedientillo que se formó en ausencia del juicio principal, previas las anotaciones en el libro de registro correspondiente. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Por otro lado, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula el expediente. Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual refiere devuelve debidamente diligenciado el exhorto 963/2022 (número de orden 1313/2022), deducido del diverso 768/2022(número de orden 838/2022) del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se solicitó notificar a los quejosos el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós. Lo que acredita con la constancia de notificación personal de catorce de noviembre de dos mil veintidós, suscrita por el Actuario de su adscripción, por lo que se tiene por notificados a los quejosos, al tenor de las constancias que se anexan. Sin que haya lugar a remitir el acuse de recibo respectivo, toda vez que el mismo se genera una vez enviada la comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente y dese de baja en la estadística de este juzgado dicho exhorto. Notifíquese.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Diego Isaac Hernández González, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro, Alejando Díaz Madrid, Hugo Melchor Nieto, y Luis Arturo Zavala Rosas, contra actos del Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades, al considerar que la competencia corresponde a este Juez de Distrito para conocer de la demanda de que se trata. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1966/2022. No obstante, acorde a lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, respetuosamente, comuníquese al juzgador declinante que no se comparte la decisión adoptada, por lo que NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la demanda que nos ocupa, por las razones que se expondrán. En principio, debe decirse que en el proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero,, declinó para conocer de la demanda de amparo en atención a que se le señaló como autoridad responsable. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 38 de la Ley de Amparo, ordenó remitir el expediente al juzgado más próximo o no especializado de otro circuito, esto es, al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas en turno, con sede en Ciudad Victoria, a quien consideró competente para conocer del asunto. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte se señalan como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Y, como acto reclamado, en esencia se señala la orden de traslado de la parte quejosa de los centros penitenciarios en los que se encuentran recluidos a uno diverso, y en consecuencia, la reubicación de los dormitorios en los que actualmente se encuentran a otros de diverso módulo o área; así como la comisión de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, estima que si bien fueron señalados como autoridades responsables todos los jueces de Distrito de ese circuito, y por esa razón están impedidos para conocer la demanda de amparo, contrario a lo expuesto por el órgano declinante, este juzgador considera que el hecho de que se le señale como autoridad responsable no es un aspecto que determine la competencia legal de un órgano jurisdiccional, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto. A fin de apoyar lo anterior, se cita como hecho notorio lo resuelto por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, al resolver el conflicto competencial 159/2022 suscitado entre el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Colima y este juzgador, en el que declaró la inexistencia del mismo, que obra dentro del juicio de amparo 1193/2022 de nuestro índice. En ese sentido, al resolverse la ejecutoria 159/2022, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, sostuvo los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 11/2019, en el que se determinó que la competencia puede determinarse por razón de materia, territorio, y grado, lo que se define a continuación: Materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso, de modo que es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantive, pues debido a la creciente necesidad de especialización por parte del juzgador, la tarea judicial se reparte con base en este criterio, por lo que establecen órganos juzgadores que conocen de materia civil, familiar, laboral, penal, agraria, fiscal, constitucional, etcétera. Territorio. Éste es el ámbito espacial, dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales, y en este punto no sobra mencionar que dentro del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el órgano jurisdiccional que tiene competencia en todo el territorio nacional, de modo que sus resoluciones son válidas sin ningún criterio territorial que las cuestione y su jurisdicción abarca a cada entidad federativa. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador, siendo las leyes procesales las que establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse. Así, contrario a lo expuesto por el órgano declinante, este juzgador estima necesario abordar las consideraciones que sirvieron de base para resolver el conflicto competencial 11/2019 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 24 de abril de 2019, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexo Circuito. En dicho asunto, la Sala consideró que el conflicto competencial originado no derivó de un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio y grado, ya que uno de los órganos alegó no poder conocer de la demanda de amparo directo por haber sido señalado como autoridad responsable. Asimismo, estimó que ello no representa un aspecto que establezca la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que el tribunal que se encuentre en ese supuesto no puede declararse de facto incompetente para conocer de un asunto, pues previamente debe constatar si el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Consecuentemente, el Máximo Tribunal determinó que el órgano declinante, contrario a lo que consideró, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y decidir lo que