Blanca Lesbia Martinez Yopihua
Expediente 313/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Blanca Lesbia Martinez Yopihua
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 313/2022-III. Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada la demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). el presente expediente constituye un asunto concluido. Resguardo del expediente (ARCHIVO). se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Existencia de documento. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que la quejosa adjuntó a su escrito de demanda el original del acuse de recibo del escrito con sello de recepción de siete de marzo de dos mil veintidós (fojas 4 y 5 de autos). En consecuencia, desde este momento se pone a disposición de la quejosa o cualquiera de sus autorizados, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, acudan a este juzgado a recoger la citada documental, previa copia simple que del mismo se deje para constancia dentro del presente juicio de amparo. En el entendido que para su devolución deberá agendar una cita en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para ingresar a este órgano jurisdiccional, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma. Se apercibe a la parte quejosa que de no recoger el documento dentro del plazo indicado, el mismo será destruido, en su momento, junto con el presente expediente. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte promovente, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído habrá de notificarse por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 313/2022-III. Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada la demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). el presente expediente constituye un asunto concluido. Resguardo del expediente (ARCHIVO). se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Existencia de documento. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que la quejosa adjuntó a su escrito de demanda el original del acuse de recibo del escrito con sello de recepción de siete de marzo de dos mil veintidós (fojas 4 y 5 de autos). En consecuencia, desde este momento se pone a disposición de la quejosa o cualquiera de sus autorizados, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, acudan a este juzgado a recoger la citada documental, previa copia simple que del mismo se deje para constancia dentro del presente juicio de amparo. En el entendido que para su devolución deberá agendar una cita en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para ingresar a este órgano jurisdiccional, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma. Se apercibe a la parte quejosa que de no recoger el documento dentro del plazo indicado, el mismo será destruido, en su momento, junto con el presente expediente. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte promovente, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído habrá de notificarse por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO A PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 313/2022-III. Puebla, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por Blanca Lesbia Martínez Yopihua, por su propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla. DESECHAMIENTO. El numeral 113 de la Ley de Amparo1, establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano.....En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la parte quejosa debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que el reclamo de la parte quejosa, en esencia, consiste en la omisión del Fiscal General del Estado de Puebla, de dar contestación al escrito de siete de marzo de dos mil veintidós -con sello de recepción de la mima data-, en el que realizó diversas peticiones relacionadas a la carpeta * , en cuanto a sus beneficios como víctima de un delito, ya que con la lenta impartición de justicia el vehículo automotor de su propiedad continua retenido desde el cinco de febrero del presente año. Sin embargo, en el apartado conceptos de violación, tercer párrafo, la parte quejosa manifiesta que se duele de: ".la autoridad señalada como responsable ha sido omisa totalmente en dar contestación a la petición que mediante escrito, de manera pacífica y en forma respetuosa, le formulara el quejoso, a través del escrito que adjunto, al presente en copia y sello original de la hoy responsable, y por tal motivo me veo en la necesidad de ocurrir y utilizar nuestro juicio de amparo, para que se me restituya la garantía constitucional violada." Además, en el escrito de siete de marzo de dos mil veintidós presentado ante el Fiscal General del Estado de Puebla, manifiesta que es víctima dentro de la carpeta de investigación antes citada, pues es la dueña del vehículo marca****, pues de un percance vial en el que su esposo iba conduciendo, el responsable no se hizo cargo de pagar los daños y por ello se vio en la necesidad de presentar una querella. Al respecto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, "Artículo 61. .., el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal : [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los anteriores preceptos, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. En el caso, de la exposición realizada en el capítulo de acto reclamado de la demanda y de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, así como de los conceptos de violación, no se advierte que la omisión atribuida al fiscal responsable constituya un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos fundamentales de la quejosa. Al respecto, no debe perderse de vista que la falta de respuesta a una petición o escrito no viola de forma inmediata y autónoma el derecho de petición del recurrente -consagrado en el referido artículo 8o. constitucional-, pues éste impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular. En el caso, recién el siete de marzo de este año, se presentó el escrito del cual la promovente se duele por su falta de respuesta, por lo que a la presente data, apenas han trascurrido once días hábiles desde que lo presentó hasta el momento en que pretendió accionar en sede constitucional, esto es del ocho al veintitrés de marzo del año en curso. De lo anterior se colige que no resulta correcto referir que alguna autoridad judicial o administrativa, encargadas de algún procedimiento, violen el derecho de petición de la parte quejosa, cuando no responden a un escrito o promoción presentada en el propio procedimiento, dado que no puede reclamarse de forma autónoma; en cuyo caso, en los procedimientos judiciales o administrativos, existen otras violaciones, como son, el debido proceso y el de acción, lo cual está regulado por diversas disposiciones b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." y no necesariamente constitucionales, por lo que, en estos casos, no existe una violación directa a la constitución. Así es, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene derechos públicos subjetivos que tiene el gobernado, los cuales son oponibles al poder público; así, dentro de los artículos 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, se concibió una relación en la que interviene tanto el Estado como el gobernado aplicables en determinados contextos. Respecto del primero de esos numerales, explicó la sala, contiene la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con dicho