Carlos Adrian Sanchez Alvarez

Expediente 1581/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1581/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Adrian Sanchez Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha, no se ha logrado el emplazamiento a la parte tercera interesada en el presente asunto. En consecuencia, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste si conoce el domicilio actual y correcto de Rubí Minelia Canul Hoo, y en su caso, lo proporcione a este juzgado, a fin de estar en aptitud de emplazarla al presente juicio. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, la notificación y emplazamiento de mérito se hará por edictos a su costa, tal como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; previo dictado de las medidas que se estimen pertinentes, con el propósito de averiguar el domicilio de aquél. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señala como nueva fecha y hora para su celebración, el día DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LAS DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitido el mismo día a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció la referida parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos atribuidos al Congreso del Estado de Yucatán, y Directora de Catastro del Estado, ambos con residencia en esta ciudad; así como del Presidente Municipal y Tesorera Municipal, ambos del Municipio de Celestún, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 166/2023-VI-B, y se admitió a trámite la misma; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; y, finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, los hizo consistir la quejosa "PROVEEDORA DEL PANADERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", en: La aprobación y expedición del decreto ********************, por el que se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Celestún, Yucatán, entre otros, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veintidós; específicamente, el artículo 13. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos a la Tesorera Municipal del Municipio de Celestún, Yucatán (9901), pues así lo señaló al rendir su informe justificado; siendo que de las pruebas aportadas por la parte quejosa y las constancias que obran en autos, no se advierte el cobro del impuesto en cuestión. Sin que obsten a lo anterior, las documentales aportadas por la parte quejosa mediante escrito presentado el catorce de mayo del presente año, consistentes en los recibos oficiales números 0993, 0994, 0996, 0997 y 0998 de nueve de noviembre de dos mil veintidós, expedidos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Celestún, Yucatán, puesto que de los propios recibos en comento se desprende la leyenda ".Pago de impuesto predial correspondiente al año 2022.". Así como la diversa documental consistente en un ticket fechado el trece de marzo de dos mil veintitrés, pues lo cierto es que no existe algún dato que permita vincular dicho documento al pago del impuesto de que se trata. Tampoco son ciertos los actos reclamados a la Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, consistentes en la aplicación de la norma en cuestión, respecto a los tablajes catastrales ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ******************** del municipio de Celestún, Yucatán, pues así lo manifestó al rendir su correspondiente informe, y de las constancias que obran en autos se corrobora que no emitió cédula alguna en la que se estableciera el valor catastral de esos inmuebles. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por dichas autoridades, por inexistencia; de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917818, mismo Apéndice, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Es cierto el acto reclamado al Congreso del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir sus respectivos informes justificados. También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." De igual modo, debe tenerse por cierto el acto reclamado a la Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, consistente en la aplicación de la norma, toda vez que de las constancias adjuntas al informe justificado de la referida responsable, se advierte que mediante cédulas catastrales con folios ********************y ********************de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se aplicó el valor catastral al tablaje ********************y al predio ubicado en la Calle ********************, número ********************, del municipio de Celestún, Yucatán, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés. También es cierto el acto reclamado al Presidente Municipal del Municipio de Celestún, Yucatán, pues no obstante que lo negó al rendir su informe justificado, lo cierto es que el acto reclamado se hace consistir en leyes, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, por lo que hace al acto reclamado consistente en la aprobación y expedición del decreto ********************, por el que se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Celestún, Yucatán, entre otros, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veintidós; específicamente, el artículo 13, respecto de los tablajes catastrales ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". De la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la aprobación y expedición del decreto ********************, por el que se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Celestún, Yucatán, entre otros, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veintidós; específicamente, el artículo 13, respecto al cálculo y entero del impuesto predial, reclamando esta disposición por su simple entrada en vigor, es decir, por su carácter de autoaplicativa. Sostiene que es procedente en virtud de que al ser propietaria de los tablajes catastrales ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, que se encuentran en el Municipio de Celestún, Yucatán, está obligado al pago del impuesto predial que