Buenaventura Echeverria Yah
Expediente 2936/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2936/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Buenaventura Echeverria Yah
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán; siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del oficio 12594/2023, del índice de este Juzgado, con el que se le devolvió el original del toca penal 78/2022, en el cual obra anexada copia certificada de la causa penal 199/2022, disco compacto de lectura óptica que contiene copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de seis de diciembre de dos mil veintidós; disco compacto certificado en formato DVD, que contiene la video grabación de la audiencia inicial de quince de julio de dos mil veintidós y su continuación de veinte del mismo mes y año, celebradas en la causa penal 199/2022; y el sobre cerrado que contiene los datos personales de la víctima. Circunstancia de la cual se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita el original del toca penal 78/2022, en el cual obra anexada copia certificada de la causa penal 199/2022, disco compacto de lectura óptica que contiene copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de seis de diciembre de dos mil veintidós; disco compacto certificado en formato DVD, que contiene la video grabación de la audiencia inicial de quince de julio de dos mil veintidós y su continuación de veinte del mismo mes y año, celebradas en la causa penal ***; y el sobre cerrado que contiene los datos personales de la víctima ***. Ahora bien, no habiendo ningún impedimento para ello, toda vez que no existe razón para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, los documentos que la autoridad responsable solicita devuélvanse a la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, el toca de apelación, los discos y el sobre cerrado que señala, los cuales fueron descritos en el párrafo anterior; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; diez de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en la que en su primer punto resolutivo NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario constitucional y el incidente de suspensión que de él deriva, coinciden con el expediente electrónico correspondiente en su totalidad. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
QUINTO. Estudio de la litis constitucional. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa; sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En la resolución reclamada, la Sala responsable declaró fundados los agravios que hizo valer el Ministerio Público y de la asesora jurídica de la víctima, por lo que revocó la resolución apelada y ordenó la reposición del procedimiento de la audiencia para otorgar el uso de la voz a la representación social y a la asesora jurídica de la víctima, a efecto de que se pronunciaran sobre los argumentos de la defensa respecto al delito de violencia familiar. Como primer punto a tratar, por cuestión de la técnica que rige en el juicio de amparo, se impone analizar el concepto de violación en el cual señala la parte quejosa que la resolución que constituye el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación, pues vulnera el artículo 16 Constitucional, por lo que se basó en circunstancias subjetivas. Es infundado lo anterior, ya que no se advierte trasgresión alguna a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, respecto de los cuales su eficacia reside en el hecho de que se protege todo el sistema de derecho objetivo desde la propia Carta Magna hasta el reglamento administrativo más minucioso, y por ello, establecen como uno de los elementos esenciales el que todo acto de molestia que se dirija a los gobernados esté fundado y motivado. Cuando se dice que un acto es legal, es porque respeta la norma fijada por el legislador, se entiende que el principio de legalidad es esencia del régimen jurídico de un estado de derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario consiste en que los actos que originen la molestia de que habla el artículo 16 Constitucional deben basarse en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice; la fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los bienes a que se refiere el artículo 16 Constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, la motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo una norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende cometer el acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal que lo funde, lo que significa que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Esto es, para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso concreto donde vaya a operar el acto de molestia, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que deben manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que éste se encuadre dentro de los supuestos previstos normativamente. La mención de esos motivos debe formularse precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. Lo expuesto, es aplicable la jurisprudencia 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 176546, publicada en la página 162, del Tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". De