Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 656/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el oficio 24372/2023, presentado vía juicio en línea (con firma electrónica) por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, a través del cual acusa recibo de nuestro comunicado, en el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 656/2023; asimismo, informa que acepta la competencia y se avoca al conocimiento del sumario. Lo que se hace del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico, y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes Judiciales Generados por los Órgano Jurisdiccionales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este cuadernillo es DESTRUIBLE, transcurridos seis meses.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo presentada en el portal de servicios en línea sin firma electrónica por Carlos Alberto Angelino Barrón, Iván García Mijares, Diego Issac Hernández González, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Axel García Bonilla, Alejandro Díaz Madrid, Hugo Melchor Nieto, Erick Adrián Rosas Gamiño, Luis Alberto Flores Maldonado, Edwin Daniel Guerra Córdova, Juan Carlos Cárcamo Cano, Marcos Emmanuel Martínez Rodríguez, Hansel Jesús Huitron González, Moisés Sánchez Robles, Christian Eduardo Nava Verde, Uriel Martínez Rodríguez y Oscar Estrada Maradiaga, contra actos de este órgano jurisdiccional y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 656/2023. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como actos reclamados: (1) orden de traslado a diverso centro penitenciario, (2) orden de reubicación de los quejosos a diversos dormitorios en el lugar donde se encuentran recluidos, lo cual refieren les genera afectaciones psicofísicas y emocionales debido a que se utilizan como medios de coacción o castigo, (3) violencia y agresiones como medio de intimidación, (4) omisión de investigar delitos, (5) la constitucionalidad del reglamento interior del centro de reclusión donde se encuentran privados de su libertad, y (6) diversos actos relacionados con sus condiciones de internamiento. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. De la lectura de la demanda de amparo, en específico, del apartado de autoridades responsables, se obtiene que el quejoso señala como tales, entre otras, a los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa, entre los cuales se encuentra este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. Ahora, a fin de motivar claramente esta determinación, conviene mencionar que la competencia es la suma de atribuciones de un órgano del Estado. En el ámbito jurisdiccional, se traduce en la facultad de un órgano para desempeñar su potestad en el conocimiento y la resolución de determinados asuntos sometidos a su decisión. En ese contexto, la competencia constituye la primera categoría procesal de validez de todo proceso o procedimiento (incluyendo el juicio de amparo), cuyo análisis es preponderante y de orden público, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante diversos criterios. Como muestra de lo anterior, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 21/2009 del Pleno del alto Tribunal. En el juicio de amparo, la competencia se fija a través de diversos criterios, entre ellos, el sustentado con el axioma jurídico de "nadie pues ser juez y parte" y que reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este aserto se orienta con el criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Este supuesto de competencia, para el caso de los juzgados de Distrito que son los órganos competentes para conocer, entre otros asuntos, de los juicios de amparo indirecto, está previsto en el artículo 38 de la ley de la materia, del que se obtiene que cuando se promueva demanda de amparo indirecto y se designe como autoridad responsable a un juez de Distrito, es competente otro del mismo Distrito y especialización; si no lo hay, entonces, será competente el más cercano, de ser posible, dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca. Pues bien, como se expuso con antelación, el quejoso designó como autoridades responsables, además de otros, al suscrito en su carácter de Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa [en virtud de haber señalado a los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa], por lo que en términos del artículo 38 de la ley, este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la ley, quien suscribe declara carecer de competencia para conocer de la demanda y ordena que se remita al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, que por turno corresponda, por resultar ser el más cercano a la Ciudad de México [lugar donde se ejecutan los actos reclamados], descartando a aquellos que fueron señalados como responsables [Jueces de Distrito en todos los Estados de la República, con excepción de los que tienen residencia en Baja California y Baja California Sur y Sonora. Por tanto, se solicita atentamente al Juez de Distrito, en favor de quien se declina la competencia, informe si la acepta o no. De igual manera, hágase del conocimiento del juzgador al que corresponda el conocimiento de este asunto que se hará disponible el expediente electrónico en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para que tenga a bien proveer lo que en derecho corresponda; para ello, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada de dicho sistema, que realice las gestiones correspondientes, con el propósito de que este se haga electrónicamente disponible para su correlación. INCOMPETENCIA SIN PROVEER SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de la Materia. Ahora, analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que lo que los promoventes atribuyen a las autoridades responsables lo es el de trasladar a los directos quejosos de su actual centro de reclusión a uno diverso, así como la reubicación de dormitorios y condiciones de internamiento, a los cuales les atribuyen diversas afectaciones psicofísicas y emocionales con fines intimidatorios de tracto sucesivo, de igual manera la inconstitucionalidad del reglamento del centro de reclusión; ante tales reclamos debe decirse que su demanda de amparo no se encuentra en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48,fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por las consideraciones siguientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de los cual se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y sean efectivos. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, es posible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. En efecto, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; por que conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las cuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se encuentra con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal3, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Ello lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la constitución federal, pues erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. De ahí que conforme a las explicaciones dadas al ser los actos reclamados la orden de traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a diverso centro de reclusión, así como el cambio de dormitorio a un distinto modulo o área, actos que se encuentran dentro de un procedimiento que revisa el juez de control o ejecución, estos no pueden ser considerados dentro de los actos prohibitivos previstos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales procede conceder la suspensión de plano al afectarse la libertad fuera de procedimiento, supuesto que en el caso no se actualiza. Ahora, por lo que hace a los actos de tortura psicológica y emocional podrían encuadrarse en los previstos por los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, no refieren cuál es la naturaleza o sobre que versa lo que pretenden ubicar los supuestos actos de tortura que aducen. Ante dicha situación, no puede considerarse que se está ante uno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna "tormento de cualquier especie", y por tanto, que se ubique en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior es así, pues la solicitud de suspensión de dichos actos debe estar sustentada en hechos ciertos y actuales no probables o hipotéticos, como se consideran en este caso. A lo que se suma que los propios promoventes refieren en su libelo, que existen mandamientos expresos de jueces federales en torno a la suspensión de los actos que nuevamente reclaman y que no han sido acatados por las responsables. Lo que implica que, además de que no especifican en qué consiste el tormento de que son objeto o cuál ha sido el actuar de las responsables que ha concluido con esa violación a sus derechos fundamentales, se insiste, elevan una denuncia por el incumplimiento a las resoluciones y medidas que refieren fueron otorgadas a su favor. Siendo insuficiente que refieran que la tortura es física y psicológica, cuando de la lectura integral de la demanda, como se indicó, no se aprecia la existencia de un acto concreto del que pudieran derivar las vejaciones a que hace alusión. Consecuentemente, no procede proveer sobre la suspensión de plano por no actualizase el supuesto de excepción del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual no resulta aplicable la jurisprudencia 1ª/J.58/2016(10a). Precisado lo anterior, en razón de que como se explicó, la demanda de amparo que se provee no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo; por tanto, este juzgador no se pronuncia sobre la suspensión de plano, ni es procedente girar los oficios a las autoridades señaladas como responsables, sino únicamente remitir este asunto al Juez de Distrito a favor del cual se declina su competencia. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado al interior de la penitenciaria de la Ciudad de México, sin que haya lugar a ordenar la notificación personal de los quejosos, toda vez que corresponde al juez competente informarles la aceptación o no de la competencia planteada. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. No se nombran. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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