Cándido Villeda Hernández

Expediente 259/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 39 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
259/2020
Año
2020
Actuaciones
39
Última actuación
10/01/2022

Partes del expediente

  • Cándido Villeda Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Incidental

    "... Como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado. De autos se advierte que se concedió la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa. Por lo anterior, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo de este expediente; por lo que, se determina lo siguiente: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, se clasifica como susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, pues se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración conservando únicamente las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión o su violación, así como el presente auto; y, se destruirán el resto de las actuaciones y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; hecho lo cual, deberá gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del cuaderno incidental, este se clasifica como destruible, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo. Por lo que, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción; y, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Acorde al numeral 35 del aludido Acuerdo General, en la carátula, hágase constar la valoración asignada, esto es, que el cuaderno original es susceptible de depuración, en tanto que el duplicado de destrucción. Además, que el expediente no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, del estado de autos, se desprende que en el presente asunto, no fue llamada a juicio la parte tercera interesada, circunstancia por la que no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 156 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, se deja a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este juzgado, el billete de depósito *****, exhibido por la parte quejosa para garantizar la suspensión provisional otorgada en el presente sumario. En ese sentido, se comisiona al actuario judicial que corresponda para que le comunique la presente determinación; asimismo, que le fue puesto a su disposición el referido certificado de depósito, en la inteligencia que una vez que transcurra el término de dos años que prevé el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, sin que comparezca a recibir el mismo, se procederá hacerlo efectivo a favor de la Tesorería de la Federación. En el entendido que, para efectos de recogerlo deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte..."

  2. Principal

    "... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan recurrido el proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 194 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO y, como consecuencia, con fundamento en el artículo 147 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) del citado ordenamiento, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el precepto 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Por otro lado, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales..."

