Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 67/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
67/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    ".... Agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio del Titular del Juzgado Cuarto de Distrito de en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto; lo anterior, en virtud de que, en auto de nueve de los cursantes, se acordó lo conducente con motivo de idéntica promoción recibida vía electrónica, registrada bajo folio 2848..."

  2. Principal

    "...Agréguese a los autos el oficio firmado por el Juez Cuarto de Distrito de en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio a través del cual se le remitió el juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado; ello, dada la incompetencia decretada por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se advierte que aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo instaurada por ********************en representación de ********************, que dio origen al referido juicio de amparo. En consecuencia, dado que no existe promoción pendiente de acordar, archívese el presente asunto como concluido de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un cuaderno de antecedentes, además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo disponen los puntos vigésimo, fracción I y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente...

  3. Principal

    "....Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad del fedatario judicial adscrito para notificar personalmente a la parte quejosa ********************, en representación de ********************, del proveído de diecisiete de febrero del año en curso, dictado en el presente juicio, por las razones que expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle la notificación del referido acuerdo de diecisiete de los cursantes, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. ACUERDO DE DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO... "...Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica, instaurada a nombre de Miguel Ángel Fonseca Valencia, en representación de... contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, por violación a los derechos humanos previstos en el artículo 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: Los actos que la quejosa reclama son los siguientes: ".Traslado fuera de procedimiento de los quejosos de la penitenciaría CDMX a otro centro diverso fuera o dentro de CDMX." De lo que se deduce que, los directos quejosos aún no han sido trasladados, dado que refieren "a otro diverso fuera o dentro de CDMX", esto es, no tienen la certeza aún del reclusorio al cual pudieran ser trasladados. Asimismo, refieren que, dicho posible traslado actualizaría actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cita diversos. Por lo cual, solicita se decrete la suspensión de plano de los actos señalados como reclamados. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 67/2021-II-B. Se hace la precisión que la parte quejosa reclama el posible traslado que pretenden realizarle, de la Penitenciaria de la Ciudad de México a alguno diverso ubicado dentro o fuera de la Ciudad de México. Ahora, cabe señalar que el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, donde determinó lo siguiente: ".CUARTO. El artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, prevé que se consideran como asuntos urgentes para su turno, entre otros, a las demandas de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, orden de traslado, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. Se propone la modificación del precepto del Acuerdo General aludido para que los asuntos en los cuales se impugnan las órdenes de traslado, no sean considerados asuntos urgentes para turno, en tanto que corresponde a la autoridad administrativa su determinación en situaciones que resulte necesario hacerlo de forma urgente, y no requerir autorización previa del juez. Además dicha determinación puede ser recurrida, y en su caso confirmada o revocada, conforme al artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, el artículo 161 de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que el traslado no se lleve a cabo; de ahí que sea posible, excluir la orden de traslado de los casos urgentes de turno. Por lo anterior, se propone modificar el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a efecto de eliminar las órdenes de traslado de los supuestos de asuntos urgentes para su turno." De lo antes relatado, se desprende que la orden de traslado aquí reclamada, ya no es considerada como un caso urgente, por tal motivo, resulta innecesario decretar la suspensión de plano, debido a que ya quedó excluida del catálogo del precepto 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, se reserva proveer sobre la suspensión del acto reclamado consistente en el traslado, hasta en tanto se provea sobre la admisibilidad de la demanda de amparo. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de conceder la suspensión de plano respecto a los actos comprendidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta ser improcedente dado que los actos que señala... en representación de... González, resultan depender del posible traslado del centro de reclusión en el que actualmente se encuentra a uno diverso, lo que conduce a concluir que los mismos son futuros de realización inciertos. En ese orden de ideas, la Ley de Amparo en el artículo 126, dispone los casos en los cuales procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al tenor siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tanto que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (invocado en el escrito de demanda), dice lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Por tanto, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio y de plano procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no se advierte que acontezca en el presente asunto; es decir, no se aprecia que en este momento se estén ejecutando actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o previstos en el numeral 126 de la Ley de Amparo. Así, una vez hecho el anterior pronunciamiento respecto de la suspensión de los actos reclamados, se procede a analizar la competencia. Puesto que el juez de distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica para emitir una decisión, conforme a los elementos allegados por la parte quejosa, por lo que en primer lugar se debe analizar si se tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva al gobernado a través de prácticas judiciales que resulten pertinentes y necesarios para cumplir con los propios establecidos en el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese aspecto, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en el Primer Circuito, mediante la