Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 155/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Juan Manuel Espinosa González
- José Othon Ramiro Hernández Lima
- Enrique Alvarado Saucillo
- Eduardo Flores Castro
- Enrique Mejía Bello
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Gobernador de Aguascalientes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 12399/2023, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, recibido vía interconexión, mediante el cual por la razón que indica, solicita se le informe bajo qué número se radicó el presente asunto. Al efecto, mediante oficio que al efecto se le gire vía interconexión, hágase de su conocimiento que por proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, se recibió el oficio número 29785 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, con el que remitió la demanda de amparo número ******************** de su índice, que promovió ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y********************, y cuya competencia fue aceptada por este Juzgado de Distrito, registrándose con el número ********************. Asimismo, se informa que en auto de diez de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada el diecisiete de febrero del dos mil veintitrés, que en su primer punto resolutivo sobreseyó en el presente asunto; y se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el diecisiete de febrero del dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para lo anterior, el hecho de que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas. Lo anterior, ya que la sentencia de mérito sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé. Ahora bien, en relación con las autoridades responsables debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, y que por tanto, no afecta el interés que pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 155/2022-VIII-B, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, en contra de los actos que reclaman de la Dirección de la Penitenciaría de la Ciudad de Mexico, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la Demanda. Por escrito presentado por la vía electrónica el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, y turnado el propio día al Juzgado Primero de Distrito en dicha entidad, comparecieron Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez y Eduardo Flores Castro, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclaman de las siguientes autoridades:**** CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (DEL PRIMERO AL DÉCIMO SEXTO). JUECES DE DISTRITO DE AGUASCALIENTES, COLIMA, CAMPECHE, CHIHUAHUA, COAHUILA, CHIAPAS, DURANGO, ESTADO DE MÉXICO, GUERRERO, GUANAJUATO, JALISCO, HIDALGO, MORELOS, MICHOACÁN, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, QUERÉTARO, SINALOA, SONORA, SAN LUIS POTOSÍ, TABASCO, TAMAULIPAS (CON EXCEPCIÓN DEL JUZGADO DÉCIMO), TLAXCALA, VERACRUZ, Y ZACATECAS. De igual manera, se desechó parcialmente la demanda por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la orden de traslado a otro centro penitenciario, ya sea en la Ciudad de México a otra entidad federativa y/o la reubicación a una celda o estancia distinta a la que actualmente se encuentran, y en la resolución de la sesión 49/2021 de comité técnico interdisciplinario de la penitenciaria de la Ciudad de México, y por otro lado, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó: Los actos de tortura, discriminación, y de intimidación por represalias, así como los que pongan en riesgo la salud, la integridad personal y cualquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional. TERCERA. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos atribuidos a las responsables (1) Dirección de la Penitenciaría, (2) Subdirección Jurídica de la Penitenciaría, (3) Subdirección de Seguridad de la Penitenciaría, (4) Subdirección de Apoyo Técnico en la Penitenciaría, (5) Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría, (6) Comité Técnico Interdisciplinario en la Penitenciaría [promoción 15363], (7) Subsecretaría de Sistema Penitenciario [promoción 10619], (8) Secretaría de Seguridad Ciudadana [promoción 10632], (9) Secretaría de Gobierno [promoción 10539], (10) Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria [promoción 1175], (11) Jefa de Gobierno [promoción 22136], todos de la Ciudad de México, (12) Presidente de México [promoción 27781], (13) Secretario de Gobernación [promoción 10712], y (14) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México [promoción 19858], todas con sede en la Ciudad de México; pues así lo manifestaron expresamente en los correspondientes informes justificados, por conducto de quienes comparecieron en su representación, sin que la parte quejosa hubiere ofrecido medio de convicción alguno para desvirtuar esa negativa. Por su parte, respecto a la autoridad responsable Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, no se tiene conocimiento que a la fecha hubiere rendido su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificada el veintidós de julio del año pasado, tal como se desprende del acuse de recibo del oficio con el que se le solicitó, que obra en los presentes autos. Sin embargo, de autos se advierte que por oficio SSPC/UGAJT/DGCPC/00757/2022 [promoción 4121] remitido a este Juzgado de Distrito por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, el uno de marzo de dos mil veintidós, rindió el informe relativo a la suspensión de plano en representación del Titular del Ejecutivo Federal, de conformidad con el Acuerdo General por el que se establecen las Reglas a las que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; mediante el cual, categóricamente negó los actos que por esta vía se le reclaman. Al respecto es ilustrativa la Tesis: II.2o.P.25 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1933, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, con registro 2014261, de rubro y texto siguiente: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado". En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTA. Precisión sobre expedición de copias. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez y Eduardo Flores Castro, en contra de los actos reclamados a las responsables precisadas y por el motivo señalado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado correspondiente a la autoridad responsable Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Ciudad de México, con sede en dicha ciudad, rendido por conducto del Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de México, recibido vía electrónica mediante el uso de la FIREL. De igual manera, téngase a la citada autoridad informando lo relativo en cuando a la suspensión de oficio y de plano concedida en autos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Así también, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de dicha autoridad, el que menciona, y como sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en el informe de mérito. Ahora bien, toda vez que quien suscribió en representación de la autoridad responsable Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Ciudad de México, solicita se le permita el acceso al expediente electrónico, y proporciona dos "nombres de usuario" para tal efecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización a los usuarios "OscarLC" y "EMMANUELSY", para que tengan acceso al expediente electrónico de este juicio. En consecuencia, proceda el Secretario a realizar las autorizaciones correspondientes a los citados usuarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Notifíquese y cúmplase.
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