Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 591/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
591/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguense a los presentes autos para que obre como constancia, los correos electrónicos enviados desde la dirección siat@cjf.gob.mx, a través de los cuales, remite las boletas con folio electrónico 3768959, relativas a la demanda de amparo presentada por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, misma que fue turnada al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico; en atención a su contenido, únicamente se ordena agregar al sumario en que se actúa para que surta los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Ténganse recibido el oficio 1678/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución pronunciada en sesión plenaria de dieciocho de agosto del año en curso, en el conflicto competencial 43/2022 de su índice interno, la cual concluyó al tenor de los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Es legalmente competente el Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Tampico, en turno, para conocer y resolver el amparo indirecto promovido contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuesto en el considerando último de esta sentencia. SEGUNDO. Remítase testimonio de esta resolución a la correspondiente Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Tampico, para que efectúe el turno correspondiente. En razón de lo anterior, háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno, y acúsese recibo a la autoridad oficiante. Ahora bien, en atención a lo anterior, y toda vez que no existe nada pendiente por cumplimentar, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso k), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio 3746/2022, remitido vía interconexión por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual comunica que la presidencia de dicho órgano federal admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en este Puerto y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en Ciudad Madero, dictado en el juicio de amparo 591/2022, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; el cual fue radicado con el número de expediente 43/2022; memorial que, en atención a su contenido, únicamente se ordena agregar en autos para que obre como corresponda.

