Carlos Alberto Anegelino Barron
Expediente 1060/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Alberto Anegelino Barron
- Luis Gabriel Job Corzo
- Juan Manuel Espinoza Gonzalez
- Renan Hidalgo Echazarreta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio 20015/2022, suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y anexo que acompaña, a través del cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 41-E-II-AMPARO/2022 (ORDEN 41/2022), del índice de este Juzgado Tercero de Distrito, mismo que se le envió para el efecto de notificar a Carlos Alberto Angelino Barròn, designado como representante común de los quejosos, tal como se ordenó en auto de veinte de abril del año en curso. Como lo solicita la autoridad exhortada, acúsese el recibo correspondiente. Asimismo, dese de baja el referido exhorto y háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha las autoridades foráneas residentes en la Ciudad de México, no han rendido sus respectivos informes previos, ni obran en autos los acuses de recibo de los oficios con los que se les requirió, no han rendido sus respectivos informes previos, ni obran en autos los acuses de recibo de los oficios con los que se les requirió; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, sin que sea el caso fijarla dentro del plazo de cinco días que prevé la ley de la materia, toda vez que las autoridades responsables tienen su residencia fuera de la demarcación donde tiene jurisdicción este Juzgado. Por tanto, a fin de optimizar recursos humanos y materiales y para no realizar diferimientos innecesarios, se fija como nueva fecha y hora para su celebración, las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto II.2331/2021; y ANTECEDENTES Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado el veintinueve siguiente, Federico de Jesús Catzin Mutul, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez de Control, adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo de que se trata, se pidió a la autoridad responsable su informe de ley, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y se ordenó emplazar al Fiscal adscrito al Juzgado responsable, en su carácter de tercero interesado. Tercero. Emplazamiento de los terceros interesados. Por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó llamar a juicio a Juan Armando Pisté y Gómez (o) Armando Piste Gómez, en su carácter de tercero interesado; quien compareció espontáneamente al presente juicio mediante escrito agregado a autos en auto de fecha diez de marzo de dos mil veintidós. Cuarto. Celebración de la audiencia. Dado que no existían diligencias pendientes por realizar, el veintidós de abril de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos que constan en el acta levantada al efecto, por lo que se procede a emitir la sentencia correspondiente. CONSIDERACIONES Primero. Competencia. Esta Juzgadora es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En razón de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama el acto de una autoridad que reside en la jurisdicción que ejerce este órgano de control constitucional. Segundo. Fijación del acto reclamado. En principio, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo, y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señalaron como tales, acorde con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo y con la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia reclama: El auto de vinculación a proceso dictado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 240/2021, por su probable autoría en la comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude específico ilícito previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 324, fracción VII y 325, fracción III del Código Penal del Estado de Yucatán. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control, adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, pues al rendir su informe justificado lo aceptó. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio cuyo rubro y texto indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las copias certificadas y el disco compacto que contiene audio y video de tal audiencia, remitido por el Juez responsable. Instrumentos a los cuales se concede valor probatorio pleno, por haberse expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en especial, respecto de los registros de audio y video de las audiencias donde consta la determinación impugnada. Debe precisarse que adquieren el valor probatorio de referencia, al contener la certificación correspondiente del funcionario que para su expedición actuó en cumplimiento a su funciones y con motivo de las mismas, pues de la reproducción del disco compacto con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de la audiencia relativa al acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y son accesibles para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; por ende, se tiene plenamente acreditada la existencia del acto reclamado. Aunado a lo anterior, tales elementos de prueba no fueron objetados por las partes dentro de la secuela procedimental, en términos de los artículos 202 a 206 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° artículo de la Ley de Amparo y menos aún se rindió prueba para desvirtuar el contenido de los aludidos elementos de juicio. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Causales de improcedencia. Atento a la técnica que rige el juicio constitucional, previamente al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse de oficio las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser ello una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Quinto. Conceptos de violación. Se procede a la calificación y estudio de conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal no considerarlo necesario, sin que con ello se incumpla con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sexto. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, motivo por el cual, deberá negársele el amparo y protección que solicita; sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que establece esa institución a favor de los indiciados o imputados dentro de un proceso penal. En síntesis, el quejoso aduce que el auto de vinculación a proceso que se decretó en su contra transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alegando que el mismo no cumple con los requisitos establecidos en el citado artículo 19, pues con los diversos datos de prueba aportados por el Fiscal no se acreditó que probablemente él haya cometido el hecho que la ley señala como delito de fraude específico. Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se estima conveniente tener en cuenta, por su importancia, algunos de los antecedentes de la causa penal 240/2021: Primeramente, se fijó para la celebración de la audiencia de formulación de imputación el día once de octubre de dos mil veintiuno, en la cual, se individualizó a las partes que comparecieron y en virtud de que, no se le habían entregado las copias de la carpeta de investigación al Defensor Particular, el Juez fijó para la celebración de dicha audiencia el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la formulación de imputación por el delito de fraude, en contra de Federico de Jesús Catzin Mutul -aquí quejoso-, una vez hecho lo anterior, se le dio al imputado la oportunidad de declarar y, previa consulta y asesoramiento de su defensor particular, decidió reservarse tal derecho; asimismo, el Fiscal solicitó la vinculación a proceso, aportando los datos de prueba para acreditar que se cometió el hecho delictivo y que probablemente fue el aquí quejoso quien lo cometió; seguidamente la asesora jurídica de la víctima hizo manifestaciones al respecto; y posteriormente el imputado se acogió al término de 144 horas, para que fuera resuelta su situación jurídica; y finalmente, se impusieron medidas cautelares, fijándose el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para la continuación de la citada audiencia. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno se declaró abierta la continuación de la audiencia; sin que existieran datos de pruebas que desahogar, únicamente el Defensor Particular hizo algunas manifestaciones que hizo consistir esencialmente en que: El señor Juan Armando Pisté y Gómez (o) Armando Piste Gómez al momento de emitir la querella manifestó que únicamente él acudió al Registro Público de la Propiedad, así como, al domicilio de la fedataria pública; siendo que lo anterior, es contrario a lo señalado por el señor Manuel de Atocha Cauich Chávez, ya que señaló que acompañó al querellante al Registro Público de la Propiedad y al domicilio de la fedataria pública; sin embargo, la defensa considera que dichos testimonios son contrarios, ya que el querellante plasmó que solamente él acudió a dichos domicilios y no que fue acompañado por el citado Cauich Chávez. Haciendo hincapié que su dicho carece de veracidad y no es objetivo, pues es cuñado del querellante. Respecto del testimonio de Leonor Ileana Cua Pech, alegó la Defensa que el mismo carece de imparcialidad y veracidad, pues es esposa del querellante, aunado a que, a su consideración es un "testigo de oídas". Asimismo, en cuanto a lo manifestado por la Titular de la Escribanía en la que se celebró la compraventa de fecha uno de junio de dos mil dieciséis; argumentó la Defensa que en ningún momento plasmó que el aquí quejoso haya tenido intervención alguna, lo que considera que se corroboró con la copia certificada de dicha traslación, pues se advierte que únicamente suscriben los intervinientes y entre ellos no se encuentra el aquí quejoso. De igual manera, en relación con las testimoniales de Elberth Alonzo Chi Dzul y Leticia del Socorro Dzul Nah, alegó que no fueron claras ni precisas respecto de las fechas en las que ocurrieron los hechos y que señalaron no conocer al imputado, ni a las compradoras de dicho predio; haciendo hincapié, que los citados testigos en algún momento "mintieron", pues ellos intervinieron en la compraventa como testigos de identidad. Que en el Informe del policía de investigación obra que entrevistó al querellante, siendo que a lo plasmado en su querella agregó que el abogado que le hizo sus documentos de su casa cuando la compró, así como, el que hizo la documentación relativa a la propiedad de la señora María Rosalinda Us Chan, es Federico de Jesús Catzin Mutul; por lo que, a consideración de la Defensa de dicha manifestación únicamente se