tesis I.3o.C.90 K, dijo: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO. Para el estudio de la demanda de garantías y poder decidir el sentido de la resolución inicial (impedimento y competencia, desechamiento, prevención o admisión) en un juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica, en la que habrá de emitir una decisión, conforme a los elementos que le sean allegados por la parte quejosa, que le permitan apreciar en primer orden que es competente en sentido subjetivo en cuanto que no se encuentre el juzgador en alguna hipótesis de impedimento y objetivo en cuanto que la ley le asigne al órgano jurisdiccional la facultad y atribución de conocer y resolver el asunto y hecho eso, la existencia de una causa notoria y manifiesta de improcedencia; toda vez que ello es un presupuesto necesario para poder realizar el estudio de los requisitos de forma previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo a fin de determinar, en su caso, la prevención o admisión de la demanda; lo que supone que la figura de la prevención no es apta para allegarse de elementos, previo a la admisión de la demanda, a efecto de declarar la improcedencia del juicio; ya que ello corresponde a un estadio previo en que, a partir de la naturaleza jurídica del acto reclamado, si se actualiza la causa de improcedencia de manera indudable y manifiesta, resulta inútil requerir la plena demostración de los requisitos formales, pues a ningún fin práctico conduce integrar un expediente al que no se dará trámite; esto sin perjuicio de que la improcedencia aparezca plenamente acreditada con posterioridad, lo cual se podrá apreciar de las constancias que alleguen las autoridades responsables en justificación de su respectivo informe. Por tanto, en primer orden se debe estudiar la competencia del juzgador en el sentido subjetivo y objetivo; si es competente, se analizará la procedencia del juicio en relación con los actos reclamados, lo que conlleva el estudio de la temporalidad, es decir, que la demanda sea presentada dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia. Después, para el caso de no advertir alguna causa de improcedencia, se debe estudiar lo relativo a la admisión de la demanda, que supone el análisis del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que debe colmar, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley de Amparo. Lo anterior, supone que si de la demanda presentada se advierte que el juicio de garantías es improcedente, el juzgador debe desecharla de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo; sin embargo, si se estima que no se actualiza de manera notoria y manifiesta alguna causa de improcedencia, se debe analizar la factibilidad de la admisión de la misma, punto en el que habrán de decretarse las prevenciones que se estimen necesarias a juicio del juzgador a efecto de que satisfechos los requisitos de forma se admita la demanda a la fase contradictoria." Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte que señale autoridades responsables que radiquen dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, pues si bien temen que sean trasladas, omiten indicar a qué lugar sería, limitándose a señalar que puede ser a otro diverso. En ese contexto, es menester citar el contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del último artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan: a) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, en que se haya presentado la demanda, será competente para conocer de ella. b) Cuando el acto reclamado requiera ejecución, es competente el juez de distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) Cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Resulta aplicable al respecto la tesis 3a. XLIX/93, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 13, Tomo XII, septiembre de 1993, que reza: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." De lo expuesto se advierte que, conforme al precepto anotado, para definir la competencia de un juez de distrito, debe atenderse al ámbito de ejecución material del acto reclamado, que, en el caso concreto, se trata de actos de la orden de traslado. En efecto, tomando en consideración que el acto reclamado consiste en la orden de traslado de un centro penitenciario de la Ciudad de México a otro centro diverso, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, por lo que de llevarse a cabo la materialización del acto reclamado éste se verificará en un espacio geográfico distinto al asignado a este órgano federal, no así en el que éste tiene competencia. Luego, si la ejecución de los actos ha de tener lugar en el lugar en que se encuentran recluidos los quejosos, la competencia se surte a favor de los Jueces de Distrito con residencia en la Ciudad de México y, en consecuencia, que quien tiene que conocer del presente juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar, en términos del artículo 37, párrafo primero de la Ley de la Materia. Máxime que por lo que hace al traslado reclamado, de la lectura de la demanda sólo se desprende el lugar donde eventualmente podrá iniciar su ejecución el traslado, pero no el sitio donde continuará ejecutándose, por lo que se actualiza el supuesto previsto en la porción normativa invocada. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Sin embargo, como se advierte del contenido de la demanda debido a que los quejosos también señalaron como autoridades responsables, entre otras, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, así como en los Estados de Morelos, Puebla, Querétaro y Estado de México, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." De ahí que, se estima, se actualiza el supuesto de competencia previsto en esa porción normativa y, por ende, se hace procedente que este Órgano Federal, se declare legalmente INCOMPETENTE para conocer de la demanda en cuestión, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y además en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, al haberse señalado como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de México, así como en los Estados de Morelos, Puebla, Querétaro y Estado de México, se estima que resultan competentes, por ser los más próximos, los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca; en consecuencia, debe remitirse la demanda que se presentó vía electrónica en una foja, sin anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca. Es también aplicable al punto anterior, la diversa jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, contenido siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." En consecuencia, con fundamento en el citado numeral: a) Remítase la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca. b) Solicítese el acuse de recibo correspondiente. c) Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno..."

