Brandon Yahir Pérez Ramírez

Expediente 991/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
991/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Brandon Yahir Pérez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 991/2021-I. Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso, no se inconformó contra el auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. La notificación al quejoso del referido auto, se realizó vía electrónica el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, de manera que el plazo para impugnarlo transcurrió del cinco al once del presente mes y año. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la Analista Jurídica SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente - conforme se encomendó en el apartado precedente-coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SJUICIO DE AMPARO 991/2021-I. Puebla, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que promueve , por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que el quejoso, señala como acto reclamado lo siguiente: "., ." En primer término, es importante destacar que pese a que el quejoso indica como acto reclamado una orden privativa de la libertad fuera de procedimiento ordenada por un fiscal, de la lectura integral de la demanda puede advertirse que no se trata de un caso urgente, que actualizaría la procedencia de la demanda de amparo. Es así pues para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere que sea solicitada al Juez de Control, tal como lo prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco puede ordenar su detención o arresto, salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; concurra un riesgo fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí quejosa pueda evadirse. Empero, de los antecedentes de la demanda no se observan tales circunstancias, y por ende, los fiscales señalados como responsables no pueden ordenar su detención, salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que la actualización de la improcedencia invocada debe subsistir. Por otra parte, de la transcripción que antecede, se advierte que el quejoso también se duele del inicio de una carpeta de investigación en su contra, la cual pudiera ocasionar la privación de la libertad del quejoso, misma que atribuye únicamente a diversas autoridades administrativas, sin que mencione alguna judicial. Sin embargo, tal acto actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la investigación como tal, consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables, Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado; por ello, el inicio o trámite de una carpeta de investigación en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se pretende reclamar el inicio de una carpeta de investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta de investigación sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la investigación que se lleve a cabo contra el quejoso, con la cual se integre una carpeta de investigación, pues por sí misma, no le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. En efecto, la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de ella determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera, en su caso, acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la investigación en su contra, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. En adición, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos omiten ser de imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de datos de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que la persona que resulte imputada haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Por ello, debe considerarse a la eventual integración de carpetas de investigación contra el quejoso, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Además de lo anterior, también se encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 21 constitucional. Es así, pues un agente del Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar los delitos para conocer determinados hechos, misma que no debe ser obstaculizada por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como lo sería la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho señalado por la ley como delito. Sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere que sea solicitada al Juez de Control, tal como lo prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si el quejoso reclama como acto, el relativo a su posible detención ordenada por agentes del Ministerio Público como consecuencia de realizar algún acto de investigación, es de precisar que en el sistema de justicia penal adversarial, el representante social carece de facultades legales y constitucionales para ordenar aprehensión, detención, arresto o presentación por medio de la fuerza pública de alguna persona que se encuentre con la calidad de investigada, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, de conformidad con los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco puede ordenar su detención o arresto, salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; concurra un riesgo fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues se actualizaron las referidas causas de improcedencia manifiesta e indudablemente, conforme a las razones y fundamentos expuestos con antelación. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso, el indicado en la demanda de amparo y quedan autorizados para oír y recibir todo tipo de notificaciones e imponerse de autos, las personas mencionadas en la misma, pues el quejoso omitió conferirles en forma expresa las facultades amplias a que alude el numeral 12 de la Ley de Amparo. Usuario para acceso electrónico y notificación por ese medio. Luego, como lo solicita el quejoso, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al usuario "pteutlez" lo cual le permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). En relación a la solicitud para poder acceder y ser notificado por medio del expediente electrónico, es procedente su pretensión porque proporciona el "nombre de usuario" utilizado al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; en forma electrónica al quejoso.

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