Brenda Vanesa Hernández Huerta

Expediente 1245/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1245/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Brenda Vanesa Hernández Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 1245/2023 promovido por Brenda Vanesa Hernández Huerta contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesada Ivette Ponce López, quienes se encuentran debidamente emplazados, como se advierte de las constancias. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa ofreció diversas pruebas documentales, las cuales obran agregadas en autos, de igual forma la autoridad responsable ofreció diversos medios de convicción, con los que se ordenó formar un tomo de pruebas por separado; mismas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este Juzgado de Distrito, a través de su pedimento número 879/2023, presentado el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado. EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos de referencia en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 1245/2023-II, promovido por el albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de Brenda Vanesa Hernández Huerta, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito depositado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido en esa misma data, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Brenda Vanesa Hernández Huerta compareció solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; en los términos siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS. La resolución de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del Toca número IV-12/2023.". En ese ocurso, la promovente formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional de amparo radicó y admitió el asunto bajo el progresivo número 1245/2023-II, requirió a la autoridad responsable su informe con justificación y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Asimismo reconoció el carácter de tercera interesada a Ivette Ponce López, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que ordenó y efectuó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que este órgano federal tiene competencia mixta y se impugna un acto declarativo emitido por una autoridad judicial del orden civil que reside dentro del ámbito territorial en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado en este juicio constitucional, es el siguiente: La resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil de apelación IV-12/2023, que desecha la incompetencia por declinatoria opuesta por Brenda Vanesa Hernández Huerta, ante la Jueza Sexta en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro de los autos del procedimiento sucesorio intestamentario número 236/2023, a bienes de José Javier Hernández Hernández, denunciado por Ivette Ponce López. TERCERO. Existencia. Es cierto el acto reclamado, toda vez que al rendir su informe con justificación la Magistrada responsable así lo aceptó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con el toca civil de apelación IV-12/2023, en el que obra la resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés, que se reclama en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, toda vez que las partes no hicieron valer alguna causal de inejercibilidad, ni de oficio se observa su actualización, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el presente asunto, se destacan los siguientes que se desprenden de las manifestaciones de las partes y las constancias allegadas al sumario: 1. Mediante escrito de dos de marzo de dos mil veintitrés, Brenda Vanesa Hernández Huerta denunció la sucesión intestamentaria a bienes de su padre José Javier Hernández Hernández, en el que señaló como presuntas herederas a Ivette Ponce López y la menor de iniciales M.H.P. 2. De ese ocurso correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, el que mediante auto de seis de marzo del año en curso, lo radicó bajo el número 202/2023, y determinó prevenir a la promovente para que acreditara con medio idóneo el último domicilio del de cujus, o bien, manifestara bajo protesta de decir verdad, cuál lo fue. 3. Dicho requerimiento lo solventó oportunamente en su escrito en el que señaló como último domicilio del finado el ubicado en el calle Acapulco número dos, letra B, colonia Morelos, Uruapan, Michoacán. 4. Así, mediante auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, el juzgado civil admitió a trámite la sucesión de que se trata, ordenó la publicación de los edictos correspondientes para llamar a terceros con derecho al haber hereditario, así como la notificación de las personas señaladas por la denunciante, a fin de que comparecieran al sucesorio. 5. No obstante, por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, la jueza civil determinó sobreseer de plano el asunto, toda vez que la intestamentaria ya había sido previamente denunciada por Ivette Ponce López ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, bajo el número 236/2023, por lo que ésta se encuentra en trámite. 6. Ante ello, el veinte de junio de dos mil veintitrés, Brenda Vanesa Hernández Huerta formuló incidente de competencia por declinatoria ante la Jueza Sexta de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, para que ésta se abstuviera de seguir conociendo del asunto, virtud de que el último domicilio del finado, dijo, se ubicó en Uruapan, Michoacán, por lo que la competencia correspondía a un juez de dicha demarcación. 7. Mediante auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, la Jueza Sexta tuvo interpuesto el incidente y ordenó remitir las constancias a la superioridad, para la resolución de la cuestión competencial. 