corresponda en relación con la demanda de amparo directo. Concluyéndose que, de estimarlo contrario, resultaría incongruente con el sistema de competencias que rige el juicio de amparo, y además, se facultaría a los particulares a decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. Luego, en el caso que nos ocupa, el órgano declinante sustenta su argumento a razón de que se les señaló como autoridad responsable, no obstante, y concatenado con lo destacado, este juzgador considera que el juez declinante no aduce un punto jurisdiccional concreto para sustentar su argumento, pues atendiendo a los razonamientos expresados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el referido conflicto competencial 11/2019, primeramente debió verificar la vinculación existente con los actos reclamados en la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, se estima que el artículo 37 de la Ley de la Materia fija la competencia de los jueces de distrito con base a la ejecución del acto, esto es, donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o haya ejecutado, y si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso particular, el acto que se reclama tiene ejecución en la Ciudad de México, pues en el escrito inicial de la demanda de amparo los quejosos manifiestan que se encuentran internos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México. De ahí que este órgano jurisdiccional estima que el hecho de ser designados como autoridad responsables no justifica el declinar la competencia en automático, pues se reitera, primero debe valorarse la vinculación existente con los actos que se señalan como reclamados. Por las razones expuestas, este Órgano Jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada para conocer de la demanda promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Diego Isaac Hernández González, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro, Alejando Díaz Madrid, Hugo Melchor Nieto, y Luis Arturo Zavala Rosas, pues se estima que el órgano declinante previo a realizar el pronunciamiento de declinación de competencia, primeramente debió verificar la vinculación existente con los actos que se reclaman, a fin de aducir un argumento jurisdiccional concreto que sustente su razonamiento. Sin que en el caso, se realice mayor pronunciamiento por cuanto hace a decretar la suspensión de plano por los actos establecidos toda vez que la autoridad federal oficiante mediante auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se pronunció al respecto. Por otra parte, no pasa inadvertido que el Juez declinante, determinó que el juzgado competente para conocer de la demanda de amparo, es el Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno, con residencia en Ciudad Victoria, al ser el más próximo de otro circuito, toda vez que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a los Juzgados de Distrito en Ciudad de México, Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Al respecto, el artículo 38 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". De lo anterior se advierte, que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, se surte a favor de otro juez del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por tanto, atendiendo al lugar de ejecución del acto reclamado que es la Ciudad de México, se aprecia que el Juzgado de Distrito más cercano sería el Juez de Distrito en turno, con residencia en Tampico, Tamaulipas. Asimismo se destaca, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, estableció que la circunscripción territorial del decimonoveno Circuito lo constituye el Estado de Tamaulipas, con quince juzgados de Distrito: cuatro con sede en Ciudad Victoria, dos con residencia en Nuevo Laredo, dos con sede en Tampico, uno en Ciudad Madero, dos con residencia en Reynosa y cuatro con sede en Matamoros, uno de ellos en materias de amparo y juicios federales y tres de Procesos Penales Federales, de lo que se advierte que el Juzgado de Distrito más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenece, como ya se dijo, se estima que sería la Ciudad de Tampico, del Estado de Tamaulipas, quienes también cuenta con jurisdicción mixta. Lo anterior, atendiendo a la distancia en kilómetros que se obtiene de la consulta a la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según la página de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI7action=cmdSolRutasMobile,, en la cual aparece que entre la Ciudad de México y Tampico media una distancia total de cuatrocientos noventa y ocho kilómetros, mientras que entre la Ciudad de México y Ciudad Victoria es una distancia total setecientos dieciocho kilómetros. En consecuencia, devuélvanse vía interconexión y estafeta las constancias que integran el juicio de amparo 1565/2022, a la que se acompañarán las correspondientes al presente juicio de amparo 1966/2022 solicitándole informe la determinación que adopte respecto del presente asunto. Con impresión de las constancias de cuenta y del presente proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Ahora, como los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Diego Isaac Hernández González, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Eduardo Ampudia Fraustro, Alejando Díaz Madrid, Hugo Melchor Nieto, y Luis Arturo Zavala Rosas, refieren que se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, asimismo, se advierte que la autoridad que señaló como responsable tiene su domicilio fuera de la sede de este Juzgado; en tal virtud, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, tenga a bien ordenar a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupa la Penitenciaría de la Ciudad de México, notifique el presente proveído a los quejosos referidos; para los efectos legales a que haya lugar. Téngase como domicilio de los peticionarios de amparo para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, a fin de tener precedente en caso de una eventual contienda competencial, déjese testimonio con copia de la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente vía exhorto a los quejosos.
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