Carina Martinez Martinez

Expediente 763/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
763/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Carina Martinez Martinez
  • CARINA MARTINEZ MARTINEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 763/2022 promovido por CARINA MARTINEZ MARTINEZ por propio derecho y en representación del infante F.J.M.M., contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido por razón de turno en este Juzgado en la misma fecha, la citada quejosa, por propio derecho, en su calidad de parte actora en el expediente familiar y en representación de su menor hijo F.J.M.M., demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad referida de quien reclamó: "IV.- ACTO RECLAMADO. El auto de tres de junio de dos mil veintidós, emitido [.] en el expediente familiar 35/2022 [.]." Actos que la quejosa señaló como violatorio, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en la demanda de amparo expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de uno de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se designó como parte tercera interesada a Fernando Javier Martínez Gaspar, a quien se le tuvo por apersonado en auto de trece de julio del año en curso, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza civil, seguido ante un juzgado del orden común con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama el auto de tres de junio de dos mil veintidós, emitido por la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dentro del juicio familiar 35/2022, mediante el cual fijó como pensión alimenticia provisional medio día de salario mínimo diario vigente que debería de pagar Fernando Javier Martínez Gaspar. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable no manifestó si es cierto o no el acto reclamado, sin embargo, reconoció la existencia del juicio familiar 35/2022, relativo al juicio de divorcio incausado promovido por Carina Martínez Martínez en contra de Fernando Javier Martínez Gaspar, y durante la secuela procesal el tres de junio de dos mil veintidós, fijó una pensión alimenticia provisional a favor del infante F.J.M.M., a razón de medio de salario mínimo diario; por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. Por escrito de quince de marzo de dos mil veintidós, Carina Martínez Martínez promovió demanda de divorcio incausado en contra de Fernando Javier Martínez Gaspar. 2. En proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, admitió dicha demanda y tuvo a Carina Martínez Martínez promovió demanda de divorcio incausado en contra de Fernando Javier Martínez Gaspar, formando el juicio familiar 35/2022, asimismo señaló las diez horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia preliminar. 3. En auto de tres de junio de dos mil veintidós, la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, tuvo por recibido el escrito de Fernando Javier Martínez Gaspar, en contestación de la demanda entablada en su contra por Carina Martínez Martínez, a la vez tuvo por recibido un certificado de depósito por la cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos pesos moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo F.J.M.M. Asimismo, a petición de la actora Carina Martínez Martínez, la Juez responsable fijó a Fernando Javier Martínez Gaspar, por concepto de pensión alimenticia medio día de salario mínimo diario vigente en la región, equivalente a $1,296.45 (un mil doscientos noventa y seis pesos con cuarenta y cinco centavos moneda nacional), de forma quincenal, en una cuenta bancaria a nombre de Carina Martínez Martínez representación del menor F.J.M.M. Esta resolución es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone como único concepto de violación siguiente: 1. Que la autoridad responsable no vela por el interés superior del menor y no tomó todas las medidas apropiadas para el pago de sus alimentos, por lo tanto debió fijar una pensión alimenticia de forma proporcional, a la vez que la Juez no tomó en cuenta que no existe constancias que determinen que los ingresos de deudor alimentario son escasos, es por ello que la responsable debió fijar la pensión alimenticia provisional en un salario mínimo diario y no en medio salario mínimo diario. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El único concepto de violación de la parte quejosa es INFUNDADO, porque contrariamente a lo manifestado el acto reclamado está debidamente fundado y motivado. El acto reclamado deriva del expediente 35/2022 del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, relativo al divorcio incausado promovido por Carina Martínez Martínez en contra de Fernando Javier Martínez Gaspar, en donde la accionante solicitó a la titular de ese juzgado, fijara una pensión alimenticia provisional a favor de su hijo F.J.M.M. Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4º, establece diversos derechos a favor de los niños; entre ellos, el deber de los padres para preservar el derecho de aquéllos a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental, que los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar esos derechos y el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, otorgando facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. En tales condiciones, en el caso en estudio deberá darse un valor preponderante a los derechos del menor F.J.M.M., como el de recibir alimentos, pues la obligación de otorgarlos es de orden público y e interés social. Resulta aplicable la tesis CXXXVI/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 788 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I., Materia Civil, Décima Época, con número de registro digital 2006163, del rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia." En las condiciones apuntadas, se concluye que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al interés superior del niño, conforme lo dispone la Constitución Federal. Ahora, los artículos 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles, y 284 bis fracción IV del Código Civil, ambos del Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. [.]." "Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, personas adultas mayores, personas con discapacidad, alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el Juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. En los procesos familiares donde participen niñas, niños y adolescentes la autoridad judicial deberá prohibir a las personas que presencien las audiencias que difundan los datos personales, audios, videos o imágenes referidas a los mismos. En caso de que las personas incumplan con lo antes señalado, se aplicarán las sanciones de conformidad con la normatividad aplicable." "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente. [.]