8. Del asunto correspondió conocer, por razón de turno, a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca número IV-12/2023, resuelto el treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el sentido de desechar la incompetencia por declinatoria planteada. La Magistrada justificó esa decisión en el hecho de que la promovente se sometió a la jurisdicción de la Jueza Sexta Civil, toda vez que mediante escrito de ocho de junio de dos mil veintitrés, ésta compareció en el sucesorio 236/2023, a deducir sus derechos hereditarios, lo que así se acordó en proveído de doce siguiente. De ahí que la resolutora consideró que en términos de lo dispuesto en los artículos 159 y 192 del Código Civil del Estado, existe un sometimiento tácito de la promovente de declinatoria, a la jurisdicción de la Jueza Sexta Civil que conoce del procedimiento 236/2023. Consecuentemente, estimó que debía desecharse la cuestión de incompetencia planteada e imponer una multa a la promovente, equivalente a diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en favor de su colitigante. Lo anterior quedó plasmado en los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver la presente cuestión de competencia. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, se desechó la incompetencia por declinatoria propuesta por Brenda Vanesa Hernández Huerta; en consecuencia, TERCERO. Se ordena la devolución de los autos del juicio al juzgado sexto civil de origen, a fin de que continúe con su procedimiento. CUARTO. Se impone a la promovente de la incompetencia, una multa en los términos precisados en el considerando tercero. CUARTO (sic). Igualmente se le condena al pago de las cosas de esta instancia. QUINTO. Remítase testimonio de la presente resolución, a la jueza de origen. Notifíquese personalmente.". Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Al efecto, se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio. En sus conceptos de violación la quejosa argumenta que la Magistrada responsable realiza una indebida interpretación de los artículos 159 y 192 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues su consideración de que existe un consentimiento tácito a la jurisdicción de la Jueza Sexta Civil que conoce del sucesorio intestamentario 236/2023, no se encuentra justificada. Arguye que esto es así porque su escrito de apersonamiento al citado procedimiento tuvo como única finalidad ese extremo para estar en condiciones de hacer valer la cuestión competencial. Pues, en su decir, no estimarlo así ocasionaría que no se le reconociera carácter en ese sucesorio sin poder plantear su incidente. Agrega que los supuestos normativos no son exactamente aplicables al caso, debido a que no se está en presencia de un asunto contencioso, sino un procedimiento universal que, por su propia naturaleza, no puede dar cabida a que la presentación de un escrito [de apersonamiento] sea considerado como un sometimiento tácito a la jurisdicción. Tales planteamientos devienen infundados. Partiendo de los principios de seguridad jurídica y legalidad que se establecen en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el actuar de cualquier autoridad, incluyendo las de carácter jurisdiccional, se encuentra constreñido o limitado a lo que la ley establece. En primer lugar, se debe señalar que la seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones legales, que definen la forma en que las autoridades del Estado deben actuar. Por su parte, el principio de legalidad consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos en que ésta lo determine. Derivado de este principio, el presupuesto de la competencia, se traduce en el conjunto de facultades que las normas jurídicas otorgan a las autoridades del Estado para desempeñar, dentro de los límites establecidos por la norma, sus funciones públicas. Aunado a lo anterior, también conviene puntualizar que la competencia constituye un presupuesto procesal indispensable para la integración de la relación jurídica procesal, sin el cual no se puede llegar a emitirse un fallo jurídicamente válido. Bajo esta premisa, para el conocimiento de un procedimiento de carácter sucesorio, que se intente tramitar ante una autoridad jurisdiccional del fuero común del Estado de Michoacán, el Código de Procedimientos Civiles de esta Entidad Federativa define en el Capítulo II (titulado "Reglas para decidir las competencias") del Título Segundo (denominado "De las competencias"), las reglas para decidir las competencias, señalando categóricamente en el artículo 170 que a la letra dice: "Artículo 170. En los juicios hereditarios es competente el Juez en cuya comprensión haya tenido su último domicilio el autor de la herencia; a falta de ese domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes raíces que forman la herencia y si estuvieren en varios distritos, el Juez de cualquiera de ellos a prevención; y a falta de domicilio y bienes raíces el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observará en casos de ausencia". De lo cual se desprende la regla especial sobre competencia cuando se trate de un juicio hereditario, la cual prevé que es competente, en primer lugar, el juez del último domicilio del autor de la herencia y, solamente a falta de éste, será el del lugar donde estuvieran situados los bienes raíces que formen la herencia y, si hubiera varios, a prevención; por último, en caso de que no exista ninguno de los dos anteriores, remite al lugar del fallecimiento del de