Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 2266/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 34 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2266/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Córdova
- Luis Gabriel Jop Corzo
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Juan Manuel Espinosa González
- Enrique Mejía Bello
- José Othon Ramiro Hernández Lima
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Enrique Alvarado Saucillo
- José Antonio Contreras Chávez
- Alejandro Díaz Madrid
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en estos autos el veinte de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó el acuerdo de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades responsables. Y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que las responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 2266/2021-VI-B, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Alvarado Saucillo y Eduardo Flores Castro, en contra de los actos que reclamaron del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, recibido por la Secretaria de Guardia de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, comparecieron Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Alvarado Saucillo y Eduardo Flores Castro, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamaron del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. SEGUNDO. Suspensión de plano. Por auto de la misma fecha (veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno), se decretó la suspensión de plano para el efecto de que cesaran de inmediato los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y 126 de la Ley de Amparo, así como los que pusieran en riesgo grave la vida y salud de los directos quejosos. Asimismo, se requirió a la referida parte quejosa a fin de que dentro del término de cinco días legalmente computados, precisara con exactitud qué actos concretos le reclamaba a los Jueces de Distrito y Gobernadores, debiendo puntualizar a qué autoridades en específico atribuía cuáles actos; apercibida que de no cumplir con el primer requerimiento, se tendrían como señalados a todos los Jueces de Distrito en el Estado de Yucatán; y de no cumplir con el segundo, no se tendrían como reclamados dichos actos, ni como autoridades responsables a los referidos Jueces de Distrito ni a los Gobernadores de los Estados. Finalmente, se ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en turno, de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, notificara dicho proveído a los directos quejosos, y les requiriera para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días computados legalmente, manifestaran si ratificaban la demanda de amparo promovida a su favor; apercibidos que no ratificar la demanda se tendría por no presentada la misma. TERCERO. Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno (folio 57), se tuvo por recibida dicha comunicación oficial debidamente diligenciada, a la que se anexó la diligencia de veinticuatro del referido mes y año, en la que la actuaria asentó haberse constituido en las instalaciones de la Penitenciaría de la Ciudad de México, donde se entrevistó con los directos quejosos quienes manifestaron que sí ratificaban la demanda de amparo promovida a su favor. Al respecto, este órgano jurisdiccional se reservó de acordar lo legalmente conducente, hasta en tanto transcurriera el término otorgado a los impetrantes del amparo en auto de veintitrés de noviembre del referido año, a fin de que precisaran con exactitud qué actos concretos reclamaban a las autoridades responsables señalas como Jueces de Distrito y Gobernadores. CUARTO. Por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, atendiendo a que los directos quejosos no dieron cumplimiento al requerimiento señalado en el párrafo precedente, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en cita y se dejó de tener como autoridades responsables a las siguientes: 1) GOBERNADOR DE AGUASCALIENTES 2) GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA 3) GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA SUR 4) GOBERNADOR DE COLIMA 5) GOBERNADOR DE CHIAPAS 6) GOBERNADOR DE CAMPECHE 7) GOBERNADOR DE CHIHUAHUA 8) GOBERNADOR DE COAHUILA 9) GOBERNADOR DE DURANGO 10) GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO 11) GOBERNADOR DE GUANAJUATO 12) GOBERNADOR DE GUERRERO 13) GOBERNADOR DE HIDALGO 14) GOBERNADOR DE JALISCO 15) GOBERNADOR DE MORELOS 16) GOBERNADOR DE MICHOACÁN 17) GOBERNADOR DE NAYARIT 18) GOBERNADOR DE NUEVO LEON 19) GOBERNADOR DE OAXACA 20) GOBERNADOR DE PUEBLA 21) GOBERNADOR DE QUINTANA ROO 22) GOBERNADOR DE QUERÉTARO 23) GOBERNADOR DE SINALOA 24) GOBERNADOR DE SONORA 25) GOBERNADOR DE SAN LUIS POTOSÍ 26) GOBERNADOR DE TLAXCALA 27) GOBERNADOR DE TAMAULIPAS 27) GOBERNADOR DE TABASCO 29) GOBERNADOR DE VERACRUZ 30) GOBERNADOR DE YUCATÁN 31) GOBERNADORDE ZACATECAS. 32) JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL DE CDMX DEL PRIMERO AL DÉCIMO SEXTO 33) TODOS Y CADA UNO DE LOS JUECES DE DISTRITO DE AGUASCALIENTES, COLIMA, CHIAPAS, CAMPECHE, CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, ESTADO DE MÉXICO, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MORELOS, MICHOACÁN, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, QUERÉTARO, SINALOA, SONORA, SAN LUIS POTOSÍ (EXCEPTO LOS DE SAN LUIS POTOSÍ CAPITAL), TAMAULIPAS, TABASCO, VERACRUZ, YUCATÁN, ZACATECAS. Asimismo, por los motivos ahí expuestos, se desechó la demanda de que se trata por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la orden de traslado y reubicación de los directos quejosos. Por otro lado, se admitió a trámite la misma respecto a los restantes actos reclamados; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede QUINTO. Finalmente, mediante proveídos de veintiocho de marzo y veintinueve de septiembre, ambos de dos mil veintidós, por los motivos ahí expuestos, se dejó de tener como autoridades responsables en el presente asunto al DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA; SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE LA PENITENCIARÍA; SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA; SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA; COMITÉ TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA; y, JEFA DE GOBIERNO, TODOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los numerales 35 y 37 de la Ley de la materia, 48, en relación con el numeral 56 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: La tortura e intimidación por represalias a los directos quejosos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades responsables: COMO AUTORIDADES ORDENADORAS: SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENINTENCIARIO (2280). SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (12358). SECRETARÍA DE GOBIERNO (13904). SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (2363). SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (12358). PRESIDENTE DE MÉXICO (4109). TODOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÈXICO. Ello, pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. Por su parte, respecto a la autoridad responsable Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria, con sede en la Ciudad de México, no se tiene conocimiento que a la fecha hubiere rendido su informe justificado, a pesar de que se encuentra debidamente notificada para ello, tal como se desprende del acuse de recibo del oficio con el que se le solicitó, que obra en los presentes autos. Sin embargo, de autos se advierte que por oficio presentado ante este Juzgado de Distrito el veinte de mayo de dos mil veintidós (foja 187), rindió su informe relativo a la suspensión de plano (11793), mediante el cual, categóricamente negó los actos que por esta vía se le reclaman. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que, a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Alvarado Saucillo y Eduardo Flores Castro, contra los actos de las autoridades responsables precisadas en esta sentencia, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo por acuerdo de veintiuno de septiembre del presente año, dentro del término que para tal fin se le concedió; lo anterior por cuanto dicho plazo trascurrió del veintiséis al veintiocho de septiembre actual. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento inserto en el referido auto, se tiene a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por no señalada como responsable en este asunto y, por tanto, se suspende toda comunicación con la misma, por lo que en su momento se resolverá el presente juicio únicamente por lo que se refiere a las restantes autoridades. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, de donde se advierte que aún no transcurre el término de tres días hábiles, otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en relación a la vista de tres días que se le diera en dicho proveído por los motivos ahí expuestos. En virtud de lo anterior, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se impone su diferimiento y se señalan las ONCE HORAS CON DIECISÈIS MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
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