Camilo Sandoval Jaime
Expediente 1304/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1304/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Camilo Sandoval Jaime
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
mbre de dos mil veintidós 9117 dos de mayo de dos mil veint El veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta con una promoción con folio 3373. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito suscrito por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de documentos, dígasele que se esté a lo acordado en auto de nueve de febrero del presente años, en el cual se ordenó dicha devolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Yas En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El nueve de febrero de dos mil veintitrés, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que si existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del diecinueve al treinta de diciembre de dos mil veintidós sin que hubieren interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veintidós. si se tramitó incidente de suspensión, en el que se concede la suspensión definitiva. Si existen pruebas por devolver a Juez Cuarto del Ramo Familiar de la Capital. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de cuatro de noviembre de dos mil veintidós; en razón de que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Por otro lado, toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se ponen a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que los recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, los mismos serán destruidos. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Cuarto del Ramo Familiar de la Capital el tomo de prueba que en su momento adjunto en apoyó a su informe justificado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Yas En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diez de febrero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795 26348, 26349, 26350, 26351, 26352 y 26353 26361 El nueve de febrero de dos mil veintitrés, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que si existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del diecinueve al treinta de diciembre de dos mil veintidós sin que hubieren interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veintidós. si se tramitó incidente de suspensión, en el que se concede la suspensión definitiva. Si existen pruebas por devolver a Juez Cuarto del Ramo Familiar de la Capital. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de cuatro de noviembre de dos mil veintidós; en razón de que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Por otro lado, toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se ponen a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que los recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, los mismos serán destruidos. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Cuarto del Ramo Familiar de la Capital el tomo de prueba que en su momento adjunto en apoyó a su informe justificado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Yas En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diez de febrero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795 26348, 26349, 26350, 26351, 26352 y 26353 26361
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con cincuenta minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1304/2022, estando en audiencia pública Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo y a las demás constancias de autos. A lo anterior, el Juez provee: téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que fueron presentadas por las autoridades responsables al rendir el informe respectivo, y por la parte quejosa con la demanda de amparo. A lo que el Juez provee: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tuvieron por ofrecidas las pruebas de cuenta mismas que se serán valoradas en el momento de resolver. En el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los hizo valer. A lo que el Juez dispone: téngase por perdido el derecho de las partes para formularlos. Consecuentemente, sin diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del mencionado numeral 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1304/2022, promovido por Camilo Sandoval Jaime; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. En escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Camilo Sandoval Jaime, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que más adelante se precisan. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, dicha demanda fue del conocimiento de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se registró con el número 1304/2022 y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal federal, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se lleva a cabo al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al reclamarse un acto emitido por una autoridad residente dentro de la jurisdiccional territorial de este juzgado de distrito . SEGUNDO. Precisión de los actos. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados al Juez Cuarto del Ramo Familiar y otras autoridad, que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de derechos fundamentales, consiste en: El auto de once de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio de divorcio incausado 243/2022, que ordena la práctica del inventario de los inmuebles y aseguramiento del inmobiliario y equipo de los bienes ubicado en la escuela de artes marciales Tigre Negro ubicado en avenida sierra madre 605- zona A cuarta Sección Colinas de Padre, Zacatecas, Zacatecas. Sin que haya lugar tener como actos reclamados la falta de fundamentación y motivación que señala el quejoso, en tanto que en dichos argumentos constituyen conceptos de violación que en su caso serán analizados de resultar procedente el juicio de amparo. TERCERO. Existencia del acto. El Juez Cuarto del Ramo Familiar y jefe de la central de actuarios de los juzgados civiles, familiares y mercantiles del distrito judicial de la capital, rindieron informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con las constancias del dentro del juicio de Divorcio Incausado 243/2022, que remitió la responsable con el informe justificado y a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación aducidos por la demandante del amparo, este juzgador federal se encuentra obligado a verificar la procedencia del juicio constitucional en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, lo aleguen o no las partes, ya que su estudio es preferente y oficioso. Como se dijo, la parte quejosa acude al juicio constitucional a reclamar la expedición del auto del día once (11) de agosto del año dos mil veintidós (2022), que ordena la práctica del inventario de los inmuebles y aseguramiento del inmobiliario y equipo de los bienes ubicado en la escuela de artes marciales Tigre Negro ubicado en avenida sierra madre 605- zona A cuarta Sección Colinas de Padre, Zacatecas, Zacatecas. Así, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" La hipótesis antes citada debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De los artículos transcritos se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta la que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a virtud del acto de autoridad que se reclama, circunstancia que a su vez habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Las figuras de interés jurídico o legítimo están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, en el caso del interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos, en tanto que en el legítimo aquellos de grupo o individuales indirectos. Sobre