cujus. En la inteligencia de que la competencia es un presupuesto procesal que no se encuentra a elección de las partes en un juicio contencioso, pero tal como lo revela el artículo que se comenta, en el juicio universal podrá existir la posibilidad de que sea competente el juez que prevenga del asunto. Por otra parte, los artículos 159 y 192 de la citada codificación adjetiva local, establecen lo siguiente: "Artículo 159. Se entienden sometidos tácitamente: I. Al demandante, por el hecho de ocurrir al Juez entablando su demanda; II. El demandado, por el hecho de contestar la demanda, o por reconvenir al actor, a no ser que oponga la declinatoria o se reserve el derecho de promover la inhibitoria; III. El demandado que habiendo sido legalmente emplazado, no opusiere la excepción de incompetencia dentro del término legal; IV. El que habiendo promovido la incompetencia del Juez, se desista de ella; y, V. El tercer opositor y el que por cualquier motivo viniere al juicio." "Artículo 192. Si por los documentos que se hubieren presentado o por otras constancias de autos, apareciere que el litigante que promueve la inhibitoria o la declinatoria se ha sometido a la jurisdicción del tribunal que conoce del negocio, se desechará de plano continuando su curso el juicio.". De lo que se colige, en lo que interesa, que el demandado puede consentir tácitamente la competencia por el hecho de contestar la demanda o por reconvenir al actor, a no ser que oponga la declinatoria o se reserve el derecho de promover la inhibitoria (II), o bien, cuando estando legalmente emplazado [sin contestar la demanda] no opusiere la excepción de incompetencia dentro del término legal (III). Por ello, cuando se presente la cuestión competencial que deba ser resuelta por la superioridad, si de los autos apareciere que el litigante se ha sometido a la jurisdicción del tribunal -bajo los anteriores supuestos- se desechará de plano continuando su curso el juicio. Conforme a tales previsiones, se converge con la consideración de la Magistrada responsable de que se actualiza el consentimiento tácito de la aquí quejosa, puesto que mediante escrito de ocho de junio de año en curso, compareció ante la Jueza Sexta Civil que conoce del sucesorio 236/2023, señalando expresamente que lo hacía para deducir sus derechos hereditarios, cuando que su incidente de incompetencia lo presentó hasta el veinte siguiente. En efecto, del contenido del citado escrito de ocho de junio de año en curso, se obtiene el apersonamiento que efectúo la aquí quejosa al citado procedimiento, pero, además se desprende que fue su prerrogativa someterse a la jurisdicción de la jueza civil a través de la emisión del voto a su favor para ocupar el cargo de albacea en ese sucesorio. Lo anterior, sin que en ese escrito hubiere existido el señalamiento expreso de reservarse el derecho a oponer alguna cuestión competencia. Luego, si bien la peticionaria de amparo insiste en que procedió de esa manera para poder estar en condiciones de promover con posterioridad, lo cierto es que tampoco planteó su incidente de declinatoria dentro del término genérico de tres días a que se refiere el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Es decir, si su intención hubiera sido oponer la declinatoria, a partir de que se le notificó el auto que se le tuvo apersonada, contaba con el plazo de tres días hábiles para accionar en la vía incidental. De manera que si el primer extremo ocurrió el doce de junio de dos mil veintitrés, surtiendo efectos al día siguiente, es claro que su término corrió del catorce al dieciséis de ese mes, mientras que el incidente se presentó hasta el veinte siguiente. Finalmente, contra el argumento de la quejosa, se estima correcta la aplicación de los numerales 159 (situado en el capítulo de disposiciones generales) y 192 (ubicado en el capítulo de "La substanciación y decisión de las competencias") de la citada codificación adjetiva local, toda vez que si bien éstos se refieren genéricamente a un procedimiento contencioso, haciendo referencia al "demandado". Cierto resulta que la interpretación de dichos dispositivos puede hacerse extensiva al procedimiento universal de que se trata, ya que se ubican materialmente en el título y capítulo referente a las reglas generales aplicables para las competencias y lo relativo a su decisión, sin que el legislador hubiera hecho acotación alguna sobre que solo aplican para los asuntos contenciosos. A más de que, analógicamente, la competencia a un procedimiento sucesorio puede tener efectos equivalentes a cuando el demandado acude al juicio a hacer valer sus derechos, sin hacer valer oportunamente la incompetencia; pues en tales casos se evidencia en forma indudable, el sometimiento tácito del reo a la competencia del juez que conoce del asunto. Sin que exista alguna justificación suficiente para inaplicarlos, aunado a que la quejosa no vierte algún argumento que así lo sustente. Incluso, porque la sola manifestación de que su escrito en el que se apersonó no tuvo como finalidad consentir la competencia de la jueza civil, no es suficiente para desvirtuar su conducta procesal conforme a lo ya expuesto a supralineas. De ahí que, se reitera, si como parte procesal la aquí quejosa fue debidamente notificada del sucesorio, compareció oportunamente y no planteó la cuestión dentro del término genérico de tres días hábiles que le concede la ley, debe concluirse que sí existe un sometimiento tácito a la jurisdicción. Apoyan lo expuesto las tesis siguientes: "COMPETENCIA POR SUMISION. SUCESIONES. Independientemente del lugar