  4. Principal

    Visto el oficio 26827/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, del que se desprende que no acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, en atención a los argumentos que expresa en proveído de veintidós de julio del año en curso, que en lo conducente dice: "Y por lo que respecta a los previstos en los numerales 17) y 18), esto es, específicamente los actos identificados como la violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales, señalan los quejoso como autoridades responsables a los Jueces de Distrito del Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, entre los que se encuentra el Juzgado declinante, y otros de veintiocho circuitos judiciales más. Ahora, debe decirse que si bien el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, se encuentra contemplado dentro de las autoridades que los quejosos designa como responsables, al señalar a todos los Jueces de Distrito de ésta entidad federativa, también lo es, que no acredita que el citado juzgador carezca de competencia objetiva por motivo de materia, grado o territorio: pues la razón que sostiene para no conocer del asunto, se sustenta esencialmente en que se le atribuye el carácter de autoridad responsable, circunstancia que a criterio de este órgano jurisdiccional no se comparte, ello pues tal situación, no es una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto. Es decir, porque en los casos en que una demanda de amparo indirecto se señala como autoridad responsable al juez de Distrito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no debe por esa sola circunstancia declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia de tal juzgador es necesario que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al amparo tramitado ante el mismo órgano. (.) Entonces, si bien se desprende que el propio órgano declinante, al momento de proveer sobre la demanda de amparo, se declaró legalmente incompetente; sin embargo, a consideración de la suscrita juzgadora, el órgano jurisdiccional declinante se encontraba en aptitud incluso con fundamento en l dispuesto por el ordinal 114, fracción I y IV de la Ley de Amparo, se prevenir a la parte quejosa a efecto de que en el plazo de cinco días, precisará cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo tendría por no presentada la demanda. O bien, en su caso, de realizar un análisis integral de escrito respectivo verificar si intervino o no en la emisión o ejecución de los actos reclamados y en su caso - de ser procedente - admitir la petición de amparo, precisando que al no evidenciarse acto que se le reclame, no puede ser considerada autoridad responsable, no existiendo impedimento legal para conocer de la litis constitucional y resolver o que en derecho proceda, o en su defecto si en realidad lo que los quejosos persiguen al señalar como responsable al Juez de Distrito, es plantear el impedimento para conocer el asunto." No obstante lo anterior, quien esto provee reitera la determinación judicial dictada el catorce de julio del año en curso, en el sentido de que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente juicio, debido a que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa fue señalado como autoridad responsable, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo. Ello, porque la incompetencia para conocer del presente asunto deriva de un vicio lógico que consiste en que este órgano jurisdiccional no debe de participar como parte y resolutor en el presente juicio de amparo, ya que incluso en el supuesto en que el acto reclamado resulte inexistente o se incumpla alguna prevención, implicaría decretar el sobreseimiento del juicio de amparo por esta misma autoridad o tener por no presentada la demanda. Aunado a ello, se estima que no es posible separar los actos reclamados en atención al principio de indivisibilidad de la continencia de la causa, pues los actos que se atribuyen a este órgano jurisdiccional indudablemente se relacionan con las condiciones de internamiento y ordenes de traslado del centro de reclusión en el que se encuentran, los cuales son los actos reclamados de manera destacada. Sin que sea obstáculo que no se haya precisado si la incompetencia fue con motivo de materia, grado o especialización, debido a que no resulta aplicable la regla general del artículo 37 de la Ley de Amparo, sino la regla especial prevista en el artículo 38 de la referida legislación. Tampoco se desconoce la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.) de rubro CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, no se considera aplicable ya que la naturaleza de los conflictos competenciales entre los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito es distinta precisamente por la naturaleza de los actos que conocen. Finalmente, se precisa que en todo caso el homologo al cual se declinó la competencia puede realizar las prevenciones que estime correspondientes. De ahí que se insista en no aceptar la competencia planteada en los términos sostenidos en acuerdo de catorce de julio de dos mil veintidós. Así, en razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente remitir las actuaciones originales del presente juicio de amparo, mediante oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta municipalidad, a efecto de que dicho superior resuelva lo conducente sobre el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero y este juzgado de distrito. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito, así como en el 52 de la Ley de Amparo y 37 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior, la tesis aislada I.2o.P. J/10 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro digital 193421, de rubro y texto siguiente: "IMPEDIMENTO. HIPÓTESIS EN LA QUE NO SE ACTUALIZA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, SINO UNA CAUSAL DE INCOMPETENCIA. La incompetencia y el impedimento son figuras jurídico-procesales referidas a la imposibilidad legal para conocer de un asunto. Se diferencian entre sí, en cuanto a que la primera está referida al órgano jurisdiccional con independencia del servidor público que desempeña el cargo; mientras que el segundo atañe a la persona física, concreta e individual, que encarna al órgano judicial. De ahí que cuando se acredite que Juez y autoridad responsable no son idéntica persona, no debe calificarse de fundado el impedimento planteado por el Juez de Distrito para conocer como autoridad de amparo de la demanda de garantías en la que fue señalado como autoridad responsable, toda vez que no se encuentra comprendido en la hipótesis de impedimento a que se refiere la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo, pues no se está en presencia de la hipótesis referida sino, en todo caso, de un motivo de incompetencia, conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Amparo." Además, brinda apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, de la Novena Época, Materia Común, Tomo II, página veintiséis, la cual se aplica en lo conducente y que textualmente dice: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.- Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada en los términos del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica citada." Así como, por identidad, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, de la Novena Época, Materia Común, Tomo XXVIII, página doscientos setenta y cuatro, que a la letra dice: "CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR RAZÓN DE TURNO. COMO CUESTIÓN LEGAL, ATAÑEN A LA COMPETENCIA Y SON SUSCEPTIBLES DE RESOLVERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 BIS DE LA LEY DE AMPARO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2002, de rubro: "CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL TURNO DE ASUNTOS RELACIONADOS SEGÚN EL ACUERDO GENERAL 23/2002 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO GENERAN POR SÍ MISMAS UN CONFLICTO DE COMPETENCIA LEGAL.", sostuvo que un conflicto competencial se actualiza en la medida en que los órganos contendientes fijen su postura en razón de su atribución legal para conocer del asunto por razón de materia, grado, vía o territorio, pero no puede generarse por cuestiones de turno. No obstante, dicha jurisprudencia debe modificarse en virtud de que el Poder Judicial de la Federación ha presentado un crecimiento ordenado de los órganos jurisdiccionales, que ha permitido la existencia de varios Tribunales Colegiados de Circuito investidos de la misma competencia por grado, materia y territorio, por lo que el turno ha debido regularse conforme al artículo 81, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante disposiciones administrativas contenidas en los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, como forma de distribución de la labor jurisdiccional entre los distintos tribunales que tienen igual circunscripción territorial y materia de competencia, cuya aplicación puede, en el ámbito jurisdiccional, originar conflictos competenciales. En consecuencia, el turno de los asuntos, como cuestión legal, atañe necesariamente a la competencia, de ahí que los conflictos que se susciten por esa razón son susceptibles de resolverse en términos del artículo 48 Bis de la Ley de Amparo. Con apoyo en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley de Amparo, lo antes acordado hágase del conocimiento de la juez oficiante para que exponga ante la superioridad lo que estime conveniente; y, como lo solicita, acúsese el recibo correspondiente. Sin que sea necesario formar cuaderno de antecedentes, toda vez que este juzgado al declararse legalmente incompetente para conocer del fondo del presente asunto, ordenó crearlo.

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