Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 795/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
795/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la constancia de notificación de cuenta, de la que se advierte que les fue notificado a los quejosos el contenido del proveído de cinco del mes y año en curso, de lo que se toma conocimiento. Asimismo, que en dicha diligencia el quejoso Jaime León Flores, manifestó: ".me desisto.". No obstante, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el presente juicio fue desechado mediante auto de cinco de noviembre último, determinación quedó firme el dieciocho siguiente, por lo que fue enviado al archivo como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ni conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ el juicio amparo; sin embargo, se concedió suspensión de plano. Ahora, si bien acorde a lo dispuesto en el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es susceptible de ser destruido; cabe destacar que en el capítulo 7, punto 7.4 del citado Manual, se establece que el presente expediente debe conservarse, por lo que el mismo es DEPURABLE, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo de marras, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, por el cual remite los autos del juicio de amparo 375/2021-III-3, de su índice, promovido en favor de Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, José Othón Ramiro Hernández Lima, Jaime León Flores y Alejandro Díaz Madrid, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, ello en razón de que declina competencia para conocer de la demanda de amparo promovida. Acúsese recibo correspondiente. Del contenido de las constancias que obran en el juicio de amparo 375/2021-III-3, se desprende que el Juez oficiante declina competencia para conocer de la demanda únicamente por lo que hace a los actos siguientes: "(.) Traslado (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de los quejosos de la Penitenciaría cdmx a otro centro diverso dentro o fuera de la cdmx que en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal psicofísica y psicoemocional de los quejosos actualiza actos prohibidos en el art 22 constitucional y 126 de la ley de Amparo. Reubicación (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal sicofisica y sicoemocional de los actos prohibidos en el art 22 constitucional y 126 ley Amparo. Reubicación (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de Luis Gabriel Jop Corzo del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa pone en riesgo grave la vida salud integridad y personal sicofisica y sicoemocional actualiza actos prohibidos en el art 22 constitucional y Reubicación (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de Enrique Mejía Bello del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa pone en riesgo grave la vida salud integridad y personal sicofisica y sicoemocional actualiza actos prohibidos en el art 22 constitucional y Reubicación (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de José othon Ramiro Hernández Lima del dormitorio cuatro zona tres estancia ocho a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa pone en riesgo grave la vida salud integridad dignidad personal sicofisica y sicoemocional actualiza actos prohibidos en el art 22 constitucional Amparo Reubicación (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de Alejandro Díaz Madrid del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio dos zona seis o diverso o módulo diverso o área diversa pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal sicofisica y sicoemocional actualiza actos prohibidos en el art constitucional y 126 ley Amparo. Reubicación (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de Jaime León Flores del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio nueve zona cuatro o diverso o módulo diverso o área diversa pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal sicofisica y sicoemocional actualiza actos prohibidos en el art 22 constitucional y 126 ley Amparo Discriminación Represalias Intimidación Amenazas Actos prohibidos en el art 22 constitucional y 126 ley Amparo (.)". Atribuido a las autoridades responsables siguientes: "(.) Director de la Penitenciaría cdmx. Subdirección jurídica de la Penitenciaría cdmx. Subdirección de seguridad de la Penitenciaría cdmx. Subdirección de apoyo técnico de la Penitenciaría cdmx. Comité técnico de la Penitenciaría cdmx. Jefatura de unidad departamental del centro de diagnóstico ubicación y determinación del tratamiento de la Penitenciaría cdmx. Subsecretaría de sistema penitenciario de cdmx. Director ejecutivo de seguridad penitenciaria de cdmx. Secretaria de seguridad ciudadana de cdmx. Secretaria de gobierno de cdmx. Secretaria de gobernación. Secretaria de seguridad y protección ciudadana. Presidente de México. Gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas (.)" Con fundamento en los artículos 33, fracción IV y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto por los actos y autoridades responsables precisados. Consideración previa Este órgano de control constitucional considera que los actos destacados que refiere hacer valer la parte quejosa, no se encuentran contemplados ni en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el diverso 15 de la Ley de Amparo. Por lo que no es obstáculo que la parte quejosa aduzca en la demanda de amparo que son actos que ponen en riesgo grave sus vidas, salud, integridad y dignidad, o que podrían derivar en tortura psicofísica o psicoemocional, intimidación, represalias o amenazas pues tales actos deben analizarse atendiendo a su naturaleza, no a las potenciales consecuencias que el demandante pudiera atribuirles. Por lo que hace a la discriminación reclamada, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales -como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes-. Lo anterior, en razón a que la discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas -cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia-, hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, pudieran someterlos a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal de los directamente agraviados, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean trasladados del centro penitenciario en que se encuentran a uno diverso o ser cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. En consecuencia, se tienen como actos destacados 1. La orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México en donde se encuentran internos los quejosos a un Centro Penitenciario diverso. 