  4. Principal

    "...Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica, instaurada a nombre de Miguel Ángel Fonseca Valencia, en representación de... contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, por violación a los derechos humanos previstos en el artículo 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: Los actos que la quejosa reclama son los siguientes: ".Traslado fuera de procedimiento de los quejosos de la penitenciaría CDMX a otro centro diverso fuera o dentro de CDMX." De lo que se deduce que, los directos quejosos aún no han sido trasladados, dado que refieren "a otro diverso fuera o dentro de CDMX", esto es, no tienen la certeza aún del reclusorio al cual pudieran ser trasladados. Asimismo, refieren que, dicho posible traslado actualizaría actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cita diversos. Por lo cual, solicita se decrete la suspensión de plano de los actos señalados como reclamados. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 67/2021-II-B. Se hace la precisión que la parte quejosa reclama el posible traslado que pretenden realizarle, de la Penitenciaria de la Ciudad de México a alguno diverso ubicado dentro o fuera de la Ciudad de México. Ahora, cabe señalar que el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, donde determinó lo siguiente: ".CUARTO. El artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, prevé que se consideran como asuntos urgentes para su turno, entre otros, a las demandas de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, orden de traslado, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. Se propone la modificación del precepto del Acuerdo General aludido para que los asuntos en los cuales se impugnan las órdenes de traslado, no sean considerados asuntos urgentes para turno, en tanto que corresponde a la autoridad administrativa su determinación en situaciones que resulte necesario hacerlo de forma urgente, y no requerir autorización previa del juez. Además dicha determinación puede ser recurrida, y en su caso confirmada o revocada, conforme al artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, el artículo 161 de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que el traslado no se lleve a cabo; de ahí que sea posible, excluir la orden de traslado de los casos urgentes de turno. Por lo anterior, se propone modificar el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a efecto de eliminar las órdenes de traslado de los supuestos de asuntos urgentes para su turno." De lo antes relatado, se desprende que la orden de traslado aquí reclamada, ya no es considerada como un caso urgente, por tal motivo, resulta innecesario decretar la suspensión de plano, debido a que ya quedó excluida del catálogo del precepto 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, se reserva proveer sobre la suspensión del acto reclamado consistente en el traslado, hasta en tanto se provea sobre la admisibilidad de la demanda de amparo. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de conceder la suspensión de plano respecto a los actos comprendidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta ser improcedente dado que los actos que señala... en representación de... González, resultan depender del posible traslado del centro de reclusión en el que actualmente se encuentra a uno diverso, lo que conduce a concluir que los mismos son futuros de realización inciertos. En ese orden de ideas, la Ley de Amparo en el artículo 126, dispone los casos en los cuales procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al tenor siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tanto que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (invocado en el escrito de demanda), dice lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Por tanto, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio y de plano procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no se advierte que acontezca en el presente asunto; es decir, no se aprecia que en este momento se estén ejecutando actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o previstos en el numeral 126 de la Ley de Amparo. Así, una vez hecho el anterior pronunciamiento respecto de la suspensión de los actos reclamados, se procede a analizar la competencia. Puesto que el juez de distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica para emitir una decisión, conforme a los elementos allegados por la parte quejosa, por lo que en primer lugar se debe analizar si se tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva al gobernado a través de prácticas judiciales que resulten pertinentes y necesarios para cumplir con los propios establecidos en el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese aspecto, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en el Primer Circuito, mediante la tesis I.3o.C.90 K, dijo: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO. Para el estudio de la demanda de garantías y poder decidir el sentido de la resolución inicial (impedimento y competencia, desechamiento, prevención o admisión) en un juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica, en la que habrá de emitir una decisión, conforme a los elementos que le sean allegados por la parte quejosa, que le permitan apreciar en primer orden que es competente en sentido subjetivo en cuanto que no se encuentre el juzgador en alguna hipótesis de impedimento y objetivo en cuanto que la ley le asigne al órgano jurisdiccional la facultad y atribución de conocer y resolver el asunto y hecho eso, la existencia de una causa notoria y manifiesta de improcedencia; toda vez que ello es un presupuesto necesario para poder realizar el estudio de los requisitos de forma previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo a fin de determinar, en su caso, la prevención o admisión de la demanda; lo que