lo anterior, se colige que las autoridades responsables deben citar los preceptos legales aplicables al caso y precisar todas aquellas circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para emitir su determinación, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, pues se reitera, en el caso concreto se deben de configurar las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse su relación. Ahora bien, en el acto reclamado se observa que tales aspectos están debidamente atendidos, ya que en lo referente al rubro de fundamentación, la Sala citó los preceptos legales en los cuales apoyó su determinación, como lo son los relativos a su competencia, así como los numerales 456, 458, 461, 462, 467, 471 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionados con el recurso de apelación, los ordinales 316, 317 y 318 del mismo ordenamiento legal, vinculados con el auto de vinculación; y en relación con el fondo del asunto señaló que la autoridad responsable no observó el precepto 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, en cuento al rubro de la motivación, se observa que el tribunal ad quem también cumplió con tal aspecto constitucional, puesto que a lo largo de la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado, se observa que hizo alusión a las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo a bien ponderar, para la emisión del acto en el sentido de revocar la resolución de primer grado y reponer el procedimiento en relación a la audiencia, para otorgar oportunidad de argumentación a la representación social y a la asesora jurídica de la agraviada en relación con los argumentos vertidos por la defensa en torno a los hechos relativos al delito de violencia familiar; por tanto, el motivo de inconformidad vertido en este sentido por la parte quejosa resulta infundado, como ya se apuntó. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, en relación con el acto reclamado, se advierten los siguientes: ANTECEDENTES: 1. En audiencia de veinte de julio de dos mil veintidós, el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, dictó en la causa penal 199/2022, auto de no vinculación a proceso a favor de BUENAVENTURA ECHEVERRÍA YAH, por el delito de Violencia Familiar, previsto y sancionado por el artículo 228 del Código Penal del Estado de Yucatán, querellado por la citada Elsy María Campos Cauich. 2. En contra de dicha determinación, el fiscal adscrito a ese juzgado y la asesora jurídica de la víctima, interpusieron recursos de apelación. 3. El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la Sala responsable admitió los medios de impugnación planteados, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia correspondiente. 4. El seis de diciembre de dos mil veintidós, la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, resolvió el toca penal 78/2022, formado por los aludidos recursos, en el que: A.- Declaró esencialmente fundados los agravios expuestos por los recurrentes y revocó la resolución impugnada emitida en audiencia de veinte de julio de dos mil veintidós. B.- Ordenó la reposición parcial de la aludida audiencia de veinte de julio de dos mil veintidós, a partir del momento en que el defensor del imputado finalizó con la exposición de sus argumentos defensivos respecto a la solicitud de vinculación a proceso instado por la Representación Social Para el efecto de que, con base en las consideraciones efectuadas en esa resolución de segundo grado, el Juez de Control, procediera a realizar lo siguiente: 1. Conceda el uso de la palabra, en primer término, al Ministerio Público, luego, al asesor jurídico de la víctima y después al imputado, tal como dispone el numeral 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en el caso de que, en el desarrollo de la audiencia, se expusieran argumentos jurídicos novedosos de sentido opuesto con lo ya señalado por el defensor del imputado, o que se contraponga, deberá conceder el uso de la voz, sí así lo amerita, a las partes, para la contra-argumentación y recontra-argumentación correspondiente; sin que se abuse del control horizontal y el debate entre los intervinientes en relación con los hechos delictivos imputados y de la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 2. Y una vez que de lo debatido entre las partes en audiencia, considere que cuenta con la información suficiente que le permita resolver objetivamente, cierre el debate correspondiente y con libertad de jurisdicción emita otra resolución en la que, se pronuncie sobre la vinculación o no del imputado a proceso por el hecho delictivo de VIOLENCIA FAMILIAR, querellado por la ciudadana Elsy María Campos Cauich; y reitere lo decidido en la aludida audiencia de veinte de julio de dos mil veintidós, relativo al delito de lesiones, querellado por la citada Campos Cauich e imputado por la representación social, por no haber sido materia de estudio en el recurso de apelación. Esta resolución es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. CONSIDERACIONES SOBRE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA Primeramente, cabe señalar que la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, el auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: i) Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. ii) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. iii) Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. iv) Que se establezcan el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: i) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. ii) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. iii) Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. De esa forma, los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Precisado lo anterior, es menester destacar que en el caso se reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán la resolución dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca 78/2022, en la que revocó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez A quo y repuso el procedimiento a fin de que se llevara a cabo la audiencia de vinculación en términos de ley, dando legal intervención a las partes. Una vez analizada la resolución de seis de diciembre de dos mil veintidós que constituye el acto reclamado, se observa que resulta objetivamente legal, por lo que los conceptos de violación vertidos en su contra, devienen infundados, como se anticipó al inicio de este considerando. En efecto, se afirma lo anterior, debido a que el Tribunal de segundo grado, en la resolución de alzada, en la parte que interesa, plasmó el contexto constitucional y procesal en que se encuentra la figura de vinculación a proceso, tal como en párrafos precedentes se realizó su bosquejo jurídico; ello, con apoyo en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, procedió a invocar el contenido de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos al dictado de un auto de vinculación. De igual forma, abordó lo concerniente a los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso, tanto de fondo como de forma. Posterior a ello, emprendió el análisis de los agravios de las partes apelantes, en el caso, la representación social y de la asesora jurídica de la parte agraviada; motivos de impugnación vertidos en contra de lo resuelto en la audiencia celebrada el veinte de julio de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa 199/2022, en la que el juez A quo no vinculó a proceso al ahora quejoso BUENAVENTURA ECHEVERRÍA YAH, por el hecho tipificado en la ley como VIOLENCIA FAMILIAR, querellado por Elsy María Campos Cauich e imputado por la representación social. Al respecto, correctamente la Sala indicó que de la resolución apelada, advirtió que el juzgador de primera instancia estableció los hechos por los cuales el Ministerio Público pidió la vinculación a proceso de Buenaventura Echeverría Yah, que son, en lo medular: Que el acusado y la querellante Elsy María Campos Cauich se encuentran casados, con domicilio conyugal en el predio ubicado en la calle 25, número 317 por 10 y 12, del Fraccionamiento Vergel II, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Que el veinte de abril de dos mil diecinueve, aproximadamente a las 17:00 horas, encontrándose el imputado Echeverría Yah en el comedor del citado domicilio, ejerció actos abusivos de poder intencionales dirigidos a agredir de manera física y psicológica a Elsy María Campos Cauich, al decirle entre otras cosas "mira pendeja, te voy a demostrar que estás tirando treinta años de matrimonio por nada", refiriéndose con esto a que era mentira su infidelidad; por lo que sacó su celular para enseñárselo a la querellante y que ésta pudiera ver que no había nada. Que en un momento determinado, para evitar que la ahora agraviada continuara viendo el celular, comenzaron a forcejear hasta llegar al área del porche del predio. Que en todo momento la querellante intentó agarrar el celular con la mano derecha, porque su mano izquierda la tenía sobre el hombro del citado imputado, hasta que éste enfureció y la sujetó de la mano izquierda y la empujó bruscamente, trabándose los dedos de ésta en una mochila (que tiene una sola agarradera cruzada al frente del cuerpo del imputado) y que el casco que el agresor tenía puesto en la cabeza, se le cayó en la calle hasta donde habían llegado ambos por el forcejeo. Que la querellante sintió mucho dolor en los dedos de la mano izquierda; luego, el imputado se retiró del lugar y debido a las lesiones que la querellante tenía en los dedos y mano izquierda acudió al hospital Ignacio García Tellez. Así las cosas, sobre la base de tales eventos fácticos el Juez de Control determinó que tales hechos sólo encuadran en el delito de LESIONES, previsto y sancionado por los numerales 357 y 358 ambos del Código Penal del Estado, vigente en el momento de los hechos. Para arribar a tal conclusión, el A quo señaló que si bien el imputado Buenaventura Echeverría Yah sometió a la víctima Elsy María Campos Cauich de manera física, lesionándole los dedos, también debe tomarse en cuenta el contexto en que esto ocurrió, esto es, que se dio con motivo de un forcejeo, ya que la querellante pretendía agarrar el celular del imputado para ver los mensajes que ahí se encontraban. Como consideración adicional, el juez de origen consideró que el proceder del