reclama, exhibiendo para tal efecto copia certificada de la escritura que contiene la donación respecto de los tablajes en comento, celebrada por Julián Carrillo Ancona, a favor de los quejosos. En el caso a estudio, se debe determinar la naturaleza de la disposición en comento, esto es, si se trata de una norma autoaplicativa o heteroaplicativa, para estar así en condiciones de establecer la procedencia o improcedencia de este juicio de amparo. Al respecto, conviene recordar que la Ley de Amparo, en sus artículos 61, fracción XII y 107, fracción I, establece las bases para la procedencia del juicio constitucional cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición la obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley citada. El más Alto Tribunal de la República ha sustentado el concepto de individualización incondicionada como premisa de distinción de la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de las normas de carácter general que son impugnadas a través del juicio de amparo; tal concepto de individualización constituye un elemento de referencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, señala el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la aludida condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende el acto jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúa dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada, en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se haya sometida a la realización de ese evento. Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 198200, cuyo rubro y texto son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Ahora bien, en el caso concreto, el artículo 13 de la Ley de Hacienda del Municipio de Celestún, Yucatán, que entró en vigor a partir del uno de enero de dos mil veintitrés, a la letra dice: Artículo 13.- Cuando la base del Impuesto Predial sea el valor catastral del inmueble, el impuesto se determinará aplicando al valor catastral el siguiente procedimiento de cálculo: I.- Se determinará el valor por M2 unitario del terreno correspondiente a su ubicación su sección y manzana. II.- Se clasificará el tipo de construcción de acuerdo a los materiales de las construcciones techadas en concreto, vigas de hierro y rollizos, zinc, asbesto o teja, cartón o paja, y se vincula a la zona centro, media o periférica de la localidad. III.- Al sumarse ambos puntos anteriores se obtiene el Valor Catastral del inmueble o terreno. IV.- Para la tarifa del impuesto predial (C), se realiza el cálculo de la TARIFA DEL IMPUESTO PREDIAL (C) el cual será del 0.10% del Valor Catastral Actualizado. (C) = (A + B) (0.00025) / 100 [.] Una vez calculado el valor catastral de los predios en la zona costera del municipio colindante con el Golfo de México y su zona federal marítimo terrestre, el impuesto predial a pagar será el 0.23% del valor catastral. La misma tarifa se aplicará a los terrenos ejidales y casas habitación construidas en los mismos. Se cobrará un recargo de 50% anual por el pago de impuestos atrasados. Como puede verse, existe una condición que debe acontecer antes de que sea exigible la obligación al contribuyente del impuesto predial, pues tratándose de los predios que se encuentran en la zona costera, en primer término debe calcularse el valor catastral, y posteriormente, éste servirá de base para el pago del impuesto predial. Por su parte, es menester traer a colación el contenido del artículo 46 de la Ley de Hacienda del Municipio de Celestún, Yucatán, el cual establece que cuando la base del impuesto predial sea el valor catastral de un inmueble, dicha base estará determinada por el valor consignado en la cédula, que de conformidad con la Ley del Catastro y su reglamento, expedirá la Dirección del Catastro del Municipio o la Dirección del Catastro del Estado de Yucatán. Como se observa, no es el causante quien debe determinar el valor catastral del inmueble, es decir, no lo compele a fijar una nueva base gravable, sino que requiere que ese valor se encuentre consignado en la cédula que al efecto expida la Dirección del Catastro del Municipio o la Dirección del Catastro del Estado de Yucatán. Así es, el nuevo valor fiscal debe ser determinado y consignado en una cédula de forma unilateral por la autoridad y es a partir del momento en que la expida y el quejoso quede enterado de cuál es dicho valor en que estará en aptitud de autodeterminarse el impuesto reclamado. Esto es, no puede realizar por su cuenta la aplicación de los valores unitarios correspondientes o realizar un avalúo y en base a este autodeterminarse el impuesto predial, sino que debe estar consignado este valor en la cédula catastral expedida por la Dirección del Catastro del Municipio o la Dirección del Catastro del Estado de Yucatán. Por tanto, como se ve, no produce las consecuencias de una norma de naturaleza autoaplicativa, ya que por virtud de su expedición, en forma automática, no crea o transforma la situación jurídica del contribuyente en cuanto a que éste, por sí mismo, debiera modificar el valor catastral del inmueble y por consecuencia, autodeterminarse el monto del impuesto predial. Por tanto, será hasta que la autoridad responsable emita el acto administrativo donde determine el nuevo avalúo catastral de los predios en cuestión, cuando se actualice la condición requerida como base del impuesto predial, y será hasta entonces cuando esté en aptitud de autodeterminarse el impuesto a pagar y posteriormente de este acto, se encuentre en posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto en los momentos que la Ley de Amparo prevé para impugnar las normas heteroaplicativas. Es decir, cuando tiene conocimiento del avalúo catastral determinado por la autoridad con base en los nuevos precios unitarios, cuando se modifique el monto del valor catastral, o bien, cuando ejecute el primer acto de aplicación, al hacer el pago relativo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y siete, Tomo XXXII, Julio