desprende que el imputado realizó la documentación pero no una compraventa. Respecto de los peritajes de grafoscopía los cuales concluyeron que las firmas a estudio no provenían del mismo origen gráfico; la Defensa alegó que no se advierte que haya sido el aquí quejoso quien plasmó de puño y letra las mismas. Ahora bien, respecto de la manifestación hecha por el perito valuador Zavala Peniche, en la que señaló que fue el señor Federico de Jesús Catzin Mutul, quien requirió el avalúo correspondiente; la Defensa alegó que de su dicho no se advierte que haya sido el imputado quien realizó la venta del predio que nos ocupa. Finalmente, respecto de las copias que fueron exhibidas por María Rosalinda Us Chan y Lucy del Carmen Maas Us, relativas a un juicio civil, se advierte que manifiestan que fueron contactadas por el abogado Federico de Jesús Catzin Mutul, y fue quién las llevó a ver el inmueble y que llegaron a un trato con él y con el vendedor; por tanto, el Defensor alegó que el vendedor no es el imputado. Cerrada la etapa de debate, el Juez de Control procedió a dictar la resolución respectiva y a las doce horas con doce minutos se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Federico de Jesús Catzin Mutul, por su probable autoría, en términos de la fracción I del artículo 15 del Código Penal del Estado de Yucatán, en el delito de fraude especifico previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 324, fracción VII y 325, fracción III, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán, delito querellado por Juan Armando Pisté y Gómez (o) Armando Piste Gómez; finalmente, se fijó como plazo del cierre de investigación tres meses. Establecido lo anterior, esta Juzgadora primeramente examinará si el Juez responsable cumplió con los requisitos de legalidad y que existan datos suficientes para establecer razonablemente que haya cometido el hecho señalado como delito por la ley o que probablemente haya participado en el mismo. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso (que dio origen al acto que se reclama al Juez responsable) se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema. Dichos preceptos establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)". "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que prevén los requisitos que debe contener, y disponen lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el haga del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Por tanto, es menester que de los antecedentes de la investigación expuestos oralmente por el Ministerio Público, en audiencia ante el Juez de Control, obren datos de prueba de los que se desprendan indicios razonables de que se ha cometido el hecho que se imputa como delito; así como el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución; y la probabilidad de la comisión o participación del imputado. Asimismo, en cuanto al auto de vinculación a proceso, para la satisfacción del derecho constitucional, es necesaria una correcta y sana crítica de los datos de prueba que se relacionen, en observancia de las reglas de la lógica, conjugadas con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para valorar aquellos elementos (individual y global) que han servido de fundamento y así establecer si los datos de prueba son suficientes para determinar la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y la probable comisión o participación del imputado. Sin que deba soslayarse que en esta etapa el juez no cuenta con la carpeta de investigación al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende únicamente a la exposición que realiza el Agente del Ministerio Público para sostener la imputación, así como a lo argüido por la asesora jurídica y la defensa, en uso del derecho de réplica; y los datos de prueba que refieran. Ahora bien, de los audios y videos de las audiencias de once y veintinueve de octubre, cuatro de noviembre, todos de dos mil veintiuno, contenidas en el disco versátil digital (DVD) que remitió el Juez responsable, reproducidas y analizadas por la suscrita Juzgadora Federal, asistida de la Secretaria con quien actúa y da fe; se advierte que los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, complementados con los citados ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos, tal y como se analizará a continuación. En primer lugar, de los antecedentes del juicio de origen, se advierte que: Estando presentes todas las partes en audiencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se formuló imputación contra el aquí quejoso, por su probable autoría material y directa en la comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude específico, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 324, fracción VII y 325, fracción III del Código Penal del Estado de Yucatán, querellado por Juan Armando Pisté y Gómez (o) Armando Piste Gómez -aquí tercero interesado-, por lo que se satisfizo el primer requisito previsto en la fracción I, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, previa afirmación del imputado de que comprendía las razones por las que estaba siendo investigado, se le dio al imputado la oportunidad de declarar y, previa consulta y asesoramiento de su defensor particular, decidió reservarse