Calixto García Cardona
Expediente 122/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Calixto García Cardona
Actuaciones
- Principal
La licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas hace constar y certifica que: Que el término de cinco días que le fue concedido al promovente Calixto García Cardona, para que aclarara su demanda de amparo, transcurrió del veinte al veinticuatro de febrero de la presente anualidad. En veintiuno de febrero del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolina y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Acuerdo que entró en vigor en esta fecha, conforme a su artículo primero transitorio. El acto reclamado en el presente juicio se traduce en el oficio 349-B-528 de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que se establecen los valores estimados de margen comercial para cada combustible, los montos considerados para la definición de precios máximos de venta al público en cada una de las regiones de conformidad con lo establecido por la Comisión Reguladora de Energía, en el acuerdo A/59/20016, publicado en el Diario Oficial de la Federación, mismo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Doy fe. CUENTA. El uno de marzo de dos mil dieciséis, la secretaria da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por acuerdo de quince de febrero de dos mil diecisiete, se requirió al promovente para que dentro del término de cinco días manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se dio a conocer el acuerdo 98/2016 emitido por la Comisión Reguladora de Energía en el cual se establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, así como las regiones en que se aplicarán precios máximos, bajo apercibimiento de que de no hacerlo se proveería lo conducente respecto a la admisión de la demanda únicamente por cuanto se refiere al diverso acto reclamado traducido en el oficio 349-B-528 de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se determina el nuevo margen comercial aplicable a partir del uno de enero del año en curso; y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no dio cumplimiento a tal requerimiento, por tanto, se hace efectivo el citado apercibimiento por lo que en el presente juicio únicamente se tendrá como acto reclamado el oficio señalado en líneas precedentes. Ahora, atendiendo a que el veintiuno de febrero del presente año, se publicó el Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el que se determinó que los juicios de amparo en los que, entre otros, se reclame la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; la Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, y el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, serán competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. En el caso, el acto reclamado se traduce en el oficio 349-B-528 de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que se establecen los valores estimados de margen comercial para cada combustible, los montos considerados para la definición de precios máximos de venta al público en cada una de las regiones de conformidad con lo establecido por la Comisión Reguladora de Energía, en el acuerdo A/59/20016, publicado en el Diario Oficial de la Federación, mismo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Por tanto, si bien es cierto el oficio reclamado no se encuentra específicamente señalado en el Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, señalado en párrafos precedentes, también lo es que el mismo se encuentra relacionado con el acuerdo A/59/2016 emitido por la Comisión Reguladora de Energía, que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete; por tanto, se considera que se surte la competencia de los juzgados auxiliares a que se hace mención en el citado acuerdo, pues el mismo no se limita a esas normas, sino que da la posibilidad de ampliarla con relación a aquellos amparos en los que se reclamen normas, acuerdos o disposiciones relativos a hidrocarburos, como son aquellas que determinen los valores estimados del margen comercial para los combustibles, los montos considerados para la definición de precios máximos de venta al pública en cada región. En consecuencia, remítanse los autos originales del sumario en que se actúa y copias de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio a los citados juzgados auxiliares, para que le dé el turno correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, quien actúa legalmente asistida ante la licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
En quince de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Alva Miranda Ramírez da cuenta a la Juez con un escrito con registro 2154 y anexos que se adjuntan al mismo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de febrero de dos mil diecisiete. Visto el escrito signado por el quejoso Calixto García Cardona, mediante el cual comparece a dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de tres del mes y año en curso (foja 110-114) y manifiesta bajo protesta de decir verdad que señala como acto reclamado entre otros el oficio 349-B-528 de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se determina el nuevo margen comercial aplicable a partir del primero de enero del dos mil diecisiete. Asimismo, señala que es de su conocimiento que no existe formalmente hablando un decreto, reglamento o acuerdo que contenga las determinaciones reclamadas, por lo que se encuentra imposibilitado para precisar algún artículo y que se reserva su derecho a ampliar o precisar cualquier decreto o acuerdo que del informe con justificación pudiera resultar Ahora, toda vez que es del conocimiento general que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, se dio a conocer el acuerdo 98/2016 emitido por la Comisión Reguladora de Energía en el cual se establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo transitorio décimo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2017, así como las regiones en que se aplicarán precios máximos; por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado el citado acuerdo; apercibida que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo concedido, se proveerá lo conducente respecto a la admisión de la demanda únicamente respecto al acto reclamado señalado en el punto "1" del escrito de cuenta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Secretaria que autoriza licenciada Alva Miranda Ramírez.- DOY FE. Luis.
- Principal
CUENTA. El siete de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña da cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Calixto García Cardona, registrada con el número 1699, con anexos y ocho copias que se acompañan. La circunstancia de que el licenciado Mario Alberto González Alcantara y Sergio Alberto González Maldonado cuentan con cédula profesional número 2644694 y 5709421, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de febrero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Calixto García Cardona, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos como Titular del Poder Ejecutivo y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 5, 14, 16 y 25 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 122/2017-3, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 108, fracciones IV y V, de la ley de la materia disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Así como la diversa jurisprudenciaia: 2a./J. 161/2013 (10a.), con registro 2005636, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1079 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, materia común, que establece "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." REQUERIMIENTO. Con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Manifieste de manera clara y precisa los decretos, acuerdos o resoluciones que señala como actos reclamados en el presente juicio, lo anterior, a fin de fijar la litis en el presente juico. Asimismo, deberá informar "bajo protesta de decir verdad" la fecha exacta en que fue notificado o tuvo conocimiento del oficio 349-B-528 de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en razón de que la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, pues constituye el hecho que genera la promoción del juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, se requiere al promovente para que exhiba nueve copias de su ocurso aclaratorio, para cada una de las partes, a saber, cuatro para las autoridades señaladas como responsables, dos más para correr traslado a los terceros interesados, otras dos para formar los cuadernillos relativos al incidente de suspensión que en su caso se tramite por separado y la última para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; toda vez que dicho ocurso forma parte integral del escrito inicial de demanda. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla el propio quejoso a través de quien legalmente lo represente y no los autorizados ni siquiera en términos amplios de éste, debido a que aquélla involucra la expresión de decir verdad inherente al accionante, pues de lo contrario la Ley de Amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tienen como autorizados a los licenciados Mario Alberto González Alcantara y Sergio Alberto González Maldonado toda vez que cuentan con cédula profesional número 2644694 y 5709421, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por así solicitarlo el promovente se tienen únicamente en términos del diverso numeral 24, segundo párrafo de la legislación en consulta, es decir, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a los diversos profesionistas Claudia Cindy Cruz Guerrero, Luis Eduardo González Maldonado, Maricela Deniss González Muñoz y Martha Lizeth González Maldonado. Ahora, no ha lugar a tener por señalado como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, toda vez que no constituyen un domicilio propiamente; por ende, hasta en tanto no se haga señalamiento al respecto, se determina que el presente proveído, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, se practiquen a la parte quejosa por medio de lista que se fija y publica en los estrados de este Tribunal Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Finalmente, no ha lugar a tener al garante señalando los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones de carácter personal, en razón de que no constituyen un domicilio propiamente dicho; en consecuencia, se determina que la presente determinación y las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personales se le practicarán por medio de lista que se fija y publica en los estrados de este Tribunal Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo; lo anterior, hasta en tanto no haga señalamiento al respecto en esta ciudad. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, Secretaria que autoriza y da fe. Luis.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Bryan Eduardo Arias Garay883/2022
- Bryan Uriel Rivera Perez797/2016
- Bryant Daniel Acevedo Hernández1350/2022
- Bulmaro Mireles Buendia499/2020
- Bulmaro Mireles Buendía1507/2022
- Calexia Deleiny Cisneros Flores784/2022
- Camerina Gaytán Rodríguez2648/2014
- Camerina Hernández Rodríguez35/2018
- Camila Castaneda Carrillo418/2022
- Camilo P R3099/2014
- Camilo Sandoval Jaime1304/2022
- Camilo Soto Vazquez14/2017