Brandon Uriel Guevara Enriquez
Expediente 300/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Brandon Uriel Guevara Enriquez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 300/2022-III. Puebla, Puebla, ocho de abril de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada la demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, esta juzgadora estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE (ARCHIVO) Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a quien hubiera presentado la demanda. INEXISTENCIA DE ANEXOS. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. SIN CUADERNOS INCIDENTALES. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y por oficio a la defensora público del quejoso
- Principal
JUICIO DE AMPARO 300/2022-III. Puebla, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN Y PROTESTA DE CARGO DE DEFENSORA PÚBLICA. Se agrega al expediente la versión escrita de la audiencia celebrada por videoconferencia el cuatro de abril de dos mil veintidós, en la que + , aceptó el cargo de defensora pública del quejoso + En consecuencia, téngase a la referida defensora, licenciada, aceptando el cargo de defensora pública del quejoso Brandon Uriel Guevara Enríquez, designada para asistir a este último en este juicio de amparo, por la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la mencionada defensora pública el indicado en la diligencia en comento; y se toma nota del correo electrónico proporcionado por ella, en caso de ser necesario establecer comunicación por dicho medio. En cuanto al número telefónico que proporciona, podrá considerarse (dado el estado de contingencia sanitaria, derivado del fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19) por los actuarios correspondientes, como medio para establecer contacto con la citada defensora. En ese sentido, se ordena hacer del conocimiento del quejoso la protesta del cargo mencionado y se hace notar que las subsecuentes notificaciones le serán realizadas a través de su defensora pública, salvo aquéllas notificaciones que deban realizarse de forma personal. Se hace notar que el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 párrafo primero, de la Ley de Amparo, para impugnar el acuerdo de veintitrés de marzo del dos mil veintidós transcurrirá para la defensora del quejoso a partir de la fecha en la que se le haya notificado el proveído de veintinueve de marzo del año en curso. Notifíquese; de manera personal al quejoso (en su lugar de reclusión).
- Principal
JUICIO DE AMPARO 300/2022-III. Puebla, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. DESIGNA DEFENSORA Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, a través del cual informa que designa como defensora del quejoso Brandon Uriel Guevara Enríquez, a la licenciada en derecho Guicela Ortiz Torres, informa correo electrónico y número de teléfono. REQUERIMIENTO A LA DEFENSORA PÚBLICA. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, cítese a la defensora + a las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que acceda a la videoconferencia relativa a la diligencia para aceptar y protestar el cargo de defensor público de la aquí parte quejosa. Para tal efecto, en la fecha y hora señaladas deberá ingresar a la plataforma Cisco Webex, con el código de reunión + ; en el entendido de que el hipervínculo correspondiente le será remitido, un día anterior, al correo electrónico proporcionado. Al respecto, es menester precisar que con la finalidad de permitir a los intervinientes prepararse para el desahogo de la referida diligencia, así como la implementación de la logística operacional, la defensora deberá ingresar a dicho enlace a las once horas del cuatro de abril de dos mil veintidós, esto es, quince minutos previos al inicio de la audiencia; para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá poner a la vista cédula profesional, para corroborar su identidad, personalidad, capacidad procesal y profesión. Además, dentro del plazo de veinticuatro horas, deberá remitir copia certificada de su cédula profesional para efecto de corroborar su identidad durante la audiencia referida. Se apercibe a dicha defensora que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en cuanto a ingreso a la plataforma mencionada en el horario y data señalados para tal fin, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización a razón de su valor diario, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace saber a la defensora que durante el desarrollo de la diligencia no podrá intervenir o interrumpir, hasta en tanto -de ser el caso- se le dé el uso de la voz, pues la diligencia que se llevará a cabo tiene como única finalidad que manifieste si acepta y protesta el cargo de defensor público conferido. Además, en términos del artículo 28, último párrafo del Acuerdo General 12/2020, el uso de videoconferencia - en virtud de las políticas de salud pública adoptadas por la presencia del virus COVID19- no faculta a las partes para emitir alegatos orales que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, ni para solicitar entrevistas con servidoras o servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, con la finalidad de mantener el orden y la solemnidad de la referida audiencia, de conformidad con artículo 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le apercibe que en caso incumplimiento a cualquiera de las indicaciones precisadas en este proveído o en el Acuerdo General 12/2020, a guisa de ejemplo: se interrumpa la diligencia o se traten de emitir alegatos de manera oral, se impondrá diversa multa de cien Unidades de Medida y Actualización a razón de su valor diario. Ello, con independencia de que, en la propia diligencia, se adopten las medidas que se estimen pertinentes para garantizar el correcto desarrollo de la diligencia. Se informa a la defensora que la