Bruno Leal Yañez

Expediente 344/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 39 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
344/2019
Año
2019
Actuaciones
39
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Bruno Leal Yañez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Incidental

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Se recibe el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***********, mediante el cual solicita la devolución de las "fianzas otorgadas" para la suspensión provisional y definitiva; asimismo, señala autorizado, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, revocando los anteriormente designados. Ahora, respecto a la devolución del billete que en su oportunidad garantizó la suspensión definitiva, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado; ello en virtud de que de las constancias que integran la presente incidencia se advierte que mediante comparecencia de tres de octubre de dos mil diecinueve, se devolvió al quejoso **************, el billete de depósito N 710449, valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito. Sin que hubiera exhibido billete de depósito alguno para garantizar la suspensión provisional, por ende, tampoco hay documento que devolver. Por otra parte, se tiene como domicilio de la citada parte procesal el ubicado en calle Frontera número 1530, fraccionamiento Altavista de esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Alberto Hernández Vega, toda vez que cuenta con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciado en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a seis de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial de esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio derivado del proveído de veintitrés de marzo de este año, por el que se le remitieron las copias certificadas del expediente 484/2001 de su índice, que se sirvió acompañar a su respectivo informe justificado. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actu´a, en cumplimiento al arti´culo 18, fraccio´n I, inciso b), del acuerdo en cita y de conformidad a lo que establece el citado manual en su arti´culo 7.2, se estima que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIO´N, por lo que debera´ conservarse por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, al haberse negado la proteccio´n constitucional y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, determinó revocar el fallo protector y concedió la protección constitucional en el juicio en que se actúa. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se debera´ depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, el acuerdo del archivo y demás constancias que se consideren necesarias. La justificación de esto último debera´ constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se debera´ solicitar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se negó y concedió la suspensión provisional; así como la definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN de conformidad con el punto 7.1.1, numeral 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judicial resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos del inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el apartado II, punto 16 de la circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos que en el presente asunto estuvieron suspendidos en el periodo del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de dicha contingencia. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que el quejoso y tercero interesado se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos. Por otra parte, devuélvanse al Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial de esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su respectivo informe justificado consistente en las copias certificadas del expediente 484/2001 de su índice; solicitando el acuse respectivo. Por lo que una vez que el presente cuaderno de amparo se encuentre debidamente integrado, se acordará lo conducente al archivo del mismo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de dieciocho de enero de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, haciendo manifestaciones únicamente la parte quejosa; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta conveniente precisar que, en el presente sumario el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la que se negó al quejoso Bruno Leal Yáñez, el amparo solicitado. Inconforme con la anterior determinación, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, en el expediente 513/2019, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Bruno Leal Yáñez, contra los actos y autoridades precisados aquellos y éstas en el resultando primero y segundo de la presente resolución, para los efectos expuestos en la parte final del último considerando de ésta ejecutoria." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para que el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial de esta ciudad: "I. Deje insubsistente la audiencia de remate donde se aprobó la almoneda, así como todas las consecuencias legales. II. Llame al procedimiento de remate a Bruno Leal Yáñez, quien tiene un crédito laboral en contra del demandado Eladio Manzanares Rubio. III. Una vez hecho lo anterior, continúe con el procedimiento de remate." En acatamiento a lo anterior, dicho juzgador responsable, mediante oficio SC-II-572/2020, remitió extracto del acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el que determinó dejar insubsistente la resolución de treinta de junio de dos mil quince, emitida por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, dentro del Toca Civil 207/2015, por el que se aprobó el remate celebrado el veintisiete de enero de dos mil catorce, que adjudicó en favor de la moral aquí tercera interesada el inmueble en cuestión, ordenando girar los oficios correspondientes al Notario Público Número Tres, con ejercicio en esta ciudad y a la Registradora del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con el fin de que dejen sin efectos los oficios 023/2016 y 1223/2016; además requirió a la parte actora en el juicio natural Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Fusionante de la Fusionada Banpaís Sociedad Anónima, para que exhibiera el certificado de gravámenes actualizado, a fin de estar en condiciones de llamar al procedimiento de remate a Bruno Leal Yáñez. Con el oficio precisado en el párrafo que antecede, el juez responsable acompañó copia de los acuses de recibido de los oficios SC-II-568/2020 y SC-II-569/2020, dirigidos al Notario Público Número Tres, con ejercicio en este municipio y a la Encargada del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial. Asimismo, mediante oficio SC-II-705/2020, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte y de la notificación del mismo, realizada