Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 767/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
767/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta firmado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, que contiene el proveído dictado el veintitrés de septiembre último, al que se adjunta su juicio de amparo 873/2021-II, promovido por *************** en representación de *************** y otros. Del contenido del aludido auto, se desprende que el Juez oficiante declina competencia para conocer de la demanda únicamente por lo que hace a los actos siguientes: i. Traslado fuera de procedimiento (ataques a la libertad personal y por represalias) de la penitenciaría cdmx a otro diverso dentro o fuera de CDMX que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional de amparo, o que podrían derivar en tortura psicofísica o psicoemocional, segregación, aislamiento, discriminación e incomunicación. ii. Reubicación de los quejosos de la estancia o dormitorio en que actualmente se encuentran a cualquier otro módulo o área diversa (módulo 7), con motivos discriminatorios y de represalias, que pondrían en riesgo su vida, salud, integridad y dignidad, y que podrían derivar en tortura psicofísica o psicoemocional, segregación, aislamiento, discriminación e incomunicación. iii. Restricción, omisión y retraso para aplicar prueba rápida de Covid-19, después de alguna diligencia judicial. iv. Sesión celebrada el 25 de agosto 2021, por el Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. v. Restricción a videoaudiencia. Atribuidos a las autoridades responsables: - Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México. - Subdirección de Seguridad de la penitenciaría de la Ciudad de México. - Subdirección de apoyo técnico de la penitenciaría de la Ciudad de México. - Subdirección Jurídica de la penitenciaría de la Ciudad de México. - Comité Técnico de la penitenciaría de la Ciudad de México. - Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. - Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. - Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. - Jefatura de Unidad Departamental de Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México. - Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. - Secretaría de Gobernación. - Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. - Gobernadores de Aguascalientes Baja California Baja California Sur Colima Coahuila Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Morelos Michoacán Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Quintana Roo Querétaro San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Tabasco Veracruz Yucatán Zacatecas. - Dirección de Servicio Médico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. - Secretaría de Salud de la Ciudad de México. - Juez Trigésimo Quinto Penal en la Ciudad de México y su secretario. Con fundamento en los artículos 33, fracción IV y 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto por los actos y autoridades responsables precisados. Acuse recibo. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio 767/2021-I. Consideración previa. Es importante destacar que la promoverte *************** pretende instar la demanda de amparo en representación de **************** y otros; sin embargo, del estudio integral del escrito inicial, se advierte que ésta carece totalmente de firmas y no se advierte imposibilidad alguna para que los justiciables promuevan por derecho propio la misma. Desechamiento Al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la ley de la materia. Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital o firma electrónica, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa, electrónica o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, si el escrito de demanda promovido por **************, en favor de los directo quejosos ************* y otros, carece de firmas autógrafas o electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". Sin que en el presente asunto se actualice la excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 15 de ese ordenamiento legal, que se pretende hacer valer, pues los actos reclamados no son de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, este órgano de control constitucional considera que los actos destacados no se encuentran contemplados ni en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el diverso 15 de la Ley de Amparo. No es obstáculo que la parte quejosa aduzca en la demanda de amparo que son actos que ponen en riesgo grave sus vidas, salud, integridad y dignidad, o que podrían derivar en tortura psicofísica o psicoemocional, segregación, aislamiento e incomunicación, pues tales actos deben analizarse atendiendo a su naturaleza, no a las potenciales consecuencias que el demandante pudiera atribuirles. Por lo que hace a la discriminación reclamada, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales -como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes-. Lo anterior, en razón a que la discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas -cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia-, hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, pudieran someterlos a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal de los directamente agraviados, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. Por cuanto hace al acto que hacen consistir en restricción, omisión y retraso para aplicar prueba rápida de Covid-19, después de alguna diligencia judicial, tampoco procede ubicarlos como actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Federal, ya que no constituye una urgencia médica propiamente, en la que, por falta de atención oportuna se someta a los quejosos a algún dolor físico y/o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud, sino que se trata de una actividad preventiva y de control contra la pandemia por Covid-19, que pueden llevar a cabo las autoridades responsables penitenciarias de acuerdo con la disponibilidad y presupuesto asignados, que no coloca a los quejosos en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentre gravemente comprometida. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". Por lo que, como se adelantó, los actos reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, de cualquier manera procedería desechar la demanda, al actualizarse motivo diverso (principio de definitividad), ya que en contra de los actos reclamados procede la controversia judicial contemplada en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, aunado a que del análisis de la demanda, se aprecia que la promovente no redactó los antecedentes de los actos reclamados que atribuye a las autoridades responsables. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, lo anterior, en virtud de no haberlo señalado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Notifíquese por estrados.

