Camila Carpio Jerez

Expediente 1608/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1608/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Camila Carpio Jerez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 1608/2023-I-B, promovido por Víctor Manuel Heredia Chalé, Defensor Público Federal de CAMILA CARPIO JÉREZ; y, R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a CAMILA CARPIO JÉREZ, en contra de los actos que reclamó de los Jueces de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, como Juez de Control y Juez de Ejecución, y del Director del Centro de Reinserción Social del Estado, todos con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Incidental

    VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1608/2023-I-B, promovido por Víctor Manuel Heredia Chale defensor público federal de CAMILA CARPIO JÉREZ; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo el citado Víctor Manuel Heredia Chale defensor público federal de CAMILA CARPIO JÉREZ, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de los Jueces de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, como Juez de control y Juez de ejecución y del Director del Centro de Reinserción Social del Estado, todos residentes en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado en el juicio principal el diez de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de esa propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: La resolución emitida en la audiencia pública oral de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal 69/2023, en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y su ejecución. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a los Jueces de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, como Juez de control y Juez de ejecución (promociones electrónicas 16262 y 16301) y al Director del Centro de Reinserción Social del Estado (promoción 16287), todos residentes en esta ciudad, pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes previos. TERCERO. Análisis de la suspensión definitiva. Primeramente, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, pues deviene incuestionable que resulta necesario atender dicha característica, a efecto de determinar si pueden ser o no paralizados. En razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado. Hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto de los señalados actos reclamados; debe analizarse en primer término su naturaleza, la cual, es de un acto consumado con efectos positivos; pues al tratarse de la determinación que emitió la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la quejosa, debe entenderse que ya se emitió; no obstante, respecto a los efectos y consecuencias de dicho acto, es viable analizar si resulta procedente o no la concesión de la medida cautelar que se solicita. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO En relación con los efectos y consecuencias del acto reclamado, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, como primer punto, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tales actos reclamados no afectan el interés o no causan un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dichos actos pueden causar o no un perjuicio al impetrante del amparo. Esto es, si el solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tales actos reclamados. Así, en el caso concreto, se colma el primer requisito que exige el artículo 128 de la ley de la materia, ya que, la medida suspensional fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Además, el interés suspensional, se encuentra acreditado en autos con las constancias que integran el expediente electrónico de la causa penal 69/2023, de la cual se advierte que instruye en contra de la aquí quejosa por el hecho que la ley señala como delito contra de la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio del estupefaciente Cannabis Sativa L, de los psicotrópicos con principio activo de clonazepam, alprazolam y clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, en relación los diversos numerales 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal, en concordancia con los numerales 334, 345, fracciones II y III, de la Ley General de Salud, en la que le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. También se satisface el segundo de los requisitos citados del ordinal 128 de la Ley de Amparo, ya que con la suspensión no se advierte que se siga un perjuicio al interés social ni se afectan disposiciones de orden público en términos de la fracción II, pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la ley en cita. Ahora bien, a fin de analizar la procedencia de la suspensión contra una medida cautelar en un proceso penal y con efectos restitutorios por virtud de la figura de tutela provisional anticipada, si bien el tercer párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo señala que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares -entre otros supuestos- concedidas por autoridad judicial, lo cierto es, que esta disposición no es absoluta. Lo anterior, habida cuenta que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de seis de julio de dos mil diecisiete, estableció que la referida porción normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el amparo, y que pueden existir excepciones a ese lineamiento general, correspondiendo al juzgador de amparo analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna técnica o incluso, alguna medida cautelar o de protección, puede ser suspendida. Y es que entre las diversas consideraciones que se esgrimieron para sostener tal criterio, el Tribunal Pleno mencionó que bajo una interpretación, la norma aludida no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos, tratándose de técnicas de investigación y de medidas cautelares en el procedimiento penal por la autoridad judicial, ya que en algunos casos pueden trascender a diversos derechos humanos, no sólo de los procesados, sino también de las víctimas, testigos y de cualquier persona que participe en dicho proceso. Por ello, el Juzgador Federal no se encuentra impedido para aplicar los parámetros que respecto de la concesión de la suspensión establece el artículo 107, fracción X, de la Constitución General. Sin embargo, en el caso no resulta procedente otorgar la suspensión, ya que de concederse acabaría con la materia del juicio, pues en el particular el acto reclamado consiste precisamente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y ordenar que la libertad del quejoso quede a disposición de este órgano judicial, en términos del artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, ningún fin práctico tendría pues nada se podría resolver en un sentido diverso al ser la materia del juicio principal. Bajo esas premisas, se determina entonces, NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA que se solicita. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA la suspensión definitiva a ********************en contra de los actos que reclamó de los Jueces de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, como Juez de control y Juez de ejecución y del Director del Centro de Reinserción Social del Estado, todos residentes en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de seis de octubre de esta anualidad se dio vista a la parte quejosa, con lo informado con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán. Asimismo, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se efectuó de forma electrónica a la parte quejosa el nueve de octubre del mismo año; sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES En sentencia dictada el once de enero de dos mil veintitrés, en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, en contra del acto que reclamó a la Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, para el efecto de que: "Por consiguiente, se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que la responsable, dentro del ámbito de sus facultades, en aras de evitar la promoción de diversos juicios de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, realice las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo a la señalada solicitud, y en breve término, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, sin que ello implique la entrega del mismo como parte del cumplimiento a esta ejecutoria, ya que tal circunstancia dependerá de la actuación del propio quejoso de presentarse ante la autoridad para tal efecto. [.]". Por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. A fin de dar cumplimiento a la sentencia amparadora, la autoridad responsable realizó diversos actos tendentes a culminar con el procedimiento administrativo y mediante oficio número ********************, de cuatro de octubre del año en curso, la autoridad responsable informó a este Juzgado, que se fijaron las doce horas del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, para que la aquí parte impetrante del amparo se apersone al Centro de Atención al Público (CAT) de dicha Delegación, a fin de hacerle entrega del título de propiedad ********************, relativo a la solicitud ******************** ANÁLISIS Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la citada autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta; pues puso a disposición del quejoso el título de propiedad relativo, aunque aún no se haya hecho la entrega del mismo, pues esto último no forma parte de los efectos de la sentencia amparadora. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista la fracción III, inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional y carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra dentro de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: seis de octubre de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: nueve de octubre del año en curso. Fecha de recepción del oficio de cumplimiento de la ejecutoria: cinco de octubre del presente año. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: en atención a que la parte quejosa por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Álvaro Germán Escalante Castillo, interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado el diez de octubre de dos mil veintitrés, en el presente asunto, en consecuencia: Con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios, notifíquese a las demás partes la interposición del recurso de mérito, esto es, la autoridad responsable, la tercera interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad. Transcurrido el referido plazo, envíese vía interconexión el aludido escrito de expresión de agravios, copia del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja y las constancias que soliciten las partes, en su caso, para lo que estime procedente resolver al respecto, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de la Materia, se suspende en lo principal el presente juicio de amparo, y déjese sin efecto legal alguno la audiencia constitucional señalada para que tenga verificativo el día DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, y se reserva señalar nueva fecha y hora para su celebración, hasta en tanto se resuelva la queja de mérito. Finalmente, se ordena dar acceso al expediente electrónico del presente asunto al referido Tribunal Colegiado, a fin de que se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz. Doy fe.

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