a Bruno Leal Yáñez, fijando las nueve horas del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen. Sin embargo, en proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, este juzgado federal, determinó que la sentencia que concedió el amparo solicitado por el quejoso, no se estaba cumplida toda vez que el Juez de origen debió verificar que las consecuencias derivadas de la adjudicación hubieren desaparecido totalmente de la esfera jurídica del demandante de amparo, lo que a la citada data no acontecía. Lo anterior fue así, ya que de la comunicación 452/2020 que remitió de la Encargada del Instituto Registral y Catastral de esta ciudad, solamente se advirtió la leyenda "ANOTACIÓN POR ORDEN DE AUTORIDAD JUDICIAL/ADMINISTRATIVA"; permaneciendo a esa fecha los datos de la moral tercera interesada como propietaria. Posteriormente, mediante oficio número SC-II-807/2020, el Juez de origen remitió el auto de treinta de diciembre de dos mil veinte, en el que ordenó girar oficio a la Encargada del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de que cancelara las anotaciones marginales con motivo de la adjudicación derivada de la almoneda de remate a favor de la moral tercera interesada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Fusionante de la Fusionada Banpaís Sociedad Anónima, respecto del inmueble de mérito. Luego, a través de la comunicación SC-II-16/2021, de catorce de enero de la presente anualidad, dicha autoridad judicial remitió copia certificada del diverso oficio 17/2021, que le envió la Registradora del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial, con el cual acredita, que la cancelación ordenada fue realizada, quedando las anotaciones marginales del bien inmueble ubicado en la calle Padre Javier número cuatrocientos treinta y dos, del fraccionamiento Lomas del Yuejat, formado por los lotes doce, trece, catorce y quince manzana quince, de esta ciudad, con superficie de mil doscientos metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias, al noreste: en treinta metros con lote dieciséis, al suroeste: treinta metros con lote once, al sureste: en cuarenta metros con lotes diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte, y al noroeste: en cuarenta metros con la calle Padre Javier, a nombre de Alejandra Manzanares Rubio. En consecuencia, de acuerdo a lo que prevé el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que se ha dado cumplimiento al fallo protector, y que no existe exceso o defecto en ello; toda vez que el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial con sede en este municipio, se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, sin modificarlos o cambiarlos, pues dejó insubsistente la audiencia de remate donde se aprobó la almoneda, así como las consecuencias legales y llamó al procedimiento de remate al demandante de amparo, para continuar con el procedimiento en comento, tal como quedó asentado en párrafos precedentes. Conforme a lo anterior, es claro que se cumplieron los efectos de la concesión del amparo precisados con anterioridad, sin existir un defecto o exceso en la misma; por lo tanto, ha lugar a tener por cumplimentada la ejecutoria de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 120/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 774, con número de registro 2005227, que dice: "INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." Por otra parte, respecto a las manifestaciones realizadas por el quejoso Bruno Leal Yáñez, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintisiete de enero de la presente anualidad, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes. Lo que precede es así, toda vez que en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el juzgador responsable fijó las nueve horas del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de remate en primera almoneda del multicitado bien inmueble, llamando al procedimiento de remate al solicitante de amparo, así como a diversos acreedores, notificándole la citada data y fecha a Bruno Leal Yáñez, el treinta de noviembre del año próximo pasado. Aunado a lo anterior, se demostró que las anotaciones marginales del bien inmueble a la data se encuentran a nombre de Alejandra Manzanares Rubio, producto de la cancelación ordenada por el Juez natural a la Encargada del Instituto Registral y Catastral del Sexto Distrito Judicial. Cumpliendo así con el fallo dictado en este juicio de amparo, al haber quedado colmados cada uno de sus lineamientos; ya que la concesión del amparo, no debe trascender más allá del acto que inicialmente fue reclamado, -falta de notificación y llamado a la audiencia de remate dentro del juicio ejecutivo mercantil 484/2001, ante el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad; así como la desposesión que adujo se efectuaría sobre el bien inmueble como garantía de pago.-; de lo contrario se estaría obligando al juez natural a extralimitar su actuar respecto de la concesión de protección constitucional. Por lo que pretender que la autoridad responsable nuevamente fije fecha y hora para que se desarrolle la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble en comento, cuando anteriormente ya había dado cumplimiento con ese punto, no es factible, ya que no lesiona la esfera jurídica del quejoso, pues contrario a lo expuesto por éste último, por lo menos desde el doce de enero del año en curso, quedó registrada la cancelación por transmisión de dominio dentro del sistema integral registral del referido inmueble, quedando a nombre de Alejandra Manzanares Rubio; por lo que a la data señalada para la audiencia de remate en primera almoneda -veintinueve de enero de dos mil veintiuno- el inmueble ya se encontraba sin las consecuencias derivadas de la adjudicación que se había realizado. Sin perder de vista que el hoy quejoso no es parte en el juicio natural, por lo que no fue emplazado al asunto en comento; en ese sentido, requerir nuevamente al juzgador responsable conforme el demandante de amparo refiere en el citado escrito, sería pretender un exceso en el cumplimiento al fallo dictado en este juicio; por tal razón, se insiste que el alcance de la ejecutoria emitida en este asunto, se ha cumplido cabalmente. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Por otro lado, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado una vez que se reanuden los plazos y términos; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la circular SECNO/8/2021, de data treinta de enero del año en curso, que emitió la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el cual comunica que aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese, y personalmente a las partes quejosa y tercero interesada una vez que se reanuden las labores en esté Órgano de Control Constitucional.

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