imputado no puede ser interpretado como un acto abusivo de poder, es decir, no son actos encaminados a dominar a la mujer, por lo que dicha acción no encuadra en lo que el legislador estableció como el delito de violencia familiar. A fin de resolver la litis de segunda instancia, el tribunal Ad quem sintetizó los agravios planteados por las partes apelantes, en la forma siguiente: Que el Juez de Origen no tomó en cuenta los datos de prueba enunciados en la audiencia inicial. Que el A quo no tomó en consideración el informe y dictamen psicológico practicados en la persona de la querellante, por la Perito en Psicología Jurídica Forense de la Fiscalía General del Estado, Arely Guadalupe Puga Berrón, enunciado por la Fiscal en la audiencia inicial. Que el Juzgador de primera instancia, vulneró los principios de igualdad procesal y de contradicción, al no concederles el uso de la voz ante nuevos argumentos y datos de prueba enunciados por el defensor; y, Que la resolución impugnada carece de perspectiva de género. Solicitando la revocación del auto de no vinculación a proceso dictado en audiencia de fecha veinte de julio de dos mil veintidós, a favor del imputado Buenaventura Echeverría Yah, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR y en su lugar, se dicte un auto de vinculación a proceso en su contra. Al respecto, la Sala responsable estuvo en lo correcto, al señalar que de la grabación de la audiencia de vinculación a proceso de veinte de julio de dos mil veintidós, observó que el Juez de Control transgredió los principios de contradicción e igualdad procesal que rigen en el proceso penal de corte acusatorio adversarial, reconocidos en el artículo 20, Apartado A, fracción V de la Constitución Federal, en relación con los numerales 6 y 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación con lo anterior, destacó que el principio de contradicción constituye uno de los elementos esenciales del proceso penal acusatorio y si bien tiene múltiples aplicaciones, éste garantiza que el proceso sea una verdadera contienda argumentativa en que sea refutable cualquier elemento discursivo o probatorio. Asimismo, hace posible el enfrentamiento entre las partes, permitiendo el conocimiento de los argumentos de la contraria y la manifestación ante el Juez o Tribunal de los propios, por lo que constituye una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso público con todas las garantías. Principio que se manifiesta desde dos diferentes vertientes complementarias: como un derecho de defensa y como una garantía en la formación de la prueba; de ahí que, el principio de contradicción consiste en el indispensable interés de someter a refutación y contra argumentación la información, actos y pruebas de la contraparte, en un proceso jurisdiccional. Refirió que en cuanto al principio de igualdad procesal dentro del proceso penal de corte acusatorio, se entiende como un mandato de carácter constitucional, que fija la estructura del proceso de tendencia adversarial. Constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo o mixto, es adversarial; por lo que tal principio impone conceder a las partes iguales condiciones procesales de manera que ninguno quede en estado de indefensión. Sobre la base de lo anterior, se observa que la Sala estuvo en lo jurídicamente correcto al señalar que el juez A quo, no respetó lo determinado en el numeral 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: "La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad el Juez de Control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado". Al respecto, se observa que, efectivamente, como lo señala la Sala responsable, el Juez de Control verificó Ias condiciones para la celebración de la continuación de la audiencia inicial, pidió la identificación de cada una de las partes presentes, señaló el motivo de la audiencia e indicó que la defensa del imputado corrió traslado de unos documentos a las demás partes, se cercioró de ello con la Fiscal y Asesora Jurídica de la víctima directa y continuó con la audiencia, concediendo el uso de la palabra a la defensa. Luego, el defensor particular del imputado Emiliano Zapata Cetina, expuso sus argumentos defensivos respecto a la solicitud de vinculación a proceso instada por la Representación Social; invocó datos de prueba que obran en la carpeta investigación, que a su opinión fueron omitidos por la Fiscal en intervención inicial de fecha quince de julio de dos mil veintidós; luego contestó a diversos cuestionamientos que le fueron realizados por el Juzgador y pidió se decretara auto de no vinculación a proceso a favor de su representado. Con posterioridad, el A quo cerró el debate correspondiente y procedió a establecer que los hechos imputados, mismos por los que se pidió a vinculación a proceso, únicamente encuadran en el delito de LESIONES, no así en el delito de VIOLENCIA FAMILIAR. De ahí que se considere adecuado el actuar de la Sala responsable al señalar que la actuación del Juzgador de prescindir de oír a las partes en la audiencia relativa, al haber omitido concederles el uso de la voz, quebrantó su derecho a contra-argumentar lo expresado por el defensor