de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 164394, de rubro y texto: "AVALÚO CATASTRAL. SU ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL GOBERNADO POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/94). El avalúo catastral es el acto mediante el cual se determina el valor fiscal de los predios y construcciones adheridas a éstos. Dicho valor fiscal generalmente sirve de sustento para establecer la base gravable del impuesto predial y, en consecuencia, para fijar la obligación tributaria a cargo del particular. Así, la valuación del predio constituye un requisito indispensable para que la autoridad administrativa pueda emitir la liquidación correspondiente. En este orden de ideas, es claro que la simple elaboración y, en su caso, notificación del avalúo genera un perjuicio inmediato al particular, pues si aquél se elabora en forma incorrecta o ilegal, tendrá como consecuencia la determinación, también incorrecta o ilegal, de un crédito por concepto de impuesto predial. De aquí la importancia de que se reconozca que tal acto administrativo afecta de modo cierto e inmediato el interés jurídico del particular, quien puede acudir al juicio de garantías en términos del artículo 114, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Es importante apuntar que el hecho de que se reconozca que el avalúo catastral afecta de modo cierto e inmediato el interés jurídico del particular, no significa que cuando se reclame en un juicio de amparo indirecto, éste indefectiblemente será procedente, pues el juzgador deberá verificar, en cada caso, que no se actualice alguna causa de improcedencia concreta. Así por ejemplo, podría darse el supuesto de que en contra del avalúo existiera un medio ordinario de defensa que tuviera que agotarse previamente a acudir al juicio de amparo, o que la demanda se hubiera presentado fuera del plazo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo. Asimismo, se cita por ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página novecientos cuarenta y nueve, Tomo XXIII, Enero de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, número de registro 176197, de rubro y texto siguiente: "PREDIAL. EL FORMATO UNIVERSAL DE LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL DISTRIBUIDO POR INTERNET, NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES QUE RIGEN ESE IMPUESTO. El indicado formato que el contribuyente obtiene voluntariamente por internet para cumplir diversas obligaciones fiscales, entre ellas la relativa al impuesto predial, regulado en el Código Financiero del Distrito Federal, no puede considerarse, para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, como un acto de aplicación de las normas que rigen dicho gravamen, toda vez que la finalidad principal de su implementación es la de facilitar a los causantes la determinación del adeudo a su cargo; motivo por el cual, el simple llenado del formato universal, que voluntariamente lleva a cabo el contribuyente sin que haya realizado el pago correspondiente, es insuficiente para considerar que afecta su interés jurídico." Por tanto, la norma combatida no causa por ahora perjuicio alguno a la parte inconforme con su sola entrada en vigor, porque no le afecta en su esfera jurídica por ese solo hecho, pues no crea, transmite o extingue derechos u obligaciones sino que se trata de una resolución de individualización condicionada, porque su aplicabilidad depende de actos en los que debe calcularse el valor catastral y posteriormente éste servirá de base para el pago del impuesto predial, el cual debe autodeterminarse el contribuyente hoy quejoso. Luego, si la mencionada porción normativa reclamada no ha incidido en su esfera jurídica, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues no existe el acto concreto de aplicación, el cual es necesario al tener el carácter de heteroaplicativo el precepto impugnado. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 382, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto a los tablajes catastrales ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, del Municipio de Celestún, Yucatán. SEXTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna diversa causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Análisis de la Litis Constitucional en relación a los preceptos legales tildados de inconstitucionales. Ahora, se analizará el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Celestún, Yucatán, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Al respecto, la parte quejosa aduce en su único concepto de violación, que el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Celestún, Yucatán, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en concreto la tabla de valores catastrales anexo A, aplicables a los terrenos rústicos y rústicos costeros, vulnera los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad tributaria, porque el valor catastral con el que se determinará el pago del impuesto predial es desproporcionado, en virtud de que sobre los predio rústicos costeros, como los de su propiedad, se establece un valor unitario por metro cuadrado de $54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional), el cual, refiere, no tiene sustento legal. De ahí que transgrede el principio de legalidad tributaria. Pues bien, el resumido concepto de violación resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En principio, para demostrar lo anterior, es oportuno realizar algunas reflexiones. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: .IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Del contenido del citado precepto constitucional, se advierte que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, Estado o Municipio en que residan, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: a) Que el impuesto esté establecido en ley; b) Que sea proporcional y equitativo; c) Que sea destinado al pago de los gastos públicos; y, d) Que los elementos esenciales del tributo (sujeto, objeto, base, tasa y época de pago), estén consignados de manera expresa en la norma. Esto es así, para no dar margen a la arbitrariedad de las autoridades recaudadoras en el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que la autoridad necesariamente aplique las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada contribuyente, y el sujeto pasivo de la relación tributaria, pueda en todo momento contribuir de forma cierta para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida. Así se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia localizable en la página ciento setenta y dos, Volumen 91-96, Primera Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, número de registro 232796, de rubro y texto: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, que esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida". Ahora bien, la proporcionalidad radica en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Es decir, la capacidad contributiva necesaria para cumplir con el principio de proporcionalidad tributaria, se traduce en que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página veintidós, Tomo X, Noviembre de 1999, página 22, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 192849, que establece: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto. Así, con base en este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Por tanto, el derecho de proporcionalidad tributaria se encuentra vinculado con la capacidad económica de los contribuyentes, que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento cuarenta y cuatro, Volumen 199-204, Primera Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que señala: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento trece, Volumen 187-192, Primera Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, número de registro 232309, de rubro y texto: "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Luego, el artículo 115, fracción IV, inciso a), penúltimo párrafo, del Pacto Federal, así como quinto transitorio del decreto por el que se reformó y adicionó el citado ordinal en mil novecientos noventa y nueve, disponen: "Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: ... IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a). Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. ... Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.". "Artículo Quinto. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las Legislaturas de los Estados, en coordinación con los Municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad". Estos preceptos constitucionales establecen un conjunto de previsiones cuyo objetivo consiste en regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales, en los que se establecen diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, lo cual resulta totalmente congruente con el propósito del Constituyente Permanente para el fortalecimiento de la autonomía municipal a nivel constitucional. Así se pronunció el Pleno del Alto Tribunal en la jurisprudencia ubicada en la página mil ciento veinticuatro, Tomo XX, Diciembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 179823, que establece: "PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). La fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer el proceso de regulación del impuesto predial, divide las atribuciones entre los Municipios y las Legislaturas Locales, pues mientras aquéllos tienen competencia constitucional para proponer las tablas de valores unitarios de suelo que servirán de base para el cobro del impuesto relativo, así como las cuotas o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el cálculo final de la cantidad a pagar por los contribuyentes; las Legislaturas Estatales, por su parte, son competentes para tomar la decisión final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los Municipios. Ahora bien, el alcance exacto y la articulación mutua de las competencias señaladas debe derivarse de una interpretación sistemática de la citada fracción IV, la cual regula, entre otros aspectos, las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales, asimismo, establece diversas garantías a favor de los Municipios, como la libre administración de la hacienda municipal, la integridad de los recursos económicos municipales y la existencia de fuentes de ingreso reservadas a los Municipios, las cuales quedarían soslayadas si las Legislaturas Estatales pudieran determinar con absoluta libertad los elementos configuradores del mencionado impuesto, sin necesidad de considerar la propuesta municipal más allá de la simple obligación de recibirla y tenerla como punto de partida formal del proceso legislativo. Por ello, si se toma en cuenta que dicha atribución de propuesta tiene un rango constitucional equivalente a la facultad decisoria de las Legislaturas Locales, y que se trata de un impuesto reservado constitucionalmente a las haciendas municipales, es indudable que sólo pueden alejarse de las propuestas municipales si proveen para ello argumentos de los que derive una justificación objetiva y razonable; de ahí que cuando las legislaturas, al aprobar las leyes de ingresos municipales, modifiquen las propuestas de los Ayuntamientos referentes al impuesto predial, es necesario que las discusiones y constancias del proceso legislativo demuestren que dichos órganos colegiados no lo hicieron arbitrariamente, sino que la motivación objetiva en la cual apoyaron sus decisiones se refleje, fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en la respectiva comisión de dictamen legislativo. Ahora, respecto al tema del impuesto predial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 14/2004, se pronunció, esencialmente, en los términos siguientes: 1. El impuesto predial es una contribución de naturaleza real, cuya base fundamental de cálculo es el valor unitario de los predios y de las construcciones. 