Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 186/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
"...Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado Federal, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ******************** motivo del presente cuaderno de antecedentes, dando origen al juicio de amparo 522/2023, de su orden estadístico; asimismo, solicita le sean remitidos los autos originales del juicio de amparo 186/2023 de este índice, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente. De igual manera, precisa que este juzgado ordenó hacerle disponible el expediente electrónico del presente sumario, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que al efecto se le haya dejado a disposición el mismo. Al respecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 17 Constitucional y como lo solicita el juzgado oficiante, remítase de inmediato el original del expediente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, debiendo formar cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. En su oportunidad, glósese la guía de estafeta que acredite su envío. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C", encargado del trámite del presente asunto, para que proceda a incorporar las promociones y acuerdos que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes referente a este expediente, emitidos con posterioridad al siete de noviembre pasado. Lo anterior, en virtud que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós este juzgado de distrito, adoptó medidas para la continuación del trámite del presente asunto, preponderantemente de manera electrónica de acuerdo a lo establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, por lo que los autos y promociones no se glosan materialmente al expediente, sino únicamente las que son presentadas físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional... Por otra parte, glósese al sumario en que se actúa el diverso suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de California, con residencia en Mexicali, mediante el cual transcribe el proveído de once de abril de dos mil veintitrés, del cual se conoce que no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, y remite los autos originales del juicio de amparo ******************** de su índice. Al respecto, se provee: No se estima necesario realizar mayor pronunciamiento en torno a la competencia dado que en auto de trece de abril de dos mil veintitrés, se proveyó lo conducente, no obstante, acúsese recibo de los autos que remite la autoridad oficiante..."
- Principal
"...Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de California, con residencia en Mexicali, mediante el cual transcribe el proveído de once de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 439/2023-1A de su índice; de cuyo contenido, se conoce que no acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, dado que los Jueces de Distrito, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, se encuentran con mayor proximidad a este órgano jurisdiccional; asimismo, no fueron señalados como autoridades responsables. Al respecto, se provee: Téngase por recepcionado el oficio por el que comunica que no aceptó la competencia planteada; asimismo, hágase de su conocimiento que este juzgado no insiste en la competencia declinada en su favor y acúsese el recibo de estilo. No obstante, dadas las consideraciones que precisa el juzgado oficiante, en torno a que la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte en favor de los Jueces de Distrito, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, dado que se encuentran a dos mil novecientos veintisiete kilómetros (aproximadamente) de este juzgado y en virtud de que no fueron señalados como autoridades responsables, se realiza el siguiente pronunciamiento. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO Atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto. En efecto, los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 103.- (...)". "Artículo 107.- (...) Las bases constitucionales que regulan el juicio de amparo, establecen que éste procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, de autoridades Federales que restrinjan la soberanía de los Estados, o de autoridades de las entidades que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Señalan, además, que el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra actos u omisiones de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Lo que denota, en lo que interesa, que la competencia territorial en el juicio de amparo se fija atendiendo a la ejecución del acto reclamado. En esa línea, los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, fijan las reglas para determinar la competencia por territorio de la siguiente manera: "Artículo 35. ...". "Artículo 37. ... Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Las normas reproducidas retoman lo establecido en el orden fundamental, respecto a que es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde: a) El acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto no requiere de ejecución material, el del lugar donde se haya presentado la demanda. Como colige de las normas reproducidas, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En esa secuencia, de la lectura integral de la demanda se tiene que los actos reclamados a las autoridades responsables, consisten, en: ".1) ..." Aunado a lo anterior, los solicitantes del amparo señalan como autoridades responsables, a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, con sede en esa misma Ciudad y otras autoridades, a quienes les reclaman, principalmente: a) ..." Luego, si la ejecución de los actos ha de tener lugar en que se encuentran recluidos los quejosos, la competencia se surte a favor de los Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, por ser los juzgados con residencia más cercana en cuestión de distancia, ya que los jueces de Distrito de la Ciudad de México, también se encuentran señalados como responsables y, en consecuencia, que quien tiene que conocer del presente juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar, en términos del artículo 37, párrafo primero de la Ley de la Materia. Máxime que por lo que hace al traslado reclamado, de la lectura de la demanda sólo se desprende el lugar donde eventualmente podrá iniciar su ejecución el traslado, pero no el sitio donde continuará ejecutándose, por lo que se actualiza el supuesto previsto en la porción normativa invocada. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), visible en la página 899, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Matera Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO." Sin embargo, como se advierte del contenido de la demanda debido a que los quejosos no señalaron como autoridades responsables, a los Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." De ahí que, se estima, se actualiza el supuesto de competencia previsto en esa porción normativa y, por ende, se hace procedente que este Órgano Federal, se declare legalmente INCOMPETENTE para conocer de la demanda en cuestión, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y además en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, al haberse señalado como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de México, se estima que resultan competentes, por ser los más próximos en cuestión de distancia, los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón; en consecuencia, debe remitirse la demanda que se presentó vía electrónica en siete fojas, sin anexos, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, por encontrarse de guardia conforme lo previsto en el Acuerdo General 90/2003 del Consejo de la Judicatura Federal. Es también aplicable al punto anterior, la diversa jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común,, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, contenido siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN." Por tanto, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se ordena remitir vía interconexión la presente determinación y como anexo el escrito digitalizado de la demanda; así como el escrito registrado en el libro de correspondencia bajo folio 4203, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, para que se imponga de la competencia planteada y esté en aptitud de proveer lo conducente. De igual manera, de conformidad con la circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a la Oficial Administrativo "A", para que le otorgue el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo a fin de que tenga acceso total, por lo tanto, se pone a disposición de la Alzada la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Para tal efecto, se instruye al Secretario encargado del presente expediente, para que verifique que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado, así como vigile su coincidencia con el expediente físico, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá realizar todas las acciones necesarias para conformar debidamente el expediente electrónico. En otro orden, una vez que acepte la competencia planteada el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, remítanse los informes de suspensión de plano que se hayan recepcionado, para los fines legales procesales a que haya lugar."
- Principal
"...Visto el escrito de demanda de amparo promovida por. contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, solicita la suspensión de plano respecto de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 186/2023-I-B. Lo anterior, aun y cuando la misma carece de firma autógrafa o electrónica, por tratarse una demanda en que se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, se procede a resolver en los siguientes términos: Los actos que la parte quejosa reclama son los siguientes... Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126, en relación con el segundo párrafo del diverso 147 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." En ese sentido, SE CONCEDE DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los actos reclamados que se hacen consistir en cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Incluidos el traslado, la reubicación de celdas y actos discriminatorios. En consecuencia, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede de oficio y de plano la suspensión, a favor de. para el efecto de CESEN todos los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el lugar en que se encuentren detenidos o recluidos. Comuníquese lo anterior de inmediato a las autoridades responsables. En la inteligencia de que, de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos están privados de la libertad, por lo que la seguridad, custodia y guarda de los quejosos queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentren, quienes deberán tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído es de orden público y, por ende, debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, por lo que las autoridades deberán informar a este juzgado de distrito el cumplimiento dado a la suspensión de plano, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, cuando la naturaleza del acto lo permita, bajo el apercibimiento que de no cumplir se les impondrá una multa de DOSCIENTOS DÍAS de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por ello, tratándose de actos que constriñen a la autoridad a un "hacer", ésta debe de informar en el término prestablecido las providencias que dicte para dar estricto cumplimiento de la medida cautelar, ya sea de plano, de manera provisional o definitiva, o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para no hacerlo. En el entendido que, de no hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, las autoridades responsables pueden incurrir en responsabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia... Al advertir del escrito de demanda de amparo, que los quejosos reclaman la eventual reubicación de dormitorio, así como una posible orden de traslado de reclusorio, pues refieren encontrarse recluidos encontrarse en el "interior de la Penitenciaría de la Ciudad de México", atento a ello, remítase únicamente oficio a las autoridades penitenciarías residentes en la Ciudad de México, por ser éstas las que pueden participar en el cumplimiento de la ejecución de los destacados actos reclamados y resérvese el envío de los oficios a las restantes autoridades que señalan con el carácter de responsables, hasta en tanto las referidas autoridades penitenciarías rindan el informe de suspensión de plano que se les solicita y del mismo se pueda advertir qué otras autoridades puedan tener participación en la ejecución en los multicitados actos reclamados. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. Atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, advierte que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto. En efecto, los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Las bases constitucionales que regulan el juicio de amparo, establecen que éste procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, de autoridades Federales que restrinjan la soberanía de los Estados, o de autoridades de las entidades que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Señalan, además, que el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra actos u omisiones de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Lo que denota, en lo que interesa, que la competencia territorial en el juicio de amparo se fija atendiendo a la ejecución del acto reclamado. En esa línea, los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, fijan las reglas para determinar la competencia por territorio de la siguiente manera: "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo". Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Las normas reproducidas retoman lo establecido en el orden fundamental, respecto a que es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde: a) El acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto no requiere de ejecución material, el del lugar donde se haya presentado la demanda. Como colige de las normas reproducidas, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En esa secuencia, de la lectura integral de la demanda se tiene que los actos reclamados a las autoridades responsables, consisten, en. Aunado a lo anterior, los solicitantes del amparo señalan como autoridades responsables, a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, con sede en esa misma Ciudad y otras autoridades, a quienes les reclaman, principalmente: a) El traslado del centro penitenciario en donde se encuentran internos a otro diverso dentro o fuera de la Ciudad de México, y su ejecución; y b) La reubicación del dormitorio donde actualmente se ubican, a uno diverso dentro del mismo centro penitenciario en que se encuentran recluidos, en la Ciudad de México. Luego, si la ejecución de los actos ha de tener lugar en que se encuentran recluidos los quejosos, la competencia se surte a favor de los Jueces de Distrito con residencia en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por ser los juzgados con residencia más cercana, ya que los jueces de Distrito de la Ciudad de México, también se encuentran señalados como responsables y, en consecuencia, que quien tiene que conocer del presente juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar, en términos del artículo 37, párrafo primero de la Ley de la Materia. Máxime que por lo que hace al traslado reclamado, de la lectura de la demanda sólo se desprende el lugar donde eventualmente podrá iniciar su ejecución el traslado, pero no el sitio donde continuará ejecutándose, por lo que se actualiza el supuesto previsto en la porción normativa invocada... Sin embargo, como se advierte del contenido de la demanda debido a que los quejosos no señalaron como autoridades responsables, a los Jueces de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." De ahí que, se estima, se actualiza el supuesto de competencia previsto en esa porción normativa y, por ende, se hace procedente que este Órgano Federal, se declare legalmente INCOMPETENTE para conocer de la demanda en cuestión, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y además en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, al haberse señalado como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de Ciudad de México, se estima que resultan competentes, por ser los más próximos, los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; en consecuencia, debe remitirse la demanda que se presentó vía electrónica en siete fojas, sin anexos, al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por encontrarse de guardia conforme lo previsto en el Acuerdo General 90/2003 del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se ordena remitir vía interconexión la presente determinación y como anexo el escrito digitalizado de la demanda, al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que se imponga de la competencia planteada. De igual manera, de conformidad con la circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a la Oficial Administrativo "A", para que le otorgue el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo a fin de que tenga acceso total, por lo tanto, se pone a disposición de la Alzada la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Para tal efecto, se instruye al Secretario encargado del presente expediente, para que verifique que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado, así como vigile su coincidencia con el expediente físico, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá realizar todas las acciones necesarias para conformar debidamente el expediente electrónico..."
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