Bulmaro Resendiz Rico

Expediente 356/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
356/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
09/01/2019

Partes del expediente

  • Bulmaro Resendiz Rico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a nueve de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en su representación, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 12482/2018, a través del cual se le informó que causó estado el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia,y por el que se le remitieron las constancias que acompañó a su informe justificado. Finalmente, del estado procesal que guardan los autos se advierte que el presente asunto se encuentra totalmente concluido; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, ha sido omisa en acusar recibo de las constancias que le fueron devueltas mediante oficio ********************, mismas que exhibió en apoyo a su informe justificado; por tanto, requiérasele nuevamente para que acuse el recibo correspondiente. Para los efectos relatados se le confiere el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, apercibido que de no atender lo aquí ordenado se le impondrá una multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además de los artículos 237 fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya transcurrió el término a la autoridad responsable y a la parte tercera interesada, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Por otro lado, devuélvanse a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en el duplicado del expediente laboral número 2574/2017/JE1-3 de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Finalmente, una vez que se reciba el aludido acuse se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el primero de los oficios y anexos de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual exhibe copia con firmas autógrafas del laudo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del expediente laboral 2574/2017/JE1-3; documental que se tiene desahogada por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Bulmaro Reséndiz Rico es: La omisión de dictar el laudo correspondiente en los autos del expediente laboral 2574/2017/JE1-3, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicho precepto legal establece que los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado Tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Las consideraciones expuestas tienen como sustento en la ejecutoria que originó la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, página 38, correspondiente a Junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto, adquiere relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que de la copia autógrafa que remitió la autoridad responsable, se advierte el dictado del laudo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, en los autos del expediente laboral 2574/2017/JE1-3; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la diversa que originó la presentación de la demanda de garantías, en la que se reclamó la afectación de los derechos primarios del requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del citado particular. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que el Tribunal laboral responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de garantías, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle al demandante de garantías, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Sentado lo anterior, es inconcuso establecer que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio de garantías debe sobreseerse fuera de audiencia con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para celebrarse a las diez horas con veinte minutos del diez de diciembre de dos mil dieciocho. En razón de lo anterior, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Jefe del Departamento Comercial Zona Valles de la Comisión Federal de Electricidad en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, e informa los posibles domicilios de los terceros interesados Juan Mondragón y Pedro Mondragón Ruiz. Lo anterior, dado que aun cuando nada justifica que se soslaye la intervención de dichos terceros en el procedimiento del juicio en que se actúa, dado que la decisión que se emitió en párrafos precedentes no les reporta algún beneficio ni perjuicio en concreto, y por el contrario al optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas por la parte quejosa, se cumple con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, que alberga diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de las autoridades; principios cuyo cumplimiento también es imperativo para el Poder Judicial de la Federación, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se promueva con el propósito de entorpecer la pronta solución de los asuntos o la ejecución de las resoluciones respectivas; lo cual en el caso permite al suscrito juzgador decretar el presente sobreseimiento fuera de audiencia, aún sin el emplazamiento de los terceros interesados aludidos. Apoya lo determinado en lo que interesa, la Tesis 2a. XLIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 982, del Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SOLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA". También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J.46/97 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 396, Tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SERÁ CONTRARIA A SUS INTERESES. Encontrándose una controversia constitucional en estado de resolución y advirtiéndose de su estudio que no se llamó a juicio a posibles terceros interesados, no procede reponer el procedimiento si de su análisis se desprende que el sentido de la resolución que se dicte no será contrario a sus intereses y, por ende, no les causara agravio alguno; además, a nada practico conduciría y únicamente retardaría el procedimiento y la resolución del asunto." Notifíquese personalmente y cúmplase. Lo proveyó y firma Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/1603/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Ciudad Valles, ante el Secretario Eric Eduardo Escamilla Juárez que autoriza y da fe.

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