Candelaria Matos Manrique
Expediente 830/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Candelaria Matos Manrique
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 830/2023********************, promovido por ********************, contra el acto que reclama del Gobernador Constitucional y la Secretaría de Administración y Finanzas ambos del Estado de Yucatán y con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado ese mismo día, a este Juzgado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Gobernador Constitucional y la Secretaría de Administración y Finanzas, ambos del Estado de Yucatán y con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 y 61, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables, lo siguiente: La omisión de cumplir con lo ordenado en el oficio número ********************, de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no obstante lo hubiese afirmado, en su representación, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, al rendir su informe justificado; toda vez que, de las constancias remitidas con el informe de ley, se desprende que aceptó haber emitido el oficio ********************, empero, es el cumplimiento dado al mismo lo que por esta vía se reclama, lo cual no le resulta atribuible a dicha autoridad. Máxime, que de las documentales que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, se advierte que el cumplimiento dado al oficio ********************, no se encuentra dentro de sus facultades y atribuciones. En consecuencia, al ser inexistente el acto reclamado al Gobernador del Estado, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la citada Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer respecto de esta autoridad en el presente juicio con apoyo en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo; lo cual impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no obstante que lo hubiese negado su Directora General al rendir su informe justificado, toda vez que realiza manifestaciones que evidencian su existencia. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de Causales de Improcedencia. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, al rendir su informe justificado (fojas 28 y 29) hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al señalar que la parte quejosa debió atender el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, en la medida que tenía que interponer una demanda ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios antes de acudir al juicio de amparo. La citada causal de improcedencia es infundada. Es importante mencionar que el juicio de amparo es improcedente contra los actos administrativos respecto de los cuales conceda la ley algún recurso, juicio o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando esos medios de defensa suspendan los efectos de los actos, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, uno de los principios que rige el juicio de amparo, denominado principio de definitividad, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para controvertirlo, de tal suerte que al estar previsto dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. No obstante, en sentido opuesto a lo que aduce la autoridad responsable antes mencionada, la parte quejosa se ubica en un caso de excepción al principio de definitividad, ya que en su demanda alega únicamente violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, esto es, aduce violaciones directas a la Constitución. Además de que lo que se viene impugnando es la omisión de dar cumplimiento a una resolución, no la determinación por vicios propios. Por consecuencia, la amparista no estaba obligada a agotar el medio de defensa que establece la ley ordinaria, ya que se parte del supuesto de que promueve este juicio de amparo para controvertir la violación a sus derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ADEMÁS DE LAS EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO CONTENIDAS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS SE PREVÉ UNA MÁS EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO QUE IMPIDE EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. Si bien es cierto que esa norma prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o bien, proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a esas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que contempla la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que ésta prevé para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de si el acto en sí mismo es susceptible o no de ser suspendido conforme a la ley en mención; también lo es que establece una excepción ulterior además de si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución, o si el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, la cual atañe a la forma como la autoridad responsable rinda su informe justificado, en el que si señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad. De ahí que si el o los actos reclamados son materialmente administrativos, en el auto de inicio no es jurídicamente factible desechar de plano la demanda de amparo por considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, sino que es necesario dar oportunidad a que la autoridad responsable rinda su informe justificado y comprobar hasta entonces si se surte o no la excepción al principio de definitividad contenida en el último párrafo de esa fracción." Por tales razones resulta infundada la causal sujeta a estudio. SEXTO. Conceptos de violación. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que se procede a efectuar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Análisis de la Litis. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita, aunque para llegar a tal conclusión deba acudirse a la causa de pedir en los motivos de inconformidad. Al caso es aplicable la Jurisprudencia P./J.68/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." En el caso, la peticionaria del amparo se duele que la autoridad responsable de manera arbitraria únicamente le depositara la cantidad de $57,586.75 (cincuenta y siete mil quinientos ochenta y seis 75/100), sin que exista orden de autoridad que funde y motive esa actuación. Lo anterior, ya que la pensión que le fue otorgada mediante oficio ********************, de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el Gobernador del Estado, corresponde a una cantidad mensual de $2,657.85 (dos mil seiscientos cincuenta y siete pesos 85/100), la cual se le pagaría de manera retroactiva a partir del día uno de marzo de dos mil diecisiete. Siendo que, al apersonarse a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, se le indicó que únicamente podían depositarle de manera retroactiva un año, ya que así lo establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, actuar que aduce, vulneró sus derechos fundamentales. Lo anterior es fundado por lo siguiente. En este contexto, de las constancias remitidas por la responsable, a las que se les confiere pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierten los siguientes antecedentes: Resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, en la que determinó lo siguiente: "1.- Es legalmente procedente el otorgamiento de la pensión alimenticia a la C. ********************, por ser cónyuge supérstite del extinto ********************, quien fuera trabajador pensionado. 2.- La pensión concedida será por un monto mensual de $2,657.85 (Dos mil seiscientos cincuenta y siete pesos 85/100, moneda nacional) equivalente al 75% de la pensión que devengaba el extinto ********************. 3.- La pensión alimenticia que se otorga deberá pagarse a partir del 01 de marzo del año 2017 y concluirá el disfrute al fallecimiento de la viuda o cuando ésta contraiga nuevas nupcias o viva en concubinato, es decir cuando pierda la calidad de cónyuge supérstite del trabajador pensionado fallecido. 4.- El Gobernador del Estado, mediante oficio, otorgará la pensión correspondiente por encontrarse ajustada a derecho. 5.- La pensión otorgada será pagada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, con cargo a la partida presupuestal correspondiente, sin perjuicio de los impuestos que conforme a la ley y en su caso se causen." 2. En esa propia fecha, el Gobernador del Estado, emitió el oficio ********************, dirigido a ********************, en el que determinó concederle en su calidad de cónyuge supérstite, una pensión alimenticia mensual por la cantidad de $2,657.85 (dos mil seiscientos cincuenta y siete pesos 85/100), equivalente al 75% de la pensión que devengaba el extinto ********************, quien falleció siendo pensionado del Gobierno del Estado, la cual sería pagada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, con cargo a la partida presupuestal correspondiente, retroactivo a partir del día uno de marzo de dos mil diecisiete, sin perjuicio del impuesto que conforme a la ley en su caso corresponda. 3. Recibo de nómina de jubilados y pensionados, correspondiente al mes de mayo de dos mil veintitrés, del que se advierte que a la pensionada ********************, aquí quejosa, le fue depositada la cantidad de $57,586.75 (cincuenta y siete mil quinientos ochenta y seis 75/100). 4. Recibo de nómina de jubilados y pensionados, correspondiente al mes de junio de dos mil veintitrés, del que se advierte que a la pensionada ********************, le fue depositada la cantidad de $2,657.85 (dos mil seiscientos cincuenta y siete pesos 85/100). Así, de las constancias antes descritas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado se ha abstenido de cumplir a cabalidad con el pago ordenado mediante oficio ********************, emitido por el Gobernador del Estado, en detrimento de la quejosa, afectándole de esta manera su derecho de recibir la pensión alimenticia concedida de la forma en la que le fue otorgada; además de que se desconocen las razones jurídicas que sustentan su actuación, lo que ha limitado incluso su capacidad de defensa para reclamar el acto de autoridad que le perjudica. En el caso concreto, de las constancias remitidas por la responsable, se desprende que tal y como lo señala la impetrante del amparo, se le depositó únicamente la cantidad de $57,586.75 (cincuenta y siete mil quinientos ochenta y seis 75/100); sin que la responsable asentara cuál es el periodo que abarca tal depósito, pues la cantidad mensual que le fue aprobada fue de $2,657.85 (dos mil seiscientos cincuenta y siete pesos 85/100), misma que incluso se le depositaría de manera retroactiva desde el uno de marzo de dos mil diecisiete. Siendo que, de una simple operación aritmética se concluye que la cantidad depositada en el periodo de pago correspondiente al mes de mayo de dos mil veintitrés, con el que se inició el pago de su pensión alimenticia, no corresponde de manera alguna al monto total de la cantidad que de manera retroactiva le fue aprobada, pues de lo depositado se advierte que abarca veintiún meses, cuando lo que le corresponden son setenta y cinco mensualidades. Esto es, en un mero contraste de lo ordenado mediante oficio ******************** y el cumplimiento dado al mismo por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, se puede concluir que, en efecto, no realizó el depósito de la cantidad concedida a la quejosa, sin que para ello emitiera una motivación ni fundamentación que lo justifique, esto es, el motivo por el que dejó de atender lo ordenado en el contenido del referido oficio. Se afirma lo anterior, en virtud que al omitir realizar el depósito de la cantidad ordenada, es decir, la que le corresponde de la manera retroactiva desde el uno de marzo de dos mil diecisiete y depositar únicamente la