en donde el autor del intestado haya tenido su último domicilio, si la persona que promueve la inhibitoria no alega derechos ningunos a la herencia, el hecho que invoca de ser propietaria de los bienes que se listaron como de la sucesión, sólo le daría derecho a pedir la exclusión de esos bienes del acervo hereditario, pero no a que se le reconociera el carácter de heredera. Y por otra parte, teniendo únicamente interés jurídico en el juicio sucesorio como aspirantes a la herencia, la cónyuge supérstite y los hijos del de cujus, representados por su tutor, y habiendo todos ellos, reiterado expresamente su sumisión al Juez que conoce del juicio sucesorio, lo que es perfectamente legal, por tratarse de competencia territorial, que es renunciable, debe fincarse en él la competencia, si los códigos procesales civiles de los Estados cuyos Jueces compiten, declaran competente al Juez al que las partes se hayan sometido expresa o tácitamente.". "JUICIOS SUCESORIOS. COMPETENCIA EN CASO DE SUMISION TACITA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES Y JALISCO). Si el promovente de la inhibitoria estuvo conforme con la denuncia que se hizo del juicio sucesorio testamentario de su finado padre, ante uno de los Jueces contendientes; presentó escrito ante el mismo, manifestando su conformidad con el testamento de su padre, y aceptó el cargo de albacea, el que le fue discernido por el citado Juez, y con este carácter presentó ante el mismo juzgado, el inventario y avalúo de los bienes de la sucesión, por lo que, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 139 y 143 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes y 154, 156 y 158 del de Jalisco, se sometió tácitamente a la jurisdicción del Juez de Aguascalientes, y debe por lo mismo fincarse la competencia para seguir conociendo del juicio testamentario de que se trata, a dicho funcionario, por tratarse en el caso de una jurisdicción territorial que es renunciable, de acuerdo con el artículo 32 del Código Federal de Procedimientos Civiles, si las leyes de los Estados cuyos Jueces compiten, tienen la misma disposición respecto al punto jurisdiccional controvertido.". Consecuentemente, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. No resta más que indicar que no se hará especial referencia al pedimento del Ministerio Público adscrito, en virtud de que no aduce la actualización de alguna causal de improcedencia ni sobreseimiento en el juicio de amparo, máxime que no forma parte de la litis constitucional. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Brenda Vanesa Hernández Huerta, contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe. LFSL

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase a la promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintiséis de octubre del presente año, no fue posible proveer al respecto, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como mediante circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, y áreas administrativas. SE INICIA PROCEDIMIENTO DE LOCALIZACION Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio de los terceros interesados ********************; en tal virtud se le hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés y se inicia el procedimiento de investigación, con fundamento en el artículo 27 fracción III de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, y a efecto de agotar los medios para su localización y emplazamiento, gírese atento oficio al CFE Sumunistrador de Servicios Básicos, Director de Teléfonos de México, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, Director de Catastro del Estado, Director del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1", Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Vocal Estatal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, todos residentes en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informen a este Órgano Jurisdiccional si en la dependencia a su cargo, tienen algún registro en relación con el domicilio de los terceros interesados ********************, lo anterior por resultar necesario para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Sin que ello impida que durante el transcurso en que se realice la investigación, la parte quejosa pueda proporcionar otro domicilio en el que pueda ser notificada la parte tercero interesada en mención; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en particular la certificación que antecede, de la que se desprende que de los avisos de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitidos por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito, así como de las circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se declararon inhábiles del diecisiete al veintinueve de octubre del presente año. Ahora, ante la declaratoria de días inhábiles es viable establecer que la parte quejosa no estuvo en posibilidad de ofrecer pruebas en este juicio con la anticipación requerida que establece la Ley de Amparo, virtud de que el último día hábil previo a la emisión de este acuerdo fue el dieciséis de octubre; ello principalmente a efecto de sostener los argumentos formulados en torno a la decisión de cambio de tratamiento médico para el padecimiento del directo quejoso, al margen de que no se haya ampliado la demanda respecto a la decisión del Comité de Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal de la Delegación Regional de Michoacán, sesionada el ocho de junio de este año. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy FeRclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano