Brenda Nuribeth Hernández García y Otros.
Expediente 256/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Brenda Nuribeth Hernández García y Otros.
- M.A. H. H.
- M.A. H. H. y Otros.
- Brenda Nuribeth Hernández García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veintiuno de junio de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no se cuente con la totalidad de los acuses de recibo de los oficios con los que se notificó la determinación referida a las autoridades responsables, a fin de computar si le trascurrió o no el término para interponer el recurso de revisión, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponerlo en contra de tal resolución, pues ésta no les depara perjuicio en razón de que se sobreseyó en el juicio respecto del acto que se les reclamó. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que vía electrónica remite el Apoderado Legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato; atento a su contenido, téngasele informando que ya se cuenta con el biológico adecuado para vacunar a los niños de 5 a 11 años cumplidos, y que será aplicado en primer término a los que presentaron juicio de garantías, en el que se les aplicara la primer dosis. En atención a lo anterior, no se hace necesario informar a la parte quejosa, toda vez que mediante escrito presentado el diecisiete de junio del año en curso, informó que su hija de iniciales M.A.H.H., fue vacunada con la primera dosis del biológico Pfizer BioNTech, el veintisiete de mayo pasado, adjuntando el comprobante respectivo
- Principal
Glósese a los autos el escrito firmado por *****************, en representación de su menor hija de iniciales M.A.H.H., mediante el cual adjunta el comprobante de vacunación contra el Virus Sars-COV2 e informa que la menor citada fue vacunada con la primera dosis del biológico Pfizer BioNTech, el veintisiete de mayo pasado. En atención a lo anterior y toda vez que el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, dentro cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, informó las fechas en las cuales se aplicaría en esta ciudad de Celaya, la vacuna en el rango de edad de doce a catorce años, del biológico Pfizer-BioNTech, para la prevención de la COVID-19, lo cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los que se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que "únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A. *********************, en representación de su menor hija de iniciales M.A.H.H., esencialmente reclamó: La omisión de aplicar a la niña de iniciales M.A.H.H., quien cuenta con la edad de doce años, la vacuna Pfizer/BioNTech. B. De acuerdo con lo informado por el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, dentro cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como lo comunicado por la promovente *******************, mediante escrito recibido ante este juzgado el diecisiete de los actuales, se desprende que: Inició la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se aplicó la primera a dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech a la niña de iniciales M.A.H.H. En tales condiciones, es incuestionable que la omisión reclamada de aplicar la vacuna Pfizer a los niños de doce a catorce años, en la especie la niña de iniciales M.A.H.H., cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la menor quejosa ya fue vacunada, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Sin que obste a lo anterior que aún no se le aplique la segunda dosis del referido biológico, ya que, como se dijo, la omisión que reclamó consistente en no aplicar la vacuna Pfizer a los niños de doce a catorce años, en cuyo rango de edad se encuentra la nombrada quejosa, desapareció al incluirlos en el plan de vacunación e inocularla con la primera dosis. Además, conforme a la GUÍA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA BNT162B2 PFIZER/BIONTECH CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, de acuerdo con recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID (GTAV-COVID) de México, el intervalo entre la primera dosis y segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech es de 21-42 días (3-6 semanas), las cuales evidentemente no han transcurrido. De ahí que se estime que la omisión que reclamó, de aplicar la vacuna Pfizer, cesó en sus efectos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Glósese a los autos el escrito firmado por *****************, en representación de su menor hija de iniciales M.A.H.H., mediante el cual adjunta el comprobante de vacunación contra el Virus Sars-COV2 e informa que la menor citada fue vacunada con la primera dosis del biológico Pfizer BioNTech, el veintisiete de mayo pasado. En atención a lo anterior y toda vez que el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, dentro cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, informó las fechas en las cuales se aplicaría en esta ciudad de Celaya, la vacuna en el rango de edad de doce a catorce años, del biológico Pfizer-BioNTech, para la prevención de la COVID-19, lo cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los que se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que "únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A. *********************, en representación de su menor hija de iniciales M.A.H.H., esencialmente reclamó: La omisión de aplicar a la niña de iniciales M.A.H.H., quien cuenta con la edad de doce años, la vacuna Pfizer/BioNTech. B. De acuerdo con lo informado por el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, dentro cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como lo comunicado por la promovente *******************, mediante escrito recibido ante este juzgado el diecisiete de los actuales, se desprende que: Inició la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se aplicó la primera a dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech a la niña de iniciales M.A.H.H. En tales condiciones, es incuestionable que la omisión reclamada de aplicar la vacuna Pfizer a los niños de doce a catorce años, en la especie la niña de iniciales M.A.H.H., cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la menor quejosa ya fue vacunada, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Sin que obste a lo anterior que aún no se le aplique la segunda dosis del referido biológico, ya que, como se dijo, la omisión que reclamó consistente en no aplicar la vacuna Pfizer a los niños de doce a catorce años, en cuyo rango de edad se encuentra la nombrada quejosa, desapareció al incluirlos en el plan de vacunación e inocularla con la primera dosis. Además, conforme a la GUÍA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA BNT162B2 PFIZER/BIONTECH CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, de acuerdo con recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID (GTAV-COVID) de México, el intervalo entre la primera dosis y segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech es de 21-42 días (3-6 semanas), las cuales evidentemente no han transcurrido. De ahí que se estime que la omisión que reclamó, de aplicar la vacuna Pfizer, cesó en sus efectos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
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