el tema, nuestro Alto Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", estableció que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. La propia Segunda Sala del máximo Tribunal del país, en la tesis de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", ha determinado que para acreditar el interés jurídico debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio personal y directo correspondiente. En relación con el interés legítimo, el referido órgano colegiado estableció que su demostración requiere la comprobación de los aspectos siguientes: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Bajo ese contexto, corresponde al juzgador de amparo determinar en función del caso concreto, si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizarse el interés jurídico o el legítimo, para lo cual resulta útil atender a la condición legal del sujeto frente al acto reclamado, en conjunción con las pruebas y la naturaleza jurídica tanto del acto como de la autoridad responsable. Así también lo apoya el criterio de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio." En ese sentido, de la precisión del acto reclamado que se realizó en el considerando segundo de esta sentencia, este juzgador federal concluye que el análisis respectivo habrá de versar en torno a un interés jurídico que la quejosa aduce. Lo anterior, porque la parte quejosa se ostenta poseedora del bien mueble a que alude en su libelo inicial y cuyo derecho reclama que no se le moleste por resultar ajeno al juicio en el que se ordenó el inventario de los inmuebles y aseguramiento del inmobiliario y equipo de los bienes ubicado en la escuela de artes marciales Tigre Negro ubicado en avenida sierra madre 605- zona A cuarta Sección Colinas de Padre, Zacatecas, Zacatecas. Así, dada la naturaleza del acto reclamado, resulta indispensable que acredite fehacientemente el interés jurídico relacionado con la titularidad de la posesión a que alude a fin que se le protejan sus derechos humanos contenidos en los numerales 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ese es el supuesto básico en que descansa su reclamación. Sentado lo anterior, como se precisó, la acción constitucional tiene como presupuesto la comprobación plena del derecho de posesión que dice la parte quejosa le asiste, de ahí que se deba determinar si lo acreditó o no, pues de lo contrario, la consecuencia necesaria es establecer que carece de interés jurídico para acudir en demanda de amparo a proteger el bien del que se ostenta poseedor. Ahora, de las constancias del juicio de divorcio incausado 243/2022, relativas al acto reclamado y valoradas en párrafos precedentes, se obtiene que: Mediante acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós (fojas 74) del cuaderno de pruebas), se determinó "(.) se decreta como medida provisional : La práctica del inventario y aseguramiento del mobiliario y equipo de los bienes ubicado en la Escuela de artes Marciales Tigre negro, la cual se encuentra ubicada en Avenida Sierra Madre número 605, zona A Cuarta Sección, colonia del Padre, Zacatecas. Para justificar el interés jurídico, en relación con el bien donde se ordena el inventario y aseguramiento de bienes, la quejosa acompañó contrato de arrendamiento celebrado entre con María de Lourdes Martínez Pérez, respecto del bien ubicado en Avenida Sierra Madre 314, del Fraccionamiento Colinas del Padre tercera sección del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, celebrado a partir del veintiocho de abril de dos mil ocho. Sin embargo, dicho documento es insuficiente para acreditar el interés jurídico de la quejosa, en principio porque es relativo a un bien distinto del que se ordenó el acto reclamado a saber el ubicado en avenida sierra madre 605, zona A cuarta sección, Colinas de padre, zacatecas, zacatecas, y no sobre el que el quejoso señala celebro contrato de arrendamiento con María de Lourdes Martínez Pérez. Además el citado contrasto carece de fecha cierta y por lo mismo de valor probatorio. En efecto, cuando se habla de un contrato traslativo de dominio, como es el contrato de arrendamiento, para tener eficacia probatoria requiere ser de fecha cierta, lo cual ocurren bajo tres hipótesis distintas: (i) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; (ii) A partir de que son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación; o, (iii) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. En consecuencia, ante la falta de dichos requisitos, esos documentos sin insuficientes para tener por acreditado el interés jurídico del quejoso, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Es cierto que los artículos 1,756 a 1,771 del Código Civil del estado de Zacatecas, no disponen expresamente que para perfeccionar un contrato de arrendamiento, y por ende, adquiera fecha cierta, se deban colmar los requisitos descritos con anterioridad; la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes y no contra terceros, como es el caso; de ahí que se insiste, al carecer de fecha cierta el documento privado exhibido por la quejosa, este resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico dentro del presente juicio de amparo. Resulta aplicable y de observancia obligatoria, la jurisprudencia que señala: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Lo anterior, con independencia de que las diversas pruebas documentales allegadas por el quejoso con la demanda de amparo, tampoco arrogaron dato alguno a justificar la posesión del bien en el que se ordenó el inventario y aseguramiento de los bienes en el juicio de origen, ello porque de los contenido de los mismos solo se justifica la profesión de este que refiere tener en las artes marciales y no en la posesión del bien ubicado en Avenida Sierra Madre 605 Zona A Cuarta Sección Colinas de Padre, Zacatecas. De ahí que las pruebas ofrecidas y desahogas por la parte quejosa en la audiencia constitución resulta insuficientes para acreditar el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Como consecuencia, y toda vez que la quejosa Camilo Sandoval Jaime no acreditó su interés jurídico dentro del presente juicio de amparo para defender la posesión del bien que descrito en su demanda de amparo, lo que corresponde es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, relacionado con el 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia de tenor: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Actualizada la causal de improcedencia que conllevó al sobreseimiento de este juicio, este juzgador se encuentra impedido en analizar la constitucionalidad del acto reclamado, acorde a lo establecido en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Camilo Sandoval Jaime, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el correlativo último de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe. Yas En Zacatecas, Zacatecas a catorce de diciembre de dos mil veintidós, José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del quince de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe. 1939
- Incidental
El veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada bajo el folio 20416. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la promoción de cuenta que remite el autorizado de la parte quejosa y en atención a su contenido dígasele que deberá de estarse a lo acordado mediante auto de nueve de noviembre del año en curso, por el cual se deja a disposición de la parte quejosa el billete de depósito que solicita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. REBB* En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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