posibilidad de aceptar y protestar el cargo conferido vía videoconferencia, sólo se observará mientras continúe vigente la restricción de acceso a las instalaciones que ocupa el juzgado o hasta que el Consejo de la Judicatura Federal emita un esquema de contingencia que permita su desahogo de manera ordinaria. MEDIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN DE LA DEFENSORA PÚBLICA. Se instruye al actuario encargado de este expediente que el oficio derivado de este acuerdo, con copia de la demanda que deberá adjuntarse al mismo, deberá ser remitido vía correo electrónico que se indica en el escrito de cuenta + proporcionado por la autoridad oficiante- debiendo confirmar su recepción y levantar razón de ello. Asimismo, se deja insubsistente el apercibimiento de multa formulado en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, a la autoridad oficiante. Notifíquese, y por oficio a la defensora pública Guicela Ortiz Torres como corresponda.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 300/2022-III. Puebla, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ...Ahora, el reclamo que corresponde al presente asunto, es el siguiente:".De las autoridades antes mencionadas reclamo el Traslado de CE.RE.SO., en contra del suscrito." De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal3, las personas privadas de su libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria con el fin de controvertir los hechos, actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Empero, conforme a lo dispuesto en ordinal 115 y 117, fracción III4, del ordenamiento legal citado, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato -pues de lo contrario quedarían sin materia-, como acontece con las ordenes de traslado, podrán acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En cuyo caso, el citado Juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Así es, porque el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para esa hipótesis, en esencia presenta las siguientes características: El promovente de la petición acudirá directamente ante el Juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el juez reparará la afectación. Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Si el Juez determina que por la naturaleza de la promoción, ésta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Entonces, como se advierte, cuando una persona privada de su libertad reclame actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como lo es una orden de traslado, aun cuando sea urgente, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que alteren sus condiciones de internamiento, como lo es una orden de traslado. Sobre todo porque otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado. Y es ahí, justo en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Condicionante que el mecanismo judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento sí cumple pues, como ya quedó explicado con antelación, si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Es decir, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que están reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En esa virtud, es evidente que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como lo es la orden de traslado, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer, es decir, con mayor celeridad. Sustenta todo lo anterior, "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese contexto normativo, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado de un centro penitenciario a otro; es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, el quejoso debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso. AUTORIZADOS DEL QUEJOSO. El quejoso se encuentra recluido en el centro penitenciario de la ciudad de Puebla, y señala como autorizados en términos a Julián Espinosa Serrano y José Julián Espinosa Aguilar. Sin embargo, dichas personas no cuentan cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales que los acredite como licenciados en derecho. En tal virtud solo se les tiene autorizados en los términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO. Ahora, con la finalidad de asegurar el derecho de defensa del quejoso, se requiere a la Directora General de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Puebla, que en el plazo de tres días siguientes a la fecha cuando reciba la notificación de este proveído, le designe al quejoso Brandon Uriel Guevara Enríquez, un defensor público que lo asista en el trámite del presente juicio de amparo. En el supuesto de que el referido quejoso, ya tuviera asignado un defensor público, se requiere a la mencionada directora que comunique a ese defensor público la instauración del presente juicio de amparo. Además, conviene indicar a la Directora General de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Puebla, que el requerimiento anterior es procedente conforme a las ejecutorias de distintos tribunales colegiados del Sexto Circuito, recibidas en algunos juicios de este órgano -que constituyen hechos notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles-. Sobre todo porque las referidas ejecutorias, han puntualizado que el requerimiento del defensor público debe realizarse a una institución federal o estatal, según el órgano jurisdiccional donde se tramite o haya resuelto la causa del quejoso. De modo que si el quejoso Brandon Uriel Guevara Enríquez, está sujeto a una causa penal que se tramita en un juzgado del Estado de Puebla, lo procedente es que sea un defensor público estatal quien lo asista en el trámite del presente juicio de amparo. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (en su lugar de reclusión) y por oficio a la Directora General de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Puebla; cúmplase.
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