Carlos Abraham Rios Suarez
Expediente 1025/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1025/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Abraham Rios Suarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que aún transcurre el plazo de ocho días, concedido en auto de trece de noviembre actual, para que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado rendido por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA". Por tanto, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA ".. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe previo, las responsables aceptaron la existencia de los actos que el quejoso les reclamó. SEGUNDO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. Por lo que hace a la EMISIÓN de la resolución reclamada, consistente en la imposición de la medida cautelar impuesta el cinco de septiembre del año en curso, en la carpeta judicial ... SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, toda vez que dichos actos se encuentran consumados para los efectos de la suspensión. Se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la tesis I.3o.C.35 K, registro 186408, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de dos mil dos, página 1413, que expresa: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aún no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado.". TERCERO. POR CUANTO HACE A LA EJECUCIÓN El quejoso solicita se le conceda la medida cautelar con efectos restitutorios y se ordene al Juez señalado como responsable que señale y cite a audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al otorgamiento de la suspensión, para rescindir la prisión preventiva oficiosa y se imponga una medida cautelar diferente que atienda a los criterios de necesidad, legalidad, proporcionalidad e idoneidad, que contempla la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias de los casos TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS VS MÉXICO Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS MÉXICO, en las que fue declarada inconvencional la prisión preventiva justificada. No obstante, corresponde a este juzgador precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, con independencia de que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto: Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), Décima Época, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 14, registro digital 2019200, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo.". ... Por tanto, tomando en cuenta que en el caso media solicitud de parte interesada, no se sigue perjuicio al interés social, no se trastocan disposiciones de orden público, con fundamento en los artículos 128, 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, únicamente para el efecto siguiente: - Que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, para la continuación de la causa penal de la que deriva el acto reclamado. Dicha suspensión no surtirá efectos: - Si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables. - Si fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este incidente; u, - Obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o resolución con calidad de cosa juzgada. Se determina lo anterior, porque de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, se deben tomar en cuenta las condiciones siguientes: I. Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio. II. Debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. III. De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. De modo que, si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios, los efectos de la medida cautelar de suspensión se encuentran condicionados a que tal restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea sólo provisional. Esto es, si atento a la naturaleza del acto reclamado la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho que estima violado es plena, entonces tal restitución no es procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, lo que significa que necesariamente la restitución que procede hacer vía suspensión del acto reclamado sólo puede ser provisional y no plena, dado que la restitución plena es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, si en el caso, en la causa penal instruida en contra de la parte quejosa se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; entonces, de concederse la suspensión definitiva en los términos solicitados; esto es, que se deje sin efectos la misma y se señale fecha para audiencia de revisión de tal medida en la que se le imponga una diferente, no solo implicaría anular los efectos de la resolución reclamada, sino que también quedaría insubsistente la aludida medida cautelar, que constituye el acto reclamado materia de estudio del fondo del asunto. Esto es así, ya que si bien, como lo sostiene la parte quejosa, la suspensión puede tener efectos restitutorios, ello es siempre y cuando éstos sean transitorios y no plenos, que no permitan retrotraer los efectos de la suspensión, lo cual acontecería en este caso si se admitiera lo solicitado por la parte quejosa, toda vez que de concederse la suspensión para que se fije la audiencia de revisión de la medida cautelar a fin de que se resuelva lo concerniente a la prisión preventiva oficiosa, se estaría analizando de manera definitiva la litis constitucional del acto reclamado, que es precisamente esa determinación. De ahí que no podrían retrotraerse los efectos de la suspensión, sino por el contrario, sería un beneficio definitivo que dejaría por absoluto sin materia el juicio, puesto que no podría ser revocada la diversa audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva aun cuando se negara el amparo. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 22/2023, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2026730, del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo.". Sin que sea obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que la parte quejosa invoque la sentencia de la Corte Interamericana en los casos TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS CONTRA MÉXICO Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO CONTRA MÉXICO, en los que se determinó esencialmente que el artículo 19 constitucional es inconvencional, por tanto, el juzgador de amparo sí puede examinar y pronunciarse sobre la concesión de la suspensión definitiva. Ello, porque como se precisó en líneas que anteceden, la Ley de Amparo, de manera específica, establece las reglas para la concesión de la medida suspensional; esto es, que si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios, los efectos de la medida cautelar de suspensión se encuentran condicionados a que tal restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea sólo provisional y no plena como lo pretende la parte quejosa, pues entonces tal restitución no es procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal. Máxime que el artículo 19, segundo párrafo, de la Carta Magna, que prevé la prisión preventiva oficiosa constituye una restricción expresa al derecho a la libertad personal de los gobernados que debe prevalecer a los Tratados Internacionales y su interpretación por el tribunal competente; siendo de aplicación obligatoria conforme a lo dispuesto por el numeral 217 de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia P.J/20/2014(10ª) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, Tomo I, Abril 2014, página 202, registro digital 2006224, bajo el rubro y texto siguiente: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.". Cabe precisar que similares consideraciones sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en esta población, al resolver la ejecutoria dictada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja ... SIN GARANTÍA Sin que haya lugar a fijar garantía o alguna medida de aseguramiento al quejoso, ya que la suspensión sólo se otorgó por las consecuencias que derivan de la medida de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta el cinco de septiembre de dos mil veintitrés. DURACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR Dicha suspensión durará en sus efectos hasta que se notifique a la responsable la resolución ejecutoriada que se dicte en el juicio principal. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control. En mérito de lo expuesto y fundado legalmente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a... la suspensión definitiva que solicitó de los actos y las autoridades precisados en el considerando segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a..., la suspensión definitiva que solicitó de los actos y las autoridades precisados en el considerando tercero de esta interlocutoria NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que aún transcurre el plazo concedido a la parte quejosa, en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, para imponerse del informe justificado rendido por la autoridad judicial responsable. Por tanto, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo -rendido por duplicado- de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, para que surta sus efectos legales correspondientes. DESE VISTA a las partes, a efecto de que se impongan de su contenido. NOTIFÍQUESE.
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