Blasa Mendez Castañeda
Expediente 528/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Blasa Mendez Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ".a) En lo futuro no se aplique en la esfera jurídica de Blasa Méndez Castañeda, el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y no se realice descuento alguno en las pensiones otorgadas a su favor con apoyo en dicho numeral. b) En vía de consecuencia, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus competencias, debe dejar insubsistente el oficio DPSH 024.300.302.6. 0203/2022 de siete de abril de dos mil veintidós, lo cual se le indicó a través de la comparecencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós que por esta vía se reclama. c) Reintegre a la parte quejosa la cantidad total descontada con motivo de la aplicación del artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete y cubran íntegramente la pensión otorgada, a partir del acto de aplicación reclamado.". Por proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós causó ejecutoria dicho fallo constitucional. En acatamiento a lo anterior, la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante escrito recibido en este juzgado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, al que le correspondió el número de correspondencia interna 13790, remitió oficio 24.5.4.J/2050/2022, del que se desprende que se dejó insubsistente la comunicación oficial DPSH 024.300.302.6.0203/2022, asimismo, informó que no se aplicará en perjuicio de la parte quejosa el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que, no se le efectuará descuento alguno a sus pensiones de viudez y jubilación. Asimismo, en diverso auto de veinte de octubre del año en curso, se recibió la comunicación oficial de la que se advierte que la responsable pagó a la parte quejosa la cantidad relativa al reintegro de deducciones aplicadas por incompatibilidad. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable dejó insubsistente el oficio reclamado, precisó que no se aplicará en perjuicio de la aludida quejosa, el numeral impugnado y reintegró las cantidades que la impetrante dejó de percibir; por tanto, es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ".a) En lo futuro no se aplique en la esfera jurídica de Blasa Méndez Castañeda, el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y no se realice descuento alguno en las pensiones otorgadas a su favor con apoyo en dicho numeral. b) En vía de consecuencia, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus competencias, debe dejar insubsistente el oficio DPSH 024.300.302.6. 0203/2022 de siete de abril de dos mil veintidós, lo cual se le indicó a través de la comparecencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós que por esta vía se reclama. c) Reintegre a la parte quejosa la cantidad total descontada con motivo de la aplicación del artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete y cubran íntegramente la pensión otorgada, a partir del acto de aplicación reclamado.". Por proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós causó ejecutoria dicho fallo constitucional. En acatamiento a lo anterior, la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante escrito recibido en este juzgado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, al que le correspondió el número de correspondencia interna 13790, remitió oficio 24.5.4.J/2050/2022, del que se desprende que se dejó insubsistente la comunicación oficial DPSH 024.300.302.6.0203/2022, asimismo, informó que no se aplicará en perjuicio de la parte quejosa el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que, no se le efectuará descuento alguno a sus pensiones de viudez y jubilación. Asimismo, en diverso auto de veinte de octubre del año en curso, se recibió la comunicación oficial de la que se advierte que la responsable pagó a la parte quejosa la cantidad relativa al reintegro de deducciones aplicadas por incompatibilidad. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable dejó insubsistente el oficio reclamado, precisó que no se aplicará en perjuicio de la aludida quejosa, el numeral impugnado y reintegró las cantidades que la impetrante dejó de percibir; por tanto, es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de octubre de dos mil veintidós. Glósese a los presentes autos el oficio signado por la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en atención a su contenido, se provee: No ha lugar a tenerle dando cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, toda vez que únicamente exhibe el oficio 024.5.4.J/2654/2022 de seis de octubre del año en curso e impresión de pago a favor de la parte quejosa, correspondiente al mes de octubre de dos mil veintidós; empero, al ser esta última copia simple, carece de valor probatorio. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que se indican, la Tesis II.1o.C.T.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible a fojas 504, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de 1995, que dice: COPIA FOTOSTATICA SIMPLE, NO OBJETADA; NO SE LE PUEDE CONCEDER VALOR PROBATORIO. No por el hecho de que una copia fotostática simple no haya sido objetada particularmente por la contraparte, debe conferírsele pleno valor probatorio, pues la falta de objeción no puede llevar al extremo de que una prueba que en sí no tiene dicho valor probatorio llegue a perfeccionarse por ese motivo, pues precisamente corresponde al oferente acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal, por lo que tal carga, no puede ser convalidada por una omisión de la parte contraria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente auto, remita copia certificada del referido anexo; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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