precepto, es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario, siendo que éste debe señalar el domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados. De igual forma, explicó la sala, dentro de la relación entre el particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16. En específico, el primero, regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, en su parte inicial, consagra la garantía de legalidad. En el precedente en cuestión, la sala explicó que la garantía de debido proceso resulta aplicable a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, ya sea formal o material permite que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, para ello, se destacó la tesis "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." De dicho criterio se extrajo que el respeto a la garantía de audiencia por parte de las autoridades se integra, de manera genérica, cuando: i) se notifica el inicio del procedimiento; ii) se da oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) se da oportunidad de alegar; y iv) se emite una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Aunado a lo anterior, explicaron que el diverso 17 constitucional tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción, conforme al cual, el gobernado tiene el derecho de activar la función jurisdiccional, mientras que el gobernante la obligación para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. Continuaron explicando que la misma corte ha considerado el derecho de acceso a la justicia como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Por ello, la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas y uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. Bajo tales premisas, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Entonces, no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación. En esas condiciones, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta; pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Así, el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, el artículo 14, así como el 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. Por tanto, en los procedimientos ventilados ante tribunales, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que -al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho, están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal como también lo dispone el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho de acceso efectivo a la justicia). Lo anterior, habida cuenta de que el debido proceso y el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su conocimiento de forma congruente y completa, la que constituye el objeto del proceso. Explicado de otra manera, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. Ello, porque si el gobernado dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la constitución, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores; es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Abundó la primera sala, al explicar que no podría considerarse que lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la respuesta completa a las solicitudes de los particulares, sólo es aplicable para los procedimientos formalmente jurisdiccionales, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, debiéndose atender a la naturaleza del asunto que se resuelva. Las anteriores premisas interpretativas quedaron resumidas en la siguiente jurisprudencia: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o.constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. En ese contexto, como ya se adelantó, se advierte que el acto reclamado no le produce una afectación directa e inminente a los derechos fundamentales de la quejosa. De ahí que, en este caso el amparo indirecto sea improcedente, pues no estamos ante la excepción de procedencia consistente en que la omisión de emitir los pronunciamientos correspondientes afecta el ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues de la lectura de la demanda se observa que al parecer el derecho involucrado es el de propiedad, ya que en el escrito donde se reclama una falta de respuesta, se observa que se solicita la devolución de un vehículo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia5 de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Además, a juicio de esta operadora jurídica, el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación del escrito que nos ocupa cuya respuesta aún no se emite (once días hábiles) a la data de la interposición de la demanda de amparo, no constituye una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, dada la complejidad de la petición efectuada (devolución de un vehículo involucrado en un hecho de tránsito). Ello, sumado al hecho de que la parte quejosa, tampoco ha vuelto a instar a la autoridad responsable para que dé respuesta a su petición. Por lo tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ***** DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA QUEJOSA Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta (ubicado en esta ciudad). De igual forma, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los abogados que señala en el escrito de cuenta, mismos que no se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 313/2022-III. Puebla, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por Blanca Lesbia Martínez Yopihua, por su propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla. DESECHAMIENTO. El numeral 113 de la Ley de Amparo1, establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano.....En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la parte quejosa debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que el reclamo de la parte quejosa, en esencia, consiste en la omisión del Fiscal General del Estado de Puebla, de dar contestación al escrito de siete de marzo de dos mil veintidós -con sello de recepción de la mima data-, en el que realizó diversas peticiones relacionadas a la carpeta * , en cuanto a sus beneficios como víctima de un delito, ya que con la lenta impartición de justicia el vehículo automotor de su propiedad continua retenido desde el cinco de febrero del presente año. Sin embargo, en el apartado conceptos de violación, tercer párrafo, la parte quejosa manifiesta que se duele de: ".la autoridad señalada como responsable ha sido omisa totalmente en dar contestación a la petición que mediante escrito, de manera pacífica y en forma respetuosa, le formulara el quejoso, a través del escrito que adjunto, al presente en copia y sello original de la hoy responsable, y por tal motivo me veo en la necesidad de ocurrir y utilizar nuestro juicio de amparo, para que se me restituya la garantía constitucional violada." Además, en el escrito de siete de marzo de dos mil veintidós presentado ante el Fiscal General del Estado de Puebla, manifiesta que es víctima dentro de la carpeta de investigación antes citada, pues es la dueña del vehículo marca****, pues de un percance vial en el que su esposo iba conduciendo, el responsable no se hizo cargo de pagar los daños y por ello se vio en la necesidad de presentar una querella. Al respecto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, "Artículo 61. .., el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal : [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los anteriores preceptos, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. En el caso, de la exposición realizada en el capítulo