Carina Velasco Torres

Expediente 658/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
658/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/07/2019

Partes del expediente

  • Carina Velasco Torres

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es DESTRUIBLE, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE..."

  2. Principal

    MESA V A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por ****, contra actos del JUEZ DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES SEDE EJUTLA DE CRESPO, OAXACA y otra autoridad; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 658/2019. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del examen de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto, que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad responsable en su carácter de ordenadora la resolución de fecha quince de julio del año dos mil diecinueve, dentro de la causa penal número ****, y mediante la cual impuso a la quejosa las medidas cautelares establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracciones VII.- La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII.- La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos; siempre que no se afecte el derecho a la defensa; y IX.- La separación inmediata del domicilio. De la responsable en su carácter de ejecutora, reclamo el cumplimiento material que pretende dar a dicha resolución." Ahora, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, se procede al estudio de las causales de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en las medidas cautelares decretadas en resolución de quince de julio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal **** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, mediante las cuales le determinó ciertas restricciones al promovente, consistentes en prohibición de concurrir a determinadas reuniones, o acercarse a ciertos lugares, convivir, acercarse o comunicarse con ciertas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa y la separación inmediata del domicilio. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la nueva Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.= Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;= b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;= c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.= d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.= Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, en virtud de que a esta vía deberá acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 37, del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 37, Tomo 12, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.= Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sentado lo anterior, es pertinente además invocar los artículos 160, 456, 467, fracción V, y 479, párrafo primero, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "ARTÍCULO 160.- Impugnación de las decisiones judiciales.= Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables". "ARTÍCULO 456.- Reglas generales.= Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda". "ARTÍCULO 467.- Resoluciones del Juez de control apelables.Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: [.] V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; [.]". "ARTÍCULO 479.- Sentencia.= La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. [.]". Del segundo y último artículos transcritos se obtiene que el procedimiento penal sólo admite los recursos de revocación y de apelación, así como que este último puede culminar con sentencia que confirme, modifique o revoque la resolución impugnada. Asimismo, de las dos restantes disposiciones normativas se tiene que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece expresamente la procedencia del recurso de apelación contra las decisiones emitidas por el juez de control relativas a las medidas cautelares reguladas en dicho ordenamiento. Ahora, en el caso, el peticionario del amparo reclama la resolución dictada en la audiencia de medidas cautelares en la que el juez de control responsable le impuso las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracciones I, II y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en prohibición de concurrir a determinadas reuniones, o acercarse a ciertos lugares, convivir, acercarse o comunicarse con ciertas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa y la separación inmediata del domicilio. Luego, en su contra procede el recurso de apelación por disposición expresa de los artículos 160 y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, de la demanda de amparo no se advierte que la parte promovente, previamente a acudir a este juicio de amparo, haya agotado el recurso de apelación contra la resolución que reclama, con el que podía obtener la revocación de tal resolución, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En el entendido de que, en el caso, no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto. Al respecto, es pertinente abundar que si bien entre las excepciones al principio de definitividad que enuncia el inciso b), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se hace alusión a los autos que impongan medidas cautelares, tal referencia atañe únicamente a las que son restrictivas de libertad. Esto es, tratándose de medidas cautelares únicamente opera la exención de agotar el recurso ordinario procedente cuando aquéllas sean restrictivas de su libertad. En la especie, las medidas cautelares cuya imposición combate el peticionario no son restrictivas de su libertad. Máxime que, no se aprecia que el juez responsable haya formulado al quejoso apercibimiento alguno en el sentido de restringir su libertad personal. Lo que no implica que el incumplimiento de dichas medidas se traduzca en una inminente afectación a la libertad personal del inconforme, pues del artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado por la responsable se deduce que en dicho supuesto el Ministerio Público podrá solicitar la revisión de la medida cautelar, la que de conformidad con la interpretación armónica de los artículos 161 y 163, de dicho ordenamiento, puede culminar con la confirmación, modificación, revocación o incluso la sustitución de la medida, pero no necesariamente en la emisión de una diversa medida que restrinja su libertad deambulatoria, o bien, con un mandato de comparecencia o de captura. Sin que quepa efectuar una interpretación extensiva del inciso b), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, para incorporar como supuesto de excepción al principio de definitividad a las medidas cautelares que no son restrictivas de libertad, bajo el argumento de que su incumplimiento, en último término, podría dar lugar a la imposición de una medida que sí conlleve la restricción de su libertad, como sería la prisión preventiva. Ello, por lo siguiente: La claridad de la estructura lingüística del enunciado normativo revela la existencia de disposición expresa y clara en el sentido de que sólo en relación con los autos que imponen medidas cautelares restrictivas de libertad no es necesario agotar el recurso ordinario procedente; Acorde al postulado del legislador racional, de haber tenido éste la intención de que dicha excepción cobrara aplicación respecto de todas las medidas cautelares impuestas en el procedimiento penal las habría enunciado en lo general, y no se habría referido expresamente a las "restrictivas de libertad"; Asumir la postura de que la aludida excepción cobra aplicación respecto de todas las medidas cautelares que se impongan en el procedimiento penal, por considerar que su incumplimiento a la postre podría culminar con la restricción de su libertad, equivaldría a desvirtuar la efectividad de la precisión efectuada por el creador de la norma en torno a que aquélla solo opera respecto de las "restrictivas de la libertad", desconociendo así uno de los atributos del legislador racional: que no hace nada inútil. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Jesús Marcos Castellanos Alcalá y, únicamente para imponerse de autos a la restante persona que menciona, toda vez que no se localizó su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."

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