tal derecho; por lo que también se cumplió con lo previsto por la fracción II, del numeral 316 del citado Código nacional. Asimismo, al inicio de la audiencia de fecha once de octubre de dos mil veintiuno, el Juez responsable al momento de individualizar a las partes, le pidió al quejoso sus datos personales para confirmar los aportados a la auxiliar sala. Lo que cumple con lo establecido en la fracción I, del artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los restantes requisitos, relativos a las fracciones III y IV del artículo 316, II y III del diverso 317, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se analizan de la siguiente manera: En efecto, los datos de prueba relacionados por el Fiscal Investigador en la audiencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, permiten establecer que, tal como consideró el Juez responsable, se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; además de que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo cometió o participó en su comisión. Es así, debido a que los datos de prueba enunciados por el Fiscal permiten establecer que aprovechándose de la necesidad de las ciudadanas María Rosalinda Us Chan y Lucy del Carmen Maas Us, realizaron la compraventa del predio quinientos cinco letra "D" de la calle ochenta y tres del Centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; para lo cual, el uno de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la simulación de un acto jurídico, a fin de hacer creer a las antes citadas, que estaban adquiriendo una propiedad; para lograr lo anterior, se usaron los servicios de una fedataria pública, de testigos y diversos actos para crear una percepción verdadera cuando no lo era y así se logró que, la citada Us Chan, entregaran la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad a la que ascendía el costo del predio y los honorarios del que tramitó la venta. Siendo que el legítimo propietario del predio en cuestión es el querellante Juan Armando Pisté y Gómez (o) Armando Piste Gómez, lo que le causó afectación patrimonial; así como, a la ciudadana María Rosalinda Us Chan, un detrimento económico. Hechos que el Juez responsable estimó encuadraban en el delito de fraude específico, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 324, fracción VII y 325, fracción III del Código Penal del Estado de Yucatán, que establecen: "Artículo 324.- Igualmente comete el delito de fraude quien: (.) VII.- Haga o celebre un contrato, un acto o un escrito judicial simulado con perjuicio de otro que no participe en la simulación o para obtener cualquier beneficio indebido; Artículo 325.- El delito de fraude se sancionará de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Con prisión de un año seis meses a cinco años y de cien a doscientos días multa, cuando el valor de lo defraudado excediere de cien, pero no de seiscientas unidades de medida y actualización; (.)" Con base en lo anterior, el Juez de Control en audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, resolvió que el hecho que se le imputa al justiciable encuadra en el marco de ilicitud previsto para los delitos de fraude específico; siendo que para establecer lo anterior, de conformidad con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, valoró los datos de prueba que se expusieron en audiencia, consistentes en: La querella realizada por el ciudadano Juan Armando Pisté y Gómez (o) Armando Piste Gómez en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en la que manifestó que es propietario del predio quinientos cinco letra "D" de la calle ochenta y tres del Centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y que su cuñado Manuel de Atocha Cauich Chávez, le comunicó que al pasar por su domicilio se percató que habían cuatro personas ocupando su predio, quienes habían cambiado las cerraduras; por lo que, posteriormente acudió al Registro Público de la Propiedad, en donde le informaron que dicho predio ya no era de su propiedad, y le proporcionaron los datos de la fedataria pública con la que se llevó a cabo la compraventa del inmueble en cuestión, por lo que, acudió a su domicilio. Escritura a favor del querellante respecto del predio que fue motivo del acto de simulado. Oficio del Registro Público de la Propiedad, del que se advierte el certificado de inscripción vigente, en el que obra que existe la escritura donde supuestamente el hoy querellante realizó la venta del predio en cuestión a favor de María Rosalinda Us Chan y Lucy del Carmen Maas Us. Entrevista de Manuel de Atocha Cauich Chávez, el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en la que, manifestó que le comunicó a su cuñado -ahora querellante- que al pasar por su predio pudo notar que el mismo se encontraba ocupado por cuatro personas, percatándose que le hicieron mejoras al predio; máxime que los vecinos le informaron que lo habían ocupado y que cambiaron las cerraduras. Haciendo saber que también tuvo conocimiento de la compraventa que se realizó y los datos proporcionados por el Registro Público de la Propiedad e incluso del nombre de la fedataria pública. Entrevista de Leonor Ileana Cua Pech de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, haciendo manifestaciones que coinciden