Carlos Alberto Angelino BarròN

Expediente 1081/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1081/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino BarròN

Actuaciones

  1. Principal

    Ténganse recibidos los oficios 1569/2023 presentados vía juicio en línea (con firma electrónica) por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Culiacán, al cual acompaña testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria celebrada en forma remota el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 44/2023, suscitado entre el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero y este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda que dio origen al juicio de amparo indirecto 1081/2022, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: PRIMERO. Es legamente competente el Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Tampico, en turno, para conocer y resolver el amparo indirecto promovido contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. SEGUNDO. Remítase testimonio de esta resolución y autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la Ciudad de Tampico, para que efectúe el turno respectivo." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo al superior; por tanto, SE ORDENA ARCHIVAR el presente cuadernillo como asunto concluido. Hecho lo anterior, de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este cuadernillo es DESTRUIBLE, transcurridos seis meses.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 424/2023, firmado electrónicamente por el Actuario Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Culiacán, a través del cual comunica que la presidencia de dicho órgano federal admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en este puerto y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, dictado en el juicio de amparo 1081/2022, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; el cual fue radicado con el número de expediente 44/2023, relacionado con el diverso 45/2023; memorial que en atención a su contenido únicamente se ordena agregar en autos para que obre como corresponda.

  3. Principal

    Visto el oficio 42180/2022, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, del que se desprende que no acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, en atención a los argumentos que expresa en proveído de quince de diciembre del año próximo pasado. Respetuosamente se disiente de la postura adoptada por el homólogo federal, debido a que de la interpretación integral de la demanda de amparo se advierte que este juzgado fue señalado como autoridad responsable. En efecto, de las constancias que integran el presente juicio se desprende que se señalaron como autoridades responsables a diversos Jueces de Distrito, entre los que se encuentra a los ubicados en el Estado de Sinaloa. Por tanto, la incompetencia para conocer del presente asunto deriva de un vicio lógico que consiste en que este órgano jurisdiccional no debe de participar como parte y resolutor en el presente juicio de amparo. Aunado a ello, se estima que no es posible separar los actos reclamados en atención al principio de indivisibilidad de la continencia de la causa, pues los actos que se atribuyen a este órgano jurisdiccional indudablemente se relacionan con las condiciones de internamiento y ordenes de traslado del centro de reclusión en el que se encuentran, los cuales son los actos reclamados de manera destacada. Sin que sea obstáculo que no se haya precisado si la incompetencia fue con motivo de materia, grado o especialización, debido a que no resulta aplicable la regla general del artículo 37 de la Ley de Amparo, sino la regla especial prevista en el artículo 38 de la referida legislación. Tampoco se desconoce la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.) de rubro CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, no se considera aplicable ya que la naturaleza de los conflictos competenciales entre los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito es distinta precisamente por la naturaleza de los actos que conocen. Por tanto, se reitera la determinación judicial dictada el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en el sentido de que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente juicio al haber sido señalado como autoridad responsable. De ahí que se insista en no aceptar la competencia planteada en los términos sostenidos en acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós. Así, en razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente remitir las actuaciones originales del presente juicio de amparo, mediante oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Culiacán, Sinaloa, a efecto de que dicho superior resuelva lo conducente sobre el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero y este juzgado de Distrito. Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito, así como en el 52 de la Ley de Amparo y 37 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior, la tesis aislada I.2o.P. J/10 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro digital 193421, de rubro y texto siguiente: "IMPEDIMENTO. HIPÓTESIS EN LA QUE NO SE ACTUALIZA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, SINO UNA CAUSAL DE INCOMPETENCIA. La incompetencia y el impedimento son figuras jurídico-procesales referidas a la imposibilidad legal para conocer de un asunto. Se diferencian entre sí, en cuanto a que la primera está referida al órgano jurisdiccional con independencia del servidor público que desempeña el cargo; mientras que el segundo atañe a la persona física, concreta e individual, que encarna al órgano judicial. De ahí que cuando se acredite que Juez y autoridad responsable no son idéntica persona, no debe calificarse de fundado el impedimento planteado por el Juez de Distrito para conocer como autoridad de amparo de la demanda de garantías en la que fue señalado como autoridad responsable, toda vez que no se encuentra comprendido en la hipótesis de impedimento a que se refiere la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo, pues no se está en presencia de la hipótesis referida sino, en todo caso, de un motivo de incompetencia, conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Amparo. Además, brinda apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, de la Novena Época, Materia Común, Tomo II, página veintiséis, la cual se aplica en lo conducente y que textualmente dice: "COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. COMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.- Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada en los términos del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica citada." Así como, por identidad, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, de la Novena Época, Materia Común, Tomo XXVIII, página doscientos setenta y cuatro, que a la letra dice: "CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR RAZÓN DE TURNO. COMO CUESTIÓN LEGAL, ATAÑEN A LA COMPETENCIA Y SON SUSCEPTIBLES DE RESOLVERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 BIS DE LA LEY DE AMPARO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2002, de rubro: "CONTROVERSIAS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL TURNO DE ASUNTOS RELACIONADOS SEGÚN EL ACUERDO GENERAL 23/2002 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO GENERAN POR SÍ MISMAS UN CONFLICTO DE COMPETENCIA LEGAL.", sostuvo que un conflicto competencial se actualiza en la medida en que los órganos contendientes fijen su postura en razón de su atribución legal para conocer del asunto por razón de materia, grado, vía o territorio, pero no puede generarse por cuestiones de turno. No obstante, dicha jurisprudencia debe modificarse en virtud de que el Poder Judicial de la Federación ha presentado un crecimiento ordenado de los órganos jurisdiccionales, que ha permitido la existencia de varios Tribunales Colegiados de Circuito investidos de la misma competencia por grado, materia y territorio, por lo que el turno ha debido regularse conforme al artículo 81, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante disposiciones administrativas contenidas en los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, como forma de distribución de la labor jurisdiccional entre los distintos tribunales que tienen igual circunscripción territorial y materia de competencia, cuya aplicación puede, en el ámbito jurisdiccional, originar conflictos competenciales. En consecuencia, el turno de los asuntos, como cuestión legal, atañe necesariamente a la competencia, de ahí que los conflictos que se susciten por esa razón son susceptibles de resolverse en términos del artículo 48 Bis de la Ley de Amparo." Similar criterio fue sostenido por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver los conflictos competenciales ********************y********************, de su índice. Con apoyo en el tercer párrafo del artículo 52 de la Ley de Amparo, lo antes acordado hágase del conocimiento de la juez oficiante para que exponga ante la superioridad lo que estime conveniente; y, como lo solicita, acúsese el recibo correspondiente. Sin que sea necesario formar cuaderno de antecedentes, toda vez que este juzgado al declararse legalmente incompetente para conocer del fondo del presente asunto, ordenó crearlo.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo electrónica que remiten Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Cordova, Iván García Mijares, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro y Cristian Eduardo Nava Verde, contra actos de este órgano jurisdiccional y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1081/2022. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como actos reclamados la orden de traslado o reubicación de los quejosos a diversos dormitorios en el lugar donde se encuentran recluidos, lo cual refieren les genera afectaciones psicofísicas y emocionales, debido a que se utilizan como medios de coacción o castigo. Asimismo, controvierten la constitucionalidad del reglamento interior del centro de reclusión donde se encuentran privados de su libertad y diversas condiciones de internamiento. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. De la lectura de la demanda de amparo, en específico, del apartado de autoridades responsables, se obtiene que el quejoso señala como tales, entre otras, a los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa, entre los cuales se encuentra este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. Ahora, a fin de motivar claramente esta determinación, conviene mencionar que la competencia es la suma de atribuciones de un órgano del Estado. En el ámbito jurisdiccional, se traduce en la facultad de un órgano para desempeñar su potestad en el conocimiento y la resolución de determinados asuntos sometidos a su decisión. En ese contexto, la competencia constituye la primera categoría procesal de validez de todo proceso o procedimiento (incluyendo el juicio de amparo), cuyo análisis es preponderante y de orden público, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante diversos criterios. Como muestra de lo anterior, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 21/2009 del Pleno del alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, abril del 2009, página 5, de rubro: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO". En el juicio de amparo, la competencia se fija a través de diversos criterios, entre ellos, el sustentado con el axioma jurídico de "nadie pues ser juez y parte" y que reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este aserto se orienta con el criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Cuarta Parte, página 108, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE". Este supuesto de competencia, para el caso de los juzgados de Distrito que son los órganos competentes para conocer, entre otros asuntos, de los juicios de amparo indirecto, está previsto en el artículo 38 de la ley, que dice: Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. De la interpretación del precepto se obtiene que cuando se promueva demanda de amparo