  3. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a la parte quejosa en proveído de ocho de noviembre del año en curso, para que procediera a acreditar las gestiones necesarias para la publicación de los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a la parte tercera interesada *****, o en su caso, acreditara la imposibilidad para hacerlo, sin que lo hubiese hecho; por tanto, se provee: De los citados numerales, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; es decir, en el caso de que no conste en autos el domicilio o el señalado resulte inexacto, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Esto es, el juez de distrito debe agotar las medidas de investigación para indagar el domicilio, antes de ordenarlo por edictos a costa del quejoso. En el caso, de que la búsqueda oficiosa haya sido infructuosa, y con esta se hayan agotado todas las medidas de investigación para indagar el domicilio de los terceros interesados, el juez ordenara el emplazamiento por medio de edictos, a costa del quejoso. Acorde a eso, el emplazamiento de los terceros interesados se realiza por medio de edictos, cuyo pago correrá a cargo de la parte quejosa, lo cual constituye una obligación para este. Ahora, la importancia del emplazamiento del tercero interesado, resulta ser una formalidad indispensable en el juicio de amparo, en virtud de la posición jurídica que guardan los terceros perjudicados, en relación con la subsistencia del acto reclamado, pues el emplazamiento garantiza que el tercero conozca completa y oportunamente los antecedentes y argumentos aducidos por el quejoso, cuente con los elementos necesarios para ejercer sus derechos procesales y pueda esgrimir una defensa adecuada. Es decir, ambos deben estar igualdad de posibilidades de ser oídos y actuar en el juicio de amparo respectivo, siendo de tal forma, que cualquier determinación que se adopte, pasando por alto dicha formalidad, puede llegar a afectar la esfera jurídica de éste; por lo que su emplazamiento a juicio, y que en el caso, el incumplimiento de la parte quejosa, por no haber acreditado las gestiones necesarias para la publicación de los edictos o en su caso la imposibilidad que tuvo para ello, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, si no resulta posible llevar a cabo el emplazamiento por medio de edictos, por cuestiones atribuibles al quejoso, por no comparecer ante el órgano jurisdiccional por no haber acreditado las gestiones necesarias para proceder a su publicación, con ello se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, pues el interés particular del quejoso no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que, en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la parte tercera interesada *******, fue en atención a que la búsqueda oficiosa realizada con el propósito de ubicar su domicilio, resultó infructuosa. Por lo que, mediante acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa a fin de que, en el término de tres días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, se presentará ante este juzgado a recoger los edictos y posteriormente dentro del plazo de veinte días contados al siguiente de su entrega acreditara las gestiones necesarias realizadas para su publicación; o bien, manifestará su imposibilidad para hacerlo. Así, se advierte que la parte quejosa al no haber acreditado las gestiones realizadas para la publicación de los edictos ordenados y ni aportar los elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria que imposibilidad tuvo para ello, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el asunto en estudio. Esto debe ser así, pues, con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio del tercero interesado, era obligación de la parte quejosa o de sus autorizados, recoger los edictos y efectuar su publicación, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso C), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece y manifiesta que es de escasos recursos, y con ello está imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos. Sin embargo, posterior a la fecha de entrega de los edictos, trece de noviembre de dos mil veintiuno, siendo que el acta de entrega fue el doce del mismo mes y año, donde se le hizo entrega de los edictos para que procediera a su publicación, no se advierte que en el plazo concedido, la parte quejosa o sus autorizados se hayan presentado a exhibir documento idóneo con el cual acreditaran las gestiones realizadas para su publicación, así mismo no hayan manifestado la imposibilidad para hacerlo. En tales circunstancias, este órgano federal no está obligado a ordenar que el costo de las publicaciones corra a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; además es el quejoso quien debe manifestar y justificar tal circunstancia, pues resulta evidente la omisión y desinterés de su parte. En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, pues por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia, y por el otro, el que tiene la tercera interesada a ser oída y a que se le respete su derecho de audiencia, a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, pues si se actuara de esta manera, se podría ocasionar un daño, incluso irreparable, al tercero interesado. Aunado que hasta el momento, no se advierte que la parte quejosa haya hecho saber a este juzgado, alguna imposibilidad que le haya impedido comparecer a acreditar las gestiones para la publicación de los edictos dentro del término establecido en auto de ocho de noviembre del año en curso; por lo que se considera que sí estuvo en posibilidad de cumplir la carga procesal que le correspondía y que era necesaria para poder proseguir esta instancia constitucional. Además, se considera que de sobreseerse este controvertido, la parte quejosa no quedaría en estado de indefensión porque una vez que tengan a su alcance la ubicación del domicilio de la parte tercera interesada o datos certeros en donde localizarla, podría instar un nuevo juicio de amparo indirecto, y entonces una vez emplazada aquélla, el Juez federal podría analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción II inciso b), 5, fracción III, inciso c), todos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Se instruye a la secretaría proceda a la cancelación de la hora y fecha fijada en la agenda de este juzgado..."

