Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 1351/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1351/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Gabriel Jop Corzo
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de citada Ley de Amparo, contra el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a estos autos el oficio 16134/2021 de la Actuaria adscrita al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, con el cual remite el juicio de amparo 545/2021, del índice del juzgado al que se encuentra adscrita, mismo oficio que contiene un acuerdo de veintidós de julio del año en curso, por medio del cual el mencionado Órgano de Control Constitucional, se declaró incompetente para conocer del asunto, y que por razón de la materia, correspondía a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, pues los actos reclamados en la demanda de amparo son intrínsecamente penales, siendo que al haberse señalado diversos Jueces de Distrito en la República, como autoridades responsables, con excepción de los Jueces de Distrito en el Estado de Yucatán, por ende, ordenó que la demanda de amparo, fuera remitida a este circuito, para que fuera turnada en términos del numeral 38 de la Ley de Amparo; motivo por el cual solicita se acuse recibo y se remita copia certificada del auto que le recayó. En mérito de lo anterior, infórmesele a la autoridad que este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de veintisiete de julio del año en curso, se avocó al conocimiento del juicio de amparo 545/2021, de su índice, respecto del cual declinó la competencia, y en esa misma fecha se ordenó acusar recibo; no obstante lo anterior, remítasele vía interconexión el oficio 19516/2021, dirigido al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que contiene el referido acuerdo, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 16134/2021, suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que contiene el acuerdo de veintidós de julio del año en curso, relativo al juicio de amparo 545/2021, del índice de dicho juzgado, promovido por MIGUEL ANGEL FONSECA VALENCIA, en representación de CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON, LUIS GABRIEL JOP CORZO, JOSÉ OTHÓN RAMIRO HERNÁNDEZ LIMA, ENRIQUE MEJÍA BELLO, Y ERICK ADRIÁN ROSAS GAMIÑO. Ahora, ya que de dicho oficio se advierte que el mencionado Órgano de Control Constitucional, se declaró incompetente para conocer del asunto, y que por razón de la materia, correspondía a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, pues los actos reclamados en la demanda de amparo son intrínsecamente penales, siendo que al haberse señalado diversos Jueces de Distrito en la República, como autoridades responsables, con excepción de los Jueces de Distrito en el Estado de Yucatán, por ende, ordenó que la demanda de amparo, fuera remitida a este circuito, para que fuera turnada en términos del numeral 38 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo, 51 y 107 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. Comuníquese lo anterior al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la ciudad de México, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente vía interconexión. En tal virtud, se tiene la demanda de amparo promovida electrónicamente por MIGUEL ANGEL FONSECA VALENCIA, en representación de CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON, LUIS GABRIEL JOP CORZO, JOSÉ OTHÓN RAMIRO HERNÁNDEZ LIMA, ENRIQUE MEJÍA BELLO, Y ERICK ADRIÁN ROSAS GAMIÑO, contra los actos que reclaman de: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaria de Gobernación. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Subdirección de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Jefatura de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento Penitenciaría de la Ciudad de México. Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Subdirección Jurídica de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Subdirección de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durando, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Tabasco. Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Chetumal, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De quienes reclamaron el traslado de los directos quejosos, fuera de procedimiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro Centro diverso y/o reubicación de los quejosos del dormitorio Zona Cuatro, a otro dormitorio diverso o módulo, derivando de ello la violación a sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 Constitucionales, y 15 de la Ley de Amparo. Al respecto, se acuerda: Fórmese expediente, regístrese con el número 1351/2021-lI y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Así, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, debe decirse que respecto a dicho acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al advertirse que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, al no haber promovido el recurso ordinario de defensa previsto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sobre la causal de improcedencia destacada, el artículo 61, fracción XX de Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior ; (.)." De la lectura del precepto que antecede, se aprecia que debe agotarse el principio de definitividad en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que conforme a las leyes que los rijan proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En esa tesitura, la Ley Nacional de Ejecución Penal en los artículos 116, 117, 122, 123 y 124, antes citados, regulan el procedimiento a seguir para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, asimismo, contemplan el recurso de apelación y una controversia judicial para combatir dicho acto. Resulta aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época del Fuente: Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional". Entonces, es evidente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para impugnar el traslado involuntario que puede ser ordenado excepcionalmente por la autoridad penitenciaria, tratándose de casos de delincuencia organizada, medidas especiales de seguridad, que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro de reclusión; las personas privadas de su libertad, tienen a su alcance la acción judicial relativa a la controversia judicial, por lo que, los aquí quejosos, antes de promover el presente juicio de amparo, deben acudir ante el Juez de Ejecución o Juez de Control competente, a promover el citado recurso ordinario de defensa, respecto del traslado del que tuvieron noticia será objeto por parte de las mencionadas autoridades (judicial y administrativas), el cual incluso, es susceptible de ser suspendido de inmediato, dada su naturaleza, hasta en tanto se resuelva en definitiva dicha controversia. De ahí, que al no haber impugnado a través del medio ordinario de defensa (la controversia judicial), el acto reclamado, consistente en el traslado involuntario del que se duelen, no agotaron el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se desecha la presente demanda de amparo. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, toda vez que la parte promovente no señaló domicilio alguno para oír y recibir notificaciones en el presente asunto, por tanto, hágansele las notificaciones que correspondan, aun las de carácter personal, por lista de estrados que se fije en este Juzgado, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos de lo previsto en el numeral 2° de la ley inicialmente citada. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se soslaya que en la demanda de amparo que nos ocupa, los quejosos invocaran los artículos 15 de la Ley de Amparo, y 22 Constitucional, sin embargo de la revisión de la misma, se desprende que se encuentre en alguna de las hipótesis contenidas en los artículos 15 de la Ley de Amparo para considerarla de carácter urgente, y se le otorgue la suspensión de plano. Ello es así, pues los actos reclamados lo constituyen, en esencia, el traslado de los directos quejosos fuera de procedimiento (urgente o excepcional) de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro Centro diverso y/o reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro Zona Cuatro a otro dormitorio o módulo diverso. Las anteriores circunstancias, revelan por sí mismas que no se está en presencia de un acto u omisión reclamado de carácter urgente, ya que los citados actos reclamados, a las autoridades responsables, no comparten dicha naturaleza. Pues si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo la jurisprudencia por contradicción de tesis de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." Sin embargo no se estima aplicable al caso en particular, ya que de la ejecutoria de la misma, no se advierte que se hayan realizado consideraciones en relación a los procedimientos de impugnación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y de las cuales, precisamente, esa Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, este último en sesión virtual del nueve de diciembre de dos mil veinte, sostuvo que la orden de traslado administrativa (urgente o excepcional), como la que se reclama en la demanda, al tener un procedimiento previsto en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a lo dispuesto en sus artículos 116, 117, fracción II, 122, 123 y 124, de ahí que no puede considerarse como un ataque a la libertad fuera de procedimiento, y por ende, no procede el otorgamiento de la suspensión de plano Notifíquese por lista de estrados y regístrese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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