2. Cambio de dormitorio. Improcedencia Ahora bien, el que juzga advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte peticionaria no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga a la parte justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto o actos de autoridad que le causen afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Sobre ese tópico, cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Traslado Como se puede advertir, respecto a la hipótesis referida en el inciso c), se distinguen tres tipos de traslados, a saber: 1. Los traslados voluntarios, se encuentran previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y son aquellos inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios, tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial, y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Ahora bien, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se colige que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: ? La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena; a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. ? Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Cambio de dormitorio. Ahora, el acto relativo al cambio de dormitorio, se actualiza en la hipótesis tocante al régimen de internamiento, el cual realiza la autoridad penitenciaria en los distintos dormitorios, de acuerdo a los criterios de clasificación establecidos. Por tanto, el cambio de dormitorio de la parte quejosa forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Lo anterior es congruente con lo previsto en el numeral 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece la obligación de los Centros Penitenciarios a garantizar la separación de las personas privadas de la libertad, atendiendo a diversos criterios de clasificación, de acuerdo a los criterios de igualdad, integridad y seguridad. Condiciones en común Así, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que los actos reclamados consistentes en la orden de traslado y el cambio de dormitorio, forman parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 30 y 31, que se transcriben a continuación: "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas.". "Artículo 31. Clasificación de áreas La Autoridad Penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad. (.).". Ahora bien, para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos el traslado de un centro penitenciario a otro en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. Sin que obste a lo anterior, que si bien dicha ley hace alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que su artículo 1o., dispone lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.).". Es decir, en tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social, y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, las autoridades penitenciarias deben auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por otra parte, el artículo 114 de la citada ley especial penal, señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad que haya solicitado la petición administrativa, éste podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el Juez de Ejecución; pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Por su parte, el artículo 115 de la ley nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". Entonces, si las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, las cuales de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se traten de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Merecen invocarse por los temas que se analizan, la jurisprudencia y tesis aislada, siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN.". "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.". "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.". Lo hasta aquí expuesto, no se opone a los criterios de nuestro Alto Tribunal, siguientes: Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.". Jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.". Tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.".; y, Jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.". Ello es así, ya que del análisis de tales criterios, se advierte que la Suprema Corte los emitió efectuando el examen de los casos sometidos a su potestad, a la luz de las previsiones contenidas en la reforma constitucional de junio de dos mil once, que sufrieron los artículos 18 y 21 de la Carta Magna; en donde se vedaron las facultades de las autoridades administrativas para decidir respecto a las controversias que se suscitaran en reclusión y se activaron en favor de las autoridades judiciales; por ende, las autoridades administrativas carecían de competencia para ordenar traslados; pues de hacerlo se trataría de actos que afectan la libertad fuera de procedimiento judicial. En tales criterios, el Alto Tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues como ya se dijo, creó un procedimiento judicial específico que regula los traslados; así como la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Respecto a la orden de traslado, en idénticos términos resolvió este juzgador los juicios de amparo que a continuación se precisan, mismos que fueron confirmados por los tribunales colegiados que conocieron del recurso correspondiente, al tenor de los siguientes datos de identificación: Juicio de amparo Toca Sesión Tribunal que conoció del recurso 410/2019-II. Q.P. 89/2019 Veinte de junio de dos mil diecinueve. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 483/2019-I. Q.P. 99/2019 Cuatro de julio de dos mil diecinueve Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Asimismo, por lo que ve al cambio de dormitorio, en idénticos términos resolvió este juzgador los juicios de amparo que a continuación se precisan, mismos que fueron confirmados por los tribunales colegiados que conocieron del recurso correspondiente, al tenor de los siguientes datos de identificación: Juicio de amparo Toca Sesión Tribunal que conoció del recurso 313/2019-I. Q.P. 70/2019 Trece de junio de dos mil diecinueve. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 442/2019-IV Q.P. 102/2019 Quince de agosto de dos mil diecinueve. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 443/2019-V Q.P. 100/2019 Once de julio de dos mil diecinueve. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 483/2019-I Q.P. 99/2019 Cuatro de julio de dos mil diecinueve. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde se examinaron actos emitidos fuera de juicio; de ahí que no resulten aplicables tales criterios al caso a estudio. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, lo anterior, en virtud de no haberlo señalado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Finalmente, se exhorta a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que se ordenó el archivo del presente asunto; empero, no se realizó su valoración conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ni conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. En tales condiciones, se ordena la inmediata regularización del procedimiento en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a efecto de que se realice la valoración documental conducente, en los términos de la citada normatividad. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese por lista a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesados; sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia siguiente. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Notifíquese.

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