Blanca Rosa Olvera Vancini
Expediente 1057/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Blanca Rosa Olvera Vancini
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Blanca Rosa Olvera Vancini, en atención a su contenido y visto el estado que guardan los autos se provee: En el asunto que nos ocupa se advierte que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente; por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 18 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos; asimismo, se autoriza la devolución de los documentos que refiere en su ocurso a las personas que menciona; y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo, en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; hágase personalmente a la quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Blanca Rosa Olvera Vancini, en atención a su contenido y visto el estado que guardan los autos se provee: En el asunto que nos ocupa se advierte que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente; por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 18 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos; asimismo, se autoriza la devolución de los documentos que refiere en su ocurso a las personas que menciona; y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo, en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el acta de comparecencia de cuenta de la cual se advierte que Blanca Rosa Olvera Vancini, ratificó y reconoció como suya la firma que calza el ocurso recibido en este Juzgado el veinticinco de agosto del año en curso; en tal virtud, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención que le fue formulada; en consecuencia, se provee de la siguiente forma: De la lectura íntegra de la demanda constitucional y del escrito aclaratorio respectivo, se advierte el siguiente acto reclamado: 1. La resolución de incompatibilidad de veintinueve de mayo de dos mil veintidós, respecto de las pensiones 1386099 y 1626205. De los documentos anexos a la demanda y de los antecedentes relatados por la impetrante, bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: I. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado concedió a Blanca Rosa Olvera Vancini, a partir del primero de enero de dos mil quince, una pensión por jubilación, asignándole el número de pensión 1386099. II. Asimismo, a partir del once de febrero de dos mil veintiuno, se le concedió una diversa pensión por viudez y se le asignó el número de pensión 1626205. III. El veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Subdelegado de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado emitió la resolución contenida en el oficio No. DPSH 024.300.302.6. 0173/2022 dirigido a Blanca Rosa Olvera Vancini a través de la cual se le hizo de su conocimiento la compatibilidad en el disfrute de la pensiones 1386099 y 1626205, por jubilación y viudez respectivamente; asimismo, se precisó lo siguiente: "(.) Se desprende que Usted, puede gozar y es compatible una pensión de jubilación y una de viudez, sin embargo el párrafo segundo de la fracción III del Artículo 12, del Reglamento para el Otorgamiento de las pensiones de los prevé que la suma de ambos beneficios no deberá rebasar el tope máximo, esto es, diez salarios mínimos. (.) En este sentido, cabe señalar, que la Pensión por Viudez por el fallecimiento del pensionado Alvarado Ruvalcaba Héctor David que se le otorgó a Usted como Cónyuge supérstite, y la Pensión por Jubilación que se le concedió a usted por haber Cotizado al Fondo de Pensiones del Instituto durante 28 Años 07 Meses 14 Días, son compatibles de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de las Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Decimo Transitorio, sin embargo, no podrán exceder el tope máximo previsto en dicho cuerpo normativo, y que en el caso concreto que aquí nos ocupa nos encontramos en dicha hipótesis (.) Para aclarar la situación antes descrita y de acuerdo a lo consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 y 16 y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, solicitamos su presencia en el Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el trabajo, ubicado en Av. Venustiano Carranza No. 985 2º piso Col. Moderna en esta ciudad en un horario de 09:00 a 13:00 hrs. de Lunes a Viernes para que manifieste lo que a su derecho convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos, en un plazo de tres días a partir de la recepción del presente. (.)" IV. Con motivo de lo anterior, el veintinueve de mayo de dos mil veintidós la quejosa compareció ante la autoridad responsable para aclarar la compatibilidad en el disfrute de su pensión por jubilación 1386099 y la diversa por viudez 1626205, y en la misma fecha se resolvió: "(.) EL AJUSTE QUE SE LE EFECTUARÁ A LAS PENSIONES QUE DISFRUTA LA C. BLANCA ROSA OLVERA VANCINI ES EL SIGUIENTE: DE LA PENSIÓN POR VIUDEZ QUE PERCIBE AL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS ES DE $4,360.59 Y DE LA JUBILACIÓN $28,314.90 PERCIBE UN IMPORTE DE $LO QUE DA COMO RESULTADO AL SUMAR LOS DOS BENEFICIOS UN IMPORTE DE $32, 675.49. LO CUAL REBASA EL TOPE MAXIMO PERMITIDO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2022, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $28, 866.00 POR LO QUE, EN LO SUCESIVO SE APLICARAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, POR EL EXCEDENTE DEL TOPE SALARIAL DE ACUERDO A LOS INCREMENTOS QUE TENGAN LAS PENSIONES (.) EN BASE A LO ANTERIOR LA C. BLANCA ROSA OLVERA VANCINI DECLARA: NO ESTOY DE ACUERDO CON ESA DETERMINACIÓN, TODA VEZ QUE ES MI DERECHO RECIBIR LAS DOS PENSIONES, POR LO QUE PROCEDERÉ LEGALMENTE" Las resoluciones descritas en los puntos III y IV constituyen los actos reclamados en este juicio. En concepto de esta juzgadora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. En principio, a fin de dilucidar la actualización del aludido motivo de inejercitabilidad, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que son del tenor siguiente: [ . . . ] De consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda constitucional de que se trata. Sin que lo anterior implique, per se, trasgresión al derecho de tutela judicial efectiva contenido en los artículos 17 de la Constitución Federal, 8 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, que es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de una autoridad competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 12/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 763 del libro 27, febrero de 2016, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." Así como, la diversa 1a./J. 22/2014 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, localizable en la página 325 del libro 4, marzo de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Además, el alcance de los derechos humanos no implica soslayar presupuestos procesales que no resulten excesivos o desproporcionales para hacer procedente una vía jurisdiccional, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), publicada la página 1587, del libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Notifíquese personalmente a la promovente.
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