." "Artículo 284 Bis.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes, conforme a las disposiciones siguientes: [.] IV. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el cónyuge obligado al cónyuge acreedor y a los hijos. [.]." De la transcripción anterior, se advierte que en toda controversia del orden familiar en la que se vean involucrados menores, las partes pueden solicitar la aplicación de medidas precautorias necesarias, como los alimentos que debe dar el cónyuge acreedor a los hijos, y que el Juez Familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten la familia, por lo que oirá lo solicitud y tomará las medidas necesarias para garantizarlos. De lo anterior también se desprende que la pensión alimenticia es provisional y definitiva. La primera, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; esto es, con las pruebas que aporte la parte demandante. La segunda, se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba que aporten las partes en el juicio, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. En ese contexto, el auto de tres de junio de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado, en lo que interesa, dice: "Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 3 de junio de 2022. [.] A por último, se agrega un escrito de la actora Carina Martínez Martínez, recibido el diecisiete de mayo del año en curso, en atención a su contenido, y no obstante que en su escrito de demanda no solicita medidas provisionales, al intervenir un menor de edad en el presente juicio, se provee al respecto: De los atestados del Registro Civil exhibidos en autos, se advierte, el ahora demandando Fernando Javier Martínez Gaspar, tiene la obligación jurídica de proporcionar alimentos a su descendiente F. J. M. N., quien cuenta con la edad de siete años, mismo que por sus propias características no se encuentra en posibilidades de proporcionarse sus propios alimentos, y adicionalmente a la comida, vestido y habitación, así como de atención médica que le garantice su salud física y emocional; además, es evidente que por la tierna edad con la que cuenta, dicho infante, requiere de insumos básicos para su vivido cuidado y sano desarrollo integral. Luego, de los hechos vertidos en la demanda, la actora refiere que el demandado ejerce el oficio de albañil. De donde surge la presunción que el enjuiciado es una persona apta para desempeñar un trabajo u oficio desde la edad que tiene. Máxime que en autos hasta este momento no existe constancia alguna con la que se presuma que el deudor alimentario tenga una imposibilidad física o mental que le impida desempeñar un oficio o trabajo, pues no pasa desapercibido que con fecha veintitrés de mayo del año en curso, exhibió un certificado de depósito por concepto de alimentos a favor de su hijo, sobre todo, porque la capacidad económica no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida a la actitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza, como lo refiere la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1674, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, mayo de 2006, Materia Civil, Novena Época, de rubro y texto: "ALIMENTOS. LA CAPACIDAD DE DEUDOR PARA SUMINISTRARLO NO TIENE UNA CONNOTACIÓN ESTRICTAMENTE ECONÓMICA". [.] En este sentido, tomando en consideración que esta autoridad puede actuar de oficio cuando se involucran intereses de menores y de alimentos, fijando una pensión provisional sin audiencia del deudor; al constituir los alimentos una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es el asegurar la subsistencia de quien los de los demanda mientras se dicta sentencia definitiva, atendiendo el alza inmoderada de los productos de primera necesidad para subsistir, hecho notorio que no necesita ser probado, como lo establece el artículo 284, del código procesal citado: con fundamento en los artículos 148,149, 150, 155 y 156 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, en relación con los artículos 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y con apoyo en los artículos 4 y 10 de la convención interamericana sobre el servicio de alimento obligaciones alimentarias, al ser UN acreedor alimentista, se fija por concepto de PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL MEDIODÍA DE SALARIO MÍNIMO DIARIO vigente en la región. Por tanto, y de acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de salarios mínimos, en el sentido de que el salario mínimo en esta zona equivale a ciento setenta y dos pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional, y la mitad de este asciende a ochenta y seis pesos con cuarenta y tres centavos, mismo que multiplicado por quince nos resulta la cantidad de UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS. De ahí que, el demandado deberá depositar dicha cantidad EN FORMA QUINCENAL dentro de los primeros tres días de cada quincena, a la cuenta bancaria número 4152 3137 6780 5208 de la institución BBVA a nombre de Carina Martínez Martínez en representación de su menor hijo F. J. M. M. Además que dicha cantidad ira aumentando anualmente, conforme el incremento que sufre el salario mínimo año con año. Medida que estará vigente hasta tanto se resuelve el presente juicio. Al respecto es aplicable la tesis aislada, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 305, del Semanario Judicial de la Federación, XIII, marzo de 1994, materia civil octava época, de rubro y texto: "ALIMENTOS. FIJAR SU MONTO EN UN DÍA DE SALARIO MINIMO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL PAGO DE. [.] Por lo anterior, requiérase al demandado Fernando Javier Martínez Gaspar, para que exhiba dicha cantidad en la forma antes citada, apercibiéndole que de no hacerlo durante la secuela del presente juicio así como la renuencia de éste, con fundamento en el artículo 177 y 413 del Código Penal en el Estado, se dará vista al Ministerio Público de la adscripción desobedecer un mandato legítimo de autoridad y porque su conducta, soslaya la obligación de proveer alimentos a su acreedor alimentista F.J. M. M." Como puede apreciarse, la Juez responsable estableció de manera provisional que Fernando Javier Martínez Gaspar, deberá pagar alimentos a favor de su hijo F.J.M.M., por el importe de medio día de salario mínimo diario vigente en la región y para determinarla tomó en consideración el acta de nacimiento del menor F.J.M.M., en la que consta que tiene siete años de edad, además la ocupación de su progenitor es la de albañil, misma que le fue proporcionada