particular del imputado y los datos de prueba que enunció para apoyarlas o rebatirlas, en términos del artículo 315 del código procesal nacional penal. Así, la Sala determinó que tal proceder implica una transgresión en perjuicio de las partes, pues colocó a las partes ahí apelantes en franca desventaja al minimizar sus derechos Por tanto, el juez natural no respetó los principios de contradicción e igualdad procesal, vedándoles el derecho a la parte agraviada y a la representación social de poder controvertir lo expresado por la defensa del implicado. Lo anterior, ya que después de que la defensa tuvo su última intervención manifestando nuevos argumentos, el Juez cerró el debate y procedió a dictar su resolución. Ello, en contravención a los principios ya indicados, los cuales era necesario respetar dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de las partes, en relación a los hechos que la ley señala como delitos y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; tal como lo señaló el tribunal de alzada. En consecuencia a lo expuesto, es evidente que tal violación procesal repercute en las formalidades básicas del procedimiento, por lo que este órgano de control constitucional, avala la reposición del procedimiento ordenada por la Sala responsable; ya que el juez de primer grado dejó inauditas a las partes relativas a la representación social y a la agraviada con su asesora jurídica, colocándolas en franca desventaja respecto a los últimos argumentos vertidos por la defensa del imputado y los datos de prueba que éste invocó. De tal manera, que a fin de salvaguardar los principios de contradicción e igualdad procesal y reparar dicha violación al procedimiento, el tribunal de segundo grado estuvo en lo correcto al ordenar revocar la determinación emitida por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la audiencia celebrada el día veinte de julio de dos mil veintidós, relativa a la carpeta administrativa 199/2022, relacionada con el Toca Penal 78/2022, a fin de llevar a cabo la reposición parcial de la audiencia de mérito. Ciertamente, el tribunal Ad quem ordenó la reposición parcial de la aludida audiencia de veinte de julio de dos mil veintidós, a partir del momento en que el defensor del imputado finalizó con la exposición de sus argumentos defensivos respecto a la solicitud de vinculación a proceso instado por la Representación Social. Al respecto, es legal la determinación implementada por la Sala en cuanto al momento de reposición, ya que hasta ese instante preciso la audiencia transcurrió con las formalidades procesales que la ley que rige al acto requiere, y la actuación posterior ya no fue apegada a derecho, es decir, cuando el juez cerró debate y procedió a emitir la resolución correspondiente. En esa guisa, es correcto que se haya ordenado al Juez de Control, que a partir de ese momento procesal deba conceder el uso de la palabra en el orden siguiente: a) Al agente del Ministerio Público; b) Al asesor jurídico de la víctima; y, c) Finalmente al imputado. Lo anterior, es acorde a lo señalado por el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales . También este Juzgado Federal advierte que es legal la directriz trazada por la Sala responsable, en el sentido de que si en la audiencia se expusieran argumentos jurídicos novedosos de sentido opuesto con lo ya señalado por el defensor del imputado, o que se contraponga, deberá conceder el uso de la voz, sí así lo amerita, a las partes, para la contra-argumentación y recontra-argumentación correspondiente. Asimismo, el tribunal de apelación adecuadamente señaló que si después de lo debatido entre las partes en audiencia, el Juez de Control advierta que cuenta con la información suficiente que le permita resolver objetivamente, deberá cerrar el debate y con libertad de jurisdicción podrá emitir otra resolución en la que, se pronuncie sobre la vinculación o no del imputado a proceso por el hecho delictivo de VIOLENCIA FAMILIAR, querellado por la ciudadana Elsy María Campos Cauich. De igual forma, el Ad quem instruyó al juez de primer grado a que deberá reiterar lo decidido en la aludida audiencia de veinte de julio de dos mil veintidós respecto al delito de LESIONES, también querellado por la citada Campos Cauich, ya que ello no fue materia de los recursos de apelación. Luego, en sus conceptos de violación, la parte amparista refiere que contrario a lo determinado por la Sala, es inexacto que se violara el derecho de audiencia de las partes, y ello no fue materia de agravio de las partes apelantes, por lo que la autoridad señalada como ordenadora se extralimitó en sus atribuciones y revocó una sentencia que a todas luces era legal, basándose en circunstancias subjetivas. En ese sentido, esgrime que dicha resolución es carente de veracidad puesto que si bien es cierto que tanto la representación social como la asesoría jurídica tienen el derecho a replicar y contra-replicar en el procedimiento, no es menos cierto que dicha oportunidad es potestad del Juez de Control conforme al artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, el hecho de que el Juez de Control no le haya concedido el derecho de