Candelaria Velazquez Juanes
Expediente 990/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Candelaria Velazquez Juanes
Actuaciones
- Principal
El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, Juan García Trejo, secretario de juzgado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del trece de marzo al doce de agosto; para la parte tercero interesada del tres al catorce de agosto y; para la agente del Ministerio Público Federal adscrita y la autoridad responsable del doce de marzo al once de agosto, todos del dos mil veinte; sin que hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida dentro del presente juicio de derechos; dada la suspensión de plazos y términos en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo del año en curso ante la contingencia por el virus Covid-19, y toda vez que mediante Acuerdo General 21/2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio pasado, el referido Pleno decretó la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, a partir del tres de agosto del año próximo pasado. Que no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y toda vez que de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo del referido Acuerdo Notifíquese.
- Principal
CUENTA. El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Candelaria Velázquez Juanes, registrada con el folio 18676, con cuatro copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado José Carlos Adabache López (2510902) tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Candelaria Velázquez Juanes, contra actos de la Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 990/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y [.]" Del precepto transcrito se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, que exista alguna irregularidad en la demanda, o bien, no exista precisión en los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." De la demanda de amparo se desprende que la quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora el auto y oficio de fecha 27 de noviembre de 2019 mediante el cual ordena girar y se gira oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba cheque a nombre de la suscrita mediante el cual se me paguen las cantidades líquidas a que fue condenado el Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, conforme al artículo 285 de la Ley de Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, ello dentro del juicio laboral ordinario número 117/2014, y de la responsable ejecutora, reclamo la omisión y/o abstención de dar cumplimiento a dicho auto y oficio ambos de noviembre de 2019, esto es, cubrir el pago de las prestaciones obtenidas en dicho auto." Asimismo, en el capítulo correspondiente a los conceptos de violación la quejosa alude la omisión por parte del Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado en dar cumplimiento al oficio emitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con la finalidad de dar cumplimiento al laudo dictado dentro del expediente laboral 117/2014, de ahí, que existe incertidumbre respecto al acto que en esta instancia constitucional reclama la citada quejosa al Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere a la promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Precise el acto que reclama a la autoridad que señala como responsable Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y la fecha en que tuvo conocimiento del mismo; asimismo, deberá exponer los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá únicamente como autoridad responsable al Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado y como acto reclamado la omisión de dar cumplimiento al oficio de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia al licenciado José Carlos Adabache López, quien tiene registrada su cédula profesional números 2510902, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Uno número doscientos veintitrés (223) altos, Fraccionamiento Boulevares de esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA E DE AMPARO. CUENTA. El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Candelaria Velázquez Juanes, registrada con el folio 18676, con cuatro copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado José Carlos Adabache López (2510902) tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Candelaria Velázquez Juanes, contra actos de la Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 990/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y [.]" Del precepto transcrito se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, que exista alguna irregularidad en la demanda, o bien, no exista precisión en los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." De la demanda de amparo se desprende que la quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora el auto y oficio de fecha 27 de noviembre de 2019 mediante el cual ordena girar y se gira oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba cheque a nombre de la suscrita mediante el cual se me paguen las cantidades líquidas a que fue condenado el Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, conforme al artículo 285 de la Ley de Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, ello dentro del juicio laboral ordinario número 117/2014, y de la responsable ejecutora, reclamo la omisión y/o abstención de dar cumplimiento a dicho auto y oficio ambos de noviembre de 2019, esto es, cubrir el pago de las prestaciones obtenidas en dicho auto." Asimismo, en el capítulo correspondiente a los conceptos de violación la quejosa alude la omisión por parte del Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado en dar cumplimiento al oficio emitido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con la finalidad de dar cumplimiento al laudo dictado dentro del expediente laboral 117/2014, de ahí, que existe incertidumbre respecto al acto que en esta instancia constitucional reclama la citada quejosa al Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere a la promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Precise el acto que reclama a la autoridad que señala como responsable Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y la fecha en que tuvo conocimiento del mismo; asimismo, deberá exponer los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá únicamente como autoridad responsable al Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado y como acto reclamado la omisión de dar cumplimiento al oficio de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia al licenciado José Carlos Adabache López, quien tiene registrada su cédula profesional números 2510902, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Uno número doscientos veintitrés (223) altos, Fraccionamiento Boulevares de esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
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