Braulio Romero Perez

Expediente 356/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
356/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
07/06/2017

Partes del expediente

  • Braulio Romero Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual acusa recibo del oficio B-352-1.1 (por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 356/2017-B, un tomo de pruebas y dos cuadernos incidentales -original y duplicado-) e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Braulio Romero Pérez. Ahora bien, háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara su incompetencia legal, por razón de materia, para dictar sentencia en el presente juicio de garantías promovido por Braulio Romero Pérez. SEGUNDO. Remítanse los autos, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla en Turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias respectivas. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa Braulio Romero Pérez, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones personales en la ciudad de Puebla o en esta ciudad, en virtud de que el acuerdo por el cual se le requirió para tal efecto le fue notificado personalmente el doce de mayo del año en curso, surtió efectos el quince de mayo siguiente, y transcurrió del dieciséis al dieciocho de mayo de dos mil diecisiete; en ese sentido, con fundamento en los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, se ordena realizar todas las notificaciones por lista de acuerdos a la parte quejosa, aún las de carácter personal.

  4. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinticinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 356/2017-B (foja 32 vuelta), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistida de Aída Araceli Ramírez Lozano, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por BRAULIO ROMERO PÉREZ (fojas 1 a 4), auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete (suspensión provisional, con fojas 5 a 10), proveído de cuatro de mayo del actual (fojas 32 y 33) y el informe previo que rindió la autoridad responsable (fojas 38 y 39). A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en la que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la Jueza acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, la Jueza acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 356/2017-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por BRAULIO ROMERO PÉREZ; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por BRAULIO ROMERO PÉREZ, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, el acto reclamado en el presente asunto es: La orden de citación, presentación o comparecencia emitida por un juez calificador. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME PREVIO Foja 1 Juez Calificador de San Buenaventura Nealtican, Atlixco, Puebla CIERTO 38 y 39 La referida autoridad responsable, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto que se le reclama; por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado consistente en la orden de citación y, su ejecución; lo que se corrobora con el original de dicho acto, cuya copia cotejada obra en autos. En tales condiciones, se concede la suspensión definitiva por lo que hace a la orden de citación emitida por el 1. Juez Calificador de San Buenaventura Nealtican, Atlixco, Puebla, en contra del quejoso BRAULIO ROMERO PÉREZ, pues si bien es cierto el mandato de tal naturaleza (citación) no se traduce propiamente en una orden de privación de libertad, el mismo, al mencionar que es para "tratar" con el quejoso, los delitos de robo y daño en propiedad ajena, respecto de un predio, resulta inconstitucional por lo siguiente. Esto, porque se realizó con el fin de citar al aquí quejoso "para tratar el delito de robo y daño en propiedad ajena, respecto del predio denominado Carranza Brambila, en perjuicio del Señor Eleuterio Santamáría Ramírez (.)", cuando que la autoridad señalada como responsable, sólo está facultada para conocer de las conductas antisociales y sancionar las faltas administrativas, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 206 y 206 bis del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. En efecto, como lo dispone el artículo 21 Constitucional, es al Ministerio Público a quien corresponde la investigación y persecución de los hechos constitutivos de delito. En consecuencia, ponderando la suscrita Jueza, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y que de no concederse la suspensión definitiva traería como consecuencia un daño de difícil reparación al quejoso, al someterlo ante una autoridad que no tiene facultades para intervenir en la investigación de delitos; con fundamento en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo se concede la suspensión definitiva para el efecto de que se ordene la paralización o inmovilización de dicha citación, hasta en tanto se resuelva el juicio principal del que deriva la presente incidencia. Sirve como apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE SE TRADUCE EN QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE PERJUICIO DE DIFÍCIL REPARACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO). Si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece sólo 2 requisitos de procedencia de la suspensión que no sea de oficio, como lo son que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que, como se advierte de los procesos legislativos de dicha ley, la referencia que se hace con respecto al análisis del peligro en la demora para efectos de la suspensión, implica el reconocimiento de este tópico como verdadero requisito para su procedencia, aun cuando no se encuentre expresamente previsto en el precitado precepto; por tanto, al hacer una interpretación sistemática de la ley de la materia, se tiene que el juzgador debe ponderarlo, lo que sólo puede derivar del análisis integral del acto reclamado, de sus características, importancia, gravedad, y trascendencia social, así como de la dificultad de su reparación, esto es, tomando en cuenta todos los intereses y las posiciones jurídicas que participen en el caso concreto, tratando de conciliarlos, a fin de comparar los daños que la suspensión pueda ocasionar al interés público, con los que deriven contra el quejoso y, en ese tenor, resolver con preferencia al menor menoscabo social; de ahí que el estudio que realice el juzgador no puede limitarse a los requisitos del artículo 128, sino que deberá atender de manera simultánea a los contenidos en el artículo 139, relativos a la ponderación, además de la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora con perjuicios de difícil reparación para el quejoso." Así como la diversa emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Lo anterior, es acorde a lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 397/2016, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en el sentido de que las normas del apartado especial de la Ley de Amparo relativo a la suspensión en materia penal (artículos 159 a 169), son aplicables a los actos ahí expresamente contemplados; y en los supuestos en que se reclame otro acto en materia penal que no esté expresamente previsto en ese apartado, debe analizarse con base en las normas de la parte general que regulan la suspensión y permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. No se fija garantía alguna, por no contar con datos de que la presente concesión pueda causar daños o perjuicios a persona alguna que le reviste el carácter de tercero interesado. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por BRAULIO ROMERO PÉREZ, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por la autoridad responsable ahí indicada.

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