Candelario García Urbina
Expediente 300/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Candelario García Urbina
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente... representante legal de la Persona Moral denominada... interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo; este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo..."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por Candelario García Urbina, representante legal de la Persona Moral denominada Sindicato de Trabajadores "Eduardo Núñez Marín", personalidad que acredita con copia certificada de la escritura pública número treinta y un mil novecientos ochenta y nueve, de dos de septiembre de dos mil veinte, otorgada bajo la fe del Notario Público Número Uno, en esta ciudad, contra actos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Poza Rica, Veracruz y otras autoridades, por violación al derecho fundamental previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 300/2023-V-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, de la lectura de la demanda, se precisa como acto reclamado: La omisión por parte de la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Poza Rica, Veracruz y otras autoridades, en dar contestación a la petición formulada por el impetrante del amparo mediante el escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintitrés. Lo anterior, en razón de que, como consecuencia de la falta de contestación, hace derivar el incumplimiento por parte de la autoridad responsable, a lo establecido por el artículo 8 Constitucional; circunstancia que evidencia que el quejoso combate actos vinculados con el derecho de petición. De ahí resulta necesario traer a contexto el artículo 8° constitucional que establece: ".Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del precepto constitucional transcrito se desprende, por una parte, el derecho que tiene cualquier gobernado a presentar una petición de manera respetuosa y pacífica ante una autoridad; y, por la otra, que a toda petición deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Así las cosas, es conveniente precisar que el ejercicio del derecho de petición tiene la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta; por tanto, los elementos que deben contener una y otra, son los que a continuación se enuncian: La petición: Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; y, El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. La respuesta: La autoridad debe emitir un acuerdo; La autoridad debe dar a conocer al gobernado la respuesta en "breve término", entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición; Tendrá que ser congruente con la petición; La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado, en el domicilio que señaló para tales efectos; No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. De lo anterior, se obtiene que la autoridad ante la cual se presente la petición debe dar a conocer al gobernado la respuesta en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla en forma congruente con lo solicitado. De la literalidad de dicho artículo, se advierte que la Constitución Política del Estado de Veracruz, por una parte, establece el derecho de los gobernados a formular las peticiones que consideren ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, y por otra, la obligación de las autoridades a dar respuesta escrita, fundada y motivada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles. De lo anterior se desprende que, para que resulte ilegal la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, de dar contestación al escrito presentado por la impetrante, la dilación respectiva debe ser superior a cuarenta y cinco días, pues en caso contrario no existiría transgresión a los plazos previstos en las leyes que regulan su actuar. En ese orden de ideas, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el quejoso, al cual se le confiere valor probatorio pleno por tratarse de una confesión expresa y espontánea, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el escrito cuya falta de contestación se reclama fue presentado ante la autoridad responsable el cinco de abril de dos mil veintitrés; por tanto, el plazo de cuarenta y cinco días con que cuenta la autoridad responsable para emitir y notificar la contestación relativa aún no han transcurrido. Luego, si la demanda fue presentada el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, según se advierte del sello de recepción, se advierte que para esa fecha aún no había fenecido el plazo de cuarenta y cinco días con que contaba la autoridad responsable para dictar y notificar el acuerdo que debe recaer a la petición del inconforme. En mérito de lo anterior, se concluye que el presente juicio de amparo resulta improcedente, ya que la supuesta omisión atribuida a la autoridad responsable ni siquiera se ha materializado, dado que se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y cinco días con que cuenta la autoridad para dar respuesta a la petición formulada. De ahí que el acto reclamado por el quejoso, hasta este momento no le causa perjuicio, pues no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que el término de cuarenta y cinco días hábiles aún no transcurre, de conformidad con el artículo 8 Constitucional en relación con el artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Veracruz. En consecuencia, por las razones expuestas con antelación, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 7° de la Constitución local; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo.."
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