supone que la figura de la prevención no es apta para allegarse de elementos, previo a la admisión de la demanda, a efecto de declarar la improcedencia del juicio; ya que ello corresponde a un estadio previo en que, a partir de la naturaleza jurídica del acto reclamado, si se actualiza la causa de improcedencia de manera indudable y manifiesta, resulta inútil requerir la plena demostración de los requisitos formales, pues a ningún fin práctico conduce integrar un expediente al que no se dará trámite; esto sin perjuicio de que la improcedencia aparezca plenamente acreditada con posterioridad, lo cual se podrá apreciar de las constancias que alleguen las autoridades responsables en justificación de su respectivo informe. Por tanto, en primer orden se debe estudiar la competencia del juzgador en el sentido subjetivo y objetivo; si es competente, se analizará la procedencia del juicio en relación con los actos reclamados, lo que conlleva el estudio de la temporalidad, es decir, que la demanda sea presentada dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia. Después, para el caso de no advertir alguna causa de improcedencia, se debe estudiar lo relativo a la admisión de la demanda, que supone el análisis del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que debe colmar, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley de Amparo. Lo anterior, supone que si de la demanda presentada se advierte que el juicio de garantías es improcedente, el juzgador debe desecharla de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo; sin embargo, si se estima que no se actualiza de manera notoria y manifiesta alguna causa de improcedencia, se debe analizar la factibilidad de la admisión de la misma, punto en el que habrán de decretarse las prevenciones que se estimen necesarias a juicio del juzgador a efecto de que satisfechos los requisitos de forma se admita la demanda a la fase contradictoria." Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte que señale autoridades responsables que radiquen dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, pues si bien temen que sean trasladas, omiten indicar a qué lugar sería, limitándose a señalar que puede ser a otro diverso. En ese contexto, es menester citar el contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del último artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan: a) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, en que se haya presentado la demanda, será competente para conocer de ella. b) Cuando el acto reclamado requiera ejecución, es competente el juez de distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) Cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Resulta aplicable al respecto la tesis 3a. XLIX/93, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 13, Tomo XII, septiembre de 1993, que reza: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." De lo expuesto se advierte que, conforme al precepto anotado, para definir la competencia de un juez de distrito, debe atenderse al ámbito de ejecución material del acto reclamado, que, en el caso concreto, se trata de actos de la orden de traslado. En efecto, tomando en consideración que el acto reclamado consiste en la orden de traslado de un centro penitenciario de la Ciudad de México a otro centro diverso, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, por lo que de llevarse a cabo la materialización del acto reclamado éste se verificará en un espacio geográfico distinto al asignado a este órgano federal, no así en el que éste tiene competencia. Luego, si la ejecución de los actos ha de tener lugar en el lugar en que se encuentran recluidos los quejosos, la competencia se surte a favor de los Jueces de Distrito con residencia en la Ciudad de México y, en consecuencia, que quien tiene que conocer del presente juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar, en términos del artículo 37, párrafo primero de la Ley de la Materia. Máxime que por lo que hace al traslado reclamado, de la lectura de la demanda sólo se desprende el lugar donde eventualmente podrá iniciar su ejecución el traslado, pero no el sitio donde continuará ejecutándose, por lo que se actualiza el supuesto previsto en la porción normativa invocada. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Sin embargo, como se advierte del contenido de la demanda debido a que los quejosos también señalaron como autoridades responsables, entre otras, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, así como en los Estados de Morelos, Puebla, Querétaro y Estado de México, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." De ahí que, se estima, se actualiza el supuesto de competencia previsto en esa porción normativa y, por ende, se hace procedente que este Órgano Federal, se declare legalmente INCOMPETENTE para conocer de la demanda en cuestión, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y además en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, al haberse señalado como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de México, así como en los Estados de Morelos, Puebla, Querétaro y Estado de México, se estima que resultan competentes, por ser los más próximos, los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca; en consecuencia, debe remitirse la demanda que se presentó vía electrónica en una foja, sin anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca. Es también aplicable al punto anterior, la diversa jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, contenido siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." En consecuencia, con fundamento en el citado numeral: a) Remítase la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca. b) Solicítese el acuse de recibo correspondiente. c) Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno..."

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