Carlos Adolfo Hernández Rivero
Expediente 1672/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1672/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Adolfo Hernández Rivero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es LIBIA BEATRIZ CUA MEJIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4c.05 20/07/23 21:43:27 susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional del acto reclamado, así como la medida cautelar definitiva; se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, además de que se tomaron en consideración los lineamientos expuestos por la Dirección General de Archivos. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos el informe justificado rendido por el Vice Fiscal de Investigación y Control del Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, y anexo que adjuntó, del que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.2" De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama de la responsable, la omisión de acordar su escrito de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó a la autoridad responsable, la práctica de un dictamen en materia de tránsito terrestre. En ese sentido, se tiene que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, el auto de once de julio del año en curso, en el que acordó lo conducente respecto al memorial de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en autos de la carpeta de investigación F4-F4-414/2015. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, pues por auto de once de julio del año en curso, en el que acordó lo conducente respecto al memorial de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en autos de la carpeta de investigación F4-F4-414/2015. Por consiguiente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo, en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional programada para celebrarse, a las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ahora bien de la lectura de las constancias que integran el presente juicio de advierte que mediante proveído de veinte de julio del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto a la ampliación de la presente demanda de garantías solicitada por el quejoso CARLOS ADOLFO HERNANDEZ RIVERO, con el cual pretende ampliar la presente demanda de garantías, señalando como nuevo acto el citado acuerdo de fecha once de julio del año en curso, dictada en autos de la carpeta de investigación F4-F4/414/2015, en la cual se le negó la práctica de datos de prueba útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos; sin embargo, NO HA LUGAR A TENER POR AMPLIADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS, en razón de las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en vigor, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: 2 Visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Establecido lo anterior, del trascrito numeral constitucional relativo a los derechos fundamentales de las víctimas, se destaca el estatuido para la impugnación de las decisiones o abstenciones del ministerio público ante un órgano jurisdiccional, situación que antaño no era concebida. Así las cosas, las decisiones o abstenciones del ministerio público en la etapa de investigación inicial de acuerdo al ordenamiento constitucional en el nuevo sistema de justicia, deberá ser impugnada directamente ante el juez de control. En el caso, es pertinente señalar que, la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. En este contexto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, detalla la estructura general del proceso penal de acuerdo al sistema acusatorio, destacándose la etapa de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con control judicial garantizado por el Juez de Control; sobre este aspecto, los artículos 109, fracción XXI, y 258 del propio ordenamiento disponen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De los anteriores dispositivos se obtiene que al Juez de Control corresponderá en la etapa de investigación, resolver en forma inmediata y por cualquier medio, entre otros, sobre el respeto y protección de los derechos de las víctimas del delito; controlar las facultades del fiscal investigador; otorgar autorizaciones y exigir el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. Así, el juez de control es el contrapeso natural para el director de la investigación como es el Ministerio Público, sin importar si la autoridad ministerial depende del Ejecutivo, del Judicial o es un órgano autónomo. La dependencia o no a una rama del Estado no impide de hablar de principios a ser observados durante el ejercicio de la función fiscal y el respeto a los derechos constitucionales durante el desarrollo de la investigación penal, o bien, de la necesidad de órganos de control y vigilancia de la actuación fiscal como es el caso de este juez. En este contexto, analizadas en su conjunto la disposición constitucional y del Código Nacional de Procedimientos Penales, se deriva la legitimación para impugnar el actuar o las omisiones del ministerio público en la fase de investigación, ante el juez de control, toda vez que se establece como un derecho fundamental consagrado a su favor en la Carta Magna, máxime que dicho sujeto es el que se ve afectado en sus intereses con la negación o paralización de sus pretensiones. El procedimiento para realizar dicha impugnación será incidental, es decir, se realizará la petición ante el juez de control, quien convocará a una audiencia y en presencia de ambas partes (ministerio público y víctima) escuchará sus pretensiones, y con base en ellas decidirá lo conducente. En atención a lo anterior, el promovente del amparo tiene la obligación de impugnar ante el Juez de control competente el acuerdo de once de julio del año en curso, mediante el cual no accedió a su solicitud, de acuerdo a lo establecido en los invocados numerales 109, fracción XXI, y 258 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha impugnación es el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión del aquí quejoso; en consecuencia, el acto aquí reclamado, se traduce en un acto jurídico administrativo de una autoridad estatal, toda vez que este tipo de actuación tiene prevista reglamentación al respecto y por ello la parte quejosa queda constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Por tanto, en contra de la actuación reclamada por el quejoso al agente del Ministerio Público, es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra de la misma tendrá que acudir ante el Juez de Control correspondiente para agotar el procedimiento establecido en los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en estricta observancia al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, página 945, que señala lo siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público,que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". En estas condiciones no se tiene por ampliada la demanda de amparo, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintidós Agréguese a este expediente el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que acusa recibo del oficio 30202/2022, con el que se remitió vía interconexión el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, en representación del Director Técnico del citado organismo, en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo; asimismo, informa que se admitió el recurso de revisión quedando registrado con el número 222/2022. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
ÚNICO.- SE NIEGA a CARLOS ADOLFO HERNANDEZ RIVERO, la suspensión definitiva del acto que reclama de la autoridad responsable que señaló en su demanda de amparo, consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar su petición formulada en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en la cual solicitó la práctica de un dictamen en materia de tránsito terrestre, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando tercero de esta interlocutoria
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