Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 336/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
336/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de junio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de junio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda promovida aparentemente por Yoanna Fonseca Valencia de Angelino Barrón, en favor de Carlos Alberto Angelino Barrón, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 336/2021-III, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN. Ahora bien, la demanda de amparo fue recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en cuyo sitio aparece que se le asignó el folio 2200620 y que fue promovida por Yoanna Fonseca Valencia de Angelino Barrón, en favor de Carlos Alberto Angelino Barrón, no obstante, en el documento digitalizado adjunto, que constituye propiamente el escrito de demanda, no consta la firma autógrafa de la promovente, así como tampoco su firma electrónica. DESECHAMIENTO. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, pues la falta de firma electrónica y autógrafa de quien aparece en ella como promovente, al actualizarse la causal de improcedencia que deriva de la aplicación relacionada de los artículos 3o., 6o., 61, fracción XXIII, y 108, de la propia Ley. Es así, pues aun cuando de conformidad con el numeral 3o. mencionado, la demanda de amparo puede presentarse electrónicamente, utilizando para ello la firma electrónica previamente obtenida, y no obstante que el indicado precepto señala que no es necesaria esa firma electrónica cuando el asunto se refiere a los casos previstos en el diverso 15 de la propia codificación; sin embargo, en el caso la demanda de mérito no se encuentra firmada electrónicamente, ni en la demanda obra la firma autógrafa de la parte promovente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Esta situación produce que no exista jurídicamente instancia de parte agraviada, como lo requiere el artículo 6o. de la norma en comento, y en ese tenor se actualiza la causa de improcedencia derivada de la aplicación de estos preceptos, en términos de la fracción XXIII del aludido numeral 61. Esta determinación se apoya, además, en lo conducente, en los criterios emitidos por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE"; y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". Por último, se precisa que aunque el segundo de esos criterios exime a la promovente de firmar electrónicamente la demanda, cuando reclama, como en el caso, actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, lo cierto es que, en el caso, Yoanna Fonseca Valencia de Angelino Barrón, no firmó electrónicamente el envío de la demanda y tampoco estampó su firma autógrafa en la referida demanda digitalizada. La exigencia de que obre por lo menos la firma autógrafa en el documento digitalizado, se funda en la necesidad de constatar el cumplimiento del principio de iniciativa de parte agraviada que rige al amparo y que se encuentra previsto en el artículo 6o. de la Ley de la materia, al establecerse en éste que el juicio puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, por su propio derecho, por su representante legal o por cualquier persona en los casos expresamente previstos en la norma. El propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia P./J. 8/2019, estableció que no es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda se presenta por escrito y cuando se promueve por vía electrónica y en ambos casos se actualiza una misma hipótesis, consistente en la falta de firma del promovente de la demanda, pues ello traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de omitir el cumplimiento de uno de los principios del juicio de amparo, como es el de iniciativa de parte agraviada. Conforme a lo expuesto y fundamentos dados, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora, toda vez que del contenido de la demanda que se recibe la promovente no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se ordena realizar la presente notificación, por medio de lista de acuerdos que sea publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.

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