con lo señalado por el querellante y el citado Cauich Chávez; agregó que está casada con Juan Armando Pisté y Gómez (o) Armando Piste Gómez, por sociedad conyugal y que Federico de Jesús Catzin Mutul es quien hizo el trámite para adquirir el predio en cuestión ante el INFONAVIT. Oficio de la Titular de la Escribanía 27 del Estado, en el que corrobora que ante su oficina se celebró el contrato de compraventa marcada con el acta número noventa y cuatro, de fecha uno de junio de dos mil dieciséis, siendo que en la misma se hizo constar que el querellante, así como su esposa (como parte vendedora), carecían de identificaciones, por lo que, dicha identificación se realizó por medio de los testigos Elberth Alonzo Chi Dzul y Leticia del Socorro Dzul Nah. Declaraciones de Elberth Alonzo Chi Dzul y Leticia del Socorro Dzul Nah, quienes coinciden que les fue solicitado por un sujeto del sexo masculino su apoyo, en virtud que, pretendían realizar una operación de compraventa y los vendedores carecían de identificación y que el apoyo consistía en que fueran testigos de identidad de los vendedores, por lo que firman como testigos. Haciendo saber que no conocen al querellante ni a su esposa. Entrevistas de María Rosalinda Us Chan y Lucy del Carmen Maas Us, quienes son coincidentes en afirmar que fue el hoy imputado Federico de Jesús Catzin Mutul, quien realizó el trámite de compraventa del predio en cuestión, mismo a quien le entregaron la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). Haciendo saber que no conocían al querellante ni a su esposa. Exhibiendo copias certificadas donde contestan la demanda del juicio ordinario civil, en que el querellante y su esposa promovieron la nulidad de escritura. Tarjetas de presentación a nombre del hoy imputado. Declaración del perito valuador Zavala Peniche, quien afirma que es el imputado quien le solicitó hacer el avalúo del inmueble, propiedad del hoy querellante y que fue motivo del acto simulado de compraventa. Peritajes de grafoscopía y documentoscopía en los que se concluyó que las firmas cuestionadas en el documento no proviene del mismo origen gráfico, respecto de Juan Armando Pisté y Gómez (o) Armando Piste Gómez y su esposa. Ahora bien, los datos de prueba relatados con anterioridad, entendidos como la referencia del contenido de un determinado medio de convicción, de conformidad con el ordinal 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez responsable correctamente los consideró idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo y la probable participación del imputado, a los cuales les asignó de manera libre y lógica el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificó explicando el porqué de su valoración, en términos del artículo 265 de la codificación nacional en cita. Así, con base en los datos de prueba relacionados, se acreditan los hechos que la ley señala como ilícito, esto es, el de fraude específico, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 324, fracción VII y 325, fracción III del Código Penal del Estado de Yucatán, y que el ahí imputado, aquí quejoso probablemente es quien lo cometió. Pues en el caso particular se genera la convicción de que a finales del mes de mayo de dos mil dieciséis, simuló un acto jurídico de compraventa, según la existencia de la escritura número noventa y cuatro de fecha uno de junio de dos mil dieciséis, realizada ante la fe de la Escribana número 27, en la que obra una compraventa del predio quinientos cinco letra "D" de la calle ochenta y tres del Centro, de esta ciudad de Mérida, entre Juan Armando Pisté y Gómez (o) Armando Piste Gómez (como vendedor) con la anuencia de su esposa Leonor Ileana Cua Pech, por estar casados en sociedad conyugal y las ciudadanas María Rosalinda Us Chan y Lucy del Carmen Maas Us (como compradoras); siendo que para lo anterior, una persona del sexo masculino, en el caso en concreto el hoy imputado, realizó todos los trámites para lograr la simulación de dicha compraventa, pues los vendedores no intervinieron en ningún momento en dicha compraventa; y como consecuencia de la supuesta transacción la citada Us Chan le entregó al aquí quejoso la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que ascendió el predio materia de la venta, así como, sus servicios, pues es quien realizó los trámites correspondientes. Siendo que con lo anterior, se sustenta el hecho que la Ley señala como delito de fraude específico, en tanto que se han precisado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y hace probable la participación del imputado aquí quejoso, Federico de Jesús Catzin Mutul, en la comisión de ese hecho ilícito. De manera que, analizando los datos de prueba que expuso la Fiscalía, en concordancia con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es factible establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió; por lo que la resolución del Juez responsable también cumple con el tercer requisito que señala la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al último requisito previsto en la fracción cuarta del invocado numeral, también se surte, dado que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. Ahora bien, de la exposición de motivos del Juez responsable acertadamente