2. En la configuración normativa de este impuesto se deben atender las exigencias de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, los cuales se proyectan sobre el proceso de determinación de los valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, que deben ser equiparables a los valores de mercado, y las tasas aplicables para el cobro. 3. Lo que se recaude por concepto de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria está constitucionalmente destinado a las haciendas municipales. 4. Las medidas necesarias para acercar los valores de suelo y construcciones al valor de mercado, y para las tasas aplicables para el cobro de las contribuciones de propiedad inmobiliaria, deben ser tomadas por las legislaturas de los Estados en coordinación con los municipios respectivos; sin embargo, las legislaturas estatales deben decidir acerca de la regulación del impuesto predial, siempre sobre la base de la propuesta que al respecto realicen los municipios, porque de lo contrario, si las legislaturas estatales pudieran determinar con absoluta libertad en las leyes de ingresos municipales las cuotas, tarifas y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones a efecto del cobro del impuesto predial, quedaría vacío de contenido el principio de reserva de fuentes de ingresos a los municipios y el principio de integridad de los recursos económicos municipales. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J.123/2004, con registro digital 179822, que establece: "PREDIAL MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LA MECÁNICA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE TOMAR EN CUENTA EN LO FUNDAMENTAL, EL VALOR DE LOS INMUEBLES. Del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se advierte que el impuesto predial es concebido constitucionalmente como un impuesto de naturaleza real cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las construcciones. Ahora bien, el citado artículo transitorio dispone que el predial se configura como un tributo en el que los principios de proporcionalidad y equidad tributarias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los cuales deben ser equiparables a los valores de mercado y a las tasas aplicables para dicho cobro; de ahí que dicho proceso de determinación y adecuación de los valores unitarios y de las tasas aplicables deban realizarlo las Legislaturas de los Estados en coordinación con los Municipios, lo cual es congruente con la reserva constitucional a las haciendas municipales de los recursos derivados de las construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, así como de aquellas que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. Ahora bien, los artículos 11, 12, 14, 15 y 16 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Yucatán, establecen lo siguiente: "Artículo 11. Objeto del impuesto El impuesto predial tiene como objeto la propiedad, copropiedad, usufructo o posesión del suelo y de las construcciones que estén adheridas a este, que se encuentren dentro del territorio del municipio que corresponda." "Artículo 12. Sujetos del impuesto Son sujetos del impuesto predial: I. Los propietarios de predios urbanos, rústicos, ejidales y comunales, así como de las construcciones permanentes sobre ellas edificadas, ubicados dentro del territorio del municipio. II. Los copropietarios de bienes inmuebles sujetos a régimen de copropiedad o condominio, y los titulares de certificados de participación inmobiliaria. III. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita la propiedad del predio al fideicomisario o a otras personas en cumplimiento del fideicomiso. IV. Los usufructuarios de bienes inmuebles. V. Los ejidatarios, comuneros y propietarios de certificados de derechos de los que se derive un derecho de propiedad agraria, otorgados por el organismo encargado de la regularización de la tenencia de la tierra." "Artículo 14. Base del impuesto La base del impuesto predial se calculará considerando el valor catastral de los inmuebles. El impuesto predial se causará sobre la base de rentas, frutos civiles o cualquier otra contraprestación pactada, en efectivo o en especie, que fueran susceptibles de ser cobradas por el propietario, el fideicomisario o usufructuario, cuando el inmueble de que se trate hubiera sido otorgado en uso o goce por cualquier título, y que, al determinarse el impuesto conforme a la tarifa establecida para esta base en la ley de ingresos municipal respectiva, diera como resultado un impuesto mayor al que se pagaría sobre la base del valor catastral, conforme a la tarifa que establezca la legislación municipal de que se trate." "Artículo 15. Valor catastral como base del impuesto predial Cuando la base del impuesto predial sea el valor catastral de un inmueble, dicha base estará determinada por el valor consignado en la cédula, que, de conformidad con la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y su reglamento, expedirá la Dirección del Catastro del referido instituto o la autoridad catastral del municipio que corresponda. Cuando se expida una cédula con diferente valor al contenido en la que existía registrada en el padrón estatal o municipal respectivo, el nuevo valor servirá como base para calcular el impuesto predial a partir del mes siguiente al que se emita la citada cédula. Si a la fecha de la emisión de la nueva cédula, el contribuyente ya hubiera pagado el impuesto correspondiente conforme al valor anterior, el nuevo valor consignado en la cédula servirá de base para calcular el impuesto correspondiente al mes en el que se aplique el nuevo valor y, en su caso, el de los siguientes meses por los cuales ya hubiera pagado el impuesto, determinándole la diferencia a pagar en caso de que resulte mayor y bonificándole esta de los siguientes pagos, en caso de que resulte menor. Para la determinación de los valores catastrales se tomarán en cuenta los valores unitarios de terreno y construcción de las diferentes zonas y sectores catastrales del municipio de que se trate que para tal efecto se establezcan en la ley de ingresos del municipio respectivo." "Artículo 16. Tarifa y procedimiento La tarifa y el procedimiento para calcular la cantidad a pagar por concepto de este impuesto será la que se establezca en la ley de ingresos del municipio que corresponda, aprobada por el Congreso del estado a propuesta de los ayuntamientos." Ahora, el artículo 13 de la Ley de Ingresos de los Municipios Celestún, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2023, establece lo siguiente: "Artículo 13. - Cuando la base del Impuesto Predial sea el valor catastral del inmueble, el impuesto se determinará aplicando al valor catastral el siguiente procedimiento de cálculo: I.