Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 534/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
534/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual informa que con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, recibió los autos del presente sumario, los cuales fueron remitidos por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; asimismo, hace del conocimiento que el veintidós de ese mismo mes y año, desechó la demanda que dio origen a ese sumario, por los motivos que precisa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que por una parte se desechó la demanda y por otra se declinó competencia; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que se remite testimonio de la resolución aprobada en sesión de veintiuno de septiembre último, dictada en el conflicto competencial C.C.A.30/2021, formado con motivo del conflicto planteado con el presente asunto; sentencia en la que se determinó: "ÚNICO. Es competente el Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********** y otros. Ahora, en virtud de lo expuesto por la Superioridad en virtud de que se fincó la competencia en favor de este juzgado, ya que como lo sostuvo, los actos reclamados están relacionados con la materia penal, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Tomando en consideración que el Tribunal Colegiado oficiante fincó la competencia a favor de este órgano de control constitucional, procédase al análisis de la demanda a efecto de proveer lo conducente. Fijación de litis En la especie los actos reclamados por los quejosos se hacen consistir en: a) La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión. b) Reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro a otro dormitorio. c) Discriminación por condición. d) Violación al principio pro persona. e) Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem. Los cuales atribuyen a las autoridades responsables siguientes: Directorio de la Penitenciaría de la Ciudad de México Subdirección jurídica de la Penitenciaría de la Ciudad de México Subdirección de apoyo técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México Subdirección de seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México Comité técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México Jefatura de unidad departamental del centro de diagnóstico ubicación y determinación del tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México Jefa de Gobierno de Ciudad de México Secretaria de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de Ciudad de México Secretaria de Gobernación Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Presidente de México Gobernadores de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tampico, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas Jueces Primero a Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Jueces de Distrito en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán Pronunciamiento sobre la suspensión de plano De las constancias que obran en autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de julio pasado, el Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó que no resultaba procedente conceder la suspensión de plano de los actos que se combaten, por lo que al existir pronunciamiento sobre ese tópico no resulta dable abordarlo nuevamente; máxime que este juzgador comparte lo ahí determinado. Consideración previa. Es importante destacar que el promovente ***************, pretende instar la demanda de amparo en representación de ********** y otros; sin embargo, del estudio integral del escrito inicial, se advierte que ésta carece totalmente de firmas y no se advierte imposibilidad alguna para que los justiciables promuevan por derecho propio la misma. Al respecto conviene señalar que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el referido proveído determinó que los actos reclamados consistentes en la orden de traslado de la penitenciaría de la ciudad de México a otro centro de reclusión y la reubicación del dormitorio cuatro a otro dormitorio, no se ubican en las hipótesis establecidas en los numerales 22 y 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación aplicable, respectivamente, ya que los justiciables no quedan sin defensa, dado que disponen de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución, por lo que consideró que se trata de actos emitidos dentro de procedimiento. Asimismo, en relación con los diversos precisados como discriminación por condición, violación al principio pro hominem, e inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem, expuso que tampoco son actos que se encuentren en los supuestos establecidos por el numeral 22 de nuestra carta magna, pues en la demanda no se señaló, ni siquiera indiciadamente, que los actos de discriminación por condición, sean equiparables a los prohibidos en el citado artículo 22 constitucional, aunado a que se omitió señalar en qué consisten o cómo se han materializado dichos actos portas autoridades que se señalan como responsables, postura que comparte el suscrito juzgador. Desechamiento Puntualizado lo anterior, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la ley de la materia, con excepción de los actos que se atribuyen a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital o firma electrónica, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa, electrónica o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, si el escrito de demanda promovido por ****************, en representación de ********** y otros. carece de firmas autógrafas o electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". Sin que en el presente asunto se actualice la excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 15 de ese ordenamiento legal, pues como ya se precisó, los actos reclamados no son de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia, con excepción de los actos que se atribuyen a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Competencia En ese orden, de conformidad con lo establecido en el numeral 38 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demandad de amparo de que se trata, en cuanto a los actos reclamados a este juzgador por las razones siguientes. La parte promovente expresamente señala como autoridad responsable de los actos señalados en la demanda como reclamados, entre otras, a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, lo cual pone en evidencia que el que suscribe no debe conocer del asunto que nos ocupa, pues ya de manera concreta se me atribuyen actos específicos de autoridad. Lo anterior, en atención a que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia prevista en el artículo 38 de la legislación aplicable, que establece lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.". En atención al numeral transcrito, se advierte que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, de ahí que, si este juzgado se encuentra señalado como responsable, resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, por los actos cuestionados a este juzgador. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato.". De lo que se obtiene que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera el más cercano a la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por tanto, de conformidad en el numeral 48 de la Ley de la Materia, se ordena remitir el presente asunto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno (con excepción del Décimo Primero de esta especialidad y sede), a quien se considera competente para conocer de ella, por tratarse de un órgano jurisdiccional que conoce de la misma naturaleza que este juzgado, por ya no encontrarse señalado como responsable y por ser el más cercano a la jurisdicción de éste órgano de control constitucional. Solicitándole al órgano jurisdiccional que corresponde el conocimiento, el acuse de recibo y que informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio de los quejosos Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano jurisdiccional, ya que la parte quejosa fue omisa en señalarlo; no obstante, se deja a salvo su derecho para señalar cualquier otro. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    (Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 07 de octubre de 2021 a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:"Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que se remite testimonio de la resolución aprobada en sesión de veintiuno de septiembre último, dictada en el conflicto competencial C.C.A.30/2021, formado con motivo del conflicto planteado con el presente asunto; sentencia en la que se determinó: "ÚNICO. Es competente el Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********** y otros. Ahora, en virtud de lo expuesto por la Superioridad en virtud de que se fincó la competencia en favor de este juzgado, ya que como lo sostuvo, los actos reclamados están relacionados con la materia penal, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Tomando en consideración que el Tribunal Colegiado oficiante fincó la competencia a favor de este órgano de control constitucional, procédase al análisis de la demanda a efecto de proveer lo conducente. Fijación de litis En la especie los actos reclamados por los quejosos se hacen consistir en: a) La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión. b) Reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro a otro dormitorio. c) Discriminación por condición. d) Violación al principio pro persona. e) Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem. Los cuales atribuyen a las autoridades responsables siguientes: Directorio de la Penitenciaría de la Ciudad de México Subdirección jurídica de la Penitenciaría de la Ciudad de México Subdirección de apoyo técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México Subdirección de seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México Comité técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México Jefatura de unidad departamental del centro de diagnóstico ubicación y determinación del tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México Jefa de Gobierno de Ciudad de México Secretaria de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de Ciudad de México Secretaria de Gobernación Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Presidente de México Gobernadores de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tampico, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas Jueces Primero a Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Jueces de Distrito en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán Pronunciamiento sobre la suspensión de plano De las constancias que obran en autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de julio pasado, el Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó que no resultaba procedente conceder la suspensión de plano de los actos que se combaten, por lo que al existir pronunciamiento sobre ese tópico no resulta dable abordarlo nuevamente; máxime que este juzgador comparte lo ahí determinado. Consideración previa. Es importante destacar que el promovente ***************, pretende instar la demanda de amparo en representación de ********** y otros; sin embargo, del estudio integral del escrito inicial, se advierte que ésta carece totalmente de firmas y no se advierte imposibilidad alguna para que los justiciables promuevan por derecho propio la misma. Al respecto conviene señalar que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el referido proveído determinó que los actos reclamados consistentes en la orden de traslado de la penitenciaría de la ciudad de México a otro centro de reclusión y la reubicación del dormitorio cuatro a otro dormitorio, no se ubican en las hipótesis establecidas en los numerales 22 y 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación aplicable, respectivamente, ya que los justiciables no quedan sin defensa, dado que disponen de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución, por lo que consideró que se trata de actos emitidos dentro de procedimiento. Asimismo, en relación con los diversos precisados como discriminación por condición, violación al principio pro hominem, e inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem, expuso que tampoco son actos que se encuentren en los supuestos establecidos por el numeral 22 de nuestra carta magna, pues en la demanda no se señaló, ni siquiera indiciadamente, que los actos de discriminación por condición, sean equiparables a los prohibidos en el citado artículo 22 constitucional, aunado a que se omitió señalar en qué consisten o cómo se han materializado dichos actos portas autoridades que se señalan como responsables, postura que comparte el suscrito juzgador. Desechamiento Puntualizado lo anterior, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la ley de la materia, con excepción de los actos que se atribuyen a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital o firma electrónica, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa, electrónica o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, si el escrito de demanda promovido por ****************, en representación de ********** y otros. carece de firmas autógrafas o electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". Sin que en el presente asunto se actualice la excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 15 de ese ordenamiento legal, pues como ya se precisó, los actos reclamados no son de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia, con excepción de los actos que se atribuyen a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Competencia En ese orden, de conformidad con lo establecido en el numeral 38 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demandad de amparo de que se trata, en cuanto a los actos reclamados a este juzgador por las razones siguientes. La parte promovente expresamente señala como autoridad responsable de los actos señalados en la demanda como reclamados, entre otras, a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, lo cual pone en evidencia que el que suscribe no debe conocer del asunto que nos ocupa, pues ya de manera concreta se me atribuyen actos específicos de autoridad. Lo anterior, en atención a que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia prevista en el artículo 38 de la legislación aplicable, que establece lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.". En atención al numeral transcrito, se advierte que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, de ahí que, si este juzgado se encuentra señalado como responsable, resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, por los actos cuestionados a este juzgador. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato.". De lo que se obtiene que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera el más cercano a la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por tanto, de conformidad en el numeral 48 de la Ley de la Materia, se ordena remitir el presente asunto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno (con excepción del Décimo Primero de esta especialidad y sede), a quien se considera competente para conocer de ella, por tratarse de un órgano jurisdiccional que conoce de la misma naturaleza que este juzgado, por ya no encontrarse señalado como responsable y por ser el más cercano a la jurisdicción de éste órgano de control constitucional. Solicitándole al órgano jurisdiccional que corresponde el conocimiento, el acuse de recibo y que informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio de los quejosos Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano jurisdiccional, ya que la parte quejosa fue omisa en señalarlo; no obstante, se deja a salvo su derecho para señalar cualquier otro. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese y personalmente.".

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