indirecto y se designe como autoridad responsable a un juez de Distrito, es competente otro del mismo Distrito y especialización; si no lo hay, entonces, será competente el más cercano, de ser posible, dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca. Pues bien, como se expuso con antelación, el quejoso designó como autoridades responsables, además de otros, al suscrito en su carácter de Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa [en virtud de haber señalado a los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa], por lo que en términos del artículo 38 de la ley, este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la ley, quien suscribe declara carecer de competencia para conocer de la demanda y ordena que se remita al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, que por turno corresponda, por resultar ser el más cercano a la Ciudad de México [lugar donde se ejecutan los actos reclamados], descartando a aquellos que fueron señalados como responsables [Jueces de Distrito en todos los Estados de la República, con excepción de los que tienen residencia en Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas. Por tanto, se solicita atentamente al Juez de Distrito, en favor de quien se declina la competencia, informe si la acepta o no. Incompetencia sin proveer sobre la suspensión de plano en términos del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de la Materia. Ahora, analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que lo que el promovente atribuye a las autoridades responsables lo es el de trasladar a los directos quejosos de su actual centro de reclusión a uno diverso, así como la reubicación de dormitorios y condiciones de internamiento, a los cuales les atribuyen diversas afectaciones psicofísicas y emocionales con fines intimidatorios de tracto sucesivo, de igual manera la inconstitucionalidad del reglamento del centro de reclusión; ante tales reclamos debe decirse que su demanda de amparo no se encuentra en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48,fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por las consideraciones siguientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de los cual se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y sean efectivos. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, es posible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. En efecto, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; por que conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las cuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se encuentra con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal3, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la constitución federal, pues erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. De ahí que conforme a las explicaciones dadas al ser los actos reclamados la orden de traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a diverso centro de reclusión, así como el cambio de dormitorio a un distinto modulo o área, actos que se encuentran dentro de un procedimiento que revisa el juez de control o ejecución, estos no pueden ser considerados dentro de los actos prohibitivos previstos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales procede conceder la suspensión de plano al afectarse la libertad fuera de procedimiento, supuesto que en el caso no se actualiza. Ahora, por lo que hace a los actos de tortura psicológica y emocional podrían encuadrarse en los previstos por los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, no refieren cuál es la naturaleza o sobre que versa lo que pretenden ubicar los supuestos actos de tortura que aducen. Ante dicha situación, no puede considerarse que se está ante uno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna "tormento de cualquier especie", y por tanto, que se ubique en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ello es así, pues la solicitud de suspensión de dichos actos debe estar sustentada en hechos ciertos y actuales no probables o hipotéticos, como se consideran en este caso, en el que los promoventes no especifican en qué consiste el tormento de que son objeto o cuál ha sido el actuar de las responsable que ha concluido con esa violación a sus derechos fundamentales, siendo insuficiente que refiera que la tortura es física y psicológica, cuando de la lectura integral de la demanda, como se indicó, no se aprecia la existencia de un acto concreto del que pudieran derivar las vejaciones a que hace alusión. Consecuentemente, no procede proveer sobre la suspensión de plano por no actualizase el supuesto de excepción del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual no resulta aplicable la jurisprudencia 1ª/J.58/2016(10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENINTENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSION DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCION DE LA AUTORIDADE JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SOLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA DIRECTA". Precisado lo anterior, en razón de que como se explicó, la demanda de amparo que se provee no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo; por tanto, este juzgador no se pronuncia sobre la suspensión de plano, ni es procedente girar los oficios a las autoridades señaladas como responsables, sino únicamente remitir este asunto al Juez de Distrito a favor del cual se declina su competencia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado al interior de la penitenciaria dé la Ciudad de México, sin que haya lugar a ordenar la notificación personal de los quejosos, toda vez que corresponde al juez competente informarles la aceptación o no de la competencia planteada. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. No se nombran. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente, sin perjuicio de que las partes puedan solicitar copias simples del expediente en que se actúa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio.

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