Carlos Adrián Rajain Díaz
Expediente 29/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Adrián Rajain Díaz
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido..."
- Principal
"... Visto lo de cuenta, al tenor del oficio ****, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, se tiene por recibida la demanda de amparo formulada por ****, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, misma que dio origen al juicio de amparo directo **** del índice de su adscripción; así como los autos del juicio ejecutivo mercantil *-***. Por tanto, se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número *-*-*-*-*-*-*. Ahora, tomando en consideración las razones expuestas por la Superioridad, que el suscrito comparte, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Amparo, se asume la competencia planteada y se ordena acusar recibo de estilo. DESECHAMIENTO De la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado no constituye la última actuación en la etapa de ejecución, y por tanto, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, párrafo segunda, ambos de la Ley de Amparo Ahora bien, el precepto legal transcrito en último término, sienta la base de la procedencia del juicio de amparo, al establecer los casos en los cuales son reclamables los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según se trate de aquellos dictados dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, como en la especie ocurre con el acto reclamado. De los artículos transcritos se aprecia, por una parte, que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; y por otro lado, que el aludido juicio constitucional procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y, que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo Bajo esas consideraciones, la actuación que por esta vía reclama el quejoso, fue dictada en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil ****. Por tanto, es evidente que no procede el juicio de amparo indirecto contra el acto que reclama el inconforme, en razón de que dicho acto se emitió en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de origen y no constituye la última resolución dictada en él, sino sólo se trata de una resolución intermedia emitida dentro del período de ejecución de sentencia que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. De lo anterior, se advierte que la tramitación del referido juicio, está encomendada a un órgano jurisdiccional, y por tanto, el citado acto reclamado proviene indudablemente de un tribunal judicial y que, por lo mismo, se encuentra regido por las normas de procedencia del juicio de amparo antes transcritas. Tratándose, por lo tanto, de un acto proveniente de un tribunal judicial, se debe precisar si el mismo se produce dentro de un juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, y para ello, basta observar que como ha quedado señalado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional deriva de la ejecución del convenio que puso fin al juicio. Sentado lo anterior, resulta claro que el acto materia de estudio no es de aquéllos dictados fuera de juicio, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley en cita. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos dictados en el procedimiento de ejecución, resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior, debe concluirse que el acto reclamado, se produjo después de concluido el juicio, y en el procedimiento de ejecución de convenio que puso fin al juicio, y no constituye el último acto emitido en dicho procedimiento, pues éste será aquél en el que se reconozca el cumplimiento de lo resuelto en la sentencia definitiva; de ahí que al no cumplir con esos requisitos, el acto que por esta vía se reclama no satisface los supuestos de procedencia que establece el artículo 107, fracción IV, de la ley de Amparo. Por tanto, atendiendo al acto reclamado, se estima que no constituye el último acto dictado en la etapa de ejecución, pues cuando en un juicio de amparo indirecto, se reclaman actos emitidos después de concluido el procedimiento de remate; esto es, posteriores a la determinación que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, como puede ser el auto en que se ordena la entrega del inmueble vació, debe estimarse que para efectos de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, hay que atender a la regla establecida en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, y no a la estatuida en el párrafo tercero de la misma fracción, en tanto que el acto reclamado no se emitió en la fase procesal de remate, sino en la etapa de ejecución de sentencia previo a dicho remate; tal y como en la especie sucede. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías..."
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