- Se determinará el valor por M2 unitario del terreno correspondiente a su ubicación su seccion y manzana. II.- Se clasificará el tipo de construcción de acuerdo a los materiales de las construcciones techadas en concreto, vigas de hierro y rollizos, zinc, asbesto o teja, carton o paja, y se vincula a la zona centro, media o periferica de la localidad. III.- Al sumarse ambos puntos anteriores se obtiene el Valor Catastral del inmueble o terreno. IV.- Para la tarifa del impuesto predial (C), se realiza el cálculo de la TARIFA DEL IMPUESTO PREDIAL (C) el cual será del 0.10% del Valor Catastral Actualizado. (C) = (A + B) (0.00025) / 100 TABLA DE VALORES CATASTRALES ANEXO A ZONA A ZONA B ZONA C TRAMO RUSTICOS >5,000.00 M2 TERRENO ZONA ZONA DE ML ZONA RUSTICOS RUSTICOS RUSTICOS VALOR URBANA TRANSICI FEDERAL (ACCESO POR (ACCESO (ACCESO UNITARIO X FUERA DE ON ANEXA MARITIMA CARRETERA AMINO POR M2 CENTRO ZONA A A ZONA B ZONA ASFALTADA BLANCO BRECHAS (PLAZA URBANA $/HA) $/HA) $/HA) PRINCIPAL, PRIMER CUADRO Y ZONA COMERCIAL) $1,700.00 $1,000.00 $450.00 $97,000.00 $11,340.00 $21,060.00 $32,400.00 PARA PREDIOS DE LA ZONA COSTERA RUSTICA COSTERA RUSTICA VALOR POR ML Predios de la playa colindantes con el Golfo de México y la Zona Federal Marítima Terrestre $54,000.00 Una vez calculado el valor catastral de los predios en la zona costera del municipio colindante con el Golfo de México y su zona federal marítimo terrestre, el impuesto predial a pagar será el 0.23% del valor catastral. La misma tarifa se aplicará a los terrenos ejidales y casas habitación construidas en los mismos. Se cobrará un recargo de 50% anual por el pago de impuestos atrasados. De los preceptos normativos, se desprenden los elementos del impuesto predial al tenor siguiente: 1. Objeto: La propiedad, copropiedad, usufructo o posesión del suelo y de las construcciones. 2. Sujetos: Los propietarios, copropietarios, fideicomitentes usufructuarios, ejidatarios, comuneros y propietarios de certificados de derechos de los que se derive la propiedad agraria, de predios rústicos o urbanos. 3. Base: Se calculará conforme el valor catastral de los inmuebles. Así, la base imponible o parámetro está implícita en el hecho generador, es decir, forma parte interior del hecho imponible. Jurídicamente, la base es un atributo del aspecto material del presupuesto, es, en suma, una medida, por ejemplo: peso, volumen, altura, valor, longitud, precio, perímetro, capacidad, profundidad, superficie, grueso o cualquier otro tributo de tamaño o magnitud mensurables del propio aspecto material del presupuesto. La importancia de la base imponible es de gran magnitud, en tanto que la obligación tributaria tiene por objeto siempre el pago de una suma de dinero que solamente puede ser fijada con referencia a esa magnitud prevista en la ley e implícita en el hecho generador, o bien, que está con ella relacionada. En ese sentido, es preciso definir qué es el parámetro y las diferencias que tiene con la base imponible, aun cuando están íntimamente relacionados. Se llama parámetro a la magnitud a la que debe referirse o aplicarse, según sea el caso, el tipo de gravamen, y cuando el parámetro está constituido por una suma de dinero por un bien valorable en términos monetarios, recibe el nombre de imponible. Es necesario distinguir el hecho generador del parámetro, dado que en algunas ocasiones ambos son distintos. Por ejemplo, en el impuesto predial, el hecho generador es la propiedad o la posesión de un bien inmueble, y el parámetro generalmente es el valor del propio inmueble, pues la propiedad inmobiliaria es típicamente valuable en dinero. En ese contexto jurídico, se concluye que, en el impuesto predial, el hecho generador es la propiedad o la posesión del inmueble; por tanto, la base gravable se debe determinar en relación con ese hecho generador que es la descripción previa, hipotéticamente formulada por la hipótesis imponible, que da nacimiento a la obligación tributaria. Esto es, la base gravable debe determinarse en el impuesto predial rústico sobre la propiedad o posesión del inmueble, independientemente de la actividad que desempeñe y de que el inmueble sea o no productivo, toda vez que se trata de un bien valorable en dinero que, sin duda, constituye en sentido estricto, la base imponible respecto de la cual se cuantificará aquélla. Ahora, para demostrar su interés jurídico, los quejosos exhibieron las cédulas catastrales con folios ********************y ********************de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en las que se realizó el cálculo del impuesto predial para el periodo dos mil veintitrés, respecto al tablaje ********************y al predio ubicado en la Calle ********************, número ********************, ambos del municipio de Celestún, Yucatán. Documentales que resultan suficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, toda vez que fueron exhibidas con cadena, sello digital y QR, equiparándose a un documento original. Al caso, se cita el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2434, del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época de la Décima Época, con registro digital 2015428, que señala: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, constituye un medio de prueba que debe valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto y no con base en las reglas generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas e, igualmente, si es accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla." Ahora bien, la Ley de Ingresos del Municipio de Celestún, Yucatán, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que se tacha de inconstitucional, modificó la ley de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, pues se varió el precio del metro cuadrado para calcular el valor catastral de los predios en Zona Rústica Costera, ya que en la anterior ley, el valor por metro cuadrado ascendía a la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos, cero centavos, moneda nacional). De ahí que, se actualice la procedencia del juicio de amparo contra del artículo reformado, pues ese precepto constituye un acto nuevo, que da derecho a impugnar ese pronunciamiento específico del legislador. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia P./J. 114/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192910, con título y subtitulo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS. La razón por la que se admite la procedencia del juicio de garantías en contra de una norma general que es reformada, es que de acuerdo con el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal), por lo que, en principio, sólo respecto de ella se actualiza la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos de una ley, los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si no los reclamó dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo. Por consiguiente, un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. De esta guisa, resulta que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma. También es ilustrativa en cuanto al tema, la Jurisprudencia 2a./J. 103/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2009871, de rubro y texto siguiente: "TASA O TARIFA DE UN IMPUESTO. SU MODIFICACIÓN PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS DE AQUEL QUE HUBIERAN SIDO CONSENTIDOS. La modificación a la tasa o tarifa de un impuesto constituye un acto legislativo nuevo, sólo en cuanto a la transformación de la cuantía de dicho elemento esencial; y, en ese sentido, la hipótesis consistente en la decisión del legislador de modificar su importe puede impugnarse mediante el juicio de amparo, sin que ello otorgue a los gobernados la posibilidad de reclamar en la vía constitucional los dispositivos legales que prevén los demás elementos esenciales del impuesto de que se trata que hubieran sido consentidos; salvo que la modificación de dicha tasa o tarifa hubiere repercutido directamente sobre algún otro elemento esencial del propio impuesto." Así, como se anticipó, resulta fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, por cuanto de la lectura del citado numeral tachado de inconstitucionalidad se puede advertir que el impuesto predial a pagar por los predios en la zona costera rústica, será de 0.23% cero punto ochenta y tres por ciento sobre el valor catastral, cuyo valor por metro cuadrado asciende a $54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional). En efecto, asiste razón a la parte quejosa cuando señala que el artículo 13 de la Ley de Ingresos de los Municipios Celestún, Yucatán, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, transgrede los mencionados principios de proporcionalidad y equidad, porque como efectivamente hace ver en su concepto de violación, el valor catastral con el que se determinará el pago del impuesto predial no se encuentra justificado. Así resulta, pues en acatamiento del principio de equidad y proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supone que, en relación con el impuesto predial, el proceso de determinación de los valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, deben ser equiparables a los valores de mercado, y las tasas aplicables para el cobro. En ese sentido, para acercar los valores de suelo y construcciones al valor de mercado, y para las tasas aplicables para el cobro de las contribuciones de propiedad inmobiliaria, deben ser tomadas por las legislaturas de los Estados en coordinación con los municipios respectivos; lo cual es necesario que se expresen en la ley, o al menos puedan deducirse con claridad, las razones o causas del proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. De no existir la motivación legislativa la norma respectiva no puede considerarse apegada al principio de equidad y proporcionalidad tributaria, y por ende, el valor unitario del suelo que sirve de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria será inconstitucional. Ahora, del análisis a la exposición de motivos de la ley en comento, el Congreso del Estado no estableció argumentos para justificar el valor unitario sobre el cual se gravará el impuesto predial, pues no se definen, los elementos como uso, destino y ubicación que se tomaron en consideración para sustentar el valor catastral de los predios rústicos de la zona costera. Ni se conoce el contenido de los estudios técnicos que se realizaron para advertir el valor catastral o valores que se tomaron en cuenta para determinar el monto de los inmuebles rústicos ubicados en la zona costera del municipio de Celestún, Yucatán, tal como lo establece la Ley de Catastro del Estado de Yucatán. En ese contexto jurídico, es incuestionable que del precepto cuestionado ni de su exposición de motivos, se desprende la existencia de alguna justificación para establecer el valor catastral o valores que se tomaron en cuenta para determinar el monto de los inmuebles rústicos ubicados en la zona costera del municipio de Celestún, Yucatán, lo que vulnera el artículo 31, fracción IV, constitucional. Por tanto, es incuestionable que resulta contrario a derecho la aplicación de la norma por lo que respecta al valor catastral y la actualización respecto de los predios que por esta vía defiende la parte quejosa. De ahí lo fundado del concepto de violación, por lo que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el siguiente efecto: Se deje sin efectos la actualización