de acto reclamado de la demanda y de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, así como de los conceptos de violación, no se advierte que la omisión atribuida al fiscal responsable constituya un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos fundamentales de la quejosa. Al respecto, no debe perderse de vista que la falta de respuesta a una petición o escrito no viola de forma inmediata y autónoma el derecho de petición del recurrente -consagrado en el referido artículo 8o. constitucional-, pues éste impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular. En el caso, recién el siete de marzo de este año, se presentó el escrito del cual la promovente se duele por su falta de respuesta, por lo que a la presente data, apenas han trascurrido once días hábiles desde que lo presentó hasta el momento en que pretendió accionar en sede constitucional, esto es del ocho al veintitrés de marzo del año en curso. De lo anterior se colige que no resulta correcto referir que alguna autoridad judicial o administrativa, encargadas de algún procedimiento, violen el derecho de petición de la parte quejosa, cuando no responden a un escrito o promoción presentada en el propio procedimiento, dado que no puede reclamarse de forma autónoma; en cuyo caso, en los procedimientos judiciales o administrativos, existen otras violaciones, como son, el debido proceso y el de acción, lo cual está regulado por diversas disposiciones b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." y no necesariamente constitucionales, por lo que, en estos casos, no existe una violación directa a la constitución. Así es, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene derechos públicos subjetivos que tiene el gobernado, los cuales son oponibles al poder público; así, dentro de los artículos 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, se concibió una relación en la que interviene tanto el Estado como el gobernado aplicables en determinados contextos. Respecto del primero de esos numerales, explicó la sala, contiene la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con dicho precepto, es vasta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario, siendo que éste debe señalar el domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados. De igual forma, explicó la sala, dentro de la relación entre el particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16. En específico, el primero, regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, en su parte inicial, consagra la garantía de legalidad. En el precedente en cuestión, la sala explicó que la garantía de debido proceso resulta aplicable a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, ya sea formal o material permite que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, para ello, se destacó la tesis "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." De dicho criterio se extrajo que el respeto a la garantía de audiencia por parte de las autoridades se integra, de manera genérica, cuando: i) se notifica el inicio del procedimiento; ii) se da oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) se da oportunidad de alegar; y iv) se emite una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Aunado a lo anterior, explicaron que el diverso 17 constitucional tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción, conforme al cual, el gobernado tiene el derecho de activar la función jurisdiccional, mientras que el gobernante la obligación para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. Continuaron explicando que la misma corte ha considerado el derecho de acceso a la justicia como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Por ello, la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas y uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. Bajo tales premisas, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Entonces, no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación. En esas condiciones, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta; pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Así, el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, el artículo 14, así como el 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. Por tanto, en los procedimientos ventilados ante tribunales, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que -al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho, están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal como también lo dispone el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho de acceso efectivo a la justicia). Lo anterior, habida cuenta de que el debido proceso y el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su conocimiento de forma congruente y completa, la que constituye el objeto del proceso. Explicado de otra manera, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. Ello, porque si el gobernado dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la constitución, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores; es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Abundó la primera sala, al explicar que no podría considerarse que lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la respuesta completa a las solicitudes de los particulares, sólo es aplicable para los procedimientos formalmente jurisdiccionales, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, debiéndose atender a la naturaleza del asunto que se resuelva. Las anteriores premisas interpretativas quedaron resumidas en la siguiente jurisprudencia: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o.constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. En ese contexto, como ya se adelantó, se advierte que el acto reclamado no le produce una afectación directa e inminente a los derechos fundamentales de la quejosa. De ahí que, en este caso el amparo indirecto sea improcedente, pues no estamos ante la excepción de procedencia consistente en que la omisión de emitir los pronunciamientos correspondientes afecta el ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues de la lectura de la demanda se observa que al parecer el derecho involucrado es el de propiedad, ya que en el escrito donde se reclama una falta de respuesta, se observa que se solicita la devolución de un vehículo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia5 de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Además, a juicio de esta operadora jurídica, el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación del escrito que nos ocupa cuya respuesta aún no se emite (once días hábiles) a la data de la interposición de la demanda de amparo, no constituye una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, dada la complejidad de la petición efectuada (devolución de un vehículo involucrado en un hecho de tránsito). Ello, sumado al hecho de que la parte quejosa, tampoco ha vuelto a instar a la autoridad responsable para que dé respuesta a su petición. Por lo tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ***** DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA QUEJOSA Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de cuenta (ubicado en esta ciudad). De igual forma, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los abogados que señala en el escrito de cuenta, mismos que no se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.
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