estableció el grado de racionabilidad, para concluir que sí se justifica el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar el delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), también la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable, lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por el Juez de referencia. Asimismo, el Juez de Control abordó correctamente las argumentaciones hechas por el Defensor Particular, con las que, esencialmente refutó los datos de prueba que se tomaron en consideración para acreditar la probabilidad de que Federico de Jesús Catzin Mutul fue la persona que cometió el hecho delictivo que nos ocupa; refiriendo en esencia que en el sistema acusatorio no existe la prueba tasada por lo que la demeritación de los testigos realizada por la defensa no incidió en la decisión a la que ya había llegado, el Juzgador, y por tanto concluyó en la probabilidad del que el aquí quejoso cometió el hecho delictivo que nos ocupa. Así, esta Juzgadora como ya se plasmó en líneas precedentes considera que en el presente caso con los diversos datos de prueba aportados por el Fiscal y valorados por el Juez responsable existe la probabilidad que el quejoso Federico de Jesús Catzin Mutul, tuvo participación en el hecho que la ley señala como delito de fraude específico, cuenta habida que, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en este caso; ya que el estándar probatorio es menor de aquél que se requiere para el dictado de un auto de formal prisión, pues cabe recordar que aquí sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que, en la etapa procesal en que se encuentra el asunto penal de origen, no es necesario que se demuestre plenamente el delito, ni la justificación de la responsabilidad del imputado; pues tales circunstancias pueden ser analizadas hasta el dictado de la sentencia, atendiendo a las pruebas que al efecto aporten las partes; por tanto, se reitera que hasta el momento como bien lo señaló el Juez de Control existen datos de prueba que demuestran que probablemente el quejoso cometió el hecho delictuoso. Tiene aplicación la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, Décima Época, Materia Penal, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente." Por todo lo anterior, contrario a lo que sostiene el quejoso en su concepto de violación, el auto de vinculación a proceso dictado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 240/2021, es apegado a derecho; ya que cumple con lo establecido en el artículo 19 Constitucional, así como los requisitos que contemplan los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación expuesto por el quejoso y no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión NO AMPARA Y NI PROTEGE a Federico de Jesús Catzin Mutul, contra el acto que reclamó del Juez de Control, adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, por los motivos precisados en esta resolución. Notifíquese personalmente; publíquese la sentencia con supresión de datos personales, captúrese el día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Así lo resolvió y firma la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida por la licenciada Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa, hasta hoy, veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obra el oficio TUA 34-UAJ-272/2022, firmado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, y anexo que acompañó, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, con los cuales informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de doce pasado, se dio vista a la partes con la comunicación remitida por la citada autoridad, para que dentro del término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hayan hecho pronunciamiento alguno; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial determinará si está cumplido o no el fallo protector. Consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia de once de marzo próximo pasado, se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto reclamado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34. Asimismo, por auto de uno de abril del año en curso, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "- Deje insubsistente el proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente TUA 34-1188/2019, únicamente en lo que corresponde a la imposición de la medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a diez Unidades de Medida y Actualización, contra la quejosa." Así, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dio debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Lo anterior, en virtud de que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, mediante su oficio TUA 34-UAJ-272/2022, el cinco pasado, dejó insubsistente el proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente TUA 34-1188/2019, únicamente en lo que corresponde a la imposición de la medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a diez Unidades de Medida y Actualización, contra la quejosa Rita Candelaria Chuil Gómez. Por tanto, es evidente que la responsable, dio cumplimiento con ello a la ejecutoria de marras, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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