Bonifacio Donjuan Rincón
Expediente 1387/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1387/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Bonifacio Donjuan Rincón
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Devolución de constancias. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Valoración. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el presente asunto versa sobre materia agraria, este expediente es de relevancia documental, por lo que deberá conservarse en su integridad en original y una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir del presente proveído, deberá realizarse su transferencia al archivo de concentración dependiente de la Dirección de Archivo y Documentación, conforme lo dispone el artículo 16 del citado Acuerdo General Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Notifíquese
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Recepción de documentos. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta remitido por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. Competencia. Del oficio de cuenta se desprende que remite la demanda de amparo promovida por ******************** en contra de actos del Tribunal Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, registrada con el consecutivo amparo administrativo (agrario) ********************, con fundamento en los artículos 35 y 45, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del citado juicio. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Anexo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo de cuenta y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Registro de expediente. Fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1387/2022-I. Causas de improcedencia. Examinado lo anterior, se desprende que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones: Actos consentidos tácitamente. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo en comento establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." Del transcrito precepto legal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término que prevé la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, señalan lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La parte inicial del primero de los preceptos en mención establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los dispositivos en comento prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo del mismo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, resulta pertinente destacar que la quejosa reclama la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por la cual se resolvió el incidente de ejecución de sentencia en el juicio de origen, mismo que le fue notificado el veinte de mayo de dos mil veintidós, por conducto de su asesor legal. Precisado lo anterior, se pone en evidencia la actualización de la causa de improcedencia en análisis, ya que de las constancias remitidas, es factible considerar que la quejosa tuvo conocimiento del contenido de dicho auto desde el veinte de mayo de dos mil veintidós. Tomando en consideración lo anterior, el término de quince días para instar la acción constitucional, transcurrió indefectiblemente, al menos al catorce de junio de dos mil veintidós; por tanto, si la presente demanda constitucional se presentó hasta el seis de septiembre de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable al haber sido promovido como amparo directo, según sello de recibido que obra en el ocurso de amparo, es evidente que la acción constitucional se instó fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que debe estimarse consentido tácitamente el acto ya existente a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía reclama la parte quejosa, pues se hizo fuera del plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la ley de la materia. Sin que se pase por alto el hecho de que la parte quejosa, señala que tuvo conocimiento hasta el veintiséis de agosto del año en curso, pues hasta esa fecha su asesora legal le informó el sentido de la sentencia, pues de la constancia de notificación se desprende que desde el veinte de mayo de dos mil veintidós se le notificó dicha resolución, siendo obligación de la partes estar al tanto del trámite del juicio de origen. Desechamiento. En esa medida, al no haber agotado el aludido medio de impugnación respecto al primero de los actos reclamado y en haber consentido tácitamente el segundo de los actos combatidos, es inconcuso que se actualizan la causales de improcedencia previstas en la citadas fracciones y XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso ordinal 113 de la propia ley de la materia, se desecha de plano la demanda que nos ocupa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que se indica en el proemio de la demanda y toda vez que el presente asunto es materia agraria, se le tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que se menciona. Medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales a que haya lugar, el proveído de veintidós de septiembre del presente año, dictado dentro de los autos del cuaderno de varios 4/2021 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana, mediante el cual acusa recibo del oficio que este juzgado le giró y sus respectivos anexos, relativo al juicio de amparo promovido por Carlos Roberto Calderón Millán; asunto que fue registrado bajo el expediente consecutivo 991/2021 de su estadística y que, según se lee, fue remitido por incompetencia a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Devuélvase el presente expediente al archivo en donde se encontraba. Notifíquese.
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