réplica o contrarréplica a la Representación Social o a la asesoría técnica no es una violación al derecho de audiencia de éstas. Es infundado lo anterior, ya que si bien es cierto el artículo 313 de la ley invocada señala en la parte conducente que: "[.] El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. [.]" En el presente asunto, debe atenderse al contenido del diverso numeral 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso". Lo anterior, en razón de que en la especie, la audiencia llevada a cabo el veinte de julio de dos mil veintidós, se trataba de la continuación de la audiencia inicial, en la cual, se inició con la participación de la defensa (en respuesta a la formulación de la imputación de la representación social), tal como se observa del registro de audio y video, participación que inició en el minuto 02:46 y culminó en el tiempo 1:09:35 del archivo digital correspondiente. Asimismo, en esa intervención el defensor del implicado hizo alusión a nuevos datos de prueba, e incluso, al inicio de dicha audiencia, el Juez Oral (02:22) le preguntó a la representación social y a la asesora jurídica de la víctima si se les había corrido traslado, a lo que respondieron afirmativamente. Por tanto, si bien es cierto que el ordinal 313 de la ley en comento establece que es potestativo para el juez después de la intervención de la defensa, permitir la réplica y contrarréplica; también lo es, que en este caso, era necesario, atento a los nuevos argumentos y datos de prueba a los que hizo alusión la defensa; de ahí que la determinación de la Sala de reponer la audiencia desde ese momento, para permitir la réplica de las partes correspondientes (ministerio público y parte agraviada) se encuentra ajustada a derecho. Por esta misma circunstancia, es infundado el diverso motivo de inconformidad vertido por la parte amparista en el sentido de que la autoridad responsable argumentó que la defensa técnica incorporó nuevo material a la argumentación que hizo en la contestación de la imputación hecha por la Fiscalía y la Asesoría Jurídica, cosa que es falsa e inexacta, puesto que de la observación que se hizo de la audiencia llevada a cabo ante el Juez de Control es palpable que la defensa técnica únicamente dio contestación a la imputación planteada por la fiscalía, y que al momento de querer argumentar respecto a una nueva línea de averiguación que se pretendía incorporar el Juez de Control cuestionó a la defensa y no permitió el desarrollo de dicha argumentación; por lo que es falso que hayan existido nuevos argumentos incorporados a la exposición de la defensa que pudieran dar pie a una nueva intervención de la contraparte acusadora; por lo que el obrar del Juez de Control no estuvo errado, ni contravino principio o artículo alguno como argumenta la autoridad responsable. Como se anticipó, es infundado lo anterior, ya que como se observa de la diligencia respectiva, la defensa sí hizo alusión a los datos de prueba que estaba mencionando y el Juez de Control es cierto que le hizo la anotación de que debía ceñirse a los hechos acontecidos el veinte de abril de dos mil veintidós, puesto que estaba comenzado a citar diversas cuestiones, por lo que llamó su atención en ese sentido, pero es falso que la defensa vertiera argumentos novedosos basados en los datos de prueba que citó. Finalmente, de igual manera, no le asiste razón a la parte amparista en el concepto de violación que refiere que las partes apelantes no manifestaron agravio en el sentido apuntado, pues la Sala hizo la relación de los motivos de inconformidad planteados y de ahí partió para hacer su análisis, máxime que por cuanto hace a la parte de la víctima, opera la suplencia de la queja, pues atento a la naturaleza de delito, es claro que se encontraba en una situación de vulnerabilidad, al ser probable víctima del delito de violencia familiar. En consecuencia, tomando en consideración que los conceptos de violación han resultado infundados, y por el contrario, la Sala responsable respetó los extremos exigidos por los numerales 16 y 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional, lo que legalmente procede es NEGAR a Emiliano Zapata Cetina, defensor particular del quejoso BUENAVENTURA ECHEVERRÍA YAH, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Cabe precisar que dicha negativa se hace extensiva al acto de ejecución que la parte quejosa atribuyó al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, pues al haberse negado la protección constitucional respecto del acto de la autoridad ordenadora, sin que a dicho juez A quo se le hayan atribuido vicios propios en su actuación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia II.1o. J/12, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, página cuarenta y uno, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Emiliano Zapata Cetina, defensor particular del quejoso BUENAVENTURA ECHEVERRÍA YAH, en contra de los actos que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia y al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ambos con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
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