cantidad de $57,586.75 (cincuenta y siete mil quinientos ochenta y seis 75/100), tal como lo refiere la parte quejosa, vulneró sus derechos fundamentales; de ahí lo fundado del concepto de violación. Consecuentemente, el cumplimiento al oficio ******************** materia de este Juicio Constitucional resulta ilegal, pues la responsable sin justificación alguna, omitió realizar el pago de lo ordenado; lo cual lleva a considerar que infringió en perjuicio de la peticionaria de amparo sus derechos fundamentales. Por tanto, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, a efecto de que la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, cumpla con realizar el depósito tal y como fue ordenado mediante oficio ********************. En el entendido que de existir algún impedimento para realizarlo, deberá emitir una determinación debidamente fundada y motivada que justifique su actuar. Apoya lo antes considerado, el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 579, del Tomo XIII, Junio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN CASO DE FALTA DE. La omisión de la autoridad de revelar los motivos y fundamentos que le sirven de apoyo para dictar un determinado acto, impide calificar la constitucionalidad de su contenido dado que se ignoran cuáles fueron las razones y los preceptos legales que se tuvieron en cuenta para dictarlo; por ello el efecto del amparo que se otorga contra un acto carente de motivación y fundamentación obliga a la autoridad responsable a dejarlo insubsistente, pero no restringe sus atribuciones para dictar otro siempre que cumpla con la exigencia de fundarlo y motivarlo." OCTAVO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. DÉCIMO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en contra del acto que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, en contra del acto que reclama de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones y para los efectos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo resolvió y firmó el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta el día de hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, con la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio número ********************, signado por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por medio del cual cumple con el requerimiento efectuado por acuerdo de veinte de septiembre del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes del contenido de dicho oficio, así como de su anexo y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que del contenido del oficio número DGOB/0109/2023, de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, signado por el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se desprende que le fue concedida a la aquí quejosa Candelaria Matos Manrique, en su carácter de cónyuge supérstite, una pensión alimenticia mensual por la cantidad de $2,657.85 (dos mil seiscientos cincuenta y siete pesos con ochenta y cinco centavos, moneda nacional), equivalente al setenta y cinco por ciento de la pensión que devengaba Andrés Chan Verde (fallecido pensionado), la cual sería pagada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, con cargo a la partida presupuestal correspondiente, retroactivo a partir del día uno de marzo de dos mil diecisiete, sin perjuicio del impuesto que conforme a la ley que en su caso corresponda (foja 41). Siendo que de las constancias remitidas por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, consistente en el recibo de nómina de jubilados y pensionados con folio 6094, que comprende el periodo del uno de marzo de dos mil diecisiete, al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se advierte que le fue depositada la cantidad de $57,586.75 (cincuenta y siete mil quinientos ochenta y seis pesos con setenta y cinco centavos, monda nacional), empero, no remitió constancia alguna relativa a los cálculos realizados para determinar la mencionada cantidad como pago retroactivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado Federal, copia certificada de las constancias que contengan el desglose y/o cálculos que tomó en consideración para emitir la cantidad de 57,586.75 (cincuenta y siete mil quinientos ochenta y seis pesos con setenta y cinco centavos, monda nacional), en el periodo comprendido del uno de marzo de dos mil diecisiete, al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés; o bien, indique el impedimento que tiene para ello. Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 259, de la Ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señala como nueva fecha y hora para su celebración, el día DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales condignos, el oficio con número SAF/DGJ/0990/2023, signado por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, con el cual remite las constancias que le fueron solicitadas en acuerdo de veintidós de agosto último. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que los anexos que adjunta la responsable a su oficio, consistente en las copias certificadas del expediente administrativo referente a la pensión por viudez a favor de la aquí quejosa; déjense al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado como anexos, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido, en caso de que así lo deseen. Lo anterior, sin que se realice la digitalización de las constancias referidas para que obren en el expediente electrónico del presente asunto, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, artículos 22 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, pues dada su voluminosidad, existe imposibilidad material para su digitalización; no obstante ello, se reitera, quedan a disposición de las partes para su consulta directa. Notifíquese y cúmplase.
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