en la demanda promovida por Carina Martínez Martínez. Por lo tanto, para fijar la pensión provisional, la juez responsable no está obligada a recabar pruebas de manera oficiosa para asegurarse fehacientemente de los ingresos del deudor; pues de conformidad con el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, y en atención a la urgencia, para determinar los alimentos que debe proporcionar de manera provisional el deudor alimentario, únicamente se tendrá en cuenta la información proporcionada hasta el momento de la presentación de la demanda, esto es, con las pruebas que aporte el acreedor alimentario, sin audiencia del deudor; por lo tanto, se estima correcta la determinación reclamada. Pues esa consideración, que obliga al quejoso a pagar una pensión alimenticia de manera provisional de medio día de salario mínimo diario a favor del citado menor, en ningún modo viola sus derechos humanos previstos en la Constitución ni el interés superior del menor, al no haber constancia o prueba alguna que constate los ingresos reales del obligado alimentista. Máxime que los alimentos si bien han de ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, y para que esta medida resulte justa y equitativa, en los casos donde en el sumario no exista medio de convicción alguno que evidencie a cuánto ascienden los ingresos del obligado a proporcionar alimentos, la autoridad responsable, actuando dentro de los límites de la lógica y la razón, debe fijar discrecionalmente el monto de la pensión, en las condiciones mínimas para sufragar los gastos elementales que comprende el concepto de alimentos y sin que exista dato de que con esa decisión se comprometa la subsistencia del deudor alimentario, como lo indica el artículo 323 del Código Civil del Estado de Oaxaca, que señala que para fijar una pensión alimenticia justa y equitativa, deben tomarse en cuenta no solo las posibilidades económicas con que cuenta el deudor alimentario, sino también las necesidades del acreedor, sin comprometer, la subsistencia del deudor alimentario. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia 1ª./J. 44/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que inclusive cita el quejoso en su demanda de amparo; criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página once del tomo XIV, agosto de dos mil uno, Novena Época, materia civil, registro 189214, que se transcribe. "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social". Además porque, los alimentos provisionales se fijan en atención a la urgencia de garantizar la subsistencia del menor durante la tramitación del juicio, dotándolo de los satisfactores impostergables que requiere a diario para cubrir sus necesidades alimentarias, esto es, lo sumarísimo de la medida cautelar justifica la imposibilidad de hacerse llegar de material probatorio; sin embargo, al no constituir cosa juzgada lo resuelto respecto a los alimentos, la ahora quejosa puede plantear su aumento y necesidad, así como demostrarlo durante la tramitación del juicio. Igualmente, dicho monto podrá variar y será motivo de discusión en la audiencia preliminar señalada para las diez horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, en donde las partes podrán ofrecer las pruebas necesarias, según lo dispuesto por los artículos 664 undecies y 664 terdecies del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, dichos numerales disponen: "Artículo 664 Undecies.- En la audiencia preliminar el juzgador tratará de conciliar a las partes, para continuar con el matrimonio, no habiéndose obtenido la conciliación, se continuará la misma; y el juzgador las escuchará sobre la propuesta del convenio, en la que se podrán modificar o adicionar las cláusulas del mismo a petición de los interesados. El juzgador tendrá la obligación de explicar los alcances jurídicos del convenio y de la demanda de divorcio; los beneficios de terminar amistosamente el trámite de divorcio y las consecuencias jurídicas y sociales tanto para ellos como para los menores de edad implicados en el procedimiento. [.]." "Artículo 664 Terdecies.- En caso de que en la audiencia preliminar, el juzgador, el Ministerio Público, o alguna de las partes se opongan a la aprobación del convenio, se deberá decretar el divorcio y se ordenará entrar a la calificación y desahogo de las pruebas que se hayan ofrecido, sin más limitación que no sean contrarias a la moral o estén prohibidas por la ley. [.]." Por las anteriores consideraciones, se reitera, es infundado el único concepto de violación que expuso la quejosa. En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 4, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a CARINA MARTINEZ MARTINEZ por propio derecho y en representación del infante F.J.M.M., contra actos de la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a CARINA MARTINEZ MARTINEZ por propio derecho y en representación del infante F.J.M.M., contra actos de la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro de Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante DEMNIS MERLIN ROBLES, Secretario que autoriza y da fe, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.

  3. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, firmado por Fernando Javier Martínez Gaspar; en atención a su contenido, se tiene por apersonado en su carácter de tercero interesado. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos realiza, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte tercera interesada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y conforme a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tienen únicamente por autorizados sin las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marcelo Iván Pablo López y Andrés Sánchez Moreno, dado que sus cédulas no están registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando los números de teléfono y correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. En otro apartado, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe de cuenta, rendido por la Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; lo anterior, toda vez que en proveído de once de julio del año en curso se acordó lo conducente, al haberse recibido el comunicado de cuenta, vía correo electrónico. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA VII "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que surta sus efectos legales correspondientes. Dese vista a las partes por el término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental exhibida por la mencionada responsable, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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