Braulio Marcelino Rosas Castañeda

Expediente 426/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
426/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
21/07/2021

Partes del expediente

  • Braulio Marcelino Rosas Castañeda
  • MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ HERRERA (DEFENSOR) y Otros.
  • BRAULIO MARCELINO ROSAS CASTAÑEDA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. I. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DEPURACIÓN, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DEPURACIÓN, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTAL. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable: 1. Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, por conducto de la jueza de control Karla Ivonne Munguía Olmos, consistente en dos discos versátiles digitales los cuales contienen las audiencias celebradas el ocho y trece de abril, ambas de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 932/2021/PUEBLA, de su índice, devuélvanse los mismos a la autoridad responsable en cita. No ha lugar a requerir el acuse de recibo de las constancias remitidas a su lugar de origen, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, y cerciorarse que en los acuse de dichas misivas, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese electrónicamente al quejoso Braulio Marcelino Rosas Castañeda, por conducto de su defensor particular Manuel Alejandro Álvarez Herrera; por lista a la tercera interesada Matilde Meléndez Arenas, madre de la víctima María Monserrat Zacatelco Meléndez; y, por oficio a la autoridad responsables, a las fiscales terceras interesadas y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 73, 74, 75, 76, y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Braulio Marcelino Rosas Castañeda, respecto de la determinación de vinculación a proceso, dictada en audiencia de trece de abril de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la causa penal 932/2021/PUEBLA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de feminicidio, en agravio de la víctima María Monserrat Zacatelco Meléndez; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando noveno de este fallo

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por Matilde Meléndez Arenas, madre de la víctima María Monserrat Zacatelco Meléndez; y, en atención a su contenido, primero téngasele apersonándose al presente juicio de amparo con el carácter de parte tercera interesada, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su ocurso de cuenta y designando a las personas que menciona como autorizados de su parte en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. En otro sentido, no ha lugar a tener la cuenta de correo electrónico que proporciona como medio para oír y recibir sus notificaciones, ya que éste no se encuentra contemplado en la ley de la materia; sin embargo, de conformidad con los artículo 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, se tiene como medio para establecer contacto no procesal, en caso de que ello se estime necesario; sin que ello implique que puedan presentarse promociones a través del mismo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119, en relación con el diverso 123, ambos de la Ley de Amparo, téngase a la ocursante ofreciendo como pruebas de su parte, las que refiere en su escrito de cuenta (documental pública y presuncional legal y humana), mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, téngase a dicha parte procesal, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. Finalmente, agréguese a los autos el oficio 2076/2021/PUE signado por Karla Ivonne Munguía Olmos, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital -en lugar del juez de control responsable Daniel Iván Cruz Luna-, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno, comunica que no existe juicio de amparo diverso al presente, en el que el quejoso Braulio Marcelino Rosas Castañeda haya reclamado el auto de vinculación a proceso dictado el trece de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 932/2021/PUEBLA; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese electrónicamente al quejoso Braulio Marcelino Rosas Castañeda, por conducto de su defensor particular Manuel Alejandro Álvarez Herrera; y, por lista a las demás partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de junio de dos mil veintiuno. Solicitud de informe aclaratorio. Visto el estado procesal que guardan lo presentes autos, se advierte que mediante acuerdo dictado el tres de junio de dos mil veintiuno se tuvo a Karla Ivonne Munguía Olmos, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital -en lugar del juez de control responsable Daniel Iván Cruz Luna- rindiendo el informe justificado requerido; asimismo, entre otras cuestiones, comunicó lo siguiente: "(.) VIII. Derivado de lo anterior, el quejoso de marras, por sí mismo, promovió diverso juicio de garantías en contra del auto de vinculación a proceso decretado en su contra, por el delito de Feminicidio, previsto y sancionado por los artículos 338 fracción III, VI, IX, 338 bis, en relación con los diversos 11, 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de María Monserrat Zacatelco Meléndez. (.)" Sin embargo, ni de las documentales remitidas en apoyo a su informe justificado ni del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende algún antecedente diverso en el que el ahora quejoso Braulio Marcelino Rosas Castañeda haya reclamado el auto de vinculación a proceso materia del presente juicio de derechos fundamentales. Por tanto, de conformidad con los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, se requiere a Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital -autoridad responsable- para que en el término de veinticuatro horas, computado legalmente, realice lo siguiente: ( Aclare si existe o no un juicio de amparo diverso al presente, en el que el quejoso Braulio Marcelino Rosas Castañeda haya reclamado el auto de vinculación a proceso dictado el trece de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 932/2021/PUEBLA. ( En caso de existir, proporcione el número de expediente y el órgano jurisdiccional ante el cual se encuentra radicado; y, de ser posible, remita copia certificada de las constancias que apoyen su dicho. Se apercibe a la citada autoridad, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Diferimiento constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia lo siguiente: 1. Que se encuentran transcurriendo los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a las partes por acuerdo dictado el tres de junio de dos mil veintiuno, respecto al informe justificado rendido por Karla Ivonne Munguía Olmos, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital -quien lo rindió en lugar del juez de control responsable Daniel Iván Cruz Luna-, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. 2. Que se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedido a los terceros interesados -fiscales intervinientes en la causa penal de origen y parte ofendida del delito-, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; ello, tomando en cuenta que quedaron emplazados el tres y ocho de junio de actual , respectivamente. En tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta y seis minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese electrónicamente al quejoso Braulio Marcelino Rosas Castañeda, por conducto de su defensor particular Manuel Alejandro Álvarez Herrera; por oficio a la autoridad responsable requerida; y, por lista a las demás partes.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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