Carlos Alberto Angelino BarròN
Expediente 88/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino BarròN
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase recibido el oficio remitido electrónicamente signado por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Culiacán, al cual anexa testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 84/2023, en sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil veintitrés, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO.-. Es legalmente competente el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, para conocer y resolver el amparo indirecto promovido contra las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. SEGUNDO.- Remítase testimonio de esta resolución y autos al citado juzgado que en esta ejecutoria se determina competente." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico, acúsese recibo al tribunal colegiado oficiante y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en sus artículos 20 y 21, inciso b), en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, toda vez que no se aceptó la competencia del juicio de amparo.
- Principal
Téngase recibido el oficio 1891/20232 signado electrónicamente por el Actuario Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que la presidencia de dicho órgano federal admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero y este órgano jurisdiccional; comunicado que se agrega a los autos para que obre como corresponda.
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, al cual acompaña el juicio de amparo 202/2023 de su índice administrativo, del que se desprende que no acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, en atención a los argumentos que expresó en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, que dentro de lo que interesa resaltan los siguientes: " (...) Es decir, porque en los casos en que en una demanda de amparo indirecto se señala como autoridad responsable al juez de Distrito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no debe por esa sola circunstancia declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia de tal juzgador es necesario que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al amparo tramitado ante el mismo órgano. (.) Entonces, y si bien se desprende que el propio órgano declinante, al momento de proveer sobre la demanda de amparo, sé declaró legalmente incompetente; sin embargo, a consideración de la suscrita juzgadora, el órgano jurisdiccional declinante se encontraba en aptitud incluso con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 114 fracciones I y IV de la Ley de Amparo, de prevenir a la parte quejosa a efecto de que en el plazo de cinco días, precisara cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo tendría por no presentada la demanda. (.) O bien, en su caso, de realizar un análisis integral del escrito respectivo verificar si intervino o no en la emisión o ejecución de los actos reclamados y en su caso -de ser procedente- admitir la petición de amparo, precisando que al no evidenciarse acto que se le reclame, no puede ser considerada autoridad responsable, no existiendo impedimento legal para conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda, o en su defecto si en realidad lo que los quejosos persiguen al señalar como responsable al Juez de Distrito, es plantear el impedimento para conocer del asunto.(...)" No obstante lo anterior, quien esto provee reitera la determinación judicial dictada el siete de febrero de dos mil veintitrés, en el sentido de que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente juicio, debido a que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa fue señalado como autoridad responsable, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo. Ello, porque la incompetencia para conocer del presente asunto deriva de un vicio lógico que consiste en que este órgano jurisdiccional no debe de participar como parte y resolutor en el presente juicio de amparo, ya que incluso en el supuesto en que el acto reclamado resulte inexistente o se incumpla alguna prevención, implicaría decretar el sobreseimiento del juicio de amparo por esta misma autoridad o tener por no presentada la demanda. Aunado a ello, se estima que no es posible separar los actos reclamados en atención al principio de indivisibilidad de la continencia de la causa, pues los actos que se atribuyen a este órgano jurisdiccional indudablemente se relacionan con las condiciones de internamiento y ordenes de traslado del centro de reclusión en el que se encuentran, los cuales son los actos reclamados de manera destacada. Sin que sea obstáculo que no se haya precisado si la incompetencia fue con motivo de materia, grado o especialización, debido a que no resulta aplicable la regla general del artículo 37 de la Ley de Amparo, sino la regla especial prevista en el artículo 38 de la referida legislación. Tampoco se desconoce la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.) de rubro CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, no se considera aplicable ya que la naturaleza de los conflictos competenciales entre los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito es distinta precisamente por la naturaleza de los actos que conocen. Finalmente, se precisa que en todo caso el homólogo al cual se declinó la competencia puede realizar las prevenciones que estime correspondientes. De ahí que se insista en no aceptar la competencia planteada en los términos sostenidos en acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés dictado por la oficiante. Así, en razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente remitir las actuaciones originales del presente juicio de amparo, mediante oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Culiacán, a efecto de que dicho superior resuelva lo conducente sobre el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero y este juzgado de distrito. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito, así como en el 52 de la Ley de Amparo y 37 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior, la tesis aislada I.2o.P. J/10 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro digital 193421, de rubro y texto siguiente: IMPEDIMENTO. HIPÓTESIS EN LA QUE NO SE ACTUALIZA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, SINO UNA CAUSAL DE INCOMPETENCIA. La incompetencia y el impedimento son figuras jurídico-procesales referidas a la imposibilidad legal para conocer de un asunto. Se diferencian entre sí, en cuanto a que la primera está referida al órgano jurisdiccional con independencia del servidor público que desempeña el cargo; mientras que el segundo atañe a la persona física, concreta e individual, que encarna al órgano judicial. De ahí que cuando se acredite que Juez y autoridad responsable no son idéntica persona, no debe calificarse de fundado el impedimento planteado por el Juez de Distrito para conocer como autoridad de amparo de la demanda de garantías en la que fue señalado como autoridad responsable, toda vez que no se encuentra comprendido en la hipótesis de impedimento a que se refiere la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo, pues no se está en presencia de la hipótesis referida sino, en todo caso, de un motivo de incompetencia, conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Amparo. Además, brinda apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, de la Novena Época, Materia Común, Tomo II, página veintiséis, la cual se aplica en lo conducente y que textualmente dice: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.- Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada en los términos del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica citada." Así como, por identidad, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, de la Novena Época, Materia Común, Tomo XXVIII, página doscientos setenta y cuatro, que a la letra dice: "CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR RAZÓN DE TURNO. COMO CUESTIÓN LEGAL, ATAÑEN A LA COMPETENCIA Y SON SUSCEPTIBLES DE RESOLVERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 BIS DE LA LEY DE AMPARO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2002, de rubro: "CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL TURNO DE ASUNTOS RELACIONADOS SEGÚN EL ACUERDO GENERAL 23/2002 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO GENERAN POR SÍ MISMAS UN CONFLICTO DE COMPETENCIA LEGAL.", sostuvo que un conflicto competencial se actualiza en la medida en que los órganos contendientes fijen su postura en razón de su atribución legal para conocer del asunto por razón de materia, grado, vía o territorio, pero no puede generarse por cuestiones de turno. No obstante, dicha jurisprudencia debe modificarse en virtud de que el Poder Judicial de la Federación ha presentado un crecimiento ordenado de los órganos jurisdiccionales, que ha permitido la existencia de varios Tribunales Colegiados de Circuito investidos de la misma competencia por grado, materia y territorio, por lo que el turno ha debido regularse conforme al artículo 81, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante disposiciones administrativas contenidas en los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, como forma de distribución de la labor jurisdiccional entre los distintos tribunales que tienen igual circunscripción territorial y materia de competencia, cuya aplicación puede, en el ámbito jurisdiccional, originar conflictos competenciales. En consecuencia, el turno de los asuntos, como cuestión legal, atañe necesariamente a la competencia, de ahí que los conflictos que se susciten por esa razón son susceptibles de resolverse en términos del artículo 48 Bis de la Ley de Amparo." Con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, lo antes acordado hágase del conocimiento de la juez oficiante para que exponga ante la superioridad lo que estime conveniente; y, acúsese el recibo correspondiente. Sin que sea necesario formar cuaderno de antecedentes, toda vez que este juzgado al declararse legalmente incompetente para conocer del fondo del presente asunto, ordenó crearlo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como constancia, el correo electrónico enviado desde la dirección digital sise@cjf.gob.mx, a través del cual remite la boleta 20230908004800104, en la que consta que la demanda de amparo radicada bajo el expediente 88/2023, fue turnado al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
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