Bruno Juárez Zúñiga

Expediente 110/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
110/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2018

Partes del expediente

  • Bruno Juárez Zúñiga

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a tres de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de diez de abril de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el cómputo a efecto de saber si ya transcurrió el término a la autoridad responsable y a la parte tercera interesada, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a diez de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, mediante el cual mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, y asimismo allega copia autógrafa de las constancias relativas a la calificación de pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 0850/2017/JE1-1; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Bruno Juárez Zúñiga es: La omisión en que incurre la Autoridad Responsable de no pronunciarse sobre la calificación de pruebas ofrecidas por las partes, en la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, celebrada a las 10:30 horas del día 06 de Noviembre de 2017. De la Autoridad Responsable se reclama la omisión en que incurre al no dar respuesta a la petición formulada mediante escrito de fecha 21 de Febrero de 2018, recibido por ésta en la misma fecha y en el que se solicita se proceda a calificar las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de las 10:30 horas del día 06 de Noviembre de 2017. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario Constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia Constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicho precepto legal establece que los controvertidos Constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado Tribunal Constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación Constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Las consideraciones expuestas tienen como sustento en la ejecutoria que originó la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, página 38, correspondiente a Junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto, adquiere relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b), toda vez que de las copias autógrafas que remitió la responsable, se advierte que en la diligencia de cinco de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 00850/2017/JE1-1, dio contestación a la petición formulada por el aquí quejoso de veintiuno de febrero de la presente anualidad, en el sentido de haber calificado los medios de convicción ofrecidos por las partes, actos por los cuales se adolecía en el presente Juicio de Amparo; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Actuaciones que tienen como consecuencia la constitución de una situación jurídica que destruyó aquella que motivó el reclamo a la afectación de los derechos fundamentales del demandante de garantías. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la diversa que originó la presentación de la demanda de garantías, en la que se reclamó la afectación de los derechos primarios del requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del citado particular. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Junta responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica de la peticionaria de garantías, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle a la demandante de garantías, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio de garantías debe sobreseerse con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (diez horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, a diez de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, mediante el cual mediante el cual, rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, y asimismo allega copia autógrafa de las constancias relativas a la calificación de pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 0850/2017/JE1-1; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Bruno Juárez Zúñiga es: La omisión en que incurre la Autoridad Responsable de no pronunciarse sobre la calificación de pruebas ofrecidas por las partes, en la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, celebrada a las 10:30 horas del día 06 de Noviembre de 2017. De la Autoridad Responsable se reclama la omisión en que incurre al no dar respuesta a la petición formulada mediante escrito de fecha 21 de Febrero de 2018, recibido por ésta en la misma fecha y en el que se solicita se proceda a calificar las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de las 10:30 horas del día 06 de Noviembre de 2017. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario Constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia Constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicho precepto legal establece que los controvertidos Constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado Tribunal Constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación Constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Las consideraciones expuestas tienen como sustento en la ejecutoria que originó la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, página 38, correspondiente a Junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto, adquiere relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b), toda vez que de las copias autógrafas que remitió la responsable, se advierte que en la diligencia de cinco de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 00850/2017/JE1-1, dio contestación a la petición formulada por el aquí quejoso de veintiuno de febrero de la presente anualidad, en el sentido de haber calificado los medios de convicción ofrecidos por las partes, actos por los cuales se adolecía en el presente Juicio de Amparo; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Actuaciones que tienen como consecuencia la constitución de una situación jurídica que destruyó aquella que motivó el reclamo a la afectación de los derechos fundamentales del demandante de garantías. Así, es evidente que la responsable emitió una determinación que constituyó una situación jurídica que destruyó la diversa que originó la presentación de la demanda de garantías, en la que se reclamó la afectación de los derechos primarios del requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del citado particular. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Junta responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica de la peticionaria de garantías, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle a la demandante de garantías, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio de garantías debe sobreseerse con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (diez horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Bruno Juárez Zúñiga, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad de la apoderada de la parte quejosa, toda vez que exhibe copia autógrafa del proveído de tres de mayo de dos mil diecisiete, dictado en los autos del expediente laboral 00850/2017/JE1-1 del índice de la Junta responsable. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 110/2018-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer de la presente demanda de amparo; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 2, 107, 108, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, toda vez que no se solicita expresamente. Se cita por analogía la tesis I.7o.A.12 K del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 848, Tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Enero de 1999, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ADMISIÓN NO SE REQUIERE QUE EL QUEJOSO SEÑALE EL CAPÍTULO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 116 de la Ley de Amparo es claro al señalar los requisitos que debe reunir la demanda de garantías, entre los cuales no figura el consistente en que el quejoso indique el capítulo correspondiente a la suspensión del acto reclamado; de ahí, que al no existir señalamiento alguno al respecto, no es motivo para que el Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, prevenga al promovente para que satisfaga ese aspecto con el apercibimiento que de no hacer la aclaración respectiva se tenga por no interpuesta la demanda de amparo y ante el incumplimiento del quejoso, haga efectivo dicho apercibimiento; pues en todo caso, ante la falta de solicitud de la suspensión del acto reclamado, esa circunstancia únicamente afecta al peticionario de garantías, en el sentido de que el incidente correspondiente no se tramitará; además la solicitud de la medida suspensional puede ser realizada por el quejoso en cualquier momento del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria, de conformidad al artículo 141 del ordenamiento legal en cita." Por tanto, con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir en el plazo de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído y con la oportunidad a que se contrae el primer párrafo del tercero de los numerales invocados, en la inteligencia que de no rendirlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se tomará en cuenta dicha omisión, para los efectos del numeral 117 de la referida legislación, esto es, se presumirá la certeza del acto reclamado. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que deberá acompañar a su informe justificado, las constancias completas y legibles que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional; en la inteligencia que de no rendir dicho informe o no remitir las constancias relativas, se le impondrá una multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Para tal efecto, remítase copia de la demanda de amparo. Resulta aplicable la tesis número XXIV.2o.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada el viernes seis de enero de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE APERCIBIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL SOLICITARLO SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE GENERA SU FALTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 Y 117 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN." Hágase saber a las partes que si cesan lo efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, según lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 251 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. En otro contexto, por ser parte en el juicio de amparo, de acuerdo a lo expuesto por el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, por medio de lista según lo previene al artículo 26, fracción III del citado cuerpo legal, dese la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, haciéndole de su conocimiento que la copia de la demanda queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle José Ma. Morelos número 227-A, zona Centro, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se tienen como tercero interesado a la: -Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, con domicilio en carretera Valles-Mante, kilómetro 1.5, fraccionamiento Valle Alto, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Resulta aplicable por identidad jurídica la tesis número I.3º.C.74 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1855, Libro 17, abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial dela Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO." En esas condiciones, gírese oficio a la autoridad tercera interesada Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, para efecto de emplazarla al presente juicio de amparo; por tanto, córrasele traslado con copia simple de la demanda constitucional. Por otra parte, se le tiene ofreciendo como prueba documental, la constancia que anexa a su libelo constitucional, la que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Finalmente, se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma Luis Fernando Arreola Villa, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asistido de Erik Abraham García Aquino, Secretario que autoriza y da fe.

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