  2. Principal

    (Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 07 de octubre de 2021 a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:"Ciudad de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta firmado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, que contiene el proveído dictado el veintitrés de septiembre último, al que se adjunta su juicio de amparo 873/2021-II, promovido por *************** en representación de *************** y otros. Del contenido del aludido auto, se desprende que el Juez oficiante declina competencia para conocer de la demanda únicamente por lo que hace a los actos siguientes: i. Traslado fuera de procedimiento (ataques a la libertad personal y por represalias) de la penitenciaría cdmx a otro diverso dentro o fuera de CDMX que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional de amparo, o que podrían derivar en tortura psicofísica o psicoemocional, segregación, aislamiento, discriminación e incomunicación. ii. Reubicación de los quejosos de la estancia o dormitorio en que actualmente se encuentran a cualquier otro módulo o área diversa (módulo 7), con motivos discriminatorios y de represalias, que pondrían en riesgo su vida, salud, integridad y dignidad, y que podrían derivar en tortura psicofísica o psicoemocional, segregación, aislamiento, discriminación e incomunicación. iii. Restricción, omisión y retraso para aplicar prueba rápida de Covid-19, después de alguna diligencia judicial. iv. Sesión celebrada el 25 de agosto 2021, por el Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. v. Restricción a videoaudiencia. Atribuidos a las autoridades responsables: - Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México. - Subdirección de Seguridad de la penitenciaría de la Ciudad de México. - Subdirección de apoyo técnico de la penitenciaría de la Ciudad de México. - Subdirección Jurídica de la penitenciaría de la Ciudad de México. - Comité Técnico de la penitenciaría de la Ciudad de México. - Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. - Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. - Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. - Jefatura de Unidad Departamental de Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México. - Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. - Secretaría de Gobernación. - Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. - Gobernadores de Aguascalientes Baja California Baja California Sur Colima Coahuila Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Morelos Michoacán Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Quintana Roo Querétaro San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Tabasco Veracruz Yucatán Zacatecas. - Dirección de Servicio Médico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. - Secretaría de Salud de la Ciudad de México. - Juez Trigésimo Quinto Penal en la Ciudad de México y su secretario. Con fundamento en los artículos 33, fracción IV y 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto por los actos y autoridades responsables precisados. Acuse recibo. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio 767/2021-I. Consideración previa. Es importante destacar que la promoverte *************** pretende instar la demanda de amparo en representación de **************** y otros; sin embargo, del estudio integral del escrito inicial, se advierte que ésta carece totalmente de firmas y no se advierte imposibilidad alguna para que los justiciables promuevan por derecho propio la misma. Desechamiento Al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la ley de la materia. Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital o firma electrónica, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa, electrónica o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, si el escrito de demanda promovido por **************, en favor de los directo quejosos ************* y otros, carece de firmas autógrafas o electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". Sin que en el presente asunto se actualice la excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 15 de ese ordenamiento legal, que se pretende hacer valer, pues los actos reclamados no son de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, este órgano de control constitucional considera que los actos destacados no se encuentran contemplados ni en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el diverso 15 de la Ley de Amparo. No es obstáculo que la parte quejosa aduzca en la demanda de amparo que son actos que ponen en riesgo grave sus vidas, salud, integridad y dignidad, o que podrían derivar en tortura psicofísica o psicoemocional, segregación, aislamiento e incomunicación, pues tales actos deben analizarse atendiendo a su naturaleza, no a las potenciales consecuencias que el demandante pudiera atribuirles. Por lo que hace a la discriminación reclamada, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales -como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes-. Lo anterior, en razón a que la discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas -cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia-, hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, pudieran someterlos a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal de los directamente agraviados, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. Por cuanto hace al acto que hacen consistir en restricción, omisión y retraso para aplicar prueba rápida de Covid-19, después de alguna diligencia judicial, tampoco procede ubicarlos como actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Federal, ya que no constituye una urgencia médica propiamente, en la que, por falta de atención oportuna se someta a los quejosos a algún dolor físico y/o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud, sino que se trata de una actividad preventiva y de control contra la pandemia por Covid-19, que pueden llevar a cabo las autoridades responsables penitenciarias de acuerdo con la disponibilidad y presupuesto asignados, que no coloca a los quejosos en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentre gravemente comprometida. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.". Por lo que, como se adelantó, los actos reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, de cualquier manera procedería desechar la demanda, al actualizarse motivo diverso (principio de definitividad), ya que en contra de los actos reclamados procede la controversia judicial contemplada en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, aunado a que del análisis de la demanda, se aprecia que la promovente no redactó los antecedentes de los actos reclamados que atribuye a las autoridades responsables. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, lo anterior, en virtud de no haberlo señalado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Notifíquese por estrados.".

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