  4. Principal

    "... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a la parte quejosa en proveído de ocho de noviembre del año en curso, para que procediera a acreditar las gestiones necesarias para la publicación de los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a la parte tercera interesada *****, o en su caso, acreditara la imposibilidad para hacerlo, sin que lo hubiese hecho; por tanto, se provee: De los citados numerales, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; es decir, en el caso de que no conste en autos el domicilio o el señalado resulte inexacto, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Esto es, el juez de distrito debe agotar las medidas de investigación para indagar el domicilio, antes de ordenarlo por edictos a costa del quejoso. En el caso, de que la búsqueda oficiosa haya sido infructuosa, y con esta se hayan agotado todas las medidas de investigación para indagar el domicilio de los terceros interesados, el juez ordenara el emplazamiento por medio de edictos, a costa del quejoso. Acorde a eso, el emplazamiento de los terceros interesados se realiza por medio de edictos, cuyo pago correrá a cargo de la parte quejosa, lo cual constituye una obligación para este. Ahora, la importancia del emplazamiento del tercero interesado, resulta ser una formalidad indispensable en el juicio de amparo, en virtud de la posición jurídica que guardan los terceros perjudicados, en relación con la subsistencia del acto reclamado, pues el emplazamiento garantiza que el tercero conozca completa y oportunamente los antecedentes y argumentos aducidos por el quejoso, cuente con los elementos necesarios para ejercer sus derechos procesales y pueda esgrimir una defensa adecuada. Es decir, ambos deben estar igualdad de posibilidades de ser oídos y actuar en el juicio de amparo respectivo, siendo de tal forma, que cualquier determinación que se adopte, pasando por alto dicha formalidad, puede llegar a afectar la esfera jurídica de éste; por lo que su emplazamiento a juicio, y que en el caso, el incumplimiento de la parte quejosa, por no haber acreditado las gestiones necesarias para la publicación de los edictos o en su caso la imposibilidad que tuvo para ello, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, si no resulta posible llevar a cabo el emplazamiento por medio de edictos, por cuestiones atribuibles al quejoso, por no comparecer ante el órgano jurisdiccional por no haber acreditado las gestiones necesarias para proceder a su publicación, con ello se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, pues el interés particular del quejoso no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que, en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la parte tercera interesada *******, fue en atención a que la búsqueda oficiosa realizada con el propósito de ubicar su domicilio, resultó infructuosa. Por lo que, mediante acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa a fin de que, en el término de tres días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente, se presentará ante este juzgado a recoger los edictos y posteriormente dentro del plazo de veinte días contados al siguiente de su entrega acreditara las gestiones necesarias realizadas para su publicación; o bien, manifestará su imposibilidad para hacerlo. Así, se advierte que la parte quejosa al no haber acreditado las gestiones realizadas para la publicación de los edictos ordenados y ni aportar los elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria que imposibilidad tuvo para ello, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el asunto en estudio. Esto debe ser así, pues, con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio del tercero interesado, era obligación de la parte quejosa o de sus autorizados, recoger los edictos y efectuar su publicación, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso C), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece y manifiesta que es de escasos recursos, y con ello está imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos. Sin embargo, posterior a la fecha de entrega de los edictos, trece de noviembre de dos mil veintiuno, siendo que el acta de entrega fue el doce del mismo mes y año, donde se le hizo entrega de los edictos para que procediera a su publicación, no se advierte que en el plazo concedido, la parte quejosa o sus autorizados se hayan presentado a exhibir documento idóneo con el cual acreditaran las gestiones realizadas para su publicación, así mismo no hayan manifestado la imposibilidad para hacerlo. En tales circunstancias, este órgano federal no está obligado a ordenar que el costo de las publicaciones corra a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; además es el quejoso quien debe manifestar y justificar tal circunstancia, pues resulta evidente la omisión y desinterés de su parte. En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, pues por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia, y por el otro, el que tiene la tercera interesada a ser oída y a que se le respete su derecho de audiencia, a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, pues si se actuara de esta manera, se podría ocasionar un daño, incluso irreparable, al tercero interesado. Aunado que hasta el momento, no se advierte que la parte quejosa haya hecho saber a este juzgado, alguna imposibilidad que le haya impedido comparecer a acreditar las gestiones para la publicación de los edictos dentro del término establecido en auto de ocho de noviembre del año en curso; por lo que se considera que sí estuvo en posibilidad de cumplir la carga procesal que le correspondía y que era necesaria para poder proseguir esta instancia constitucional. Además, se considera que de sobreseerse este controvertido, la parte quejosa no quedaría en estado de indefensión porque una vez que tengan a su alcance la ubicación del domicilio de la parte tercera interesada o datos certeros en donde localizarla, podría instar un nuevo juicio de amparo indirecto, y entonces una vez emplazada aquélla, el Juez federal podría analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción II inciso b), 5, fracción III, inciso c), todos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Se instruye a la secretaría proceda a la cancelación de la hora y fecha fijada en la agenda de este juzgado..."

Quedan 35 actuaciones en este expediente

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