Candelaria Velazquez Juanes

Expediente 1349/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1349/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
11/11/2015

Partes del expediente

  • Candelaria Velazquez Juanes
  • Mónica Martínez Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En once de noviembre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintisiete de octubre al diez de noviembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintidós de octubre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 1349/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de noviembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintidós de octubre del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y TERCERO INTERESADA; ASÍ COMO POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy

  2. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1349/2015, estando en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas (a través de su magistrada presidenta) en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor; y por legalmente emplazado al tercero interesado Ayuntamiento Municipal de Río Grande, Zacatecas. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas se da cuenta con la documental que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales ya relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual, se hace constar que ninguna de las partes los formuló. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1349/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de amparo. En escrito presentado el doce de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, CANDELARIA VELÁZQUEZ JUANES, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que se precisa enseguida: Autoridad responsable: Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. "IV.- ACTO RECLAMADO, Reclamo de la autoridad señala como responsable ordenadora la omisión del dictado del auto de admisión de pruebas, dentro de los autos del expediente laboral burocrático número 117/2014." Preceptos constitucionales que se consideran violados. La quejosa señaló como garantías vulneradas las que tutelan los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 1349/2015; y en proveído de trece de agosto de dos mil quince se ordenó se admisión; dar la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y fijar día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente Acta que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Inexistencia del acto reclamado. Previamente conviene acotar que conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia constitucional, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, por último, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la Ley de la Materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos. Tiene aplicación al respecto Jurisprudencia de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, se tiene que en el presente asunto si bien la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, aduciendo que cuando se presentó la demanda de amparo aún no se había emitido el auto de admisión de pruebas dentro del expediente laboral 117/2014; sin embargo, dicha afirmación debe considerarse desvirtuada, en razón de que la citada responsable con su comunicado de ley remitió copia fotostática certificada del auto dictado en ese sumario el cuatro de agosto de dos mil quince, por los integrantes del Tribunal de Conciliación de Arbitraje del Estado de Zacatecas, del que se advierte que se pronunciaron respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, cuya omisión precisamente es la que reclamó la quejosa; luego, si dicha determinación se emitió antes de la presentación de la demanda de garantías, que lo fue el día doce del mes y año citados, entonces inconcuso resulta que cuando ésto ocurrió no existía el apuntado acto de omisión reclamado. En las relatadas condiciones, debe concluirse que en el caso concreto no se demostró la existencia del acto reclamado; sin que la parte quejosa aportara pruebas encaminadas a demostrar lo contrario; en consecuencia, procede sobreseer en este juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1349/2015, promovido por CANDELARIA VELÁZQUEZ JUANES, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos asentados en el considerando II de esta sentencia. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. L/F/R. J/J/M/T.

  3. Principal

    En once de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad (a través de su Magistrada Presidenta); luego, a fin de no dejarlas en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABALE, Y TERCERO INTERESADA; ASÍ COMO POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de agosto de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS (POR CONDUCTO DE SU MAGISTRADA PRESIDENTA); con su contenido y con los anexos que adjunta, dese vista a las partes para que se impongan del contenido de dicho informe y manifiesten lo que a su interés convenga hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, téngase como pruebas de dicha autoridad las documentales que anexa a su ocurso, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.Luis.

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