catastral de las cédulas con folios ********************y ********************de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en las que se aplicó el valor catastral al tablaje ********************y al predio ubicado en la Calle ********************, número ********************, del municipio de Celestún, Yucatán, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés. No se le aplique a la parte quejosa el artículo 13 de la Ley de Ingresos de los Municipios Celestún, Yucatán, en la parte tachada de inconstitucional, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, respecto del valor catastral que se dispuso en la tabla "PARA LOS PREDIOS DE LA ZONA COSTERA RÚSTICA", por el cual se actualizará el monto a pagar del impuesto predial respecto de los predios de mérito, y le sea aplicado la cuantía mínima a que se refiere la tabla de valores catastrales del anexo A de la mencionada legislación. Esto es así, porque en la tabla respectiva "PARA LOS PREDIOS DE LA ZONA COSTERA RÚSTICA" no existen más valores por metro cuadrado que los $54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional), de los que se pueda elegir el menor valor; además que es de interés público y social, que los contribuyentes cumplan con el pago de impuestos, para el bien y desarrollo de la Sociedad, por lo que no es factible que la parte quejosa pase por alto las obligaciones que tiene con el Estado o Municipio al cual pertenecen los terrenos que por esta vía defiende. De ahí que en tratándose de vicios insertos en las tablas de valores unitarios relativas al impuesto predial, la concesión del amparo únicamente puede traducirse en ubicar a la parte quejosa en la cuantía mínima impositiva, más no liberarla en su pago. En la inteligencia de que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la aprobación, expedición y promulgación, de la aludida Ley, no implica por parte de éstas la realización de algún acto. Lo anterior, de conformidad con la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento treinta y cinco, Tomo IV, Noviembre de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 200006, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. Por otra parte, cabe puntualizar que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la Ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la Ley vigente. En este orden de ideas, al haber resultado fundado el concepto de violación analizado, resulta innecesario hacer pronunciamiento alguno en torno a los restantes motivos de inconformidad, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia. Apoya lo expuesto la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la foja 205, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 228,181, que precisa: "CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si un concepto de violación analizado al resolver el amparo, es suficiente para dejar insubsistente el acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los demás aspectos tratados en los conceptos de violación." OCTAVO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, ******************** ******************** y LOURDES MARÍA DEL SOL ********************, en contra de los actos que reclaman de la Tesorera Municipal del Municipio de Celestún, Yucatán, y Directora del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, ******************** ******************** y LOURDES MARÍA DEL SOL ********************, en contra del acto que reclaman de las autoridades responsables, consistente en la aprobación y expedición del decreto ********************, por el que se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Celestún, Yucatán, entre otros, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veintidós, específicamente, el artículo 13, respecto de los tablajes catastrales ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, ******************** ******************** y LOURDES MARÍA DEL SOL ********************, en contra de los actos que reclaman a las autoridades responsables, consistente en la aprobación y expedición del decreto ********************, por el que se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Celestún, Yucatán, entre otros, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veintidós; específicamente, el artículo 13, respecto al tablaje ********************y al predio ubicado en la Calle ********************, número ********************, ambos del municipio de Celestún, Yucatán; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando séptimo de esta sentencia. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, el día de hoy, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del Juzgado, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el oficio 26643/2023 del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido vía electrónica a este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Con el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto electrónico con NUMERO DE ORDEN: ***, del índice de este Juzgado, que se le libró a fin de que entregara el oficio relativo al acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dirigido al TITULAR DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON SEDE EN CANCÚN, y sus anexos consistentes en copia de la demanda relativa a este asunto y del acuse de recibo del diverso oficio 37905/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación en el Estado de Quintana Roo, con sede en Playa del Carmen, en turno, con copia de la propia misiva. En tal virtud, dese de baja el citado exhorto en el Libro de Gobierno respectivo del índice de este Juzgado Federal, para los fines estadísticos correspondientes y sin que sea el caso acusar recibo alguno, en atención a la vía por la cual fue remitido a este Juzgado (vía electrónica). Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dos de octubre del presente año, remite copia certificada de las constancias requeridas. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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