Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 802/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido con el oficio 16108/2021, enviado vía juicio en línea por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto E-132/2021-II-A, orden 208/2021, en el que se solicitó notificar al directo quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón; en atención a su contenido, se ordena agregar en autos para que obre como corresponda. Hágase la anotación que corresponda en el libro de gobierno relativo, respecto a la diligenciación de la comunicación oficial de mérito. Por otra parte, visto el oficio 62950/2021, enviado vía juicio en línea por Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, por medio del cual informa que se acepta la competencia planteada en proveído de doce de octubre del año en curso, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Yoanna Esther Fonseca Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente cuaderno como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 20, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Yoanna Esther Fonseca Valencia, quien se ostenta promovente legítima de Carlos Alberto Angelino Barrón, en contra de actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 802/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales; 1º, fracción I, 15, 20, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene presentada la demanda en sus términos. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte promovente señala como actos reclamados: "Los actos reclamados bajo protesta de verdad son Sesión 41/2021 de comité técnico de la penitenciaría cdmx que viola el principio Non Bis Idem y el acceso a la justicia Resolución de sesión 41/2021 de comité técnico de la penitenciaría cdmx que actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo y angustia síquica equiparada a tortura sicofisica y dolor síquico equiparado a tortura sicoemocional Actos de intimidacion y represalias equiparadas a tortura sicofisica y sicoemocional que generan angustia síquica y dolor síquico Actos de extorsión y de intimidacion así como fraude procesal de Alejandro Alberto Flores García con consentimiento y conocimiento de Guillermo Mandujano Rosillo subdirector jurídico, Adriana Villeda Salazar subdirectora de apoyo técnico y Juan Carlos Barrera Peñaloza subdirector de seguridad y Víctor Joel Palma Escalante jefe de grupo del segundo turno de seguridad todos de la penitenciaría cdmx cometidos contra el quejoso Discriminacion por condición y por ideología y preferencia (.)" (.)"Violacion al principio pro persona Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona Discriminacion (.)" Sic. INCOMPETENCIA. De la lectura de la demanda de amparo, en específico, del apartado de autoridades responsables, se obtiene que los quejosos señalan como tales, entre otras, a los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa, entre los cuales se encuentra este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. Ahora, a fin de motivar claramente esta determinación, conviene mencionar que la competencia es la suma de atribuciones de un órgano del Estado. En el ámbito jurisdiccional, se traduce en la facultad de un órgano para desempeñar su potestad en el conocimiento y la resolución de determinados asuntos sometidos a su decisión. En ese contexto, la competencia constituye la primera categoría procesal de validez de todo proceso o procedimiento (incluyendo el juicio de amparo), cuyo análisis es preponderante y de orden público, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante diversos criterios. Como muestra de lo anterior, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 21/2009 del Pleno del alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, abril del 2009, página 5, que dice: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. En el juicio de amparo, la competencia se fija a través de diversos criterios, entre ellos, el sustentado con el axioma jurídico de "nadie puede ser juez y parte" y que reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este aserto se orienta con el criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Cuarta Parte, página 108, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Si en un juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda figura en ésta como autoridad responsable, el mismo carece de competencia para conocer del negocio, pues no se puede tener el carácter de Juez y parte. Además, en los términos del artículo 42 de la Ley de Amparo, "es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez." Este supuesto de competencia, para el caso de los juzgados de Distrito que son los órganos competentes para conocer, entre otros asuntos, de los juicios de amparo indirecto, está previsto en el artículo 38 de la ley, que dice: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." De la interpretación del precepto se obtiene que cuando se promueva demanda de amparo indirecto y se designe como autoridad responsable a un Juez de Distrito, es competente otro del mismo Distrito y especialización; si no lo hay, entonces, será competente el más cercano, de ser posible, dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca. Pues bien, como se expuso con antelación, el promovente designó como autoridades responsables, además de otros, al suscrito en su carácter de Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa [en virtud de haber señalado a los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa], por lo que en términos del artículo 38 de la ley, éste órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la ley, quien suscribe declara carecer de competencia para conocer de la demanda y ordena que se remita junto con sus copias al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, por resultar ser el más cercano a la Ciudad de México -lugar donde se ejecutan los actos reclamados-, y ser el único juzgador de esa Entidad Federativa, no señalado como responsable, descartando a aquellos que fueron señalados como responsables Jueces de Distrito en todos los Estados de la república, con excepción de los que tienen residencia en Baja California. Por tanto, se solicita atentamente al Juez de Distrito, en favor de quien se declina la competencia, informe si la acepta o no. Incompetencia sin proveer sobre la suspensión de plano en términos del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de la Materia. Ahora, analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que lo que la promovente atribuye a las autoridades responsables es una determinación emitida en perjuicio del directo quejoso, por el Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, emitida en la sesión 41/2021, y que de ésta derivan los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, consistentes en tortura sicofísica y sicoemocional; sin embargo, no refiere cuál es la naturaleza o el contenido de la determinación aludida y sobre la que pretende ubicar los actos de tortura que aduce. Ante dicha situación, no puede considerarse que se está ante uno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna "tormento de cualquier especie", y por tanto, que se ubique en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ello es así, pues la solicitud de suspensión de dichos actos debe estar sustentada en hechos ciertos y actuales no probables o hipotéticos, como se consideran en este caso, en el que la promovente no especifica en qué consiste el tormento de que es objeto el directo quejoso, de qué tipo de determinación derivan o cuál ha sido el actuar de las responsable que ha concluido con esa violación a sus derechos fundamentales, siendo insuficiente que refiera que la tortura es física y psicológica, cuando de la lectura integral de la demanda, como se indicó, no se aprecia la existencia de un acto concreto del que pudieran derivar las vejaciones a que hace alusión. Máxime, que la determinación que reclama fue emitida por una autoridad administrativa -Comité Técnico del Centro Penitenciario en el que se encuentra-, y en cuanto a ese tópico, es preciso señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de los cual se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, ya que esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y sean efectivos. Aunado a ello, la mencionada Sala de Supremo tribunal, recientemente emitió criterio jurisprudencial del que destaca que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el juez de control o de ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan de las decisiones que sobre ejecución adopte la administración penitenciaria, de ahí que, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, tratándose de los aludidos actos, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Se cita por identidad de razón la Jurisprudencia 27/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de seis de octubre de dos mil veintiuno, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. HECHOS: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario este será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. CRITERIO JURÍDICO: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. JUSTIFICACIÓN: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el juez de control o de ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Por todo lo anterior, los actos de que se trata no pueden ser considerados dentro de los actos prohibitivos previstos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales procede conceder la suspensión de plano al considerarse tormento de cualquier especie, pues no se desprende de qué tipo de determinación derivan, y en su caso, si contra aquella resulta procedente el juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, no procede proveer sobre la suspensión de plano por no actualizase el supuesto de excepción del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, en razón de que como se explicó, la demanda de amparo que se provee no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo; por tanto, este juzgador no se pronuncia sobre la suspensión de plano, ni es procedente girar los oficios a las autoridades señaladas como responsables, sino únicamente remitir este asunto al Juez de Distrito a favor del cual se declina su competencia. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Con la finalidad de lograr la notificación de los quejosos, mismas que tienen su domicilio en la Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 al 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, de acuerdo con el numeral 2°de la Ley de la Materia, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, para que en auxilio de las labores de este juzgado con copia de este proveído, se sirva notificar el presente proveído al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, en las instalaciones de la penitenciaria de la Ciudad de México. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LINEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los Artículo 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3º y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.
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